Resumen. Ley Orgánica 1/2015, de 30/03, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal






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A los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y el honor de la mujer.

Es decir, conocerá de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por delitos en los que también se viene manifestando la violencia de género; en concreto, los delitos de revelación de secretos y los delitos contra el honor.

El primer grupo de delitos, los relativos a los delitos contra la intimidad y el derecho a la propia imagen se corresponden con los regulados en el capítulo I del título X – Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio -, en los artículos 197 a 201 del CP, y al margen de la difícil aplicación que pueden tener algunos de esos delitos en el marco de la violencia de género o doméstica, piénsese en las alusiones que se efectúan a la calidad de funcionario público, personas jurídicas o efectuados en el seno de una organización criminal, por ejemplo, si conviene destacar, que necesitan denuncia previa de la persona agraviada, o de su representante legal, o del Ministerio Fiscal cuando sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida. Las únicas excepciones contempladas serían las previstas si el autor es el supuesto en que el autor sea la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, sin mediar causa legal por delito, y prevaliéndose de su cargo, realizare una serie de conductas ajenas a la violencia doméstica, y además para los supuestos en que la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas. Y del mismo modo, no olvidar que es posible el perdón del o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del número 5º del apartado 1 del artículo 130 - art. 201.3 CP.

El segundo grupo de delitos se refiere a los delitos contra el honor, y artículos 205 a 216 CP, pudiendo repetirse algunas de las consideraciones mencionadas, respecto a la no aplicabilidad – lógica también -de algunos delitos, señalar que será necesaria la presentación de querella para su persecución – salvo que sea contra funcionario público o, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, que no tiene encaje en los delitos objeto de estudio -. Y respecto al perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del número 5º del apartado 1 del artículo 130 de este Código, sin ninguna otra excepción – artículo 216.1 y 3 CP-. No hay que perder de vista que la antigua falta de injurias o vejaciones injustas, se encuentra ahora incluida entre la competencia del Juzgado de Violencia, en su nueva ubicación de delito leve del artículo 173.4 CP, dentro de los delitos contra la integridad moral –Título VII.

      1. El delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar.

Previsto y penado en el artículo 468 del Código Penal cuando la persona ofendida

  • Sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia,

  • Así como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente,

  • O sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente.

Al atribuir la competencia para el conocimiento de la instrucción de este delito al Juez de Violencia sobre la Mujer se obtendrá una mayor eficacia a la hora de proteger a la víctima, porque éste tendrá muchos más datos que cualquier otro Juez para valorar la situación de riesgo. Es interesante observar que los delitos de quebrantamiento contra los otros miembros distintos de la esposa, o mujer ligado con el autor por análoga relación de afectividad – aun cesada esa relación -, parecen quedar sujetos a la competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer: obsérvese que el grupo de delitos que exigen una acto de violencia de género, se encuentran en el apartado a) del artículo 87 ter, y la atribución del delito de quebrantamiento se encuentra en el apartado c), que no exige esa concurrencia. De modo que no será exigible que no haya habido quebrantamiento simultáneo – no lo exige -, ni tampoco que el quebrantamiento deba proceder de la misma resolución; es más, menciona descendientes, que no tienen que ser menores, ni convivientes, porque la convivencia la exige para el tercero de los grupos.

No hay que perder de vista que la también reciente y casi coetánea LO 8/2015, de 22 de Julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, en la Disposición final tercera, que modifica el artículo 1.2 de la LO 1/2004 de 28/12 de Medidas de Protección Integral de Violencia de Género, que queda redactado como sigue:“2. Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia.”, lo que parecería estar en sintonía con el aumento de la competencia respecto a las personas sujetas a la referida Ley . No obstante, aquí, parece limitarse a los hijos menores.

La interpretación que se haga de estos preceptos, nos dirá si se aplica el delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar, también a los descendientes, a los hijos menores de la esposa, persona de análoga relación, vigente o pasada, y ello aunque no concurra un quebrantamiento contra éste última.

Tratándose de una pena o medida quebrantada en el seno de un previo procedimiento, en trámite o concluido, entre la pareja – o expareja, no especifica sin embargo, si, en el caso de existir más de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer le correspondería a aquel en el que ya se tramitó el asunto anterior, lo que nos hace pensar que no tiene por qué ser así.

Atribuye al Juzgado de Violencia sobre la Mujer un mayor número de delitos, lo cual parece lógico, en los delitos de quebrantamiento de una medida de seguridad o sentencia, del artículo 468 del CP, previamente dictada en un proceso penal. Amplía ese espectro en el caso de que las víctimas sean así como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, sea cometido sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, lo que puede generar más de una duda competencial.

También se amplía a los delitos de revelación de secretos, y delitos contra el honor, dentro de la relación de delitos, teniendo como sujeto pasivo a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.

    1. En relación con la Estadística Judicial.

Tiene como previsión la aprobación de planes estadísticos, que, en su caso, tengan en cuenta la perspectiva de género y la variable de sexo, señalando que “Los sistemas informáticos de gestión procesal de la Administración de Justicia permitirán en todo caso, la extracción automatizada de la totalidad de los datos exigidos en los correspondientes boletines estadísticos.”6

    1. Entrada en vigor.

Según lo dispuesto en la Disposición final décima, los puntos objeto de este apartado, entrarán en vigor el día 1/10/2015.

  1. LEY ORGÁNICA 8/2015, DE 22/07, DEMODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA (BOE 23/07/2015).

En la disposición final tercera se lleva a cabo la modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28/12, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,7en los siguientes términos:

En la disposición final tercera se lleva a cabo la modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

  1. Incluye a los menores como víctimas de violencia de género.

Para ello, modifica el artículo 1.2 LIVG, que tienen por objeto establecer medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia”, junto a las mujeres, “a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia.

Lo que hace el legislador es hacer visible esa variante de la violencia, reconociendo “a los menores víctimas de la violencia de género mediante su consideración en el artículo 1, violencia que se puede ejercer sobre ellos”. Entiende que afecta a los menores de varios modos, “en primer lugar, condicionando su bienestar y su desarrollo. En segundo lugar, causándoles serios problemas de salud. En tercer lugar, convirtiéndolos en instrumento para ejercer dominio y violencia sobre la mujer. Y, finalmente, favoreciendo la transmisión intergeneracional de estas conductas violentas sobre la mujer por parte de sus parejas o ex parejas.” Y por todo ello, “la exposición de los menores a esta forma de violencia en el hogar, lugar en el que precisamente deberían estar más protegidos, los convierte también en víctimas de la misma.”

Le dota de una singularidad, aunque no hay que perder de vista la finalidad u objeto de la Ley, esto es, lo que señala el artículo 1.1 de la LIVG, actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

  1. Obligación de pronunciarse sobre los menores dependientes de la mujer.

Para el reconocimiento como víctima de violencia de género, se modifica el artículo 61.2 LIVG, “…para lograr una mayor claridad y hacer hincapié en la obligación de los Jueces de pronunciarse sobre las medidas cautelares y de aseguramiento, en particular, sobre las medidas civiles que afectan a los menores que dependen de la mujer sobre la que se ejerce violencia.” De forma que, sin cambiar prácticamente el texto del artículo, con la redacción que aludía a la obligación de pronunciarse en todo caso, por parte del Juez competente, sobre la pertinencia de la adopción de las medidas cautelares y de aseguramiento contempladas en este capítulo, lo que modifica es la derivación, “especialmente sobre las recogidas en los artículos 64, 65 y 66, determinando su plazo y su régimen de cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas.”

El artículo 64 no se ha visto modificado, y hace referencia a medidas cautelares de tipo penal tales como la salida obligatoria del inculpado por violencia de género del domicilio o la prohibición de volver al mismo, concierto de arrendamiento con una agencia o sociedad pública en favor de la persona protegida, prohibición de aproximación o comunicación. Los artículos 65 y 66 LIVG si se han reformado.

Modifica, en relación con la protección de menores, el artículo 65 LIVG.

  • Aumento de situaciones objeto de protección de menores. Modifica el artículo 65 con la finalidad de ampliar las situaciones objeto de protección en las que los menores pueden encontrarse a cargo de la mujer víctima de la violencia de género: acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho.

  • También incluye un segundo párrafo en el artículo 65, en la que añade que si no se acordara la suspensión de la patria potestad, y esto es también novedoso, “el Juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en la que se ejercerá la patria potestad y, en su caso, la guarda y custodia, el acogimiento, la tutela, la curatela o la guarda de hecho de lo menores. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución.” De forma que, aunque no acuerde la suspensión de la patria potestad – o guarda y custodia, el acogimiento, la tutela, la curatela o la guarda de hecho de lo menores -, lo que era lo más frecuente, no obstante, si debería incluir un pronunciamiento sobre la forma en que se deberá ejercer, adoptando las medidas precisas para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de menores y de la mujer.

Modifica ampliando también, la redacción del artículo 66 LIVG:

  • Supera la concepción o nomenclatura de régimen de visitas, entendiéndolo de una forma global como estancias o formas de relacionarse o comunicarse con los menores de él dependientes.

  • También incluye un segundo párrafo en el artículo 66, en la que añade que si no se acordara la suspensión del régimen de visitas, muy similar al párrafo segundo del artículo anterior, debiendo pronunciarse de forma expresa y en todo caso, “sobre la forma en que se ejercerá el régimen de estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependan del mismo. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución.”

  1. Entrada en vigor.


Según la Disposición final séptima La presente ley orgánica entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.” Esto es el día 12 de Agosto de 2015.

  1. Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (BOE 29/07/2015).

Según la disposición final duodécima,8 que añade una nueva disposición adicional en la LECRIM - Disposición adicional quinta -, con la obligación de comunicar las actuaciones:

  • A quien hay que comunicar: al Instituto Nacional de la Seguridad Social, al Instituto Social de la Marina y a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

  • Personal responsable: Los secretarios judiciales de los juzgados y tribunales.

  • Que comunicarán:

    • Cualquier resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de criminalidad por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, en que la víctima fuera ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge o excónyuge del investigado, o estuviera o hubiese estado ligada a él por una relación de afectividad análoga a la conyugal.

    • Las resoluciones judiciales firmes que pongan fin a los procedimientos penales.

  • Finalidad de la comunicación:

    • A los efectos previstos en la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio:

El impedimento para ser beneficiario de las prestaciones de muerte y supervivencia, que pudieran corresponder al condenado por sentencia firme por la comisión de un delito doloso de homicidio, cuando la víctima fuera el causante de la prestación. Es un complemento a lo que se dispuso en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2004 LIVG,9 respecto de las mujeres víctimas de violencia de género. La comunicación llevará, si no estuviera ya acordada, a la suspensión de las prestaciones, hasta el dictado de la resolución definitiva - Artículos 179 ter LGSS.

La suspensión cautelar del abono de las prestaciones de muerte y supervivencia, que, en su caso, hubiera reconocido, cuando recaiga resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de que el sujeto investigado es responsable de un delito doloso de homicidio, sin perjuicio de su devolución en el caso de que finalmente recayere sentencia absolutoria - artículo 179 quáter.

Y un incremento o abono de las pensiones de orfandad y en favor de los hijos de quien fuera condenado por sentencia firme por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas no pudiese adquirir la condición de beneficiario de la pensión de viudedad, o la hubiese perdido, determinando en su caso, conforme al artículo 158 del código Civil, proceda, en su caso, a instar la adopción de las medidas oportunas en relación con la persona física o institución tutelar del menor o persona con capacidad judicialmente modificada a las que debe abonarse la pensión de orfandad- Artículo 179 quinquies y Artículo 179 sexies.

    • Y del RDL 670/1987, de 30 de abril Ley de Clases Pasivas del Estado.

También prevé el impedimento para ser beneficiario de las prestaciones en favor de los familiares - Artículo 37 bis -, de forma coherente con la LGSS, reproduce prácticamente lo declarado en su artículo 179 ter-, así como en relación con la suspensión cautelar del abono de las prestaciones en favor de los familiares, en determinados supuestos - artículo 37 ter -, siendo la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas suspenderá cautelarmente el abono de las prestaciones reconocidas en favor de los familiares y en forma análoga al artículo 179 quáter de la LGSS.

Según la Disposición final vigesimoprimera la Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE, esto es el 18/08/2015.

EXTRACTO.

  • LO 1/2015, de 30/03, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal, con entrada en vigor el 1/07/2015.

    • Añade la circunstancia de género como circunstancia agravante genérica: Artículo 22. 4.ª

    • Amplía el ámbito de la medida de libertad vigilada. En todos los delitos contra la vida – sean o no víctimas de violencia doméstica-, y en los delitos de malos tratos y lesiones cuando se trate de víctimas de violencia de género y doméstica (artículo 140 bis, 156 ter y 173.2 in fine).

    • Trasposición de las faltas como delitos leves. En los nuevos delitos leves de lesiones, artículo 153.1 – sin retoques-; amenazas, artículo 171.7; coacciones leves, artículo 172.3; no así en el de injurias o vejaciones injustas artículo 173.4.

    • Nuevo delito de acoso. Artículo 172 ter.

    • Suspensión de ejecución de la pena de prisión. Artículo 84.2: con carácter general, sólo será posible la imposición de penas de multa en este tipo de delitos cuando conste acreditado que entre agresor y víctima no existen relaciones económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación, o existencia de una descendencia común.

    • Quebrantamiento de dispositivos de control de medios telemáticos de control. Artículo 468.3.

  • LO 4/2015, de 27/04, del Estatuto de la Víctima, que entra en vigor 28/10/2015. Las resoluciones que acuerden la prisión o la posterior puesta en libertad del infractor, así como la posible fuga del mismo, así como las que acuerden la adopción de medidas cautelares personales o que modifiquen las ya acordadas, cuando hubieran tenido por objeto garantizar la seguridad de la víctima, le serán notificadas sin necesidad de que deba ser solicitado – como en el resto de las víctimas -, salvo que haya manifestado su deseo de no recibir dichas notificaciones.

  • LO 7/2015, de 21/07, por la que se modifica la LO 6/1985, de 1/07, del Poder Judicial, entrarán en vigor el día 1/10/2015.

    • Posibilidad de extender la jurisdicción de los Juzgados de Violencia al ámbito de dos o más partidos judiciales dentro de la misma provincia. artículo 87 bis, apartado 2.

    • Ampliación del número de delitos, competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer. artículos 87 ter 1 a) y d)

      • A los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y el honor de la mujer.

      • El delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar.

    • En relación con la Estadística Judicial, aumenta el dato de genéro.

  • LO 8/2015, de 22/07, de Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, con entrada en vigor el día 12/08/2015.

    • Incluye a los menores como víctimas de violencia de género. modifica el artículo 1.2 LIVG.

    • Obligación de pronunciarse sobre los menores dependientes de la mujer. Artículo 61.2 65 y 66 LIVG.

  • Ley 26/2015, de 28/07, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, con entrada en vigor el 18/08/2015. Para impedir el percibo de cantidades que se pudieran abonar a los responsables de homicidio doloso, como beneficiario de las prestaciones de muerte y supervivencia de la víctima fallecida, prevé la obligación de comunicar por el Juzgado a los órganos encargados del pago de pensiones o prestaciones de la Seguridad a Social o análogos, (1) cualquier resolución judicial indiciaria, si la víctima fuera ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge o excónyuge del investigado, o estuviera o hubiese estado ligada a él por una relación de afectividad análoga a la conyugal, (2) y las que pongan fin a los procedimientos penales.
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