Competencia Corresponde al Tribunal Constitucional el conocimiento del recurso interpuesto contra la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña,






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AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL




D. IGNACIO ASTARLOA HUARTE-MENDICOA, mayor de edad, con DNI 02.193.626-R, domiciliado a efecto de notificaciones en Carrera de San Jerónimo, 40, Madrid, Diputado del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados, comisionado por los Excmos. Sres. Diputados que a continuación se relacionan:

Todos ellos del Grupo Parlamentario Popular, cuya representación se acredita mediante las escrituras públicas de poder otorgadas ante el Notario de Madrid, D. Juan Romero Girón, en fecha de 16 de junio de 2004, y cuya representación específica en relación con el presente recurso se acredita mediante acuerdo previo de fecha 28 de marzo de 2006, adoptado por los Diputados recurrentes,

Ante el Tribunal Constitucional comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que, mediante el presente escrito, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 162 de la Constitución y los artículos 31 y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en la representación que ostento vengo a interponer RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD contra la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 3 de enero de 2006.

    El recurso se basa en los siguientes

        FUNDAMENTOS DE DERECHO



I. FUNDAMENTOS JURIDICO-PROCESALES


1. Competencia

Corresponde al Tribunal Constitucional el conocimiento del recurso interpuesto contra la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña, de acuerdo con el artículo 161.1.a) de la Constitución Española en relación con los artículos 2.1.a) y 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

2. Legitimación

Los recurrentes están legitimados para interponer el presente recurso a tenor de lo establecido en el artículo 162.1.a) de la Constitución Española y el artículo 32.1.c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

3. Representación y postulación

Los recurrentes actúan representados por Comisionado nombrado al efecto en la forma prevista en el artículo 82.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

4. Objeto del recurso

El presente recurso de inconstitucionalidad tiene por objeto los artículos 3.2; 6; 15.2 (en cuanto a la cláusula “si procede”);17; 18; 19; 20; 21; 22; 32.2; 32.3 c); 36.2; 36. 3; 37.1; 40.4; 48 a) y b); 52.1 b); 53.1 f); 55.1; 55. 2; 55.4 a), b), c) y e); 70.1; 70.7 a); 70.8; 80; 86.1; 86. 3; 111.2 h), j) y k); 115 g); 116.1 a) y c); 116.2; 117; 120.2; 120.3; 126.1; 126.3; 127.1; 127.2; 128.1 a); 132.b; 136.1 a); 136. 2; y 140 de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña.

5. Plazo de interposición

El recurso se interpone dentro del plazo de tres meses contados a partir de la publicación de la Ley en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 3 de enero de 2006, cumpliéndose así lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

II. FUNDAMENTOS JURIDICO-MATERIALES: MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD

CONSIDERACIÓN PRELIMINAR.

1. En esta consideración preliminar queremos poner de manifiesto ante el Tribunal Constitucional el núcleo antijurídico de la norma impugnada, consistente en que, so capa de la creación de un pretendido “espacio de comunicación audiovisual” propio de la Generalidad de Cataluña, ésta invade espacios de libertad garantizados por la Constitución a la sociedad civil catalana y española; así, el legislador territorial: a) asume jurisdicción sobre todo tipo de actividades; b) otorga poderes desproporcionados al Gobierno y el Consejo Audiovisual de la Generalidad; c) ocupa competencias reservadas al Estado, y d) se arroga la capacidad de definición de conceptos (veracidad, pluralismo, normalidad lingüística y desarrollo de derechos fundamentales) de un modo exclusivo y excluyente, todo lo cual resulta contrario a la Constitución española.

A estos efectos, el presente recurso de inconstitucionalidad se ha estructurado en tres bloques esenciales que agrupan determinados preceptos de la Ley 22/2005 de Cataluña cuya declaración de inconstitucionalidad se demanda, a saber:

  1. En un primer bloque, por infracción de derechos fundamentales (principalmente artículos 20 y 25 de la Constitución, y otros conexos). Demostraremos inequívocamente la inconstitucionalidad de ciertos aspectos de la potestad sancionadora de la Ley impugnada, en la medida en que otorga a órganos gubernativos territoriales la capacidad de clausura temporal de medios de comunicación y el cese definitivo de actividades a partir de preceptos genéricos y tipos en blanco que, bajo la excusa del llamado “espacio audiovisual catalán”, pretende configurar y modalizar los contenidos audiovisuales hasta extremos tales que resultan incompatibles con la libertad de información y con las libertades de opinión y expresión, sin sujetarse a los límites constitucionales de la potestad sancionadora. En definitiva, la clausura y el cese de actividades de un medio de comunicación, tal como están reguladas en esta Ley, comporta el sacrificio del bien jurídico “libertad de comunicación” sin razón ni justificación alguna.

  2. En un segundo bloque, por infracción del régimen lingüístico establecido en el artículo 3 de la Constitución española, analizaremos el modo en que el espacio audiovisual catalán se pretende utilizar para desequilibrar absolutamente el tratamiento de la lengua en la Comunidad Autónoma de Cataluña, procediendo a un arrinconamiento progresivo de la lengua castellana para otorgar un desmedido protagonismo a la lengua catalana y aranesa más allá de todo límite razonable, vulnerando el artículo 3 de la Constitución.

  3. Finalmente, en el tercer bloque mostraremos insuficiencias concretas del título competencial esgrimido por el legislador territorial para la regulación que pretende establecer, soslayando la reserva a Ley Orgánica de ciertos aspectos esenciales, y contraviniendo la competencia estatal exclusiva o la normativa estatal básica en otros.

2. En todo caso, antes de iniciar esta Demanda de inconstitucionalidad, los recurrentes quieren manifestar al Tribunal Constitucional que al enfrentarse a una Ley compleja, de gran extensión y de regulación exhaustiva, no van a poder evitar ciertas reiteraciones argumentativas en las alegaciones que se esgriman para acreditar la inconstitucionalidad de los preceptos que se impugnan. No obstante, para facilitar la formulación de esta Demanda y la labor de ese Tribunal, cada uno de los tres bloques aludidos tiene por objeto agrupar los preceptos recurridos en función de los diferentes motivos de inconstitucionalidad de que la Ley adolece, a juicio de los impugnantes.

Conforme a lo expuesto, comenzamos el análisis de fondo del presente recurso de inconstitucionalidad.

  1. vulneracion de derechos fundamentales: Inconstitucio-nalidad de los artículos 40.4, 55.4 a) y e), 80, 115 g), 116.1 a) y c), 116.2, 117, 127.1, 128. 1 a), 132 b), 136.1 a), 136.2 y 140.

Se articula en primer lugar este motivo de inconstitucionalidad debido a la trascendencia que tienen las competencias atribuidas al Consejo del Audiovisual de Cataluña, que le permiten privar al interesado de su derecho a emitir, mediante el expeditivo sistema de imposibilitar el uso del título habilitante otorgado a una emisora en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Para ello, la Ley actúa de diversos modos; a saber:

1º) Limita la renovación del título o prevé su “revocación” (artículos 40.4 y 55.4).

Artículo 40.4. La afectación al pluralismo de los medios de comunicación puede comportar la imposibilidad de la prestación de la actividad audiovisual o la revocación del título habilitante.”

Artículo 55.4. Son causas de denegación de la renovación de la licencia:

a) La afectación de la garantía del pluralismo, de acuerdo con lo establecido por la presente ley.

[...]

e) El hecho de haber sido sancionado más de dos veces por dos infracciones graves o una muy grave, de acuerdo con lo establecido por la presente ley.”

2º) Permite al Consejo del Audiovisual de Cataluña la adopción de medidas cautelares que comporten la suspensión provisional de la eficacia de la licencia o, incluso, el cese definitivo de la prestación de servicios audiovisuales –artículos 116, 130 y 136-:

Artículo 116.- Potestades

1. El Consejo del Audiovisual de Cataluña, para cumplir sus funciones, puede ejercer las siguientes potestades:

  1. Adoptar medidas cautelares en caso de una urgencia justificada para evitar que el incumplimiento de las obligaciones produzca un perjuicio grave e irreparable al pluralismo, la libertad de comunicación o los derechos de los ciudadanos. Estas medidas pueden comportar la suspensión provisional de la eficacia de la licencia.

  2. [...]

  3. Ordenar el cese de las actuaciones que incumplan las condiciones de la licencia.

[...]

2. Las potestades a que se refieren las letras a y c deben adoptarse en el marco que determina el régimen sancionador establecido por la presente ley.”

Artículo 130.- Sujetos responsables

1. Deben ser sancionadas como responsables de las infracciones tipificadas por la presente ley las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada, a quien pueda atribuirse la comisión, aunque sea por inobservancia.

2. El Consejo del Audiovisual de Cataluña no puede acordar en ningún caso la suspensión ni el cese de las actividades de los prestadores del servicio público audiovisual, tanto si son de competencia de la Generalidad como de los entes y consorcios locales. La imposición de las sanciones que sean procedentes como consecuencia de haber incurrido en alguna de las conductas infractoras fijadas por el presente capítulo se entiende sin perjuicio de las consecuencias que se deriven de las disposiciones establecidas por el contrato programa y del ejercicio de las facultades de control en relación a la prestación del servicio público que corresponden al Consejo del Audiovisual de Cataluña y al Parlamento de Cataluña.”

Artículo 136.- Sanciones

1. Las infracciones son sancionadas del siguiente modo:

  1. Las muy graves, con una multa desde 90.001 euros hasta 300.000 euros y la suspensión de la actividad por un plazo máximo de tres meses. En el caso de los prestadores de servicios de televisión, para cumplir esta suspensión, el prestador debe difundir una imagen permanente en negro que ocupe el 100% de la pantalla, con un texto en blanco que indique que el canal ha sido suspendido en su actividad, sin emitir ningún sonido.

[...].

  1. En el supuesto de comisión reiterada en el plazo de un año de dos infracciones muy graves, declaradas así por resoluciones firmes, o de una infracción muy grave y dos o más de graves, o de tres o más infracciones graves, el Consejo del Audiovisual de Cataluña puede acordar, en el marco del procedimiento sancionador correspondiente, el cese definitivo de la prestación de servicios audiovisuales por parte del responsable. Si el responsable presta sus servicios, totalmente o en parte, mediante una red de comunicaciones electrónicas para la distribución de programas de radio y televisión, el Consejo del Audiovisual de Cataluña debe poner en conocimiento del operador la orden de cese, a fin y efecto de obtener su colaboración en la ejecución de la sanción. Ello también es aplicable en los supuestos referidos por la letra a del apartado 1.”

3º) Otorga al Consejo del Audiovisual de Cataluña la potestad de definir los principios y los deberes que servirán de base a la infracción sobre la que se aplica la sanción de suspensión temporal de tres meses y, en su caso, el cese definitivo de la prestación de servicios (arts. 117, 132, 136).

En efecto, el artículo 117 de la Ley 22/2005 (en relación con el artículo 77) lo establece con carácter general:

Potestad reglamentaria.

El Consejo del Audiovisual de Cataluña tiene la potestad reglamentaria para desarrollar los preceptos de la presente ley y de las demás leyes en materia audiovisual en los ámbitos relativos a las condiciones aplicables a los títulos habilitantes para el ejercicio de la libertad de comunicación y a las obligaciones a que quedan sujetos los prestadores y distribuidores de servicios de comunicación audiovisual de acuerdo con la ley. Las disposiciones reglamentarias del Consejo reciben el nombre de instrucciones.”

    Y el artículo 132 b) de la Ley 22/2005 lo establece con carácter específico:

b) El incumplimiento de los principios básicos de la regulación de los contenidos audiovisuales. Sin perjuicio de lo que establece expresamente la presente ley, determinar si se ha cometido esta infracción requiere, si procede, comprobar los términos en que estos principios han sido definidos y explicitados mediante la instrucción del Consejo del Audiovisual de Cataluña y los términos en que han sido definidos y asumidos como deberes específicos a cargo de los prestadores de servicios audiovisuales en el marco de los acuerdos que hayan establecido con el Consejo.”

Todo ello se remata con el importantísimo artículo 80, referido a los “principios básicos de la regulación de los contenidos audiovisuales”, principios que son definidos por instrucción del Consejo del Audiovisual de Cataluña, como hemos visto. Finalmente, a las instrucciones del Consejo del Audiovisual de Cataluña se le anudan, por el juego de los artículos 132, 133, 136.1 a) y 136.2, las sanciones de suspensión temporal por tres meses, y de cese, además de la posible adopción de medidas cautelares de cese de emisiones a través del artículo 116.

En opinión de los firmantes de este recurso, son varios los motivos que determinan la inconstitucionalidad de los citados preceptos en cuanto atribuyen competencias de cese de actuaciones, falta de renovación o revocación de la licencia. Procederemos a plantearlas por separado.
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