República de Colombia Casación Fallo N° 29. 614 N corte Suprema de Justicia






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República de Colombia

Casación Fallo N° 29.614

N
Corte Suprema de Justicia
orma Esperanza Gómez Martínez y otras.

Proceso No 29614

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado ponente:

YESID RAMÍREZ BASTIDAS


Aprobada Acta N°339
Bogotá, D. C., octubre veintiocho (28) de dos mil nueve (2009).
VISTOS:
Procede la Sala a decidir el recurso de casación interpuesto por el defensor de las procesadas Norma Esperanza Gómez Martínez, Ana Melva Naranjo de Giraldo y Marleny Osorio Quintero, contra la sentencia del Tribunal Superior de Manizales que revocó la absolutoria proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de esa ciudad y en su lugar las condenó como autoras del delito de interés indebido en la celebración de contratos.
HECHOS:
Fueron tratados en el fallo impugnado de la siguiente manera:

La Fiscalía General de la Nación ordenó la legal interceptación de los abonados telefónicos: 8806982, 8891575, 8891579, 8860369, 8873777, 8890373, 8769036, 8765533, 8868419, 8824400, 8874992, 8844104 y 8844327, 8843207, 8821741, 8841404, 8874992, 8831117, 8884085 y 8841440 con el fin de buscar pruebas judiciales dentro de la investigación preliminar 016 relativa a la búsqueda de irregularidades contractuales realizadas en los años 1998, 1999 y 2000 en la Central Hidroeléctrica de Caldas (en adelante “CHEC”). En tales escuchas pudo evidenciarse la existencia de hechos irregulares que remiten a la celebración de contratos en la CHEC, la Secretaría Departamental de Educación, el SENA Regional de Caldas y el ICBF de éste mismo departamento, en los cuales varias personas se ponen de acuerdo para vincular personal o celebrar contratos, merced a su pertenencia al directorio político encabezado por el Senador Omar Yepes Alzate y su asistente el señor Josué Jaramillo Osorio.

ANTECEDENTES PROCESALES:
1. Abierta la correspondiente investigación y vinculados al proceso mediante indagatoria Josué Jaramillo Osorio, Melva Naranjo de Giraldo, Beatriz Gómez Escobar, Norma Esperanza Gómez Martínez, Marleny Osorio Quintero, Víctor Eduardo Pérez Castaño y Fernando Alberto Quiceno Hoyos, el 9 de septiembre de 2004 la Unidad de Fiscalía Especializada en delitos contra la Administración Pública de Manizales precluyó la investigación a favor de Josué Jaramillo Osorio por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
En igual sentido precluyó la investigación a favor de Ana Melva Naranjo de Giraldo, Norma Esperanza Gómez Martínez, Marleny Osorio Quintero y Víctor Eduardo Pérez Castaño por la conducta punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, y a Fernando Alberto Quiceno Hoyos por el comportamiento de interés indebido en la celebración de contratos.
Profirió resolución de acusación en contra de Ana Melva Naranjo de Giraldo, Beatriz Gómez de Escobar, Marleny Osorio Quintero, Norma Esperanza Gómez Martínez y Víctor Eduardo Pérez Castaño por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, providencia que quedó ejecutoriada el 4 de noviembre de ese año.
2.- Correspondió al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales adelantar el juicio y el 9 de septiembre de 2005 absolvió a Ana Melva Naranjo de Giraldo, Beatriz Gómez de Escobar, Marleny Osorio Quintero, Norma Esperanza Gómez Martínez y Víctor Eduardo Pérez Castaño de la conducta por la que se les formuló cargos.

3.- La providencia anterior fue recurrida por la Fiscalía y el representante de la parte civil y el 18 de julio de 2007 el Tribunal Superior de Manizales confirmó la absolución proferida a favor de Víctor Eduardo Pérez Castaño y Beatriz Gómez Escobar, y la revocó respecto de Norma Esperanza Gómez Martínez, Marleny Osorio Quintero y Ana Melva Naranjo de Giraldo. En su lugar, a las dos primeras les impuso las penas de setenta y dos (72) meses de prisión, multa de ochenta y siete punto cinco (87.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por ochenta y un (81) meses. A la última la condenó a sesenta (60) meses de prisión, multa de sesenta y ocho punto setenta y cinco (68.75) s.m.l.m.v., e inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por un periodo de setenta (70) meses como autoras del delito de interés indebido en la celebración de contratos.
4.- El defensor de Norma Esperanza Gómez Martínez, Marleny Osorio Quintero y Ana Melva Naranjo de Giraldo interpuso censura extraordinaria. La Corte mediante auto del 17 de abril de 2008 admitió las impugnaciones.
5.- A partir del 18 de ese mes y año se corrió traslado al Ministerio Público para los fines del artículo 213 de la Ley 600 de 2000. El concepto de la Procuraduría Primera Delegada llegó a la Secretaría de la Sala Penal de la Corte el 19 de agosto de 2009.
LA DEMANDAS:
El defensor de Ana Melva Naranjo de Giraldo, Norma Esperanza Gómez Martínez y Marleny Osorio Quintero en escritos separados presentó impugnaciones idénticas, razón por la cual se las resumirá y dará respuesta de manera conjunta haciendo claridad en relación con la situación singular de cada una de las procesadas, así:
1.- En el cargo primero acusó a la sentencia de segundo grado de incurrir en violación directa de la ley sustancial lo cual a su juicio condujo a la aplicación indebida del artículo 409 de la ley 599 de 2000.
Se refirió a los hechos atribuidos a las recurrentes y adujo que en la forma como sucedieron no constituyen la conducta punible derivada a ellas porque la expresión “interés indebido” plasmada en el título de la norma, irradia todo el precepto.
Consideró que para la adecuación típica del artículo en mención debe tratarse de un servidor público que se “interese de manera no debida y además en provecho propio o de un tercero”, pues si éste se dirige en adjudicar un contrato a una persona que reúne todos los requisitos, a quien ya trabajó en la entidad, está bien recomendado dada su experiencia y se estima que va a cumplir con el objeto del contrato de que se trate, ello no es punible en tanto no está prohibido, y además, se debe constituir en una regla de comportamiento de los servidores públicos.
Citó lo que el tratadista Carlos Mario Molina Arrubla escribió sobre el tipo penal, apartes de la sentencia C-128 de febrero 18 de 2003 de la Corte Constitucional, y textos del auto del 22 de septiembre de 2004 de la Sala Penal de la Corte mediante la cual se inhibió de abrir investigación a un congresista, y concluyó que “la recomendación que haga un parlamentario respecto de una persona, para un cargo público que se deba proveer por contrato o nominación, no constituye per se, que es como lo toma el Tribunal, interés ilícito, obviamente ni para el que recomienda ni para quien atiende la recomendación”, razones por las cuales infirió que la conducta atribuida a sus defendidas es atípica y en consecuencia se hizo una aplicación indebida del artículo 409 de la ley 599 de 2000.
Por lo anterior solicitó a la Corte, casar la sentencia y en su lugar proferir una de reemplazo en la cual se absuelva a Ana Melva Naranjo de Giraldo, Norma Esperanza Gómez Martínez y Marleny Osorio Quintero del delito de referencia.
2.- En el cargo segundo (subsidiario) acusó a la sentencia de segundo grado de incurrir en violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho derivado de falso juicio de existencia y falso raciocinio, así:
2.1.- En la demanda presentada a nombre de Ana Melva Naranjo de Giraldo, censuró que se omitió valorar varios medios de convicción a saber:
(i).- La resolución No 00770-SENA del 11 de julio de 2001 por medio de la cual se delegó unas funciones y se dictaron otras disposiciones. Transcribió el literal B del capítulo cuarto, referido a la contratación estatal, y adujo que si se comparan los valores de los contratos de vinculación de Susanita Alzate y Adriana Patricia Flórez, se advierte que no superan los cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cual significa que ello permitía a la doctora Ana Melva Naranjo de Giraldo suscribir un contrato sin formalidades plenas. Afirmó que si el Tribunal hubiera valorado ese documento habría concluido que no se violaron los principios de transparencia, objetividad e imparcialidad.
(ii).- El testimonio del doctor Hernando Alberto Guerrero Guío, asesor jurídico de la oficina de recursos humanos, quien hizo una detallada explicación del proceso de contratación de Susanita Alzate y Adriana Patricia Flórez, de lo cual concluyó que Ana Melva Naranjo de Giraldo obró de acuerdo con la ley.
(iii).- Lo declarado por Susanita Alzate y Adriana Patricia Flórez, quienes refirieron los trámites que se adelantaron para su contratación en el SENA. Adujo que si el Tribunal hubiera tenido en cuenta estos medios de convicción, habría llegado a la conclusión que no existió ningún interés indebido en esos contratos, pues la ley no ha elevado a la calidad de conducta punible contratar a un recomendado.
(iv).- La indagatoria de Ana Melva Naranjo de Giraldo en la cual explicó que toda su actuación referida con la contratación de prestación de servicios públicos con las citadas, se dio toda vez que las aspirantes cumplían con todos los requisitos legales y porque de acuerdo con la cuantía no se requería de licitación ni convocatoria.
2.2.- En lo que corresponde al error de hecho por falso juicio de existencia por suposición, adujo que el ad quem se limitó a dar por probado el “interés indebido” sin señalar prueba alguna que lo soportara, dando por sentado que Ana Melva Naranjo de Giraldo incurrió en ese comportamiento sin ofrecer detalles.
Manifestó que el Tribunal no mencionó ningún medio de convicción en el cual se indique que “alguna otra persona” se interesara en esos contratos y que no los hubiese podido lograr por ausencia de transparencia en la información. En igual sentido, no hizo mención a la existencia de una propuesta más convincente para la administración, de tal manera que sin su elección se pudiesen afectar los principios de selección objetiva e imparcialidad.
Por lo anterior, solicita a la Corte casar la sentencia y absolver a Ana Melva Naranjo de Giraldo.
2.3.- En la demanda presentada a nombre de Norma Esperanza Gómez Martínez censuró que se omitió valorar varios medios de convicción a saber:
(i).- El testimonio del doctor Hugo Valenzuela Pérez, Secretario de Educación Departamental en el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 14 de abril de 2003. Transcribió apartes de lo declarado por aquel y afirmó que si el ad quem lo hubiese tenido en cuenta, habría concluido que la circunstancia de informar sobre la existencia de una vacante no equivale a intervenir en el inicio de un proceso contractual, pues corresponde al competente resolver si inicia o no el respectivo trámite para esos efectos, de lo cual infirió que ello no constituye “interés indebido” que viole los postulados de transparencia, selección objetiva e imparcialidad.
(ii).- El testimonio del doctor Guillermo Rodríguez Posada, abogado asesor, Subsecretario y Secretario de Educación de Caldas quien corroboró que la doctora Norma Esperanza Gómez Martínez no tenía facultad para intervenir en ninguna clase de contrato.
(iii).- Las declaraciones de Myriam Bedoya Correa y Álvaro Silva Garcés, Jefe de talento humano y Supervisor de educación respectivamente, los cuales explicaron el proceso de vinculación del personal docente mediante orden de prestación de servicios.
(iv).- Las explicaciones dadas por Norma Esperanza Gómez Martínez en su indagatoria, las que deben aceptarse como integradas a la presunción de inocencia.
Por lo anterior, solicitó a la Corte casar la sentencia y absolver a la citada procesada.

2.4.- En la demanda presentada a nombre de Marleny Osorio Quintero censuró que el Tribunal dejó de valorar los siguientes medios de convicción:
(i).- La Resolución No 2700 del 27 de noviembre de 2001 en la que se adoptó el Manual Interno de Contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en cuyo numeral 2.4 se establece el proceso de contratación directa.
Consideró que la doctora Osorio Quintero estaba facultada para contratar a Esperanza Cardona Carvajal, Diana Marcela Araújo Culma, Julio César Gómez Arias y Luz Marina Salazar Ríos, toda vez que los valores no superaban el 10% de la menor cuantía, es decir, la suma de $30.900.000.oo para el año 2002.
(ii).- La declaración de Francia Helena López López, Coordinadora del Grupo Jurídico, quien señaló que los actos celebrados por aquella no violaron ningún postulado y están ajustados a ley.
(iii).- El testimonio de Gabriela Gómez de Cardona, Asistente de la Dirección, la cual manifestó que esos contratos se llevaron a cabo atendiendo a la necesidad del servicio y con el lleno de los requisitos legales.

(iv).- La declaración de Ángela María Ríos Ossa, Coordinadora del Centro Zonal Norte, quien hizo referencias a la vinculación del psicólogo Julio César Gómez Arias.
(v).- Las manifestaciones de Diana Marcela Araujo Culma y Esperanza Cardona, quienes se refirieron a los trámites adelantados ante el ICBF para acceder a sus nombramientos. Adujo que de haberse valorado esos medios de prueba el Tribunal habría observado que no existió ningún interés indebido y que si bien es cierto Josué Jaramillo Osorio hizo mención a esas personas en sus conversaciones telefónicas, la ley no ha elevado a calidad de conducta punible la circunstancia de contratar a quien ha sido objeto de comentarios en un diálogo.
(vi).- La indagatoria de Marleny Osorio Quintero en donde ella explicó todo el proceso contractual al interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
2.5.- El casacionista acusó a la segunda instancia de incurrir en error de hecho por equívocos de raciocinio. Adujo que se construyó una “falsa relación causal” que violó el principio lógico de razón suficiente, al inferir el interés indebido de las llamadas por teléfono de Josué Jaramillo Osorio quien dialogó en una oportunidad con Marleny Osorio Quintero.
Consideró que el Tribunal pretendió hacer de la recomendación telefónica, la causa de la contratación de las cuatro personas mencionadas y, a su vez, la prueba y causa del interés indebido, cuando es evidente que “de lo uno no se infiere lo otro” y, ello implica incurrir en un falso raciocinio.
De otra parte, manifestó que la segunda instancia al afirmar que hubo menoscabo al postulado de selección objetiva no señaló ningún hecho que apoye dicho juicio, y que de las llamadas de Josué Jaramillo Osorio no se deriva ninguna conducta punible.
Por lo anterior, solicitó a la Corte, casar la sentencia y en su lugar proferir una de reemplazo en la que se absuelva a Marleny Osorio Quintero.
3.- En el cargo tercero (subsidiario) acusó al ad quem de incurrir en violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación del artículo 38 de la ley 599 de 2000.
Consideró que la segunda instancia para negar la prisión domiciliaria a las aquí procesadas tan sólo tuvo en cuenta lo referido por la jurisprudencia en el radicado 15310 del 18 de septiembre de 2001 en el cual se dijo que ese instituto no es aplicable a los servidores públicos, cuando para el evento se trató de un asunto diferente.
Por lo anterior, solicitó a la Corte casar de manera parcial la sentencia, y en su lugar proferir una de reemplazo en la que se disponga la prisión domiciliaria a favor de Ana Melva Naranjo de Giraldo, Norma Esperanza Gómez Martínez y Marleny Osorio Quintero.
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