Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1° del artículo 6° de la ley 25 de 1992, modificatorio del numeral 1° del artículo 154 del código civil






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SENTENCIA C-821 DE 2005


CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

REFERENCIA: EXPEDIENTE D-5666.

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 6° DE LA LEY 25 DE 1992, MODIFICATORIO DEL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 154 DEL CÓDIGO CIVIL.

DEMANDANTE: GUSTAVO ADOLFO UÑATE FUENTES.

MAGISTRADO PONENTE: DOCTOR RODRIGO ESCOBAR GIL.

BOGOTÁ, D.C., NUEVE (9) DE AGOSTO DE DOS MIL CINCO (2005).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

Sentencia

I. Antecedentes

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Gustavo Adolfo Uñate Fuentes presentó demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 25 de 1992, modificatorio del numeral 1° del artículo 154 del Código Civil colombiano, “Por la cual se desarrollan los incisos 9°, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política”, por considerar que el mismo vulnera los artículos 1°, 5°, 13, 16, 18, 21, 42 y 94 de la Constitución Política.

El magistrado sustanciador, mediante auto del 14 de febrero de 2005, admitió la demanda, dispuso su fijación en lista, y simultáneamente, corrió traslado al Procurador General de la Nación para lo de su competencia, En la misma providencia, ordenó comunicar la demanda al presidente del Congreso de la República, al Ministro del Interior y la Justicia, al defensor del Pueblo, a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al director de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y a los decanos de algunas facultades de derecho, para que intervinieran en el proceso si lo consideraban conveniente.

Una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Nacional y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.

II. Texto de la norma acusada

A continuación se transcribe el artículo acusado, conforme a su publicación en el Diario Oficial 40.693, resaltando el aparte normativo demandado:

Ley 25 de 1992

(diciembre 17)

Por la cual se desarrollan los incisos 9°, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política”

ART. 6°—El artículo 154 del Código Civil, modificado por la Ley Primera de 1976, quedará así:

Son causales de divorcio:

1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges ”.

III. Fundamentos de la demanda

Conforme ya se mencionó, en el presente caso el actor solicita a la Corte que declare inexequible el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 25 de 1992, modificatorio del artículo 154 del Código Civil, el cual consagra como una de las causales de divorcio “las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges”. A juicio del acusador, dicha causal de divorcio resulta violatoria de los artículos 1°, 4°, 13, 16, 18, 21, 42 y 94 de la Constitución Política, por las siguientes razones:

1. Afecta el principio de dignidad humana consagrado en el artículo 1° de la Constitución, puesto que restringe la autodisposición de la sexualidad de la persona. En su sentir, las decisiones relacionadas con la moralidad sexual competen de manera exclusiva al individuo, quien debe ejercerla libre y responsablemente. Por ello, la limitación a la libertad sexual que se deriva de considerar como causal de divorcio el hecho de que uno de los cónyuges tenga relaciones sexuales extramatrimoniales, restringe la d ignidad de las personas que se unen en matrimonio.

Luego de citar la definición del matrimonio contenida en el artículo 113 del Código Civil, el actor resalta que a través de dicho contrato solemne “(...) se adquieren deberes civiles, pero no por esa razón se debe entender enajenada la persona en sus derechos; para ello, debe interpretarse como persona todo ese conjunto de valores y derechos intrínsecos en la misma, como lo es la sexualidad entre otros (...)”.

2. Viola el artículo 5° de la Constitución, en concreto, el reconocimiento de la primacía de los derechos inalienables de la persona, puesto que el derecho a la “sexualidad libre de ataduras” no puede restringirse con ocasión de una vinculación contractual de matrimonio. A su juicio, la inalienabilidad de los derechos implica que estos sigan siendo privativos, exclusivos y propios de cada uno de los cónyuges, aun a pesar de haber contraído matrimonio.

3. Estima que la norma es discriminatoria y contraria al principio de igualdad (C.P., art. 13), ya que la inexistencia de dicha restricción en la institución de la unión marital de hecho está desincentivando la formación de las familias bajo el vínculo matrimonial. Mientras los cónyuges ven restringida su libertad sexual a raíz del compromiso contractual, los compañeros permanentes no se ven sujetos a la misma limitación, y por ello “(...) es que hoy en día son más las parejas ‘concubinas’, que las unidas m ediante matrimonio, las parejas prefieren seguir siendo libres y no someterse a esa privación de que trata la causal de divorcio acusada”. Además resalta que, como consecuencia de lo anterior, los otros compromisos sustancialmente importantes en la pareja y la familia —como el socorro, la ayuda mutua y el respeto— están también desapareciendo.

Sobre este punto, el actor alude al caso de los hijos producto de las relaciones sexuales extramatrimoniales, a quienes a su juicio se les continúa discriminando consuetudinariamente por no haber nacido en el seno de una familia de origen matrimonial.

4. Desconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución, pues la libertad sexual está incluida dentro de este derecho, y el ordenamiento jurídico no puede favorecer la pérdida de tal garantía instituyendo como causal de divorcio el que uno de los cónyuges haya sostenido relaciones extramatrimoniales. Para el actor, esta percepción de los deberes derivados del vínculo matrimonial proviene de la moral cristiana, influencia de la cual debe librarse el orde namiento jurídico colombiano para hacer prevalecer el derecho a escoger un proyecto de buen vivir.

5. Afecta el derecho a la libertad de conciencia establecido en el artículo 18 de la Carta Política, a través del cual se respeta la referencia que cada individuo tiene “(...) de lo bueno y lo malo en las elecciones morales, al Igual que a la satisfacción que sigue a la acción considerada como buena y a la insatisfacción y remordimiento que resulta de una conducta que se considera mala”, toda vez que, la vigencia de la causal acusada está “tácitamente” proclamando la inmoralidad de las relaciones sexuales e xtramatrimoniales, pues establece una conducta que contradice la conciencia del individuo.

6. Igualmente, es violatoria del derecho a la honra consagrado en el artículo 21 de la Constitución. El accionante resalta los calificativos peyorativos con los que se suelen agredir a los cónyuges que son infieles, los cuales se generan “por una causal de divorcio pretérita y llena de prejuicios sociales”.

7. Vulnera el artículo 42 de la Constitución, pues la disposición no ampara a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, por ser causante de una gran cantidad de divorcios que afectan a los ex esposos y, en particular, a los hijos. Según el accionante, la norma acusada da lugar a la toma de decisiones apresuradas por parte de los cónyuges e infringe daños en la institución familiar. Aunado a lo anterior, esta causal de divorcio está desincentivando los vínculos matrimoniales y fomentando las uniones de hecho, situación que perjudica gravemente la institución de la familia.

8. Finalmente, en la demanda se solicita la inexequibilidad de la primera causal de divorcio señalada en el artículo 6° de la Ley 25 de 1992 porque, a juicio del actor, niega de plano los derechos inherentes del padre o la madre que tienen relaciones sexuales extramatrimoniales, así como los del hijo fruto de esas relaciones. El hecho de que la existencia de una relación extramatrimonial se pueda invocar como legítima causal de divorcio, sume al hijo extramatrimonial en una imposibilidad de disfrutar del ca riño y la protección de sus padres y en una situación de desprecio y subvaloración. Por ello reitera que “(...) mientras la disposición acusada siga vigente en nuestro ordenamiento jurídico, todos esos calificativos seguirán rampantes”.

IV. Intervenciones

1. Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia

El director del ordenamiento jurídico del Ministerio del Interior y de Justicia defendió la constitucionalidad de la expresión “las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges” contenida en el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 25 de 1992.

Para comenzar, el funcionario consideró que la concepción desde la cual se presenta la demanda desconoce que el matrimonio comporta un vínculo jurídico que genera derechos y obligaciones entre los cónyuges. Dentro de esos deberes se encuentra la fidelidad, que supone no tener relaciones sexuales extramatrimoniales.

Para el interviniente, el establecimiento de esta causal de divorcio por parte del legislador es completamente razonable, pues supone que el cónyuge ultrajado opte por solicitar la culminación de los efectos jurídicos del matrimonio y por volver a iniciar su vida lejos de una persona que desconoció las obligaciones contraídas, traicionando su confianza. Por ello advierte que declarar inexequible esta disposición tendría como consecuencia la aceptación de una conducta irrespetuosa y el desconocimiento de der echos como el autorespeto y el libre desarrollo de la personalidad del cónyuge ofendido.

Con respecto a la presunta violación del derecho a la igualdad debido a que la causal acusada no está consagrada para las uniones maritales de hecho, el interviniente recordó que precisamente la diferencia entre el matrimonio y la unión de hecho es que en el primero se contrae un vínculo jurídico, del cual nacen obligaciones como la fidelidad, mientras que en el segundo no se adquiere jurídicamente tal deber.

2. Intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar intervino en el proceso solicitando que se declare exequible la norma demandada.

Para la funcionaria, los fines perseguidos por el matrimonio sólo se alcanzan en la medida en que los cónyuges cumplan con los deberes familiares de respeto, cohabitación y fidelidad. Contrario a lo sostenido por el demandante, para la interviniente es fundamental la causal de divorcio acusada pues pretende proteger a la familia como institución básica de la sociedad, de conformidad con los artículo 5° y 44 de la Constitución y con la jurisprudencia constitucional.

Tampoco comparte el argumento del actor referente a la disminución de las relaciones sexuales por el hecho de existir un vínculo jurídico pues, a su juicio, las relaciones de pareja deben estar basadas en la igualdad de derechos y de obligaciones entre los cónyuges, quienes son merecedores de un respeto recíproco.

3. Intervención de la Defensoría del Pueblo

La defensora para asuntos constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo intervino en el proceso para defender la exequibilidad de la disposición demandada.

Inicialmente, le solicita a la Corte que se declare inhibida para conocer y decidir sobre la presente demanda por ineptitud sustancial de la misma. De acuerdo con su exposición, el demandante no presenta clara y adecuadamente las razones jurídicas para establecer que el texto demandado es violatorio de la Constitución Política.

A pesar de lo anterior, la representante de la Defensoría del Pueblo también se pronuncia sobre la exequibilidad de la expresión controvertida. En primer lugar resalta que, salvo las causales de divorcio expresadas en los numerales 8° y 9° del artículo 154 del Código Civil(1), todas las demás causales tienen como propósito otorgar a los cónyuges la posibilidad de terminar el vínculo por razones que atañen directamente a la vida de relación y a problemas del comportamiento humano que impiden el normal desarr ollo de la vida en pareja.

En segundo lugar, considera que si bien la causal demandada establece efectivamente una limitación al derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, ella está permitida teniendo en consideración que no existen derechos fundamentales absolutos, y que el ejercicio de los mismos debe enmarcarse dentro de los parámetros que permitan su realización armónica con los derechos de los demás individuos.

En tercer lugar, la interviniente señala que pese a la limitación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, sigue estando dentro de la esfera volitiva del individuo la decisión de tener o acceder a esta clase de relaciones extramatrimoniales y también la de consentir, facilitar o perdonar las mismas. En este punto, se remite a la Sentencia C-660 de 2000 en la cual la Corte declaró la inconstitucionalidad de un aparte de la misma norma que hoy es objeto de estudio, en la que se excluía la posibilid ad de invocar la causal de divorcio en aquellos casos en los que el demandante hubiese consentido, facilitado o perdonado tal relación, puesto que tales manifestaciones no podían verse como una muestra de culpa o dolo que con el tiempo enervara la posibilidad del cónyuge ofendido de solicitar el divorcio.

En cuarto lugar, la interviniente sostiene que la causal de divorcio demandada no impone restricciones a la “autodisposición de la sexualidad del individuo”, ya que por el hecho del matrimonio no se merma su dignidad ni su capacidad de decisión frente a su sexualidad. Considera que, por el contrario, la norma cuestionada permite que de forma responsable el cónyuge que haya sido infiel asuma las consecuencias de dicho acto y sus efectos jurídicos establecidos por el legislador. Por esto finalmente señala que corresponde a los cónyuges definir si las relaciones extramatrimoniales consumadas afectan o no su órbita personal y familiar, a tal punto que decida llevar ante una instancia judicial la demanda de divorcio bajo la causal primera del artículo 154 del Código Civil, sin otra intervención que su juicio y su conciencia.

4. Intervención del decano de la facultad de jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

El decano de la facultad de jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario señala que la norma acusada se ajusta a los contenidos de la Carta Política. A esta conclusión arriba el interviniente al considerar que la fidelidad es un efecto fundamental del matrimonio, pues no se trata sólo de una imposición legal como lo presenta el demandante, sino de un comportamiento natural de la defensa de lo propio. Por ello no encuentra fácil encontrar individuos absolutamente indiferentes ante el trasla do del afecto del ser amado hacia otros sujetos.

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