Acuerdo y Sentencia número 78 del 16 de julio de 2008






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títuloAcuerdo y Sentencia número 78 del 16 de julio de 2008
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OBJETO: PROMOVER ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional:

Manuel María Páez Monges, Defensor del Pueblo de la República, constituyendo domicilio ad litem en Ygatimí esquina O’Leary de esta Ciudad de Asunción, con el patrocinio letrado de los abogados Sheila R. Abed Duarte, matrícula 2.939 CSJ, H. Benjamín Fernández Bogado, matrícula 7.231 CSJ, José María Costa, matrícula 10.107 CSJ y Ezequiel Francisco Santagada, matrícula 16.716 CSJ, ante Vuestras Excelencias respetuosamente me presento y digo: -------------------------------

1. OBJETO. Que, por ser inconstitucional en sí mismo, en los términos de los artículos 556 inciso “a” y concordantes del Código Procesal Civil, vengo a promover acción de inconstitucionalidad1 contra el Acuerdo y Sentencia número 78 del 16 de julio de 2008, emanado del Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala 5ta., en el marco del juicio “Defensoría del Pueblo c./ Municipalidad de San Lorenzo s./ Amparo”, en el cual se resolvió confirmar la Sentencia Definitiva número 105 del 13 de marzo de 2008 dictada por la Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 4to. Turno.------------------------------------

2. LEGITIMACIÓN ACTIVA. Esta presentación la realizo en ejercicio de mis atribuciones constitucionales y legales, asumiendo la representación procesal del ciudadano José Daniel Vargas Telles, titular de la cédula de identidad civil número 819.005, domiciliado en Maizal y Palo Santo del Barrio Laurelty de la Ciudad de San Lorenzo, Departamento Central.--------------------------------------------------------------------
La representación asumida tiene un doble fundamento jurídico. En primer lugar, es una secuela necesaria del resultado adverso y manifiestamente inconstitucional de la decisión de un órgano del Poder Judicial en el marco de una acción de amparo promovida por la Defensoría del Pueblo en ejercicio de una atribución legal. En efecto, el artículo 10 de la Ley 631/95 “Orgánica de la Defensoría del Pueblo” establece que “son deberes y atribuciones del Defensor del Pueblo: (…) 7) interponer Hábeas Corpus y solicitar amparo, sin perjuicio del derecho que le asiste a los particulares”.---------------------------------------------------------
Sería ilógico y antifuncional al ejercicio de los deberes y atribuciones de mi cargo y los de la Defensoría del Pueblo que, por un lado, pudiera solicitar amparo a favor de una persona que es víctima de un menoscabo o negación de sus derechos humanos y que, por el otro lado, no pudiera desarrollar en plenitud todas las posibilidades que el marco constitucional y legal prevén para evitar la consumación jurisdiccional de ese menoscabo o negación.---------------------------------------
En segundo lugar, el ejercicio de la representación que asumo a favor del ciudadano José Daniel Vargas Telles encuentra sustento, asimismo, en el inciso 8) del mismo artículo 10 de la Ley 631/95 que establece que: “son deberes y atribuciones del Defensor del Pueblo: (…) 8) actuar de oficio o a petición de parte para la defensa de los derechos humanos”.-------------------------------------------------------------------------------------
Como se argumentará y sostendrá a lo largo de esta presentación, el origen de este caso es la violación, por parte de la Municipalidad de San Lorenzo, del derecho humano del señor José Daniel Vargas Telles a acceder a información pública que obra en poder de dicha Municipalidad. En consecuencia, esta presentación tiene por finalidad defender el derecho humano del señor Vargas Telles a acceder a la información que oportunamente ha solicitado.------------------------------------------------------------

3. PRESENTACIÓN DE ESTA ACCIÓN DENTRO DEL PLAZO. La Defensoría del Pueblo se notificó el día 29 de julio de 2008 del Acuerdo y Sentencia número 78 del 16 de julio de 2008, emanado del Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala 5ta., en el marco del juicio “Defensoría del Pueblo c./ Municipalidad de San Lorenzo s./ Amparo”; en consecuencia, en atención a lo establecido por el artículo 557 del código de rito, esta acción se presenta dentro del plazo habilitado al efecto.---------------------------------------------------------------------------------------

4. HECHOS. El día 4 de mayo de 2007, el señor Vargas Telles, utilizando el formulario que al efecto provee el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo (http://www.defensoriadelpueblo.gov.py/acceso_informacion/acceso_a_la_informacion_publica.htm) , solicitó al Señor Intendente Municipal de la Ciudad de San Lorenzo la siguiente información: “copia impresa de cantidad de empleados contratados y nombrados, con sus nombres y apellidos, puestos de trabajo y salarios respectivos”.-----------------------------
A pesar de no estar obligado por ninguna Ley de la República a dar las razones que motivaron su solicitud, el señor Vargas Telles manifestó en su presentación que requería dicha información para “informar(se) acabadamente sobre estos temas específicos para poder emitir opiniones ciertas en cuanto a la administración municipal”.-------------
El señor Vargas Telles fundó su solicitud principalmente en el Art. 28 de la Constitución que establece que “las fuentes públicas de información son libres para todos” así como en los tratados internacionales que el Paraguay ha ratificado y, dado que nuestro país aún no cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública, en el Art. 45 que establece que “la falta de Ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía”.---------------------
El señor Vargas Telles finalizó su presentación solicitando al Señor Intendente Municipal que le informara el plazo en el que la misma tendría respuesta, o bien, que lo hiciera al décimo día hábil a contar desde la presentación, por considerar que ese era un plazo razonable para que tomara una decisión sobre la procedencia de su solicitud. ----------------------
Ante el silencio de las autoridades municipales, el día 30 de mayo de 2007, el señor Vargas Telles inició acción de amparo de pronto despacho contra la Municipalidad de San Lorenzo. Este juicio tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 12avo Turno, Secretaría 24 (Expediente 249, Año 2007, Folio 51).-----------------------------
Una vez que el Juzgado requiriera el informe circunstanciado de rigor, el día 21 de junio de 2007, los abogados de la Municipalidad de San Lorenzo tomaron intervención y negaron que el señor Vargas Telles tuviera derecho a acceder a la misma y solicitaron el rechazo de la acción en términos tan duros y absurdos como los siguientes: “¡Qué le importa a un tercero particular el sueldo de un empleado, que función realiza, en qué lugar está destinado!!!”.------------------------------------------------------
Posteriormente, el día 3 de julio de 2007, el Juzgado dictó la S.D. 427 en la que se resolvió “I.- Hacer lugar a la acción de amparo de pronto despacho incoada por José Daniel Vargas Telles contra la Municipalidad de San Lorenzo. II.- Intimar al Intendente Municipal de la Ciudad de San Lorenzo para que en el perentorio plazo de diez días de quedar firme la presente resolución, emita una respuesta al pedido formulado por el accionante”.----------------------------------------------------------------------------------
Esta resolución fue notificada a la Municipalidad de San Lorenzo el día 30 de agosto de 2007 y nunca fue apelada.------------------------------------
Agotada de esta manera la vía administrativa previa por haberse provocado jurisdiccionalmente la respuesta de la demandada, el día 26 de octubre de 2007, la Defensoría del Pueblo, en representación del señor José Daniel Vargas Telles, inició una nueva acción de amparo contra la Municipalidad de San Lorenzo con el objeto, esta vez, de que se condenara a la demandada a entregar la información que el señor Vargas Telles le había solicitado por nota de fecha 4 de mayo de 2007.--------------
Los fundamentos normativos de esta nueva presentación fueron: los artículos 1, 28 y 45 de la Constitución. A través del artículo 137 de la Constitución, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 1/89) y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 5/92). Asimismo, se citó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 16 de septiembre de 2006 en el caso “Claude Reyes vs. Chile” y se argumentó sobre el carácter vinculante de los fallos de esa Corte en nuestro medio jurídico.---------------
Este juicio quedó radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 4to. Turno, a cargo de la Abogada Judith Gauto Bozzano, Secretaría de la Abogada Ariela E. Zárate Rojas.--------------------
Por S.D. Nº 105 del 13 de marzo de 2008, la Jueza Judith Gauto Bozzano resolvió: “NO HACER LUGAR a esta acción de amparo constitucional promovida por el la Defensoría del Pueblo a favor del Señor José Daniel Vargas Telles contra de la Municipalidad de San Lorenzo, por los fundamentes expuestos en el considerando de la presente resolución” e imponer las costas en el orden causado.------------------------------------------
En lo medular, los fundamentos expuestos en el considerando de dicha resolución fueron: “(…) si existió una intimación para que la Municipalidad se expida y al no haber sido cumplida, se presume que ha sido denegada, a tenor de la norma constitucional transcripta (Art. 40)”. “Al haber operado la denegatoria ficta de la petición, se habilita la vía administrativa pertinente, pero de ningún modo, puede pretender el accionante promover otro amparo a fin de que el órgano jurisdiccional condene a dar información a la peticionada”. “La apertura de la instancia administrativa determina la improcedencia del amparo a tenor del artículo 134 que consagra el carácter exclusivamente residual del mismo (…)”. “(…) lo que pretende la actora es que este órgano jurisdiccional sustituya la decisión administrativa. Pero tal pretensión resulta improcedente, repetimos, cuando ha operado la denegatoria de la petición”.------------------
Contra esa sentencia, la Defensoría del Pueblo interpuso recurso de apelación.---------------------------------------------------------------------------------
La Municipalidad de San Lorenzo no apeló la S.D. Nº 105 del 13 de marzo de 2008 y tampoco contestó la expresión de agravios de la Defensoría del Pueblo.--------------------------------------------------------------------
Finalmente, el recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala 5ta., por medio del Acuerdo y Sentencia número 78 del 16 de julio de 2008.--------------------------------------
El miembro preopinante, Dr. Carmelo A. Castiglioni, votó en primer término y a su voto adhirieron los doctores Linneo Ynsfrán Saldívar y Fremiort Ortíz Pierpaoli.-------------------------------------------------------------------
Veintidós escuetos renglones bastaron para exponer los motivos del rechazo de la apelación. Sostuvieron los integrantes del Tribunal: “El amparo fue denegado por el A-quo. El Art. 40 de la Constitución Nacional establece que el derecho a peticionar a las autoridades es un derecho (sic), pero, debe hacerse “según las modalidades que la ley determine”. La propia Constitución Nacional establece que el límite a ese derecho debe establecerse por ley. Y, la Ley 1682/00 en sus artículos 4 y 5 y su modificatoria la ley 1969/02, establecen que estos datos solicitados, cuando se refieran al patrimonio, debe tener la autorización del afectado. El hecho de pedir datos de los sueldos de terceras personas tiene su contrapeso jurídico en el derecho constitucional a la intimidad, por tanto, al condicionar la ley a la autorización de los afectados, la petición realizada vía amparo constitucional es improcedente al no adecuarse al Art. 134 en la parte que dice que se vea afectado por un acto “manifiestamente ilegítimo”. La denegación por parte de la Municipalidad de San Lorenzo de proveer dicha información se ajusta estrictamente a la Constitución Nacional y la 1682/00. Por otra parte no ha referido cual es el daño que le ocasiona la falta de provisión de dichos datos al peticionante. Al faltarle el primer requisito mencionada es suficiente para confirmar el rechazo del amparo, por tanto, debe confirmarse la S.D. Nº 105 de fecha 13 de marzo de 2008, con costas, a la parte perdidosa. Es mi voto”.---------
Esta decisión es la que motiva la presentación de esta acción de inconstitucionalidad, ya que la misma causa ejecutoria, no habiendo contra ella recursos ordinarios que aún puedan articularse (Arts. 581 y 561 del Código Procesal Civil).----------------------------------------------------------
5. DERECHO. En este acápite, se mencionarán en primer lugar los graves vicios de orden constitucional que, a criterio de la Defensoría del Pueblo, tiene la resolución atacada de inconstitucional. Posteriormente, se realizará una argumentación sobre el derecho que debería haberse aplicado para la resolución del presente caso.--------------------------------------
5.1. VICIOS DE ORDEN CONSTITUCIONAL DEL ACUERDO Y SENTENCIA NRO. 78. El principal argumento del Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, 5ta. Sala, para confirmar el rechazo del amparo presentado por la Defensoría del Pueblo a favor del señor José Daniel Vargas Telles con el objeto de que éste pudiera acceder a la información pública que oportunamente había solicitado, fue que “el derecho a peticionar a las autoridades” debe ejercerse “según las modalidades que la ley determine”; y que la ley ha establecido que los datos solicitados, cuando se refieran al patrimonio, deben tener la autorización del afectado, ya que de lo contrario se estaría afectando el derecho constitucional a la intimidad.--------------------------------------------------
En primer lugar, debe quedar claro que, si bien la petición del señor Vargas Telles se canalizó a través del derecho constitucional a peticionar ante las autoridades (Art. 40 de la Constitución), este no es el único derecho constitucional involucrado, ya que la pretensión de fondo se sustentó en el derecho constitucional a acceder a la información que obra en poder del Estado (Art. 28 de la Constitución). Primer yerro del Tribunal; demostrativo sin dudas de un estudio superficial y caprichoso del expediente, lo cual adelanta la arbitrariedad de la misma, como seguidamente se argumentará.---------------------------------------------------------
El error más grave y evidente del Tribunal es cuando sostiene que los artículos 4 y 5 de la Ley 1682/01 (esta Ley fue promulgada el 16 de enero de 2001, por lo tanto es Ley 1682/01 y no, 1682/00 como se menciona en el Acuerdo y Sentencia atacado de inconstitucional), según el texto de su modificatoria, Ley 1969/02 establecen que “estos datos solicitados” –esto es, datos sobre los sueldos de los funcionarios de la Municipalidad de San Lorenzo-, “cuando se refieran al patrimonio, deben tener la autorización del afectado”.-----------------------------------------------------
Los artículos 4 y 5 de la Ley 1682, según el texto de su modificatoria, Ley 1969/02 establecen textualmente lo siguiente: ------------
“Artículo 4°.- Se prohíbe dar a publicidad o difundir datos sensibles de personas que sean explícitamente individualizadas o individualizables.
Se consideran datos sensibles los referentes a pertenencias raciales o étnicas, preferencias políticas, estado individual de salud, convicciones religiosas, filosóficas o morales; intimidad sexual y, en general, los que fomenten prejuicios y discriminaciones, o afecten la dignidad, la privacidad, la intimidad doméstica y la imagen privada de personas o familias.
Art. 5°.- Los datos de personas físicas o jurídicas que revelen, describan o estimen su situación patrimonial, su solvencia económica o el cumplimiento de sus obligaciones comerciales y financieras, podrán ser publicados o difundidos solamente:


  1. cuando esas personas hubiesen otorgado autorización expresa y por escrito para que se obtengan datos sobre el cumplimiento de sus obligaciones no reclamadas judicialmente;

  2. cuando se trate de informaciones o calificaciones que entidades estatales o privadas deban publicar o dar a conocer en cumplimiento de disposiciones legales específicas; y,
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