Demanda de inconstitucionalidad






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Sentencia C-621/01
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Excepciones a territorialidad de ley penal
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Concepto de violación/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones por las cuales textos acusados se estiman violados
Aún cuando por tratarse de una acción pública que le permite al ciudadano actuar sin mayores exigencias de técnica jurídica ordinaria, dada la presunción de constitucionalidad de que gozan las normas legales al ciudadano se le exige como carga mínima que sustente de manera específica el concepto de la violación, con el fin de que pueda existir una verdadera controversia constitucional. El concepto de la violación comprende no sólo citar las normas constitucionales violadas ni afirmar que determinada ley es contraria a la Constitución, sino ante todo manifestar las razones específicas, inteligibles, pertinentes y suficientes para iniciar, al menos, un análisis que conduzca a desvirtuar la presunción de constitucionalidad. Por eso, el demandante debe formular y sustentar un cargo concreto contra la norma que demanda.
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Pretensión
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos respecto de exclusión de sentido normativo
Como el actor solicita que se excluya del ordenamiento jurídico un sentido normativo, no el texto mismo del artículo demandado, la Corte acudirá a la doctrina que hasta el momento ha definido para estudiar las demandas de inconstitucionalidad que contienen este tipo de petición. En esa materia ha sostenido la Corte que es necesario: 1 Que la demanda no sea “manifiestamente irrazonable”, es decir: 1.1 Que se trate de una “oposición objetiva, verificable entre lo que dispone el precepto acusado y lo que establece la Constitución”, 1.2 Que recaiga sobre un texto real y no simplemente sobre uno deducido por el actor, es decir que “se refiera a proposiciones existentes, suministradas por el legislador y no a hipótesis arbitrariamente inferidas de la norma”, 1.3 Que el sentido demandado sea uno de los posibles que razonablemente pueden surgir del precepto legal cuestionado, 2 Que los cargos “no se refieran exclusivamente a aspectos meramente interpretativos de la ley, sino que tengan como punto de referencia la Constitución”. 3 Que el demandante no pretenda que a través de la acción de inconstitucionalidad se dé una interpretación de autoridad ni se efectúe un cambio jurisprudencial, sino que busque excluir del ordenamiento la norma cuestionada. En caso contrario se estaría ante una “inepta demanda, pues no se ha planteado una verdadera confrontación entre el precepto acusado de orden legal y la Constitución Política”.
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Interpretación de norma que desconoce la Constitución/MEDIO DE DEFENSA-Interpretación de norma que desconoce la Constitución/ACCION DE TUTELA-Interpretación de norma que desconoce la Constitución
Si una persona considera que la interpretación y aplicación que de la norma hacen las autoridades colombianas desconoce la Constitución, no es la acción de inconstitucionalidad la vía adecuada, pues en tal caso se debe acudir a los recursos legales e incluso a la acción de tutela, si dicha interpretación o aplicación afecta sus derechos fundamentales.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Significado de la norma legal
Como quiera que el control de constitucionalidad implica siempre un juicio que busca determinar si una norma legal contradice la Constitución, es necesario que la Corte defina la debida y cabal interpretación tanto de la norma constitucional concernida como de la disposición legal demandada. “Este juicio no es posible si no se establece previamente el significado de la norma legal, por lo cual ningún tribunal constitucional puede eludir la interpretación de las normas legales, lo cual provoca una constante interrelación de los asuntos legales y constitucionales”.
PRINCIPIO DE SOBERANIA NACIONAL-Evolución del concepto
PRINCIPIO DE SOBERANIA NACIONAL-Evolución del contenido y límites
PRINCIPIO DE SOBERANIA NACIONAL-Elementos
Se mantienen constantes tres elementos de la soberanía: (i) el entendimiento de la soberanía como independencia, en especial frente a Estados con pretensiones hegemónicas; (ii) la aceptación de que adquirir obligaciones internacionales no compromete la soberanía, así como el reconocimiento de que no se puede invocar la soberanía para retractarse de obligaciones válidamente adquiridas; y (iii) la reafirmación del principio de inmediación según el cual el ejercicio de la soberanía del Estado está sometido, sin intermediación del poder de otro Estado, al derecho internacional.
PRINCIPIO DE SOBERANIA NACIONAL-Sentido jurídico/PRINCIPIO DE SOBERANIA NACIONAL EN EL DERECHO INTERNACIONAL-Alcance
La soberanía en sentido jurídico confiere derechos y obligaciones para los Estados, quienes gozan de autonomía e independencia para la regulación de sus asuntos internos, y pueden aceptar libremente, sin imposiciones foráneas, en su condición de sujetos iguales de la comunidad internacional, obligaciones recíprocas orientadas a la convivencia pacífica y al fortalecimiento de relaciones de cooperación y ayuda mutua. Por lo tanto, la soberanía no es un poder para desconocer el derecho internacional, por grande que sea la capacidad económica o bélica de un Estado, sino el ejercicio de unas competencias plenas y exclusivas, sin interferencia de otros Estados.
PRINCIPIO DE SOBERANIA NACIONAL EN EL DERECHO INTERNACIONAL-Límites
PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LA LEY EN EL DERECHO INTERNACIONAL-Excepciones
SOBERANIA DEL ESTADO EN EXTRADICION-Ejercicio
Cuando un Estado decide, claro está de manera autónoma, si entrega o no a un sindicado solicitado en extradición para dar cumplimiento a compromisos asumidos soberanamente, no está cediendo o perdiendo soberanía sino ejerciéndola, como quiera que, como ya se dijo, “la facultad de adquirir obligaciones internacionales es un atributo de la soberanía del Estado”.
PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LA LEY-Significado/PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LA LEY PENAL-Significado
El principio de territorialidad se ha entendido tradicionalmente como la posibilidad de que un Estado aplique las normas de su ordenamiento dentro del territorio bajo su dominio, sin interferencia alguna de otros Estados. En el caso de la ley penal, el principio de territorialidad significa que el Estado podrá aplicar su derecho penal a las conductas ilícitas ocurridas dentro de los límites de su territorio, o de extensiones jurídicamente aceptadas de éste. Se trata de un criterio relativo al ámbito espacial de aplicación de la ley, diferente a otros criterios como el estatuto personal o el real.
PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LA LEY PENAL-Elementos/PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LA LEY PENAL-Ejercicio de la soberanía/PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LA LEY PENAL-Alcance sobre ilícitos cometidos parcial o totalmente
La definición de cuál sistema penal puede juzgar un hecho ilícito ocurrido total o parcialmente en un lugar distinto a aquel donde se encuentra el presunto delincuente, ha llevado tradicionalmente a sopesar cuatro elementos relacionados con la aplicación del principio de territorialidad: el lugar de ocurrencia del hecho ilícito, la nacionalidad del autor del ilícito, la nacionalidad del bien jurídico vulnerado con la conducta ilícita y la importancia para la comunidad internacional del bien jurídico tutelado que resulte afectado por el delito. La ponderación de estos cuatro elementos ha conducido a la adopción de distintas soluciones a través de las cuales los Estados ejercen plenamente su soberanía, no sólo para casos en los que la conducta en cuestión es cometida parcialmente en un territorio, sino también cuando ha ocurrido totalmente dentro de un mismo territorio.
PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LA LEY PENAL EN LA SOBERANIA NACIONAL-Compromisos internacionales
JURISDICCION UNIVERSAL-Crímenes internacionales
PRINCIPIO DE SOBERANIA NACIONAL-Límites ante crímenes internacionales/PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LA LEY PENAL-Cooperación internacional
EXTRADICION-Necesidades nacionales y compromisos internacionales/EXTRADICION-Discrecionalidad limitada en decisión
EXTRADICION-Delitos cometidos parcialmente en el territorio
EXTRADICION-Delitos cometidos en exterior
EXTRADICION-Delitos cometidos parcial o totalmente en el exterior

Referencia: expediente D-3268
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 13 del Decreto 100 de 1980 “por el cual se expide el nuevo Código Penal”.
Actor:

Antonio Joaquín Fontalvo Ferreira
Tema:

Soberanía, territorialidad de la ley penal y derecho humanitario

Acción de inconstitucionalidad contra un sentido normativo
Magistrado Ponente:

Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C., junio trece (13) de dos mil uno (2001)
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

La soberanía nacional y la territorialidad penal.
Según el artículo 9 de la Carta, la soberanía rige las relaciones internacionales del Estado colombiano, por lo cual todas las autoridades, en el ejercicio de sus funciones, están obligadas a respetarla y hacerla respetar. La cuestión de la que debe ocuparse ahora la Corte es la de la definición y el contenido de este principio cardinal de la política exterior.
Tal como lo señaló la Corte en 1992,
"la idea de soberanía nacional no puede ser entendida hoy bajo los estrictos y precisos límites concebidos por la teoría constitucional clásica. La interconexión económica y cultural, el surgimiento de problemas nacionales cuya solución sólo es posible en el ámbito planetario y la consolidación de una axiología internacional, han puesto en evidencia la imposibilidad de hacer practicable la idea decimonónica de soberanía nacional. En su lugar, ha sido necesario adoptar una concepción más flexible y más adecuada a los tiempos que corren, que proteja el núcleo de libertad estatal propio de la autodeterminación, sin que ello implique un desconocimiento de reglas y de principios de aceptación universal. Sólo de esta manera puede lograrse el respeto de una moral internacional mínima que mejore la convivencia y el entendimiento y que garantice el futuro inexorablemente común e interdependiente de la humanidad".1
El contenido y los límites del principio de soberanía han ido evolucionando a la par del desarrollo de las relaciones internacionales y de las necesidades de la comunidad internacional. En materia de derechos humanos, medio ambiente y paz y seguridad mundiales, por ejemplo, los Estados han aceptado redefinir su soberanía, matizando el concepto original de soberanía absoluta, sin que ello implique menoscabo de este principio fundamental del respeto mutuo entre estados iguales, en tanto sujetos de derecho internacional.
Es posible distinguir varias etapas o momentos en la evolución de este concepto. Basta para efectos de esta sentencia señalar tres especialmente relevantes. En un primer momento, durante el siglo XVIII, tal como lo recogen autores como Bodino2 y Vattel3, los monarcas ven en la teoría de la soberanía la justificación de su absolutismo. En esta etapa el concepto de soberanía tiende a ser absoluto, pero aún los teóricos del tema sostienen que debe ejercerse dentro del respeto al derecho de gentes y del derecho natural. Posteriormente, como resultado de las relaciones de interacción e interdependencia entre Estados, surgen límites al absolutismo justificados por la necesidad de preservar la coexistencia pacífica entre sujetos iguales de derecho internacional. Una manifestación concreta de esto se encuentra en el Artículo 2, párrafo 1, de la Carta de Naciones Unidas. Un tercer momento de la evolución de este concepto se caracteriza por el reconocimiento de límites adicionales a la soberanía, justificados por la necesidad de respetar valores protegidos por el derecho internacional, asociados a la dignidad del ser humano, la paz mundial, la democracia y la conservación de la especie humana. No obstante esta evolución, el principio de la soberanía continúa siendo un pilar del derecho internacional. Por eso, se mantienen constantes tres elementos de la soberanía: (i) el entendimiento de la soberanía como independencia4, en especial frente a Estados con pretensiones hegemónicas; (ii) la aceptación de que adquirir obligaciones internacionales no compromete la soberanía5, así como el reconocimiento de que no se puede invocar la soberanía para retractarse de obligaciones válidamente adquiridas6; y (iii) la reafirmación del principio de inmediación según el cual el ejercicio de la soberanía del Estado está sometido, sin intermediación del poder de otro Estado, al derecho internacional7.
Así entendida, la soberanía en sentido jurídico confiere derechos y obligaciones para los Estados, quienes gozan de autonomía e independencia para la regulación de sus asuntos internos8, y pueden aceptar libremente, sin imposiciones foráneas, en su condición de sujetos iguales de la comunidad internacional, obligaciones recíprocas orientadas a la convivencia pacífica y al fortalecimiento de relaciones de cooperación y ayuda mutua9. Por lo tanto, la soberanía no es un poder para desconocer el derecho internacional, por grande que sea la capacidad económica o bélica de un Estado, sino el ejercicio de unas competencias plenas y exclusivas, sin interferencia de otros Estados. Esto tiene consecuencias en diferentes ámbitos, como el de la relación entre el principio de la supremacía de la Constitución, expresión de la soberanía, y el respeto al derecho internacional. Al respecto la Corte ha venido depurando su jurisprudencia10 pero no es necesario abordar este punto ya que la norma demandada es de derecho interno.
Por ejemplo, en el ámbito nacional al interamericano, tanto competencias legislativas como jurisdiccionales han encontrado límites aceptados por los Estados que, como Colombia, reconocen la competencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En lo que respecta al ejercicio de competencias legislativas dirigidas a excluir la responsabilidad penal por tortura y ejecuciones sumarias, la Corte Interamericana ha sostenido que dicha exclusión viola la Convención Interamericana de Derechos Civiles y Políticos11. Y en lo que respecta a competencias jurisdiccionales, la Corte Interamericana ha dicho que el principio de non bis in idem no es un obstáculo para que después que un Estado ha ejercido su competencia jurisdiccional para exonerar de responsabilidad penal a sus agentes, la misma Corte se pronuncie sobre los mismo hechos para apreciar si ha habido una violación de la Convención.12 Obviamente la consideración anterior respecto de este principio es meramente ejemplificativa de los límites a la soberanía. En efecto, el régimen de este principio depende del contenido de los tratados correspondientes en cada caso y del ius cogens.
Ahora bien, el artículo 13 del Código Penal demandado desarrolla una de las competencias comprendidas en el ejercicio de la soberanía: la aplicación de la ley dentro de un territorio determinado. Señala de manera genérica que el principio de territorialidad admite como excepciones aquellas señaladas por el derecho internacional. Tal como lo reconoció la Corte en su sentencia C-1189 de 2000, en la que revisó la constitucionalidad de la expresión “salvo las excepciones consagradas en el derecho internacional” del artículo 13 del Código Penal:
[el artículo 13] consagra el principio de territorialidad como norma general, pero admite que, a la luz de las normas internacionales, existan ciertas excepciones, en virtud de las cuales se justificará tanto la extensión de la ley colombiana a actos, situaciones o personas que se encuentran en el extranjero, como la aplicación de la ley extranjera, en ciertos casos, en el territorio colombiano. En forma consecuente, el artículo 15 enumera las hipótesis aceptables de "extraterritorialidad", incluyendo tanto los principios internacionales reseñados, como algunas ampliaciones domésticas de los mismos: allí se enumeran el principio "real" o "de protección" (numeral 1), las inmunidades diplomáticas y estatales (numeral 2), el principio de nacionalidad activa (numeral 4) y el de nacionalidad pasiva (numeral 5), entre otros.
Finalmente, en lo relativo a la petición subsidiaria de declarar la constitucionalidad condicionada de las normas, la Corte considera suficiente reiterar: a) que el derecho internacional no se resume en los tratados; b) que las excepciones a la territorialidad de la ley, ni se identifican con las inmunidades diplomáticas, ni se agotan en ellas, y además encuentran su fuente tanto en normas consuetudinarias como en principios generales; y c) que en consecuencia, no es válido ni razonable, a la luz de la Constitución, de la ley o del Derecho Internacional, afirmar que todo delito que se cometa en Colombia tiene que ser juzgado por los jueces nacionales.13(subrayado fuera de texto)
En efecto, cuando un Estado decide, claro está de manera autónoma, si entrega o no a un sindicado solicitado en extradición para dar cumplimiento a compromisos asumidos soberanamente, no está cediendo o perdiendo soberanía sino ejerciéndola, como quiera que, como ya se dijo, “la facultad de adquirir obligaciones internacionales es un atributo de la soberanía del Estado”14.
Dado que el actor cuestiona el posible desconocimiento de la soberanía nacional por lo que a su juicio es una inadecuada interpretación del principio de territorialidad - no sólo de sus excepciones -, procede la Corte a analizar el contenido de este principio y las condiciones que justifican que una conducta ilícita realizada en el territorio de un Estado, pueda ser juzgada fuera de dicho Estado. Antes de iniciar el análisis, resulta pertinente advertir que éste corresponde a unas consideraciones generales relevantes para decidir la cuestión planteada en el presente proceso y en ningún caso representa o implica una apreciación sobre el régimen de la extradición, el cual tiene diversas modalidades según sea la materia regulada en los tratados internacionales sobre el tema.
El principio de territorialidad se ha entendido tradicionalmente como la posibilidad de que un Estado aplique las normas de su ordenamiento dentro del territorio bajo su dominio, sin interferencia alguna de otros Estados. En el caso de la ley penal, el principio de territorialidad significa que el Estado podrá aplicar su derecho penal a las conductas ilícitas ocurridas dentro de los límites de su territorio, o de extensiones jurídicamente aceptadas de éste. Se trata de un criterio relativo al ámbito espacial de aplicación de la ley, diferente a otros criterios como el estatuto personal o el real.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos de trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
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