En la Ciudad de Santiago del Estero, a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil diez, la Sala Criminal, Laboral y Minas del Excmo. Superior Tribunal de






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fecha de publicación18.06.2016
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En la Ciudad de Santiago del Estero, a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil diez, la Sala Criminal, Laboral y Minas del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, integrada por el Dr. Agustín Pedro Rímini Olmedo, como Presidente, y los Dres. Raúl Alberto Juárez Carol y Armando Lionel Suárez, como Vocales y, a los efectos del art. 188 de la Constitución Provincial, con los Dres. Eduardo José Ramón Llugdar y Sebastián Diego Argibay, asistidos por la Secretaria Judicial Autorizante, Dra. Isabel Mercedes Sonzini de Vittar, a los efectos de resolver el recurso interpuesto contra la resolución de fs. 274/279 vta. del Expte. Nº 16.779 - Año 2008 - caratulado: "Mansilla de Fernández María Cristina y/u Otros c/ Caja Popular de Ahorro y Crédito de la Provincia s/ Diferencia de Haberes, etc. - Casación Laboral". Establecido el orden de pase a estudio, resultó designado para hacerlo en primer término el Dr. Raúl Alberto Juárez Carol, y en segundo y tercer lugar, los Dres. Agustín Pedro Rímini Olmedo y Armando Lionel Suárez respectivamente; y a los efectos del art. 188 de la Constitución Provincial, los Dres. Eduardo José Ramón Llugdar y Sebastián Diego Argibay.
El Sr. Vocal, Dr. Raúl Alberto Juárez Carol dijo:
Y Vistos: Para dictar sentencia en los autos del epígrafe.
Y Considerando:
I) Que llegan los presentes autos a este Tribunal en virtud del recurso de casación formulado por la parte actora (fs. 289/299) en contra de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Trabajo y Minas de Primera Nominación, en fecha cuatro de septiembre de dos mil siete, glosada a fs. 274/279 vta., por la que se resuelve admitir la demanda, con aplicación de costas a la accionada.
Que tal recurso es concedido a fs. 303 por el Tribunal de origen por ante esta Sala y mantenido en esta instancia. A posteriori, lo declara bien concedido a fs. 320 y ordena el trámite de ley. Que a fs. 325 y 330, y 333 la parte recurrida cumplimenta el art. 151 CPL Ley 3603 y modif., quedando previa vista al Sr. Fiscal General (fs. 336 y vta.), a despacho para resolver.
II) Que en su escrito recursivo, la parte casacionista censura y sostiene en lo esencial que su parte se agravia (autorizada por los arts. 141, 145, 147 y conc. de la Ley 3603 y modif.) y recurre la referida sentencia de la Cámara Laboral, en tanto la misma ha incurrido en arbitrariedad, que produce un gravamen irreparable y definitivo a sus representadas, afectando sus derechos patrimoniales.
Invoca en sostén de tal tesitura, que el Tribunal sentenciante (si bien ha admitido los rubros peticionados) ha integrado la sentencia con las sumas correspondientes a la liquidación de los rubros pretensos admitidos y practicado ello, con errores de formulación en cálculos y metodología, y de igual modo al aplicar los intereses para el período hasta el día 31/03/1991. Repara que tales operaciones perjudican el derecho de propiedad reconocido. Introduce la cuestión federal y hace reserva del caso federal y pide se case la sentencia en los agravios vertidos, con costas.
III) Que el acto jurisdiccional que se impugna se ha pronunciado de acuerdo a lo preceptuado por los arts. 119 y ss del CPL Ley 3603 y expidiéndose de manera "expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda." (art. 163 inc. 6º, C.P.C.C. Ley 3534, hoy derogada) y con ".enunciación de los votos emitidos, su análisis y fundamentación y resolución sobre el fondo y las costas." (art.121 CPL Ley 3603).
Es sabido que corresponde vincular el concepto de sentencia definitiva, con la posibilidad de cancelar vías hábiles para lograr la reparación de un derecho lesionado, pues mientras la cuestión pueda renovarse en otra oportunidad procesal o en otro juicio, en tanto existe un medio por el que sea viable reparar el agravio causado por la violación o errónea aplicación de la ley o de la doctrina legal, no ha de tenerse un pronunciamiento por definitivo. La nota de "definitividad" para los fines procesales se patentiza cuando se decide de modo final sobre la existencia o suerte del derecho de fondo.
Así pues, como bien expone el Sr. Fiscal General la presente no resultaría ser una sentencia que admita el remedio casatorio conforme los fundamentos recursivos, situación que alcanzaría a la liquidación de rubros en juicio, pues como ha dicho esta Sala: "La aprobación de la planilla de liquidación de juicio no adquiere eficacia de cosa juzgada en sentido material, por lo que ella puede ser susceptible de rectificación si existiere algún error al practicarla, atento que la liquidación es siempre provisoria y mutable".
"Si bien es cierto la planilla en especie se encuentra aprobada, es criterio mayoritario en la que la liquidación no causa estado, no es inmutable ni tiene los efectos de la cosa juzgada ni de la preclusión" (STJ, 23577 S 23-4-2008, Juez SUAREZ (SD), autos: "Salazar Freddy y Otro c/ Rojas de Bagliati Alba Elisa y/u Otros s/ Diferencia s/ Queja por casación Denegada", Base JUSE en JUBA").
La clásica expresión de que las liquidaciones judiciales se aprueban "en cuanto hubiere lugar por derecho" enseña Morello, quiere significar que se las conforma en tanto y en cuanto se ajusten al "derecho" declarado y reconocido en la sentencia.
De ello se desprende -siempre en palabras textuales del citado autor- que en el ámbito de las liquidaciones juega como principio o regla que, aun aprobadas, pueden ser reformuladas o modificadas, habida cuenta que las decisiones no causan instancia ni resulta aplicable el principio de la cosa juzgada, aunque una vez aprobadas, gozan sí de estabilidad (autor cit. "Liquidaciones Judiciales", Ed. LEP, año 2000, p. 115).
En esa misma línea de razonamiento la Corte federal ha sostenido que el art. 166, inc. 1, último párr., del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación ha receptado el principio según el cual los errores aritméticos o de cálculo en que incurra una decisión deben ser necesariamente rectificadas por los jueces, sea a pedido de parte o de oficio. Tal principio se sustenta en el hecho de que el cumplimiento de una sentencia informada por vicios semejantes, lejos de preservar, conspira y destruye la institución de la cosa juzgada, de inequívoca raigambre constitucional, pues aquélla buscó amparar, más que el texto formal del fallo, la solución real prevista en él (Fallos: 312:570; 317.III.1845). Que en lo referido al momento procesal en que se advierte ese déficit -y la posible aplicación del principio de preclusión- el Máximo Tribunal de la Nación ha establecido, que el hecho de que la liquidación haya sido consentida por las partes "no obliga al magistrado a obrar en sentido determinado".
Ello así no cabe argumentar sobre la preclusión del derecho a impugnar la liquidación, frente al deber de los jueces de otorgar primacía a la verdad jurídica objetiva, toda vez que la aprobación de las liquidaciones sólo procede en cuanto hubiere lugar por derecho, excediendo los límites de la racionabilidad pretender extender el resultado de una liquidación obtenida sobre la base de operaciones matemáticas equivocadas, a pesar de encontrarse dicha situación puntualmente evidenciada durante el trámite de ejecución (Fallos:310:302; 317.III.1845, "supra" cit.).
En virtud de ello, es improcedente el recurso de casación -en tanto vía extraordinaria y de neta estructuración jurídica- deducido por los demandantes, contra la resolución que incluyó como integrante de la decisión la liquidación practicada por Contaduría del Tribunal, cuyas pautas se ajustan a los rubros fijados en la sentencia, y cuyo resultado es -por lo dicho- perfectamente mutable Y asimismo, porque una impugnación de tal naturaleza requiere, para ser examinable, el suministro de los cálculos correctos de cuya comparación surgiría el error invocado por el impugnante, quien no presentó ante esta Sala una cuenta alternativa completa y precisa, sino que formula algunos cálculos y una critica operativa genérica y conceptual, que al menos -en mi estima luce- insuficiente.
Esa orfandad argumental priva per se de conducencia a su queja. Es que, "para impugnar una liquidación, resulta necesario puntualizar específicamente cada uno de los errores que aquélla contiene y practicar las cuentas que se creen correctas. No se trata de una exigencia formal, sino de resguardar el derecho de defensa en juicio de la contraparte y evitar dilaciones en el trámite" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A • 24/09/1997 • Beretta, Adriana c. Piccirilli, Marta y otras. • LA LEY 1998-A, 422)."Quien impugna los intereses contenidos en una liquidación debe indicar con claridad y precisión el error que ésta contiene, señalando en qué consiste y demostrando las razones de su afirmación, para lo cual debe practicar las cuentas que conduzcan al resultado que entiende correcto para posibilitar la comprensión de su planteo, así como un adecuado control por la contraparte y el juez" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, sala II; Fecha: 28/04/1998, L. A. Grupo de Diseño S. R. L. c. Piazzesi, Graciela, Publicado en:LLLitoral 1998-2, 1112 - LA LEY 1999-E, 964).
"El único modo de comprobar si tiene o no razón quien impugna una liquidación de los intereses adeudados, es verificar que la aplicación de su criterio al caso concreto conduce efectivamente a un resultado numérico diverso al de la liquidación cuestionada, y que este último se alejan de las pautas aplicables.
Así, es preciso que se efectúen las cuentas que se consideren apropiadas, exponiendo con detalle los procedimientos utilizados" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H • 06/06/1997 • Ivancovitzer, Liliana B. c. Rzezak, Marcos) . "Quien impugna una liquidación no puede limitarse a señalar los presuntos errores que en su formulación se habrían cometido, pues debe practicar las propias cuentas, ún ica forma de poner de manifiesto cabalmente la eventual existencia de una "desviación" en el resultado. Al no hacerlo, reduce su planteo a una mera discrepancia conceptual que no conlleva a un resultado alejado de las previsiones legales" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F • 11/12/1995 • Bouzá, José E. c. De Fabrittis, Félix. • LA LEY 1996-B, 740; en similar sentido Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F • 16/05/1995 • Municipalidad de Buenos Aires c. Raffo y Mazieres S. A.• LA LEY 1996-C, 767).
Ahora, conforme lo expresado supra sobre la factible mutabilidad de la liquidación del proceso, no cabe asentir a que se desatienda la realidad económica del caso y las consecuencias patrimoniales del pronunciamiento, y por ende, examinado el informe devenido -medida para mejor proveer mediante- de la Contaduría del Trabajo actuante y del análisis de las actuaciones, estimo que debe practicarse nueva planilla partiendo de datos fidedignos (no cálculos alternativos indexados) de escalas salariales, por el período condenado, que deberán obtenerse de entidades públicas o privadas pertinentes (léase Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República de Argentina -ABAPRA-, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación -MTESS-, Asociación Bancaria -AB-, Gobierno de la Provincia etc.), incluida de corresponder el Acta Acuerdo AB y ABAPRA 11/10/1990. En cuanto al ítem intereses deberá aplicarse el criterio fijado por esta Sala Laboral y que rescata el Tribunal de origen en el acto sentencial.
No corresponde admitir lo expresado respecto del adicional remuneratorio con basamento en el art. 25 del C.C.T. 18/75 , por cuanto no fue introducido en el libelo inicial, ni por ende condenado (lo cual no ha sido motivo de recurso), e incluso porque el lugar de trabajo de las actoras no queda incluido en ningún grupo de los considerados en la norma colectiva en su primer apartado, que ameritan el pago porcentual que establece la segunda parte de la misma. Para decirlo con palabras de Osvaldo Gozaini:"Hoy, el valladar otrora infranqueable de la preclusión alienta una variable más realista que, afincado en la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, no obliga a los Jueces a obrar en un sentido determinado que tendría, de consagrarse, su asiento en el error" (Nota a fallo, "Aprobación de liquidaciones judiciales", LA LEY 1989-E, 77).
Por lo expuesto, pondero que corresponde no hacer lugar al recurso de casación propuesto, mantener la sentencia recurrida y disponer que vuelvan los autos al Tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte una nueva liquidación con las pautas fijadas y de acuerdo a lo expresado en el presente decisorio. En cuanto a las costas, cabe imponerlas al vencido, eximiéndolo de su pago atento a las facultades procesales del art. 122 ley 3603 y modif. Por ello y oído el Sr. Fiscal General Voto por:
I) Desestimar el recurso de casación interpuesto por la parte actora, mantener la sentencia recurrida y restituir la causa al Tribunal de origen para que, por quien competa, practique nueva planilla de liquidación, con arreglo a lo expresado en la presente.
II) Costas al vencido, eximiéndolo de su pago (art. 122 Ley 3603 y modif.).-
A estas mismas cuestiones, el Dr. Agustín Pedro Rímini Olmedo dijo: Que comparte los argumentos esgrimidos por el Vocal preopinante, Dr. Raúl Alberto Juárez Carol, emitiendo su voto en idéntico sentido.
A las mismas cuestiones, el Dr. Armando Lionel Suárez, dijo: Que se adhiere en un todo a lo sustentado por el Dr. Raúl Alberto Juárez Carol votando en igual forma. Con lo que se dió por terminado el Acto, firmando los Sres. Vocales, por ante mí, que doy fe.
Fdo:
Raúl Alberto Juárez Carol.
Agustín Pedro Rímini Olmedo.
Armando Lionel Suárez.
Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar.
Secretaria Judicial Autorizante.
Es copia fiel del original, doy fe.
Santiago del Estero, diecinueve de octubre del año dos mil diez.-
En mérito al resultado de la votación que antecede, la Sala Criminal, Laboral y Minas del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, Resuelve: I) Desestimar el recurso de casación interpuesto por la parte actora, mantener la sentencia recurrida y restituir la causa al Tribunal de origen para que, por quien competa, practique nueva planilla de liquidación, con arreglo a lo expresado en la presente. II) Costas al vencido, eximiéndolo de su pago (art. 122 Ley 3603 y modif.).- Protocolícese, expídase copia para agregar a autos, hágase saber y oportunamente archívese.
Fdo:
Raúl Alberto Juárez Carol.
Agustín Pedro Rímini Olmedo.
Armando Lionel Suárez.
Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar.
Secretaria Judicial Autorizante.
Es copia fiel del original, doy fe.

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