Denunciante-querellante: Fernando de León González y María Martín López






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Diligencias Previas Proc. Abreviado 343/2012

Delito: crimen de guerra

Denunciante-querellante: Fernando de León González y María Martín López

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE ARENAS DE SAN PEDRO

D. Fernando de León González y Da. María Martín López, partes denunciantes en el presente procedimiento abreviado, ante el Juzgado comparecen y como mejor proceda en Derecho DICEN:
Que en fecha 19 de abril de 2012 se me ha notificado el Auto de 16-04-2012 que acuerda el sobreseimiento libre y archivo del presente procedimiento, instado en escrito de 4 de abril de 2012. Dentro del plazo legalmente establecido formulo respetuoso recurso de reforma y subsidiario de apelación al amparo de lo dispuesto en el artículo 384.V de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en virtud de los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El Convenio Europeo de Derechos Humanos y la doctrina del TEDCH son vinculantes para este Juzgado en virtud de lo dispuesto en los arts. 10.2, 9.3 y 96 de la Constitución española, y prevalecen sobre cualquier doctrina en sentido diferente de un tribunal interno de España.

2. Que el rango normativo del Convenio Europeo de DDHH y el interpretativo del TEDH es superior al del Tribunal Supremo español no es cuestionado ni por éste ni por la doctrina constante del Tribunal Constitucional sobre el respeto al canon de los derechos fundamentales establecido en el CEDH y otros Tratados vigentes en España. Así, la STC núm. 116/2006 (Sala Primera), de 24 abril ( RTC 2006\116), tiene declarado:

FJ 5º “Este Tribunal, desde sus primeras Sentencias, ha reconocido la importante función hermenéutica que para determinar el contenido de los derechos fundamentales tienen los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por España (STC 91/2000, de 30 de marzo [RTC 2000\91], F. 7, citando entre otras las SSTC 38/1981, de 23 de noviembre [RTC 1981\38], F. 4; y 78/1982, de 20 de diciembre [RTC 1982\78], F. 4), habiendo declarado expresamente que el contenido de los derechos humanos reconocidos en el Pacto constituye parte también del de los derechos fundamentales, «formando el estándar mínimo y básico de los derechos fundamentales de toda persona en el Ordenamiento jurídico español» (ATC 260/2000, de 13 de noviembre [RTC 2000\260 AUTO], F. 2).”

3. Se persigue en la presente acción, tras investigarse los hechos y circunstancias que dimanen del levantamiento de los cadáveres, la responsabilidad penal y civil de quienes hayan participado en el crimen de guerra cometido el 21 de septiembre de 1936 contra nuestros padres, como parte de una acción sistemática y generalizada de naturaleza genocida contra quienes, en el seno del grupo nacional español, tienen convicciones laicistas y sostienen la forma republicana de gobierno.

4. Este crimen de guerra, cometido en conexión con actos de naturaleza genocida y lesa humanidad, ha quedado absorbido por el principio de imprescriptibilidad de estos según dispone el art. 131.5 del Código penal: “En los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave”).

5. La Corte Internacional de Justicia, intérprete máximo del Convenio contra el genocidio, ha considerado que éste puede ser cometido por actores no estatales, incluidas entidades privadas. En el caso Bosnian Genocide, the ICJ ha considerado a “persons or entities that committed the acts of genocide at Srebrenica1, ha ordenado al gobierno de Yugoslavia ”ensure ‘that any organizations and persons which may be subject to its control, direction or influence, do not commit any acts of genocide (…)’”.2 No cabe duda, pues que la CIJ considera el genocidio cometido por entidades no estatales como “‘crimen contra el derecho internacional’”.3
6. El artículo 607 del Código Penal define el delito de genocidio: “1. Los que, con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, (…) religioso (…) perpetraren alguno de los actos siguientes… 1º Con la pena de prisión de quince a veinte años, si mataran a alguno de sus miembros (…)”.
7. El art. 607bis del Código Penal español dispone:
1. Son reos de delitos de lesa humanidad quienes cometan los hechos previstos en el apartado siguiente como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella.

En todo caso, se considerará delito de lesa humanidad la comisión de tales hechos:

1º Por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, discapacidad u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional.(…)

8. La Corte Internacional de Justicia tiene declarado que “los crímenes internacionales comprometen tanto la responsabilidad penal individual como la responsabilidad del Estado.”4

9. La Declaración de la Asamblea General de la ONU de 16-12-20055 afirma que reposa esencialmente en derechos prexistentes el valor jurídico obligatorio de “los principios fundamentales y directivas sobre el derecho a un recurso y a reparación de las víctimas de violaciones flagrantes del derecho internacional de los derechos humanos y de las violaciones graves del derecho internacional humanitario”. Esta Declaración invoca expresamente todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y derecho humanitario –entre ellos el art. 3 de la Convención de La Haya de 1907, art. 8 de la Declaración Universal de 1948 y el art. 2 del PIDCP de 1966- codifica los derechos que el derecho internacional confiere a las víctimas de infracciones graves.

10. El art. 131, puntos 4 y 5 del Código Penal español disponen que
4.Los delitos de lesa humanidad y de genocidio (…) no prescribirán en ningún caso. 5. En los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave”.

11. La STS de 27 de febrero de 2012 (Sala II, RJ 2009\4711), en la que se fundamenta el Auto recurrido, ha considerando

-“la fuerza expansiva de la cultura de protección de los derechos humanos es vinculante en nuestro ordenamiento” (págs. 34, 22, 28, 32);
- que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha afirmado la

validez universal de los principios relativos a los crímenes contra la

humanidad, la imprescriptibilidad, incluso aunque los actos hubieran sido

legales bajo el derecho en vigor al tiempo de los hechos, pero siempre

supeditado al conocimiento previo de la tipicidad en el derecho

consuetudinario internacional para poder acomodar la conducta a las

exigencias de dicho derecho. Esto es, la exigencia del requisito de la "lex

previa" para poder ajustar la conducta al reproche contenido en la norma”(pág.34).
12. Con posterioridad a esta Sentencia del Tribunal Supremo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pronunciado la Sentencia de 16 de abril de 2012 sobre fusilamientos en Katyn (Polonia) en 1940, en el que reafirma la siguiente doctrina:
140.  (…) Tanto el Convenio IV de Ginebra de 1907 como el Convenio de Ginebra de 1929 prohibían actos de violencia y crueldad contra prisioneros de guerra y matar a prisioneros de guerra constituye un “crimen de guerra” en el sentido del artículo 6(b) del Estatuto de Nuremberg de 1945. Aunque [el Estado en cuestión] no fuera parte de los Convenios de La Haya o Ginebra, la obligación de tratar a los prisioneros de guerra con humanidad y absteniéndose de matarlos formaba claramente parte del derecho internacional”.
La doctrina del TEDH sobre crímenes de lesa humanidad e imprescriptibilidad
13. La jurisprudencia del TEDH, vinculante para España, obliga a este Juzgado a interpretar y aplicar la ley de amnistía 46/1977, el principio de legalidad y el instituto de la prescripción en conformidad con el art. 7, punto 1 y, subsidiariamente, punto 2 del CEDH, y la doctrina interpretativa del TEDH antes citada y la que se invoca a continuación
14. En la Sentencia de la CEDH (Gran Sala) de 17 de mayo de 2010 (JUR 2010\160522), sobre hechos que acaecieron en 1944 en Letonia, cuando el Código penal a la sazón vigente –el de 1926- no calificaba como crímenes de guerra y que prescribieron, en todo caso, al menos en 1954 según dicho Código. En 1996 el Sr. Kononov fue juzgado y condenado por los hechos de 1944 en aplicación del Código penal de 1961 –que los declaró crímenes de guerra imprescriptibles- y del Código Penal de 1993 –que los tipificó.

15. El art. 7 del CEDH dispone:

1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida.

2. El presente artículo no impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocido por las naciones civilizadas6(énfasis nuestro).

16. El razonamiento de la Sentencia Kononov del TEDH es aplicable, mutatis mutandi y a efectos del objeto de este procedimiento, a las circunstancias normativas de España desde el 18 de julio de 1936 hasta hoy en cuanto a la tipificación del crimen de guerra en el derecho internacional, su previsibilidad, imprescriptibilidad y sanción, sin entrañar conflicto con el principio de legalidad tal como es interpretado en el espacio jurídico del CEDH y su aplicación por el TEDH, vinculantes para España. En síntesis, la Sentencia Kononov del TEDH afirma:


1.  Si la notion de crimes de guerre est connue depuis des siècles, les actes constitutifs de crimes de guerre susceptibles d'engager la responsabilité pénale de leur auteur ont commencé à faire l'objet d'une codification solide au milieu du XIXe siècle. Le Code Lieber de 1863 (paragraphes 63-77 ci dessus) définissait un certain nombre d'infractions aux lois et coutumes de la guerre et précisait les sanctions qui s'y attachaient, et plusieurs de ses dispositions7 retenaient le principe d'une responsabilité pénale individuelle. D'origine américaine, ce code a constitué la première codification moderne des lois et coutumes de la guerre, et il a joué un rôle dans les conférences de codification ultérieures, notamment la conférence de Bruxelles tenue en 1874 (paragraphe 79 ci-dessus). Le Manuel d'Oxford de 1880 proscrivait quant à lui une multitude d'actes contraires aux lois et coutumes de la guerre et énonçait expressément que « les violateurs des lois de la guerre [étaient] passibles des châtiments spécifiés dans la loi pénale ». Ces premières codifications, et en particulier le projet de Déclaration de Bruxelles, ont à leur tour inspiré la Convention et le Règlement de La Haye de 1907. Ce sont ces deux derniers instruments qui ont été les plus marquants dans le processus de codification. En 1907, ils étaient déclaratifs des lois et coutumes de la guerre : ils définissaient notamment des notions clés pertinentes (combattants, levée en masse, hors de combat), énuméraient en détail les infractions aux lois et coutumes de la guerre et assuraient, par le biais de la Clause de Martens, une protection résiduelle aux populations et aux belligérants dans les cas non couverts par l'une de leurs dispositions. Ces textes posaient en principe la responsabilité des Etats, qui devaient donner à leurs forces armées des instructions conformes au Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre et verser une indemnité en cas de violation par des membres de leurs forces des dispositions dudit Règlement.
L'impact qu'avait eu la Première Guerre mondiale sur la population civile a entraîné l'insertion dans les Traités de Versailles et de Sèvres de dispositions sur la responsabilité, le jugement et le châtiment des criminels de guerre présumés. Les travaux de la Commission internationale de 1919 (après la Première Guerre mondiale) et de l'UNWCC (durant la Seconde Guerre mondiale) ont beaucoup contribué à la consolidation du principe de la responsabilité pénale individuelle dans le droit international. Le « droit de Genève » (notamment les conventions de 1864, 1906 et 1929, paragraphes 53-62 ci-dessus) protégeait les victimes de la guerre et fournissait des garanties aux membres des forces armées réduits à l'impuissance et aux personnes ne prenant pas part aux hostilités. Le droit de La Haye et celui de Genève sont étroitement liés, le second complétant le premier.
Le Statut du TMI de Nuremberg définissait de manière non limitative les crimes de guerre engageant la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs. Dans son jugement, le tribunal émit l'opinion que les règles humanitaires qui figuraient dans la Convention et le Règlement de La Haye de 1907 étaient « admises par tous les Etats civilisés et regardées par eux comme l'expression, codifiée, des lois et coutumes de la guerre » qui étaient applicables en 1939 et que les violations de ces textes constituaient des crimes dont les auteurs devaient être punis. La doctrine reconnaissait à l'époque que le droit international définissait déjà les crimes de guerre et exigeait que des poursuites fussent engagées contre leurs auteurs8. Le Statut du TMI de Nuremberg n'était donc pas une législation pénale ex post facto. Quant aux « principes de Nuremberg », dégagés ultérieurement du Statut et du jugement du TMI de Nuremberg, ils réitéraient la définition de la notion de crimes de guerre qui avait été énoncée dans le Statut et le principe selon lequel tout auteur d'un acte constitutif d'un crime de droit international est responsable de ce chef et passible d'un châtiment9.

5.  Les accusations de crimes de guerre étaient-elles prescrites ?

229. (…) Le point essentiel en litige entre les parties est donc de savoir si les poursuites intentées contre le requérant (sur la base de l'imprescriptibilité des infractions en cause) s'analysent ou non en une extension ex post facto du délai de prescription qui aurait été applicable au niveau national en 1944 et s'il faut y voir ou non, en conséquence, une application rétroactive du droit pénal


2.  La Cour observe que si le requérant avait été poursuivi pour crimes de guerre en Lettonie en 1944, les faits visés n'auraient pas été couverts (le requérant et le gouvernement de la Fédération de Russie partagent ce point de vue) par le chapitre IX sur les crimes militaires qui figurait dans le code pénal de 1926 : un tribunal national aurait donc dû s'appuyer sur le droit international pour fonder de telles accusations (paragraphes 196 et 208 ci dessus). De même, l'article 14 du code pénal de 1926, qui prévoyait des délais de prescription uniquement pour les infractions punies par ce code, n'était pas applicable aux crimes de guerre réprimés par le droit international et rien dans ce code n'indiquait que les dispositions en matière de prescription pouvaient s'appliquer à de tels crimes. Au contraire, la Cour note que le code pénal de 1926 était conçu comme un système permettant de poursuivre « les actes socialement dangereux » de nature à porter atteinte à l'ordre socialiste établi10, ce qu'illustre la terminologie des notes accompagnant l'article 14. Dans ces conditions, des poursuites pour crimes de guerre au niveau national en 1944 auraient exigé le recours au droit international, non seulement pour la définition de ces crimes, mais également pour la détermination du délai de prescription applicable.


3.  Toutefois, en 1944, le droit international était silencieux en la matière. Dans aucune déclaration internationale antérieure11 sur la responsabilité pour crimes de guerre et l'obligation de les poursuivre et de les réprimer il n'avait été prévu de délais de prescription (…).


4.  La question essentielle devant être tranchée par la Cour est donc de savoir si, à quelque moment que ce soit avant l'engagement des poursuites contre le requérant, pareilles poursuites devaient être réputées prescrites en vertu du droit international. Il ressort du paragraphe précédent qu'en 1944 aucun délai de prescription n'était fixé par le droit international relativement à la poursuite des crimes de guerre, et dans son évolution postérieure à 1944 le droit international n'a jamais comporté de normes en vertu desquelles les crimes de guerre reprochés au requérant auraient été prescrits12.


5.  En résumé, la Cour estime, premièrement, qu'aucune des dispositions du droit interne relatives à la prescription n'était applicable (paragraphe 230 ci-dessus) et, deuxièmement, que les accusations portées contre le requérant n'ont jamais été prescrites en vertu du droit international (paragraphe 232 ci-dessus). Elle conclut donc que les poursuites dirigées contre le requérant n'étaient pas prescrites. (…)

6.  Le requérant pouvait-il prévoir que les actes en cause s'analyseraient en des crimes de guerre et qu'il serait poursuivi ?

236.  Quant au point de savoir si l'on peut considérer que, nonobstant le fait qu'elle était exclusivement fondée sur le droit international, la qualification des actes litigieux en crimes de guerre était suffisamment accessible et prévisible pour le requérant en 1944, la Cour rappelle qu'elle a précédemment estimé que la responsabilité pénale individuelle d'un simple soldat (garde-frontière) était définie avec suffisamment d'accessibilité et de prévisibilité par, notamment, l'obligation de respecter les instruments internationaux des droits de l'homme, même si ceux-ci, dont un n'avait du reste pas été ratifié par l'Etat en cause à l'époque des faits, ne permettaient pas d'inférer une responsabilité pénale individuelle du requérant (K.-H.W. précité, §§ 92-105).


6.  Il est vrai que (à la différence de l'affaire K. H.W. c. Allemagne) le code pénal de 1926 ne renfermait aucune référence aux lois et coutumes internationales de la guerre et que (à la différence de l'affaire Korbely précitée, §§ 74-75) ces lois et coutumes internationales n'avaient pas fait l'objet d'une publication officielle en URSS ou en RSS de Lettonie. Toutefois, cet aspect ne saurait être décisif. Il ressort en effet clairement des conclusions formulées aux paragraphes 213 et 227 ci-dessus que les lois et coutumes internationales de la guerre étaient en soi suffisantes en 1944 pour fonder la responsabilité pénale individuelle du requérant.


7.  La Cour note en outre qu'en 1944 ces lois constituaient une lex specialis détaillée fixant les paramètres du comportement criminel en temps de guerre, qui s'adressait avant tout aux forces armées et, en particulier, aux commandants. Le requérant en l'espèce était sergent dans l'armée soviétique, et il était affecté au régiment de réserve de la division lettonne : à l'époque des faits, il était membre d'une unité de commando et à la tête d'un peloton qui avait pour activités principales le sabotage militaire et la propagande. Etant donné sa position de commandant militaire, la Cour estime qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il appréciât avec un soin particulier les risques que comportait l'opération de Mazie Bati. Elle considère, eu égard au caractère manifestement illégal des mauvais traitements et de la mort infligés aux neuf villageois dans les circonstances, établies, de l'opération menée le 27 mai 1944 (paragraphes 15-20 ci dessus), que même la réflexion la plus superficielle du requérant aurait indiqué à l'intéressé qu'à tout le moins les actes en cause risquaient d'enfreindre les lois et coutumes de la guerre telles qu'elles étaient interprétées à l'époque et, spécialement, d'être jugés constitutifs de crimes de guerre pour lesquels, en sa qualité de commandant, il pourrait voir sa responsabilité pénale individuelle engagée.


8.  Pour ces motifs, la Cour juge raisonnable de conclure que le requérant pouvait prévoir en 1944 que les actes litigieux seraient qualifiés de crimes de guerre.

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