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INDICE

Introducción……………………………………………………………………….03

Ley Infogobierno…………………………………………………………………..04

Bases Legales……………………………………..………………………………..06

Ley De Simplificación de trámites administrativos………………………………..11

Conclusión………………………………………………………………………….15

Bibliografía…………………………………………………………………………17

INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación tiene como finalidad informar sobre el desarrollo del gobierno electrónico y la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos de Venezuela, que desde el establecimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, la investigación es sustentada en los documentos oficiales del gobierno venezolano, destacando el significado político y práctico que se le ha dado, los objetivos que se persiguen con su implementación, los principios que deberían regir sus prácticas y las bases legales que favorecen su implementación en Venezuela, así como los logros alcanzados.

Entre las normas jurídicas que regulan el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) aplicables al llamado gobierno electrónico pueden distinguirse dos grandes bloques de acuerdo a su finalidad. Por un lado encontramos aquellas dirigidas a dotar de eficacia jurídica a las manifestaciones de voluntad realizada de manera electrónica, contenidas fundamentalmente en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1024 de fecha 10 de febrero de 2001 de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (DMDFE); por otro está un conglomerado de distintos instrumentos que establecen el uso de las TIC como herramienta indispensable para la consecución de eficiencia en el cumplimiento de las diversas funciones públicas atribuidas a los distintos organismos del Estado. Este segundo grupo origina directamente de la Constitución y es luego desarrollado por distintos instrumentos legales y sublegales.

LEY INFOGOBIERNO

La Cámara Plena de la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión el Proyecto de Ley de Infogobierno, cuyo objetivo es establecer los principios, bases y lineamientos que regirán el uso de las Tecnologías de Información en el Poder Público y el Poder Popular, con el fin de mejorar la gestión pública y los servicios que se prestan a la ciudadanía.

Asimismo se propone fomentar la transparencia del sector público; la participación ciudadana y el ejercicio pleno del derecho de soberanía por parte del Poder Popular; promover el desarrollo de las Tecnologías de Información Libres en el Estado; garantizar la independencia tecnológica; la apropiación social del conocimiento, la seguridad y defensa de la Nación.

La Ley establece que las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a: dirigir escritos, recursos, peticiones, reclamaciones, quejas y cualquier otro tipo de comunicación haciendo uso de las Tecnologías de Información, quedando el Poder Público o Poder Popular obligado a responder y resolver las mismas de igual forma que si se hubiesen realizado por los medios tradicionales; realizar pagos, presentar y liquidar impuestos, cumplir con las obligaciones pecuniarias y cualquier otra clase de obligación de esta naturaleza, haciendo uso de las TI.

Igualmente dispone de mecanismos que permitan el ejercicio de la contraloría social y utilizar las TI Libre como medio de participación y organización del Poder Popular. El uso de las Tecnologías de Información en el Poder Público garantizará el acceso a la información pública a las ciudadanas y ciudadanos, facilitando al máximo la publicidad de sus actuaciones como requisito esencial del Estado Democrático de Derecho y de Justicia, de conformidad con la ley que regule el acceso a la información pública.

El instrumento establece que el Poder Público debe contar con Repositorios Digitales en los cuales se almacene la información que manejen y los documentos que conformen el expediente electrónico, a fin de que sean accesibles, conservados o archivados, de conformidad con la presente ley y demás normativa que regule la materia. Asimismo, plantea que el Poder Público y Poder Popular deberá registrar ante la autoridad competente, los programas informáticos que utilicen o posean, su licenciamiento, demás información y documentación que determine la norma técnica correspondiente

La norma establece que es deber del Poder Público, en forma corresponsable con el Poder Popular, garantizar a todas las personas, a través de los diferentes medios de educación, la formación en materia de tecnologías de información, según los lineamientos de los organos rectores de la materia en la materia.

Con esta ley, se crea el Comité Nacional para el Uso de Tecnologías de Información en el Poder Público, órgano dependiente administrativamente de la Vicepresidencia Ejecutiva que tendrá como fin promover y consolidar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información en el Poder Público, mediante la coordinación de las acciones que al efecto se establezcan.

Ese comité tendrá la atribución de promover el adecuado uso y aprovechamiento de las TI en el Poder Público y Poder Popular; establecer lineamientos y estrategias para el acceso, uso, promoción, adquisición y desarrollo de tecnología; impulsar la mejora de la gestión pública y calidad de los servicios públicos que se presten a las ciudadanas y ciudadanos.

La Ley de Infogobierno constituye un paso fundamental para universalizar el acceso de las personas a las Tecnologías de Información Libre, garantizando su apropiación para beneficio de la sociedad; facilitará el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las ciudadanas y ciudadanos; promoverá el empoderamiento del Poder Popular a través de la generación de medios de participación y organización; y coadyuvará en la transparencia de la gestión pública, facilitando el acceso de los venezolanos a la información pública.

BASES LEGALES EN APOYO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO

  • Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Diciembre 1999)

Artículo 110:

El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional.

Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía.

  • Decreto-Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas

Decreto Nº 1024, Feb. 2001, referencia web - Gaceta Oficial Nº 38.086 de fecha 14 de diciembre del 2004:

Artículo 1: Objeto y Aplicabilidad del Decreto-Ley

El presente Decreto-Ley tiene por objeto otorgar y reconocer eficacia y valor jurídico a la Firma Electrónica, al Mensaje de Datos y a toda información inteligible en formato electrónico, independientemente de su soporte material, atribuible a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, así como regular todo lo relativo a los Proveedores de Servicios de Certificación y los Certificados Electrónicos.

El presente Decreto-Ley será aplicable a los Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas independientemente de sus características tecnológicas o de los desarrollos tecnológicos que se produzcan en un futuro. A tal efecto, sus normas serán desarrolladas e interpretadas progresivamente, orientadas a reconocer la validez y eficacia probatoria de los Mensajes de datos y Firmas Electrónicas.

La certificación a que se refiere el presente Decreto-Ley no excluye el cumplimiento de las formalidades de registro público o autenticación que, de conformidad con la ley, requieran determinados actos o negocios jurídicos.

  • Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gaceta Oficial Nº 38.242 de fecha 03 de agosto del 2005

Artículo 1. Objeto de esta Ley.

La presente Ley tiene por objeto desarrollar los principios orientadores que en materia de ciencia, tecnología e innovación y sus aplicaciones, establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, organizar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, definir los lineamientos que orientarán las políticas y estrategias para la actividad científica, tecnológica, de innovación y sus aplicaciones, con la implantación de mecanismos institucionales y operativos para la promoción, estímulo y fomento de la investigación 20 científica, la apropiación social del conocimiento y la transferencia e innovación tecnológica, a fin de fomentar la capacidad para la generación, uso y circulación del conocimiento y de impulsar el desarrollo nacional.

Artículo 2. Interés Público

Las actividades científicas, tecnológicas, de innovación y sus aplicaciones son de interés público y de interés general.

Artículo 3. Sujetos de esta Ley

Forman parte del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, las instituciones públicas o privadas que generen y desarrollen conocimientos científicos y tecnológicos, como procesos de innovación, y las personas que se dediquen a la planificación, administración, ejecución y aplicación de actividades que posibiliten la vinculación efectiva entre la ciencia, la tecnología y la sociedad.

  • Ley Orgánica de Telecomunicaciones Junio 2000

Artículo 1:

Esta Ley tiene por objeto establecer el marco legal de regulación general de las Telecomunicaciones, a fin de garantizar el derecho humano de las personas a la comunicación y a la realización de las actividades económicas de telecomunicaciones necesarias para lograrlo, sin más limitaciones que las derivadas de la Constitución y las leyes. Se excluye del objeto de esta Ley la regulación del contenido de las transmisiones y comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones, la cual se regirá por las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.

  • Decreto 825, Mayo 2000

Artículo 1:

Se declara el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 2:

Los órganos de la Administración Pública Nacional deberán incluir en los planes sectoriales que realicen, así como en el desarrollo de sus actividades, metas relacionadas con el uso de Internet para facilitar la tramitación de los asuntos de sus respectivas competencias.

Artículo 3:

Los organismos públicos deberán utilizar preferentemente Internet para el intercambio de información con los particulares, prestando servicios comunitarios a través de Internet, tales como bolsas de trabajo, buzón de denuncias, trámites comunitarios con los centros de salud, educación, información y otros, así como cualquier otro servicio que ofrezca facilidades y soluciones a las necesidades de la población. La utilización de Internet también deberá suscribirse a los fines del funcionamiento operativo de los organismos públicos tanto interna como externamente.

  • Decreto Nº 3.390, Uso Prioritario de Software Libre, Diciembre 2004

Artículo 1:

La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes de la Administración Pública Nacional iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva de éstos hacia el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.

Artículo 2:

A los efectos del presente Decreto se entenderá por:

Software Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario acceso al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al programa original, sin tener que pagar regalías a los desarrolladores previos.

Estándares Abiertos: Especificaciones técnicas, publicadas y controladas por alguna organización que se encarga de su desarrollo, las cuales han sido aceptadas por la industria, estando a disposición de cualquier usuario para ser implementadas en un software libre u otro, promoviendo la competitividad, interoperatividad o flexibilidad.

  • Conformación de la Red del Estado

Decreto Nº 2.479, Junio 2003

Artículo 1:

Se crea, con carácter temporal, la Comisión Presidencial para la Conformación de la Red del Estado, la cual tendrá por finalidad el estudio, evaluación y formulación de las medidas y mecanismos necesarios para la creación de la Red del Estado, en la cual se integrarán las redes de información y telecomunicaciones propiedad del Estado o aquellas en las que tenga participación mayoritaria, facilitando la comunicación e interacción de los órganos y entes de la Administración Pública.

Artículo 7:

La Propuesta que presentará la Comisión Presidencial para la Conformación de la Red del Estado deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

1. La Seguridad de la información que se transmita por la Red de Información y Telecomunicaciones del Estado.

2. Adopción de estándares abiertos que permitan la interconexión e interoperabilidad.

3. Elección de tecnologías con características modulares, flexibles y escalables, que soporten servicios multimedia, y que cumplan con los estándares de calidad de servicio.

4. La creación de un centro para el registro, almacenamiento y procesamiento de información del Estado.

5. La promoción del desarrollo nacional utilizando las tecnologías de información y Telecomunicaciones como herramientas de apoyo para la participación social protagónica, los servicios del Estado y para el ciudadano.

6. El fomento del uso y desarrollo nacional de tecnologías de información y telecomunicaciones.

7. Cualquier otro que la comisión considere necesario.

NICOLÁS MADURO MOROS, Presidente de la República

Dictó el siguiente,

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE SIMPLIFICACION DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Objeto. Artículo 1º. El presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, tiene por objeto establecer los principios y bases conforme a los cuales, se simplificarán los trámites administrativos que se realicen ante la Administración Pública.

Ámbito de aplicación. Artículo 2º. El presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, se aplicará a los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, estadal y municipal.

Definición de trámite administrativo. Artículo 3º. A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se entiende por trámites administrativos las diligencias, actuaciones o gestiones que realizan las personas ante los órganos y entes de la Administración Pública.

Finalidad. Artículo 4º. La simplificación de los trámites administrativos tiene por finalidad racionalizar y optimizar las tramitaciones que realizan las personas ante la Administración Pública a los fines de mejorar su eficacia, eficiencia, pertinencia, utilidad, para así lograr una mayor celeridad y funcionalidad en las mismas, reducir los gastos operativos, obtener ahorros presupuestarios, cubrir insuficiencias de carácter fiscal y mejorar las relaciones de la Administración Pública con las personas.

Principios y valores. Artículo 5º. La simplificación de trámites administrativos se fundamenta en los principios de legalidad, simplicidad, transparencia, celeridad, eficacia, eficiencia, rendición de cuentas, solidaridad, presunción de buena fe del interesado o interesada, responsabilidad en el ejercicio de la función pública, desconcentración en la toma de decisiones por parte de los órganos de dirección y su actuación debe estar dirigida al servicio de las personas.

PLANES DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

Lineamientos para la elaboración de los planes. Artículo 6º. Los órganos y entes de la Administración Pública en el ámbito de sus competencias, deberán simplificar los trámites administrativos que se realicen ante los mismos. A tales fines, elaborarán sus respectivos planes de simplificación de trámites administrativos con fundamento en las bases y principios establecidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, bajo las directrices de la autoridad nacional unificada en materia de trámites administrativos, y de conformidad con los siguientes lineamientos:

  1. Suprimir los trámites innecesarios que incrementen el costo operacional de la Administración Pública, que hagan menos eficiente su funcionamiento y propicien conductas impropias.

  2. Simplificar y mejorar los trámites administrativos, lo cual supone, entre otros aspectos:

a) Adaptar los trámites a la forma más sencilla posible, reduciendo al mínimo los requisitos y exigencias a las personas, dejando única y exclusivamente los pasos que sean indispensables para cumplir el propósito de los mismos.

b) Rediseñar el trámite utilizando al máximo los elementos tecnológicos.

c) Incorporar controles automatizados que minimicen la necesidad de estructuras de supervisión y controles adicionales.

d) Evitar las instancias en las cuales el juicio subjetivo de la Administración Pública pueda interferir en el proceso.

e) Crear incentivos o servicios adicionales que puedan otorgarse a las personas en contraprestación al cumplimiento oportuno del trámite.

f) Propiciar la participación popular a través de las comunidades organizadas, en especial los consejos comunales.

  1. Concentrar trámites, evitando su repetición en los distintos órganos y entes.

Contenido de los planes. Artículo 7º. Los planes de simplificación de trámites administrativos deberán contener, como mínimo, los siguientes aspectos:

  1. Identificación de todos los trámites que se realicen en el respectivo órgano o ente.

  2. Clasificación de los trámites de acuerdo con los destinatarios del mismo.

  3. Determinación de los objetivos y metas a alcanzar en un lapso establecido.

  4. Identificación de los indicadores de gestión conforme a los cuales se realizará la evaluación de la ejecución de los planes.

Difusión de los planes. Artículo 8º. Los órganos y entes de la Administración Pública, conjuntamente con la autoridad nacional unificada en materia de trámites administrativos, deberán hacer del conocimiento público los planes de simplificación de los trámites administrativos que se dicten. A tal fin, dichos planes se deberán publicar en la Gaceta Oficial correspondiente, y asimismo, deberá dárseles la publicidad necesaria a través de cualquier medio de comunicación, entre otros, visual, oral, escrito, informático o telemático.

CONCLUSIÓN

Lo que se busca con el Gobierno Electrónico Venezolano, no es sólo automatizar o instalar software y hardware adecuados por doquier, tanto al interior de las administración pública como fuera de ella, lo que se conoce como comunicación Intranet, sino el reto de implantar un sistema de conexión con los ciudadanos a través de la web, permitiendo una auténtica exposición de criterios, soluciones y deliberaciones en torno a la realidad social, económica, jurídica y política del país, para que pueda iniciarse una relación gobierno/administrado transparente y eficientemente.

Se ha resuelto el problema de la eficacia jurídica, mediante el DMDFE, el cual adopta en buena parte la regulación respecto al mensaje y firma electrónica para el derecho mercantil internacional los criterios y principios universales en la materia. Los distintos entes públicos pueden, con base al DMDFE, entablar relaciones administrativas electrónicas con los particulares, así como emitir documentos electrónicos válidamente firmados, también de manera electrónica.

Finalmente encontramos Decretos presidenciales, conscientes de las ventajas de las TIC y que ordenan a las Administraciones aprovecharlas e implementarlas cuanto antes. Otras ramas del poder público, sobre todo la judicial deben aprovechar estos recursos cuanto antes y de manera más profunda de lo que lo han hecho hasta ahora, quizás por la especialidad del proceso judicial, y la envergadura de sus efectos, resulte conveniente una regulación normativa especial que permita (y a la vez ordene) a los órganos judiciales establecer cuanto antes un verdadero proceso judicial electrónico confiable y seguro en todas sus fases, también cimentado sobre los principios de celeridad, eficacia, eficiencia, y transparencia.

El decreto con rango, valor y fuerza de ley de simplificación de trámites el 14 de noviembre del 2014 por el Presidente de la Republica Nicolás Maduro Moros. Tiene por objeto establecer los principios y las bases que simplificaran los trámites administrativos que se realizaran ante los órganos y la administración pública a fin de mejorar su eficacia, eficiencia, pertinencia, utilidad, para así lograr una mayor celeridad y funcionalidad en las mismas, reducir los gastos operativos, obtener ahorros presupuestarios, etc.

BIBLIOGRAFÍA



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  • Gallegos, Arturo (2005). ¿Qué es el Gobierno Electrónico? Directorio de Gobierno Electrónico Venezuela Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT). Disponible en: http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/directorioestado/gob_electronico.html (últ. vis. 13-05- 2006)

  • González Jiménez, Eduardo (1993). FUNDACITES, una experiencia para la descentralización de la Ciencia y la Tecnología en Venezuela. Seminario Latinoamericano sobre la Descentralización en Ciencia y Tecnología. Barquisimeto. Estado Lara. 1993

  • MCT (2004a). Presentación Gobierno Electrónico – Maestría UCV - 2. Disponible en: http://www.cnti.gob.ve/cnti_docmgr/sharedfiles/GobiernoElectronico2-3.ppt (últ. vis. 10-09-2006)

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