Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires






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Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Díaz, José L. c. Supermercado Alcázar de Toledo Hnos. S.A.C.I.A. e I.

01/04/2004

Voces

ASOCIACIONES SINDICALES DE TRABAJADORES ~ CARGO SINDICAL ~ COMPETENCIA ~ CONSTITUCIONALIDAD ~ CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO ~ DELEGADO SINDICAL ~ DESPIDO ~ ENCUADRAMIENTO SINDICAL ~ ESTABILIDAD LABORAL ~ ESTABILIDAD SINDICAL ~ EXCLUSION DE TUTELA SINDICAL ~ LIBERTAD SINDICAL ~ PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD ~ TUTELA SINDICAL

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 01/04/2004

Partes: Díaz, José L. c. Supermercado Alcázar de Toledo Hnos. S.A.C.I.A. e I.

Publicado en: , La Ley Online; 

SUMARIOS:

  1. 1 - El encuadramiento convencional entre el trabajador y el principal compete expresamente a los tribunales del trabajo, y la resolución dictada por la autoridad administrativa del trabajo solo puede tener por efecto el encuadramiento sindical disputado, por imperio de lo normado en el art. 59 de la ley 23.551 (DT, 1988-A, 802).

  2. 2 - Un concepto genuino de libertad sindical abarca no sólo la protección de la entidad gremial, sino también la de aquellos trabajadores que actúan tanto en los órganos de dirección y administración del sindicato como en el ámbito de los distintos establecimientos laborales donde representan los intereses de sus afiliados.

  3. 3 - Corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad del art. 52 de la ley 23.551 (DT, 1988-A, 802), pues, no puede inferirse de dicho texto legal la creación de una inmunidad especial o fuero personal, cuando en verdad el legislador tan sólo ha puesto en cabeza del patrono el deber de requerir ante la justicia la autorización pertinente para adoptar la medida indicada al iniciar la demanda, la cual en atención a las circunstancias que prima facie hagan verosímil el planteo sometido a decisión, el juzgador admitirá sin más trámite.

  4. 4 - Nada le impide al empleador que pretende despedir a un trabajador amparado por la tutela sindical, requerir ante el juez interviniente en el trámite de exclusión, la suspensión del trabajador con carácter de medida cautelar en los términos del art. 52 de la ley 23.551 (DT, 1988-A, 802), o bien hacer uso de la facultad que le confiere el art. 30 del decreto reglamentario 467/88 (DT, 1988-A, 812), por ello no puede alegar que la supuesta demora en obtener el desafuero gremial le acarrearía daños irreparables a sus intereses.

  5. 5 - El trabajador con estabilidad gremial ante la cesantía dispuesta por el empleador sin adoptar las medidas previstas en el art. 52 de la ley 23.551 (DT, 1988-A, 802), cuenta con dos caminos a seguir, el de demandar judicialmente, por vía sumarísima la reinstalación en su puesto con más los salarios caídos durante la tramitación judicial, o el de, habiendo sido disuelto el vínculo laboral, optar por percibir las indemnizaciones que la propia norma tipifica.


TEXTO COMPLETO:

La Plata, abril 1 de 2004.

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

El doctor Negri dijo:

I. El tribunal interviniente —por mayoría y en lo que interesa— rechazó la demanda deducida por José Luis Díaz contra "Supermercados Alcázar de Toledo - Toledo Hermanos S.A.C.I.F.I.A. e I." en concepto diferencia de haberes, integración del mes despido, indemnizaciones por falta de preaviso, antigüedad, la prevista por el art. 52 de la ley 23.551 e incidencia del sueldo anual complementario sobre las mismas.

II. El apelante denuncia absurdo y violación de los arts. 42 y 52 de la ley 23.551.

Cuestiona el encuadramiento convencional de la actividad que desarrollara el actor a órdenes de la accionada (establecido en el fallo) como asimismo la validez otorgada al procedimiento seguido por su sindicato al revocarle el mandato gremial y por cuya razón el sentenciante de grado consideró que carecía de la tutela sindical al momento del distracto, lo que constituye un error jurídico, en su concepto, porque aún en este caso el trabajador conserva la estabilidad en el empleo.

III. El recurso debe prosperar parcialmente.

a) El tribunal de la causa —por mayoría— apreció en conciencia el informe pericial contable en cuanto a que la "venta de mercaderías de reventa" es el 86,70% del total y la "venta producción panificados" es del 2,61% del total, por lo que tuvo por cierto lo manifestado por la accionada que su actividad principal se encuentra encuadrada en el "Convenio Colectivo de Empleados de Comercio 130/75". Por consiguiente, desestimó la aplicación del pretendido convenio colectivo 167/91 al vínculo laboral del actor (conf. veredicto, primera cuestión, fs. 368).

No resulta suficiente la simple disconformidad del apelante con dicha valoración para evidenciar el absurdo alegado. Respecto a la denuncia de no haberse considerado al fallar la disposición dictada en contrario en el expediente administrativo tramitado por ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, tampoco resulta eficaz para demostrar tal anomalía, toda vez que la decisión se enmarca en los principios que informan la doctrina legal de esta Corte sobre el tema.

En efecto, se ha sostenido que el encuadramiento convencional entre el trabajador y el principal compete expresamente a los tribunales del trabajo y que la resolución dictada por la autoridad administrativa del trabajo sólo puede tener por efecto el encuadramiento sindical disputado, por imperio de lo normado en el art. 59 de la ley 23.551 (conf. causa L. 53.672, sent. del 4/X/94).

b) Por otra parte, el fallo se ha limitado a tomar en consideración, como hecho previo al despido del actor, la revocación de su mandato gremial por parte del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata - Zona Atlántica con motivo del conflicto intrasindical suscitado entre ambos, pero sin valorar el origen y la forma del mismo (conf. veredicto, segunda cuestión, fs. 372), como pretende el recurrente.

Resulta inatendible el agravio vertido en ese sentido por resultar, tal como lo ha sostenido este Tribunal reiteradamente, un tema ajeno a las facultades que tienen los jueces locales sobre esa materia (conf. causas L. 50.206, sent. del 30/III/93; L. 62.228, sent. del 3/IX/96; L. 70.372, sent. del 4/VIII/98; entre otras).

Consecuentemente, ha quedado probado en autos y llega firme a esta instancia extraordinaria, que el actor fue electo delegado de personal en marzo de 1993 con mandato hasta el 5 de marzo de 1995, el que le fuera revocado por la entidad sindical que integraba a partir del 15 de noviembre de 1993, para ser posteriormente despedido por la empleadora el 26 de noviembre de 1993 (conf. veredicto, segunda cuestión, fs. 370 vta./372).

c) En tales condiciones, entiendo que asiste razón al apelante en cuanto a su denuncia de violación del art. 52 de la ley 23.551.

1. Cabe señalar que un concepto genuino de libertad sindical abarca no sólo la protección de la entidad gremial, sino también la de aquellos trabajadores que actúan tanto en los órganos de dirección y administración del sindicato como en el ámbito de los distintos establecimientos laborales donde representan los intereses de sus afiliados.

Así, el art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional, a la par que garantiza una "organización sindical libre y democrática", contiene una disposición que protege a los representantes gremiales al establecer que "gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad en su empleo".

En ese orden de ideas, la ley 23.551 ha incorporado bajo la denominación de "tutela o amparo sindical", un mecanismo protectorio de la libertad sindical tendiente a concretar su pleno disfrute, ya sea impidiendo la concreción o el cese inmediato, según el caso, de los ataques que pudiesen afectar los derechos gremiales, garantía incluso que se extiende —con operatividad suficiente para evitar perturbaciones, violaciones, injerencias o represalias a la actividad sindical— durante un tiempo posterior a la finalización del mandato, cualquiera sea su causa.

El art. 48 de dicho cuerpo legal establece que los trabajadores que, por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial —como el actor— no pueden ser despedidos durante el término de un año a partir de la cesación sus mandatos, salvo que mediare justa causa de despido. No obstante para así hacerlo, el empleador debe obtener indefectiblemente una resolución judicial previa que excluya a aquél de la garantía sindical (conf. arts. 47 y 52, ley cit.).

2. Relacionado a ello, subsisten en el sub judice otras circunstancias que debo tratar en virtud del postulado de "adhesión" a la apelación, por el cual se impone para el caso en que la resolución que favorece a una de las partes sea recurrida por la otra, que toda la cuestión materia de litigio pase al superior en la misma extensión y con la misma plenitud con que fue sometida al inferior (conf. causas L. 41.372, sent. del 7/VII/89; Ac. 61.983, sent. del 12/VIII/97; Ac. 77.267, sent. del 27/II/2002).En orden al planteo de inconstitucionalidad del art. 52 de la ley 23.551 formulado en el escrito de contestación de demanda (ver a fs. 159), cabe señalar que no puede inferirse de dicho texto legal la creación de una inmunidad especial o un fuero personal, cuando en verdad el legislador tan sólo ha puesto en cabeza del patrono el deber de requerir ante la justicia la autorización pertinente para adoptar la medida indicada al iniciar la demanda, la cual en atención a las circunstancias que prima facie hagan verosímil el planteo sometido a decisión, el juzgador admitirá sin más trámite (conf. causas L. 45.211, sent. del 6/XI/90; L. 70.307, sent. del 14/VII/98). Por ello, la propuesta de inconstitucionalidad debe ser desestimada.

Respecto a la supuesta demora en obtener el desafuero gremial del actor en sede judicial previo a su despido con los irreparables daños que tal espera llevaría a los intereses del empleador, cabe recordarle al apelante que nada le impide al principal que pretende despedir a un trabajador amparado por la tutela sindical requerir, ante el juez interviniente en el trámite de exclusión, la suspensión del trabajador con el carácter de medida cautelar en los términos del art. 52 de la ley 23.551, o bien hacer uso de la facultad que le confiere el art. 30 del decreto reglamentario 467/88 (conf. mi voto en la causa L. 58.788, sent. del 28/XI/95). En tales condiciones, dicho planteo también resulta improcedente.

3. Consecuentemente, el trabajador con estabilidad gremial ante la cesantía dispuesta por el empleador sin adoptar las medidas previstas en el art. 52 de la ley 23.551, cuenta con dos caminos a seguir: el de demandar judicialmente, por vía sumarísima, la reinstalación en su puesto con más los salarios caídos durante la tramitación judicial, o el de, habiendo sido disuelto el vínculo laboral —como en la especie— optar por percibir las indemnizaciones que la propia norma tipifica.

IV. En tales condiciones, debe revocarse el pronunciamiento de grado en cuanto rechazó la demanda en concepto de indemnización sustitutiva por falta de preaviso, antigüedad y por violación de estabilidad sindical (arts. 242, 246, 231 y 232 Ley de Contrato de Trabajo; 48 y 52 ley 23.551), cuya procedencia se declara.

Los autos deberán volver a la instancia de origen a fin de que se practique la liquidación correspondiente.

Con costas de ambas instancias a la demandada vencida por las acciones que aquí se declaran procedentes (arts. 19, ley 11.653 y 289, C.P.C.C.).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

Los doctores de Lázzari, Salas, Soria y Kogan por los fundamentos expuestos por el doctor Negri, votaron también por la afirmativa.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario traído conforme lo determinado en el punto IV de la votación precedente. — Héctor Negri. — Juan M. Salas. — Eduardo N. de Lázzari. — Daniel F. Soria. — Hilda Kogan.

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