Superintendencia de industria y comercio funciones jurisdiccionales sobre protección al consumidor por garantías: no tiene control ante lo contencioso






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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Funciones jurisdiccionales sobre protección al consumidor por garantías: no tiene control ante lo contencioso / PROTECCION AL CONSUMIDOR - Funciones jurisdiccionales de la Superindustria
Las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en desarrollo de este artículo, constituyen ejercicio de la función jurisdiccional cuya competencia escapa al conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa. Así lo ha determinado esta Corporación en varios de sus fallos, en algunos de los cuales precisó: “......de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley 446 de 1998, modificado por el artículo 52 de la Ley 510 de 1999, contra los actos dictados por las Superintendencias en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales no procede recurso alguno ante las autoridades judiciales, naturaleza que, precisamente, ostenta la mencionada decisión”. (Cfr. Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 8 de mayo de 2003. C.P. Dr. Manuel Santiago Urueta). Como se desprende de esta disposición, en materia de efectividad de las garantías la Superintendencia de Industria y Comercio es competente, a prevención y su desarrollo corresponde al ejercicio de funciones jurisdiccionales que escapan al control de la jurisdicción de los contencioso administrativo como bien lo ha señalado tanto la ley como la jurisprudencia.” (Cfr. Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 22 de octubre de 2004. C.P. Dra Olga Inés Navarrete). De conformidad con lo anterior advierte la Sala que el Tribunal ha debido declarase inhibido y no pronunciarse sobre las prensiones de la demanda relacionadas con este aspecto.
PROTECCION AL CONSUMIDOR - Funciones administrativas al imponer multas y sanciones pecuniarias: control contencioso / SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Funciones administrativas al imponer multas y sanciones pecuniarias: control contencioso
En relación con la sanción pecuniaria impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio a Bellsouth, cabe anotar que esta Corporación ha precisado que tal actuación constituye actuación administrativa susceptible de ser demandable. Frente a este tema, es pertinente traer a colación un salvamento de voto cuya tesis posteriormente fue acogida como posición de la Sección Primera: “Diferente resulta entonces el caso del ejercicio de otras facultades consistentes en la imposición de sanciones pecuniarias y de multas que autoriza el artículo 4, numerales 15 y 16, del Decreto 2153 de 1992; el mantenimiento del registro y la decisión de abstenerse de tramitar quejas que no sean significativas o la de dar por terminada una investigación si se otorgan garantías de suspensión o de modificación de la conducta investigada, que si son actuaciones de índole administrativa y que, por ser adoptados dentro de dicho ámbito, son actos administrativos, controlables por la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través del ejercicio de las respectivas acciones consagradas en el C.C.A ”( Consejo de Estado. Sección Primera. Salvamento de voto. Olga Inés Navarrete Barrero. Exp. 8746. Sentencia del 28 de agosto de 2003). En efecto, en caso con ponencia del Doctor Camilo Arciniegas Andrade, esta Sala manifestó: “Erró entonces el a quo en considerar que la imposición de la multa constituía un acto de naturaleza jurisdiccional y, por tanto, se revocará en este aspecto la la sentencia violada”( Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 16 de julio de 2004. C.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade.) En el mismo sentido la Corte Constitucional, en sentencia C-649 de 2001 señaló: “En primer lugar, los artículos 143 y 144 de la Ley 446 de 1998, atribuyen a la Superintendencia de Industria y Comercio funciones administrativas y jurisdiccionales en materia de competencia desleal. Segundo, las funciones jurisdiccionales son aquellas que ya venían ejerciendo los jueces de la República en aplicación de la Ley 256 de 1996, por virtud de los principios constitucionales de igualdad y de excepcionalidad en la atribución de este tipo de funciones a entidades administrativas. Ello excluye del carácter jurisdiccional, atribuciones tales como las de imponer las multas y sanciones pecuniarias establecidas en el artículo 4 del D. 2153 de 1992, abstenerse de dar trámite a las quejas que no sean significativas, o llevar registros.”. (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-649 de 2001. M.P. Dr. Eduardo Montealegre L.).

FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Efectivización de garantías sobre bienes y servicios / PROTECCION AL CONSUMIDOR - La efectivización de garantías de bienes y servicios son funciones jurisdiccionales; la imposición de multas son funciones administrativas / PROPAGANDA COMERCIAL CON INCENTIVOS - Responsabilidad
Del Contenido del acto acusado, la Sala no encuentra que se esté haciendo efectiva la garantía a que se refiere el artículo 13 del Decreto 3466 de 1982. Lo decidido, por una parte, se contrae a imponer una sanción pecuniaria y, por otra, ordenar la publicación de unos avisos correctivos. Sobre el particular es necesario precisar que hay dos clases de decisiones: una de tipo administrativo contenida en la imposición de la sanción pecuniaria, de competencia de esta jurisdicción, y otra, de orden jurisdiccional, relativa a la orden de publicación de unos avisos correctivos, la cual escapa a la competencia de esta jurisdicción por corresponder al ejercicio de la función jurisdiccional a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos del artículo 145, literal a) de la Ley 446 de 1998, antes trascrito. La Sala se inhibirá entonces de pronunciarse en relación con la decisión contenida en el artículo segundo de la Resolución 32777 de 2000, confirmada en Resolución 19041 de 2001, por carecer de competencia para ello. En relación con la sanción pecuniaria impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio a Bellsouth, tal como se indicó anteriormente, esta Corporación ha precisado que tal actuación constituye actuación administrativa susceptible de ser demandable ante lo contencioso administrativo, por lo que esta Sala procederá al análisis de tal decisión. En el artículo 16 del Decreto 3466 de 1982 se señala en forma categórica que “en la propaganda se indicará la fecha exacta hasta la cual será válido el ofrecimiento de los incentivos”, aspecto que Bellsouth no cumplió y generó problemas como el que nos ocupa ya que al continuar en circulación las tarjetas “raspe y gane” cualquier persona favorecida podría acercarse a reclamar el respectivo premio así ya no estuviera vigente la publicidad respectiva. La Sala considera que efectivamente la empresa Bellsouth de Colombia S.A. – antes Celumóvil S.A.- infringió lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 3466 de 1982 en lo relativo a la propaganda con incentivos al no indicar en forma exacta la fecha hasta la cual sería válido el ofrecimiento de incentivos, induciendo a error al público, al no haber tomado las medidas para retirar las tarjetas premiadas que continuaban en circulación o haber publicado en los medios respectivos un aviso indicativo de que la oferta había terminado. La Sala procederá a confirmar el fallo del Tribunal en cuanto deniega las súplicas de la demanda en lo relacionado con la imposición de la sanción pecuniaria, pero la revocará para dar paso a la excepción de falta de jurisdicción que conlleva el inhibirse para pronunciarse en relación con el artículo segundo de la Resolución 32777 de 2000.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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