Juristeca base de Datos del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires






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JURISTECA
Base de Datos del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires


C., J. L. Infr. art. 149 bis CP Amenazas 08-11-2011

///n la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre de 2011, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación, obrante a fs. 58/71 vta. De la presente causa, de la que
RESULTA:
I.- Que en el presente proceso de conocimiento se investigan los hechos ocurridos el “26 de diciembre de 2010” (sic) a las 8:45 horas, cuando el Sr. C., J. L. se habría hecho presente en el trabajo de la Sra. C., T. M., sito en la calle P. **** de esta ciudad, comenzando a increparla preguntándole con quien había tenido relaciones sexuales y le habría referido “decime la verdad porque sino te voy a matar” retirándose del lugar para volver minutos mas tarde con una botella de cerveza en sus manos e indicarle a la Sra. C. que con eso la iba a matar. Asimismo, se le imputa lo que habría sucedido el día 4 de febrero de 2011 en horas de la mañana, oportunidad en la que el Sr. C. se habría hecho presente nuevamente en el supermercado de la calle P. ****, comenzando a insultar a la Sra. C. y le habría manifestado “andas cogiendo con L., sos una puta de mierda, te voy a matar”, haciendo referencia al Sr. R., L. que trabaja con la denunciante en el comercio aludido. Además en esa ocasión el imputado le refirió al Sr. R., que se encontraba en el interior de ese comercio, “sos un hijo de puta, te voy a matar porque andas cogiendo con ella” haciendo referencia a la Sra. C. (conf. requerimiento de juicio de fs. 1/3).


II. Que a fs. 41/42 el imputado junto con su defensa oficial solicitó la suspensión del proceso a prueba por el termino de doce (12) meses, ofreciendo las siguientes reglas de conductas: 1) Fijar residencia y comunicar a la fiscalía y al Juzgado el cambio de ésta; 2) Cumplir con las citaciones o requerimientos de la fiscalía o del juzgado; 3) Realizar tareas de utilidad publica por el termino de 60 horas durante el período de la suspensión; 4) Abstenerse de acercarse a una distancia de 200 metros del domicilio laboral de la Sra. C., y de 80 metros de cualquier lugar donde se encuentre la misma, y comunicarse telefónicamente a su domicilio o lugar de trabajo, a su celular, por vía de correo electrónico a los fines de preservar el ejercicio de la patria potestad; y 5) Ofrecer como reparación del daño un pedido de disculpas a la damnificada.

III. Que, en oportunidad de celebrarse, con fecha 1/7/2011, la audiencia prevista en el art. 205 del CPPCABA, la defensa expresó que se encontraban reunidos los presupuestos previstos por el art. 76 bis del CP que hacían
viable la suspensión del proceso a prueba, sin embargo la presunta víctima, Sra. C., manifestó que no estaba de acuerdo con el ofrecimiento de reparación, agregando que el Sr. C. la “…sigue buscando y se me acerca en el supermercado. Va al supermercado y le habla mal de mi al dueño y a los clientes. Cuando no estoy ahí está rondando para ver que hago…”. A su turno, la Sra. Fiscal manifestó que con la Defensora habían llegado a un acuerdo de suspensión del proceso a prueba, lo habían consultado con la denunciante, y las pautas aparecían
razonables, pero entendió que debía retirar su conformidad, teniendo en cuenta que en fecha 19 de junio el Sr. C. se habría presentado en el domicilio de la Sra. C. (mientras ella no se encontraba en el mismo) rompiendo cosas, y llevándose un auto, por lo que ella realizó la denuncia. Afirmó que esas eran las razones fundadas por las que retiraba su consentimiento para la suspensión del proceso a prueba, resaltando que éste es vinculante porque se le imputaban a C. dos (2) hechos (el de fecha 26/12/2010 cuando le habría dicho C., T. “…decime la verdad porque si no te voy a matar” y el segundo, el 4/02/2011, donde le dice en la vía publica “andas cogiendo con L., sos una puta de mierda, te voy a matar…”, para luego decirle a L. “…sos un hijo de puta, te voy a matar porque andas cogiendo con ella”), que la escala penal llegaba hasta los cuatro años de prisión, lo
que encuadraría en el 4to párrafo del art. 76 bis del CP, y en ese caso se requiere el consentimiento fiscal.
Afirmó que “…Esto va en línea con el articulo 205 del CPPCABA que dice que el consentimiento del fiscal es vinculante. Esto esta fundado y es razonable. Además de lo que dice la defensa, esto no es un derecho. Tiene derecho a pedir la suspensión. No se da automáticamente aunque recayera al 1º párrafo del artículo
76 bis del CP. Tiene que ver con cuestiones de política criminal o la necesidad que la cuestión se resuelva en juicio. De lo contrario le estamos diciendo a C. que está en derecho a proferirle las frases que ya referí. Le estamos diciendo que el Estado le va a garantizar el derecho a acceder a la suspensión del proceso a
prueba….” (fs. 54).


Por su parte, la Defensa Oficial manifestó que no se encontraba documentada la situación a la que sorpresivamente hizo referencia la Fiscal, refiriéndose a los supuestos hechos ocurridos en la casa de la Sra. C., y que la oposición no resultaba fundada porque no había constancias de lo afirmado.
Asimismo, señaló que de la escala punitiva a la que hizo referencia la Fiscal, debe ser considerada en su mínima expresión de acuerdo a antecedentes jurisprudenciales, dejando planteada la cuestión constitucional toda vez que, entendió, se hallarían violentadas garantías constitucionales en el caso de que el Magistrado no hiciera lugar a lo solicitado.
A su turno, el juez de grado resolvió no hacer lugar a la solicitud de suspensión de juicio a prueba. Para así resolver entendió que se trataba de dos hechos independientes que concurrieron materialmente entre sí, por lo que se trataría de la hipótesis regulada en el 4to párrafo del art. 76 bis del CP, ya que la determinación del máximo punitivo llevaba a una escala penal mayor a los 3 años, y que para estos casos se exige la posibilidad de condena en suspenso y el consentimiento del Fiscal a fin de otorgar la probation. Entendió que la oposición de la Sra. Fiscal en estos autos se encontraba fundada, y que no se daban los requisitos legales para que proceda la suspensión del juicio a prueba en este caso, ya que tampoco se debía desconocer que “… los hechos aquí analizados ingresan en la tipología de la ley 26.485, de prevención de violencia contra la mujer…”, y que la misma vedaba la posibilidad de que estos conflictos sean sometidos a la modalidad de la mediación o negociación, por lo que debía tener en cuenta la opinión de la Sra. Chacon, y la razonabilidad de
la oposición fiscal al momento de resolver.
Por ultimo señaló que el ofrecimiento de disculpas de C. fue rechazado por la Sra. C. y que no resultaba razonable “… a los fines de resolver el conflicto, que es el objeto que persigue en definitiva el art. 76 bis del CP, razón por la cual no resulta posible siquiera tener por cumplido el requisito de ofrecimiento de reparación del daño que estipula dicha manda legal….” (fs. 56 vta.).

IV. Contra dicha resolución la Defensa Oficial del Sr. C. interpuso recurso de apelación (fs. 58/71).
Se agravia la defensa de la negativa del Juez a conceder la suspensión del juicio a prueba por entender que los fundamentos que la sustentan resultan ajenos a la normativa legal y vulneran los fines de la suspensión del juicio a prueba. Sostiene la recurrente que el Magistrado encuadró erróneamente el caso en cuestión en el párrafo 4º del art. 76 bis CP –que refiere a los supuestos en que resultaría procedente la condena en suspenso-, sino que la regla aplicable resulta ser la contenida en el párrafo 2º de dicha norma –que refiere a los supuestos de concurso de delitos cuyo máximo, independientemente considerado, no supere, en abstracto, los tres años de prisión- (fs. 64). En estos supuestos el legislador nacional no consideró necesaria la existencia de consentimiento fiscal. Sin perjuicio de ello, denuncia el recurso que los fundamentos brindados por la Fiscal para oponerse a la procedencia de la suspensión del proceso no tuvieron que ver con cuestiones de “política criminal” ni en la “necesidad de que el caso de resuelva en juicio” como lo establece el art. 205 del CPPCABA y que resultaban inapropiados ya que la suspensión del juicio a prueba no propone un juicio de reproche sobre la conducta investigada.
En virtud de ello, y de quedar firme la denegatoria de la suspensión de juicio a prueba, entiende la defensa que se afectaría: i) el principio de legalidad –al negarse el derecho a pesar de estar dadas todas las condiciones objetivas para su reconocimiento-, ii) el principio de inocencia -al haberse hecho referencia en la audiencia a la culpabilidad de su asistido-, iii) el debido proceso y iv) el sistema acusatorio -toda vez que el juez incorporó argumentos legales en contra de su asistido, los cuales no habían sido invocados por el Ministerio Publico Fiscal-.
Añadió que el rechazo, por parte de la víctima, de un pedido de disculpas como reparación del daño tampoco puede impedir la concesión del derecho pues, tal como establece la regla del art. 76 bis CP, es resorte del Juez
ponderar la razonabilidad del ofrecimiento según las circunstancias del caso.
Destaca que la referida regla prevé solución legal para el supuesto que la parte damnificada no acepte la reparación ofrecida y el proceso igualmente se suspendiere.
Finalmente señaló que no resultan adecuados los fundamentos normativos dados por el titular del Juzgado PCyF Nº 10 para denegar la suspensión del juicio. Así sostuvo específicamente que la ley 26.485 (de protección integral a las mujeres) no guarda relación con la procedencia de la suspensión del juicio a
prueba. V. A fs. 76/77 obra el dictamen del Sr. fiscal de cámara, Dr. Walter Fernández, quien manifiesta que corresponde rechazar el recurso. Entiende que resolución apelada no resulta recurrible de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 205 CPP, tampoco constituye una sentencia definitiva ni provoca un gravamen de imposible reparación ulterior. En subsidio, agrega que el consentimiento del fiscal para la procedencia de la suspensión de juicio a prueba, a la luz del art. 205 del código ritual, adquiere un carácter imperativo e insoslayable, de conformidad con el principio rector del procedimiento penal local, es decir, la promoción y ejercicio de la acción penal, bajo un sistema acusatorio, caracterizado por la independencia funcional y la autonomía del Ministerio Publico Fiscal.


VI. Que encontrándose las actuaciones a su disposición la Sra. Defensora Oficial efectuó la presentación que se agrega a fs. 79/87. Por su intermedio rebate las afirmaciones efectuadas por el Sr. Fiscal en su dictamen.
VII. Que a fs. 99 la causa queda en estado de ser resuelta.
Elizabeth A. Marum dijo:
PRIMERA CUESTIÓN
El escrito de apelación ha sido interpuesto en tiempo y forma contra una resolución que, si bien no es una sentencia definitiva en sentido estricto, tiene capacidad de irrogar al impugnante un gravamen de insusceptible reparación ulterior (art. 279 CPPCBA).
Al respecto, esta Sala tiene dicho que la decisión que deniega el beneficio de la suspensión del juicio a prueba es pasible de desentrañar el mentado perjuicio, pues implicaría para el imputado la inevitable sujeción a un juicio que su defensa quiere evitar (Causas Nº 408-00-CC/2005 “Aguilera, César Alberto s/infr. art. 189 bis CP, rta. 19/12/2005; Nº 459-00-CC/2005 “Sánchez, Rubén Gerardo s/infr. art. 189 bis CP- Apelación”, rta. el 9/3/2006; Nº 195-00-CC/2004 “Cristaldo, César Miguel s/inf. Art. 189 bis CP- Apelación”, rta. el 14/2/2006; Nº 19004-01- CC/2008 “Toledo, Cristian Maximiliano s/infr. art. 189 bis CP- Apelación”, rta. el 26/2/2009; entre otras).
Por otra parte, y en cuanto al planteo efectuado por el Sr. Fiscal ante esta Cámara respecto a la irrecurribilidad de la decisión que denegó la probation, a partir de lo establecido por el art. 205 CPP, cabe aclarar -como ya expusiéramos en las causas nº 19004-01/08 “Toledo, Cristian Maximiliano s/inf. Art. 189 bis CP”- Apelación, rta. el 26/2/09, Nº 11482/07 “Chaparro, José Osmar y otro s/inf. Art. 189 bis CP”- Apelación”, rta. el 27/3/2009; entre otras- que la solitaria interpretación literal del art. 205 CPP CABA no debe olvidar el análisis sistemático de las normas en cuestión. Ello así, pues paralelamente a dicha norma, el art. 279 CPP dispone que el recurso de apelación procederá contra decretos o autos que causen gravamen irreparable.
La interpretación propiciada nos llevó a considerar admisible el recurso fiscal en los términos del art. 205 CPP CABA (Causa Nº 40279-00-CC/2007 “García Ccente, Brian Alfredo s/infr. Art. 189 bis CP- Apelación”, rta. el 3/6/2009; entre otras), por lo que admitir la postura del representante del Ministerio Público Fiscal conllevaría a vulnerar el principio de igualdad de armas –como integrante del derecho de defensa-, confiriendo al titular de la acción mayores facultades que al imputado.
En consecuencia, corresponde declarar admisible el remedio procesal intentado obrante a fs. 58/71.
SEGUNDA CUESTIÓN
1. Admitido el recurso resulta oportuno dejar sentados los fundamentos sobre la base de los cuales el Magistrado de Grado denegó la solicitud de suspensión a prueba del presente proceso seguido contra José Luis Camacho. Señaló el a quo que: “la únicas razones de política criminal que debe evaluar el representante del Ministerio Público Fiscal para oponerse a la concesión del beneficio son las que expresamente emanan del artículo 76 bis C.P. y su legislación complementaria, más no otras diversas de aquéllas” (fs. 55).
“Tal como han sido imputados los hechos en el requerimiento de elevación a juicio y conforme fuera ratificado por la Sra. Fiscal en el marco de esta audiencia, se trata de dos hechos independientes que concurrirían materialmente entre sí, por lo que estamos en la hipótesis regulada en el cuarto párrafo del
artículo 76 bis C.P., toda vez que la determinación del máximo punitivo con arreglo a las reglas del art. 55 CP, llevan a una escala penal que supera en su máximo los tres años de prisión, por lo que no cabe encuadrar este caso en el supuesto previsto en el 1º párrafo de aquella manda legal” (fs. 55).
Entonces “Para estos casos el C.P. exige que exista la posibilidad de condena en suspenso y el consentimiento del Fiscal en línea con lo que a este respecto dispone el artículo 205 del CPPCABA” (fs. 55).
“El Juez no es un simple validador a ciegas de lo que el Fiscal dictamina, sino que ingresan en el ámbito de sus facultades jurisdiccionales, evaluar la razonabilidad de su oposición, en caso de que así lo dictamine, toda vez que todos los actos de gobierno, incluidos los que emanan del Poder Judicial, se encuentran sujetos al principio republicano de gobierno; por lo que el dictamen del Fiscal, debe estar debidamente fundado en derecho, so pena de resultar arbitrario” (fs. 55).
“En este caso creo que la oposición fiscal esta fundada y por ese motivo, independientemente de su acierto o error, resulta vinculante para el Tribunal” (fs. 55).
“No esta debidamente cumplido el requisito de realizar un ofrecimiento en la medida de lo posible de reparación del daño, que también emerge del art. 76 bis tercer párrafo. C. solo ofreció disculparse” (fs. 56).
2. Ahora bien, previo a confrontar los fundamentos de la decisión en crisis con los agravios que ha generado corresponde reproducir, una vez más, las premisas sobre las cuales este Tribunal viene analizando la procedencia de suspensiones de juicio a prueba.
En cuanto al sistema acusatorio, este Tribunal entendió, en síntesis, que debe ser comprendido como el desdoblamiento de las funciones estatales de perseguir y juzgar, siendo un órgano distinto a los jueces el encargado de excitar la actividad de éstos (este Tribunal in re “Delmagro, Juan Carlos s/ inf. art. 189 bis CP”- Apelación, Causa Nº 10331-00-CC/2006 del 5/12/2006, entre muchas otras). A partir de esta concepción se extraen diversas consecuencias, pero ninguna de ellas sustrae de la órbita de tareas del Juez aquella consistente en interpretar y aplicar la ley.
Sobre la base de esta facultad propia, hemos afirmado que la oposición fiscal carente de adecuada fundamentación no impide al Juez conceder la probation cuando se dan los requisitos previstos legalmente para ello.
Estas facultad jurisdiccional, para controlar la razonabilidad de la oposición Fiscal a la procedencia de la suspensión del juicio a prueba, aparece reforzadas a partir de los fallos del máximo Tribunal local posteriores al fallo “Benavidez” (“Ministerio Público —Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Benavidez, Carlos Maximiliano s/ inf. art. 189 bis CP", Expte. n° 6454/09 del 15/02/2001). En tal sentido ver Romero, Gustavo Facundo s/art. (s) 189 bis CP” (rto. el 26/4/2011), “Parrilli, Rosa Elsa s/ inf. art. 149 bis, amenazas —CP (p/L 2303), n° 7546/10 del 28/04/200 y “Ministerio Público —Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Pereira, Martín; Cotto, Julio David y Leites Rodriguez, Sergio José s/ presunta infracción al CP (art. 189 bis)’”, Expte. n° 7656/10 del 4/08/2011.
2. Sentado lo expuesto y tal como hemos señalado en numerosos precedentes de esta Sala, la cuestión a dilucidar es cuál es el rol del juez en los casos que media oposición fiscal a la concesión de la probation, pese a encontrarse presentes los requisitos legales para su viabilidad. ¿Puede invocarse el sistema acusatorio como fundamento para afirmar que el juez carece de toda posibilidad de control de los argumentos que brinda el fiscal y que, por ende, se hallaF obligado a rechazarla?
La norma contenida en el art. 205 CPCBA establece “la oposición del Ministerio Público Fiscal, fundamentada en razones de política criminal o en la necesidad de que el caso se resuelva en juicio, será vinculante para el Tribunal”. A su respecto esta Sala ha dicho que la fórmula terminológica “razones de política criminal” no puede funcionar a modo de palabra mágica que se esgrima de un modo carente de contenido. Muy por el contrario, la norma exige que la oposición, para producir los efectos establecidos, se encuentre “fundamentada”.
La inteligencia asignada al sistema acusatorio según la cual se excluye del control judicial la fundamentación brindada por el Ministerio Público Fiscal para oponerse a la probation, no solo es ajena a los principios que informan dicho sistema, sino que niega la categoría de garantía que tal principio posee, tanto desde su origen histórico como acordado por los constituyentes locales. Las garantías constitucionales se encuentran dirigidas a las personas frente a los órganos de persecución estatal, mas no a la inversa.
Debe tenerse en cuenta que la finalidad del proceso penal no es la mera aplicación de una pena, sino, antes bien, la resocialización e integración del sujeto dentro del sistema, y si ese fin puede realizarse de alguna manera alternativa, debe ser bienvenido.
Dentro de esta línea de pensamiento, debe considerarse que la alternativa procesal en estudio, procura el alcance de los principios superiores que postulan un derecho penal de ultima ratio y mínimamente intenso en pos de la resocialización, específicamente en el caso de delincuentes primarios que hayan cometido delitos leves, en tanto permitan el dictado de una condena cuyo cumplimiento pueda dejarse en suspenso de acuerdo al art. 26 del CP, tal como en el caso sub examine.
3. Interpretación de los arts. 76 bis CP y 205 CPP CABA. Oposición infundada. En este punto es menester señalar que la norma contenida en el art. 76 bis CP tiene por indudable objetivo, por un lado, la evitación de una pena que siempre posee consecuencias estigmatizantes y, por otro, que la instancia penal concentre sus recursos sobre el universo de delitos más graves que afectan bienes jurídicos relevantes y se decidan rápidamente para cumplir con los tiempos razonables impuestos a los procesos.
En el presente caso, en ocasión de celebrarse la audiencia prevista en el art. 205 CPP CABA donde se discutió la solicitud de suspensión del proceso a prueba solicitada por el imputado, el Sr. Magistrado de Grado consideró que tal como han sido imputados los hechos en el requerimiento de elevación a juicio, y conforme fuera ratificado por la Sra. Fiscal en el marco de esta audiencia, se trata de dos hechos independientes que concurrirían materialmente entre sí, por lo que estamos en la hipótesis regulada en el cuarto párrafo del artículo 76 bis C.P., toda vez que la determinación del máximo punitivo con arreglo a las reglas del art. 55
CP, llevan a una escala penal que supera en su máximo los tres años de prisión.
Es decir, desde el momento que José Luis Camacho no registra antecedentes penales (fs. 9) es posible pronosticar que las circunstancias del caso permitirían dejar en suspenso el cumplimiento de la eventual condena aplicable.
Sin embargo, de conformidad con lo señalado por el Sr. Magistrado de Grado, aún cuando las circunstancias del presente caso nos posicionan en el cuarto párrafo del art. 76 bis CP no corresponde renunciar al análisis de la razonabilidad de la oposición Fiscal.
En el caso, en ocasión de celebrarse la audiencia referida, señaló la Fiscal de Grado, como sustento para oponerse la concesión de la suspensión del juicio a prueba, lo siguiente: “Hoy voy a retirar la conformidad de la Fiscalía para que este hombre tenga una suspensión del proceso. Voy a pedir que vayamos a un juicio oral y público donde se debata su responsabilidad. Fue el día 22 de junio que se presentó el pedido, si bien las tratativas fueron la semana anterior a esa fecha. El 20 de junio fue feriado. El 19 fue el día del padre. Antes de esta audiencia me entrevisté con T. y más allá de referir estos contactos, donde la mira en el tren o ronda en el supermercado, si bien no había claramente un incumplimiento de las medidas restrictivas … Hoy C., T. me marca un episodio. El sábado obtuvo una exclusión. Ella se habría retirado del domicilio [su domicilio real, según consta en el acta de audiencia, es C. 33. Ezpeleta, Quilmes, Provincia de Buenos Aires]. Ahora se tiene que ir el sabado 18. El 19 mientras no estaba en la casa él se presentó en el domicilio rompiendo cosas y levándose un auto. Ella hizo una denuncia. Mientras con la defensa arreglo algo que es un beneficio, y no un
derecho, este señor se le mete en el domicilio. Esto más allá de lo que disponga la justicia de Quilmes. Tenemos una denuncia concreta. Que C., J. L. se haga cargo de los delitos que cometió, lo que se verá en juicio. Estas son las razones por las que como Fiscal estoy retirando el consentimiento para la suspensión del proceso a prueba” (fs. 53/4).
Se advierte entonces que, concretamente, el fundamento según el cual la Sra. Fiscal de Grado retiró el consentimiento resulta ser el episodio que habría ocurrido el 19/6/2011, según le refirió la presunta víctima C., T., consistente en que el aquí imputado, C., J. L., habría ingresado en el domicilio de la presunta víctima “roto cosas” (sic) y llevado “un auto” (sic).
Así las cosas es posible advertir que la Fiscalía no dedicó el mínimo esfuerzo para recabar constancia alguna al respecto. Así, cobra relieve el cuestionamiento contenido en el recurso de apelación bajo examen en cuanto a que los pretendidos hechos nuevos no cuentan con aval documental alguno.
Finalmente corresponde ingresar en el análisis del sustento argumental, que también sostiene la denegatoria bajo análisis, en cuanto a que no esta debidamente cumplido el requisito de realizar un ofrecimiento de reparación del daño pues la solicitud de disculpas de C. no sería suficiente. En este punto, si bien asiste razón a la recurrente en cuanto a que el rechazo, por parte de la particular damnificada, del ofrecimiento del pedido de disculpas, como forma de reparación del daño, no resulta un obstáculo insalvable a la procedencia de la suspensión del juicio a prueba lo cierto es que este Tribunal, en virtud de la competencia asignada por el recurso (art. 276 CPP), se encuentra llamado a ponderar fundadamente la razonabilidad del ofrecimiento a la luz de las circunstancias del caso concreto (art. 76 bis CP, 3º párrafo). En la ponderación señalada se advierte de las constancias del caso que:
i) El imputado C., J. L. convivió con la víctima durante 15 años y se encuentra separado de hecho desde hace 1, posee con ella tres hijos – L (quien convive con J. L.), C. y G. (quienes conviven con la presunta víctima- C., T.(fs. 1/2 del legajo de investigación fiscal).
ii) José Luis Camacho tiene 39 años, estudios primarios completos y dijo ser empleado y percibir alrededor de tres mil pesos como ingresos mensuales (acta de audiencia de intimación del hecho, fs. 43 del legajo de investigación fiscal). Sin embargo, del informe producido por la Oficina de Atención a la Víctima y el
Testigo del Ministerio Público Fiscal, sobre la base de la entrevista con la víctima, se desprende que en enero del corriente año Camacho se encontraba desocupado y que sus condiciones de trabajo son inestables (informe de fs. 6/7 del legajo de investigación fiscal).
Las constancias señaladas permiten concluir que las condiciones socioeconómicas y personales del imputado impiden exigirle, por ejemplo, que efectúe un esfuerzo monetario como modo de reparación. Así, sobre la base de lo expuesto, consideramos razonable la reparación ofrecida pues se encuentra al alcance de sus posibilidades.
A su vez, las reglas de conducta ofrecidas a fs. 41 aparecen razonables a los fines previstos por el instituto cuya aplicación se reclama.

En conclusión, toda vez que C., J. L., quien no registra antecedentes penales condenatorios (fs. 9), resulta imputado de un concurso de delitos y las circunstancias del caso permitirían dejar en suspenso el cumplimiento de una eventual condena aplicable corresponde, por los motivos expuestos, revocar la resolución en crisis y disponer que el Sr. Juez a quo conceda la probation estableciendo las reglas de conducta ofrecidas por el imputado a fs. 41/2. Así VOTO.
Sergio Delgado dijo:
12
PRIMERA CUESTION
Comparto las consideraciones efectuadas en la primer cuestión del voto que antecede sobra la base de las cuales se concluye que el recurso de apelación obrante a fs. 58/71 resulta admisible.
SEGUNDA CUESTION
I. Tal como he sostenido en los precedentes “Muñoz, Raúl Hernán s/ infr. art. 189 bis CP- Apelación”, rta. el 25/4/2011; “Gabino, Eduardo Luis s/infr. art. 129 CP”, Nº 6366-03-CC/2009 del 16/06/11, entre otros, la suspensión del juicio a prueba resulta un derecho del imputado cuando se encuentran reunidos los requisitos legales para su procedencia, tesis que ha sido ratificada por la Corte Suprema de la Nación en el fallo “Acosta”, en el que concluyó que “...el criterio que limita el alcance del beneficio previsto en el art. 76 bis a los delitos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no supere los tres años se
funda en una exégesis irrazonable de la norma que no armoniza con los principios enumerados, toda vez que consagra una interpretación extensiva de la punibilidad que niega un derecho que la propia ley reconoce otorgando una indebida preeminencia a sus dos primeros párrafos sobre el cuarto al que deja totalmente
inoperante” (CSJN, A.2186. XLI, rta. 23/04/08), pero, por las razones que expondré a continuación, entiendo que en la presente causa debe confirmarse la resolución que no hizo lugar al pedido de suspensión del juicio.
II. De las constancias de la causa surge que la defensa del aquí imputado, previo a la celebración de la audiencia prevista en el art. 205 del ritual, había acordado con la Sra. fiscal la suspensión del juicio a prueba, habiéndolo consultado con la denunciante y entendiendo razonables las pautas de conducta
ofrecidas por el Sr. C.
Pero en ocasión de celebrarse la mencionada audiencia, la Dra. Barcia retiró la conformidad como consecuencia de haber tomado conocimiento de sucesos nuevos que habrían ocurrido el día 19 de junio de 2011, fecha en la que, según los dichos de la Sra. C., el imputado se habría presentado en el domicilio de la
denunciante “…rompiendo cosas y llevándose un auto….”, afirmando la fiscal de grado que esas eran las razones fundadas por las que retiraba su consentimiento para la suspensión del juicio a prueba y que, al encuadrarse los hechos en el supuesto previsto en el 4to párrafo del art. 76 bis del código penal, su oposición resultaba vinculante para el juez.
Asimismo, de las constancias de la celebración de la audiencia mencionada surge que la Sra. C, al referirse al ofrecimiento de reparación, expresó su desacuerdo, afirmando que el imputado la seguía buscando, se le acercaba en su lugar de trabajo, y que cuando no estaba allí, estaba rondando vigilando lo que ella hacía (fs. 53).
III. Este Tribunal ya ha señalado que el sentido de la exigencia del consentimiento del acusador estatal, como titular de la acción penal, en el marco de un sistema de justicia penal orientado hacia un modelo acusatorio formal “sólo puede consistir en un juicio de oportunidad político criminal respecto de la persecución penal de un caso particular” y “esas deben ser razones que, según el ordenamiento jurídico puedan ser tomadas en cuenta para una decisión de tal carácter” (Conf. Bovino, Alberto “La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal Argentino”, ed. Del Puerto, p. 158 y ss.). Así, la norma contenida en el art. 205 CPPCABA resulta coincidente con los precedentes jurisprudenciales de esta Sala en cuanto vino a establecer que “la oposición del Ministerio Público Fiscal, fundamentada en razones de política criminal o en la
necesidad de que el caso se resuelva en juicio será vinculante para el Tribunal”. La norma exige que la oposición, para producir los efectos establecidos se encuentre “Fundamentada”. Ello así, la opinión del Ministerio Público debe ser fundada “...pues el hecho de que la ley permita decidir sobre la conveniencia político criminal de ejercer la acción penal, en ciertos supuestos –para el caso, comprendidos en el art. 76 bis., párrafo IV, del CP- no significa que esa decisión no deba ser justificada y, tampoco, que ella pueda estar motivada en cualquier clase de razones. El reconocimiento legal de cierto grado de discreción para que el
Ministerio Público ejerza la acción penal no permite que su juicio pueda estar fundado de cualquier modo, y tampoco impide que su decisión pueda ser sometida a decisión judicial” (Bovino, ob.cit., pág. 160).
IV. Resulta razonable la oposición fiscal en estos autos. La misma se funda en la imputación de un comportamiento posterior del que habría sido informado por la víctima el mismo día de la audiencia (fs. 52 vta.), distinto del que se habría comprometido a respetar C. días antes a la celebración de la audiencia, lo cual me lleva a sostener que en este caso, y sin perjuicio del principio de inocencia y de que aún cuando el concurso real que correspondería considerar a partir de esta nueva imputación admita la procedencia de la probation a favor del imputado, razonablemente la Fiscal puede sospechar que no se cumplirá el compromiso que el imputado afirmó estar dispuesto a asumir – ya que ya se denunció que lo incumplió – lo que justifica su decisión de retirar su acuerdo, que ha fundado señalando la necesidad de que este caso sea resuelto en juicio.
Por las consideraciones hasta aquí expuestas, entiendo que debe confirmarse la resolución que no hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba en favor del Sr. C.., así lo Voto.
Marcelo Pablo Vázquez dijo:
1. Adhiero al juicio de admisibilidad del recurso de apelación bajo examen, que efectuó mi distinguida colega preopinante, Dra. Elziabeth A. Marum, en la primera cuestión de su voto.
2. En cuanto al fondo de la cuestión traída a estudio adhiero, por sus fundamentos, a la solución que propicia Sergio Delgado. El criterio pacífico del Tribunal que integro ha sido y es considerar que la oposición Fiscal no es vinculante para un Juez; como así también que la fórmula terminológica “razones de política criminal” no puede funcionar a modo de palabra mágica que se desenfunde y esgrima de un modo vacío o carente de contenido (conf. “Alegre de Alvarenga, Ramona s/inf. Art. 189 bis CP” – Apelación, Nº 12111-00- CC/2008 del 25/07/2008). En cambio, exigimos la evaluación del caso concreto a los efectos de determinar la procedencia. Esto ha acontecido en la especie. En efecto, tal como señala mi colega preopinante en su voto, la Sra. Fiscal de Grado expuso sólidos argumentos para oponerse a la procedencia de la suspensión de juicio a prueba solicitada de modo tal que, siendo ajustada a derecho, corresponde confirmar el criterio de la Juez de Grado.
Por las razones expuestas, el Tribunal, por mayoría
RESUELVE:
CONFIRMAR la resolución en crisis, obrante a fs. 52/7, en cuanto no hizo lugar al pedido se suspensión de juicio a prueba en esta causa. Regístrese, notifíquese mediante cédula con carácter urgente y
remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.

Firmantes:
Dra. Elizabeth Marum; Dr. Sergio Delgado; Dr. Marcelo P. Vazquez.

Numero Fallo:
15552

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