Inicia amparo colectivo. Medida cautelar de no innovar. Amparo por intento de violar leyes y crear inconstitucionalidades. Inconstitucionalidad ley 26. 854. Intento de violaciones gravisimas a la constitucion nacional traves d esta ley. Reservo caso federal






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títuloInicia amparo colectivo. Medida cautelar de no innovar. Amparo por intento de violar leyes y crear inconstitucionalidades. Inconstitucionalidad ley 26. 854. Intento de violaciones gravisimas a la constitucion nacional traves d esta ley. Reservo caso federal
fecha de publicación20.06.2015
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INICIA AMPARO COLECTIVO.- MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR.- AMPARO POR INTENTO DE VIOLAR LEYES Y CREAR INCONSTITUCIONALIDADES.- INCONSTITUCIONALIDAD LEY 26.854.- INTENTO DE VIOLACIONES GRAVISIMAS A LA CONSTITUCION NACIONAL TRAVES D ESTA LEY.- RESERVO CASO FEDERAL.-

 

Señor Juez Nacional Federal Contencioso Administrativo en turno:

 

Mariano J. AGUILAR, abogado inscripto en la matrícula Federal ante la Corte Suprema de justicia bajo el numero 102 del libro XXVII, en mi carácter de Presidente y apoderado de la “ASOCIACION ARGENTINA DE ABOGADOS AMBIENTALISTAS DE LA PATAGONIA”, con domicilio real en la calle Pasaje La Rioja 216 de la Ciudad de Trelew, Provincia de Chubut, institución inscripta ante al Inspección de Justicia de la Provincia del Chubut, bajo el número 3.550, personería obtenida con fecha 3 de Abril de 2012, extremos que declaro bajo juramento se encuentran vigente, y los cuales se adjuntan en fotocopia, con el patrocinio letrado del doctor Federico Roccatagliata, abogado, CPACF T° 92 F° 958, constituyendo todos domicilio procesal en la calle Suipacha 882, piso 5ª de CABA, ante V. S. me presento y respetuosamente digo:

 

1.- OBJETO.-

Que en tiempo y forma, en representación de la Asociación que represento, venimos a incoar acción de “AMPARO COLECTIVO PREVENTIVO” en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional”, contra el Estado Nacional, con domicilio real en la calle Balcarce 50 de CABA, acción que la hacemos en defensa de los derechos de incidencia colectiva, fundamentalmente a actuales derechos homogéneos no patrimoniales e individuales de todas las personas que habitan esta Nación, contra le ley 26.854, para que se declare su nulidad y su inconstitucionalidad, y no se permite su vigencia de los artículos 2.1, 3.4,4, 5, 9, 10, 13.3, 16, 17, 19 de la ley 26.854 APROBADA EN EL CONGRESO, Y PUBLICADA EL DIA DE LA FECHA A SABER 30-4-13, QUE DESTRUYE LAS MEDIDAS CAUTELARES, E INTENTA SER PROMULGADO POR EL PODER EJECUTIVO QUIEN ES EL MENTOR DE LAS MISMAS, Y EN VIRTUD DE LAS CUALES SE VULNERAN, ALTERAN, VIOLAN, CERCENAN, DESTRUYEN, DETIENEN FUNDAMENTALES DERECHOS DE TODOS LOS CIUDADANOS, IMPOSIBILITANDO LA DEFENSA JUDICIAL FUNDAMENTALEMNTE CONTRA EL ESTADO NACIONAL, Y POR ENDE INHIBE LA ACTUACIÓN DE LAS ASOCIACIONES COMO LA NUESTRA, LOS AFECTADOS, EL DEFENSOR DEL PUEBLO Y TODO AQUEL QUE SE CONSIDERE CON DERECHO A DEFENDERSE, EN PARTICULAR EN LA VIOLACION DE LOS ARTICULOS 41 Y 43 DE LA CONSTITUCION NACIONAL Y DEL ARTICULO 18 EN CUANTO A LA GARANTIDA Y DEBIDA DEFENSA EN JUICIO, DERECHOS QUE QUEDAN EXTINGUIDOS Y QUE ESTAN EN LA PROPIA CARTA MAGNA, ACCION QUE NOS LA PERMITE EJERCER EL AUN VIGENTE ARTICULO 43 SEGUNDA PARTE CONSTITUCION NACIONAL Y ARTICULO 30 DE LA LEY 25.675, LOS CUALES INVOCAMOS PARA ESTE AMPARO, RESPECTO DE LOS DERECHOS AMPARADOS EN EL ARTICULO 41 Y 43 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.-

 

El presente amparo preventivo, incluye en los mismos términos del derecho invocado, la situación a la quedaría sometido el Poder Judicial, en la aplicación de los artículos 290 y 296 del Proyecto aprobado, mediante el cual se crean las Cámara Federal de casación en lo Contencioso Administrativo, del Trabajo y Civil y Comercial, extremos que alteran fundamentales normas del debido proceso, y de la doble Instancia, resultando ello de Convenios internacionales que guardan la misma jerarquía que la Constitución nacional.-

Pedimos que se decrete la inconstitucionalidad de los mismos, ya que no solo no se agiliza la Justicia, sino lo único que se logra es detener su ejercicio, modificar su contenido por la voluntad del ejecutivo, e invadir y someter al Poder judicial a los designios de las nuevas cámaras de casación, que tendrán componentes nombrados por el propio ejecutivo.-

 

Dejamos claro que se viola el derecho fundamental y humano al amparo (art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 2.3 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y art. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre).  Todos ellos son normas que acoge la constitución que va a ser violada y que por ende se violarán también.-   

Todo ello con costas en caso de oposición.-

 

2.- MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA.-

COMO MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA, SOLICITAMOS QUE V. S. ORDENE LA NO APLICACIÓN DE LAS NORMAS INVOCADAS UNA VEZ PROMULGADAS EN EL BOLETIN OFICIAL, HASTA TANTO SEA DEBATIDO ESTE AMPARO, EL CUAL SOLICITO SEA CONSIDERADO POR V. S. COMO DE EXTREMA GRAVEDAD Y NOTIFIQUE INMEDIATAMENTE AL PODER EJECUTIVO QUE UNA VEZ PROMULGADO DICHAS LEYES QUEDARAN SUSPENDIDAS AUTOMATICAMENTE HASTA QUE SE DETERMINE LA CONSTITUCIONALIDAD DE ESTA ACCIÓN.-

3.- HECHOS.-

3.- 1.- La Constitución Nacional Argentina, ha creado el amparo federal en el artículo 43 de la Constitución nacional que guarda características todas personales las cuales fueron destacadas oportunamente por algunos autores (1[1] ).-

La ilegalidad manifiesta derechos y garantías consagrados en la Constitución en el artículo 43 estipula que la acción de amparo procede contra todo acto de autoridad pública que en forma inminente amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos y garantías consagrados en la Constitución o un Tratado. De esta manera, surge claramente que el Convencional Constituyente de 1994 incorporó la figura del amparo preventivo o preventus.

En general, la doctrina constitucional se manifestó de manera favorable a la clara recepción constitucional del amparo preventivo.-]

Procede respecto de actos próximos a ejecutarse cuya comisión se verificará en un futuro inmediato, o bien, cuando su proyección es tan patente que configura una expresión intimidatoria.

Procura prevenir toda lesión cuando ello resulta de indudable cometido.

La demostración de la potencialidad de la configuración de una lesión de un derecho debe exigirse en términos de razonabilidad y sentido común y no con un rigorismo ritual que teñiría de arbitrariedad el pronunciamiento judicial.

Procede ante una amenaza de un hacer inminente, de la proximidad de un peligro que se traduciría en la producción en acto de una acción lesiva..-

La amenaza consiste en generar un riesgo no conjetural para un derecho conforme a ciertas condiciones objetivas propositivas. De forma tal que de concretarse la lesión se producirá de manera inexorable.-

La materialización de la amenaza puede tener efectos instantáneos, transitorios o definitivos.

La amenaza supone un peligro en ciernes, y por ende, no requiere de su concreción para solicitar la tutela del amparo..-

3.- 2.- En el presente caso, se verifica una concreta amenaza respecto de los derechos invocados, por cuanto ambos proyectos, tuvieron su origen en el Poder Ejecutivo Nacional como parte de un paquete de medidas que fueron sancionados por el Congreso y que serán promulgados y publicados por el Ejecutivo con la mayor celeridad posible en estos días como es de público y notorio conocimiento. No se trata entonces de un acto conjetural, sino de una amenaza que de producirse, generará un daño inexorable y definitivo, en la medida que se trata de leyes autoaplicativas.

3.- 3.- La reforma constitucional de 1994 y la interpretación constitucional realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Halabi”, establecieron que la dimensión sustancial validez del Estado constitucional de derecho argentino, está integrada por derechos subjetivos, derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos de naturaleza indivisible y derechos de incidencia colectiva individuales homogéneos de naturaleza divisible.

Ante la falta de una ley que regule las acciones colectivas que tutelan efectivamente a los derechos de incidencia colectiva individuales homogéneos, la Corte Suprema de Justicia en el referido caso resolvió superar la laguna existente estableciendo requisitos generales y particulares de procedencia para esta clase de acción judicial.

Entre los requisitos particulares, incluyó la necesidad de tener que acreditar “la idoneidad de quien pretenda asumir la representación del grupo o colectivo afectado” con la promoción de una acción colectiva en defensa del bien colectivo divisible, partiendo de la base de que es aceptable dentro del esquema de nuestro ordenamiento que estén habilitados un afectado, el Defensor del Pueblo o determinadas asociaciones en los términos previstos por el art. 43 de la Constitución Argentina.

Alcanzado este punto parece razonable inferior que en el Estado constitucional de derecho argentino, la máxima exigencia de idoneidad requerida a un titular de un derecho de incidencia colectiva individual homogéneo para representar procesalmente al grupo afectado por un acto u omisión (público o privado) lesiva, está delimitada por la acreditación de ser un titular de un derecho subjetivo perteneciente de forma homogénea a un colectivo determinado y con el cumplimiento de los recaudos procesales exigidos por la Corte Suprema de Justicia en el caso “Halabi”.

Por ende, nuestro carácter de Asociación en defensa del Ambiente, nos da curso para actuar en representación de todas las que de alguna manera se ven afectados por el ambiente y deben actuar ante la Justicia, y se sienten afectados por estas normas que convierten al servicio de la Justicia en una expresión de deseos.- Gravísimo estado de carece a partir de estas leyes de cualquier opción natural y literal ante la Justicia.- De ello nos agraviamos.-

 

4.- DAÑO.-

El proyecto de ley mediante el cual se establece la regulación de las medidas cautelares dictadas en los procesos en los que el Estado Nacional o sus entes descentralizados viola de manera manifiestamente ilegal y arbitraria el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de amparo por cuanto:

4.- 1.- Al establecer que los jueces deberán abstenerse de decretar medidas cautelares cuando el conocimiento de la causa no fuera de su competencia (art. 2.1), impide que se dicten medidas cautelares aunque existe verosimilitud del derecho y peligro en la demora, posibilitando que el daño estatal se mantenga y profundice hasta tanto se establezca la competencia del juez que deberá entender en la causa. Si ambos jueces se declaran incompetentes, la violación estatal se consumará hasta tanto se dirima dicha controversia, que muchas veces es eterna.-

4.- 2.- Al establecer que las medidas cautelares no podrán coincidir con el objeto de la demanda principal (3.4), se prohíben las medida cautelares innovativas (que fueron las que posibilitaron que las personas recuperan sus ahorros ante el corralito y la pesificación) y las medidas autosatisfactivas (que permitieron que muchas personas pudieran cambiar su identidad de género de forma célere como por ejemplo el caso de Florencia Trinidad conocida como Florencia de la V). Cabe recordar que oportunamente la Corte Suprema de Justicia en la causa “Camacho Acosta M. c/ Grafi Graf SRL y otros”[39] en el considerando 6° receptó las medidas cautelares innovativas al expresar: “Que esta Corte ha considerado a la medida cautelar innovativa como una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, y por configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, resulta justificada una mayor prudencia en la apreciación de la causa, resulta justificada una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión”, a la vez que, en el considerando 12° estableció la real y verdadera naturaleza de la mismas: “Que en el mencionado anticipo de jurisdicción que incumbe a los tribunales en el examen de ese tipo de medidas cautelares, no importa una decisión definitiva sobre la pretensión concreta del demandante y lleva ínsita una evaluación de peligro de permanencia en la situación actual a fin de habilitar una resolución que concilie –según el grado de verosimilitud- los probados intereses de aquél y el derecho constitucional de defensa del demandado”.

4.- 3.- Al establecer que previo al dictado de una medida cautelar el juez deberá requerir a la autoridad pública un informe que dé cuenta del interés público comprometido (art. 4), se impone una bilateralidad que destroza la garantía de la inaudita parte y posibilita que el Estado promueva por vía incidental la producción de frondosa prueba técnica pericial e informativa a los efectos de poder acreditar como se compromete el interés público.-

4.- 4.- Al imponer un plazo general, universal, apriorístico de duración máxima de la medida cautelar dictada (art. 5), se viola la división de poderes y el derecho al debido proceso formal y sustancial, por cuanto se desconoce las facultades ordenatorias e instructorias que titularizan los jueces en el ejercicio de su función judicial para ponderar, según los hechos del caso concreto, el alcance de la medida cautelar que debe adoptarse a efectos de lograr una efectiva tutela judicial. Es irrazonable y desproporcionado pretender mediante la omnipotencia legislativa poder dar una única respuesta al infinito universo que genera la casuística emergente en torno al dictado de medidas cautelares.-

4.- 5.- Al establecer que los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado (art. 9), se inhibe el dictado de medidas cautelares, en la medida que se trate de derechos patrimoniales o no patrimoniales, siempre existirá una afectación del patrimonio estatal. A esto se suma, que con dicha restricción, se prohíbe el dictado de medidas cautelares que tengan por objeto la tutela de derechos ambientales en la medida que se afecte directa o indirectamente el patrimonio del Estado.-

4.- 6.- Al prohibir a los jueces imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias frente al incumplimiento del un mandato judicial cautelar (art. 9), se priva a los magistrados y a los justiciables de un instrumento esencial a la hora de poder hacer realmente efectivas las medidas cautelares, por cuanto, un funcionario podrá ser todo lo irresponsable e incumplidor que quiera sin perjuicio personal alguno, y a sabiendas, que quién deberá abonar las astreintes (y/o multas de carácter conminatorio) pertinentes por su conducta violatoria será algún día el Estado.-

4.- 7.- Se impone que las medidas cautelares solo tendrán eficacia práctica cuando el justiciable otorgue una caución real o personal para afrontar las eventuales costas y daños y perjuicios que la medida cautelar pudiera causar (art.10.1), con lo cual solamente podrán efectivizar una cautelar dictada, las personas que cuenten con un mínimo patrimonio de respaldo. A esto se agrega, que el beneficio de litigar sin gastos –única excepción prevista- tiene un carácter sumamente restrictivo y obliga a las personas a tener que probar su incapacidad económica para afrontar los gastos del juicio que promueve.-

4.- 8.- Establece que la apelación por parte del Estado de una medida cautelar que suspenda los efectos de un acto estatal tendrá efectos suspensivos (art. 13.3), con lo cual a pesar de que se detectó la existencia de una gravamen irreparable por parte del Estado, el mismo se sigue produciendo hasta tanto el recurso sea resuelto por la respectiva Cámara de Apelación. La misma estructura procesal que utilizó Onganía con el decreto-ley 16.986, cuando para “aniquilar” el radio de protección de la acción de amparo contra actos de autoridad estatal creada pretorianamente por la Corte Suprema de Justicia en el caso “Siri”, estableció en el art. 15 el efecto suspensivo de las apelaciones.-

4.- 9.- Establece un régimen de medidas cautelares a favor del Estado (arts. 16 y 17) que presenta las siguientes características: a) Presupuestos habilitantes: las medidas cautelares se pueden dictar cuando exista un riesgo cierto e inminente de sufrir perjuicios el interés público (que es un concepto indeterminado sin base constitucional o convencional alguna y que ha servido de fuentes permanentes de abusos y limitaciones del sistema de derechos), el patrimonio estatal (con lo cual nunca se podrán dictar medidas cautelares contra los derechos de las personas mientras exista una mínima afectación indirecta del patrimonio estatal) u otros derechos que titularice el Estado (la idea del Estado titularizando derechos como fundamento para limitar los derechos que titularizan las personas es un concepto propio de los regímenes autoritarios de principio de Siglo XX como por ejemplo el fascismo) y b) Régimen procesal aplicable: se establece un régimen procesal que le otorga al Estado todas las prerrogativas garantistas, que en simultáneo les niega a las personas que litiguen contra el Estado, generando una clara situación de desigualdad discriminatoria interdictada por el derecho a la no discriminación.-

4.- 10.- Transforma un decreto-ley de la dictadura de Onganía (el 16.986) pensado para aniquilar a la acción de amparo, en una ley de la democracia: toda una definición de la concepción ideológica y de la total ausencia de fines constitucionales y convencionales legítimos por parte del proyecto sancionado.-

5.- 1.- El proyecto de ley mediante el cual se crea la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social y la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial con sede en Capital Federal viola de manera manifiestamente ilegal y arbitraria el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de amparo por cuanto:

5.- 2.- Establece que los recursos de casación e inconstitucionalidad proceden contra las medidas cautelares (arts. 288 y 295), y que la concesión de ambos recursos, suspende la ejecución de la sentencia hasta tanto la Cámara de Casación respectiva dicte sentencia (arts 290 y 296). Por ende, una persona que obtuvo una medida cautelar en Primera Instancia, que fue suspendida por la apelación estatal, que luego fue confirmada por la Cámara de Apelación, vuelve a tener suspendida la medida cautelar por un nuevo recurso estatal hasta que la Cámara de Casación resuelva. Esto conlleva, lisa y llanamente, la muerte definitiva e indigna del derecho a la tutela judicial efectiva cautelar.

5.- 3.- El supuesto régimen de excepciones: una falacia normativa y simbólica.

5.- 4.- El proyecto de ley mediante el cual se establece la regulación de las medidas cautelares dictadas en los procesos en los que el Estado Nacional o sus entes descentralizados, establece un supuesto régimen de excepciones a las cuales no se aplicaría, con el objeto y fin de alivianar constitucionalmente las flagrantes violaciones expuestas.

La primera excepción se refiere a “sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso”. En consecuencia, se exige una actividad probatoria de la vulnerabilidad, lo cual es como mínimo perverso, por cuanto la vulnerabilidad no se prueba se sufre. Un buen parámetro de comparación lo ofrece el art. 75 inc. 23 de la Constitución argentina, a través del cual los Convencionales Constituyentes delimitaron expresamente los grupos vulnerables que deben ser constitucionalmente protegidos mediante acciones positivas. El presente proyecto le exige a los niños, mujeres, ancianos y las personas con discapacidad que aparte de serlo lo demuestren procesalmente.-

5.- 5.- La segunda excepción se refiere a que “se encuentre comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos”. Pues bien, no existe dicha categoría en el mencionado Instrumento Internacional, el cual a la vez, tampoco incorpora de forma expresa y operativa derechos económicos, sociales y culturales (tal como si lo hace el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

5.- 6.- La tercera excepción se vincula con la salud a secas sin definirla como lo hace el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 10: “toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”.

6.- MEDIDA CAUTELAR.-

Por lo expuesto en los puntos precedentes, vengo a solicitar que se dicte una medida cautelar de no innovar colectiva con efectos erga omnes, mediante la cual, se ordene al Estado Nacional-Poder Ejecutivo Nacional que se abstenga de promulgar y publicar el proyecto de ley mediante el cual se establece la regulación de las medidas cautelares dictadas en los procesos en los que el Estado Nacional o sus entes descentralizados sean parte y el proyecto de ley mediante el cual se crea la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social y la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial con sede en Capital Federal hasta tanto se dicte sentencia en la presente causa.

7.- PRUEBA

7.-1.- 1.- Documental

7.-1.-2.- Adjunto Copia simple del estatuto societario, del poder General judicial, y de la ley 26.854.-

 

8.- DERECHO

Fundamos el derecho que nos asiste en los artículos 16, 17, 18, 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional, en la ley nacional 25.675, y demás aplicables y concordantes, en los artículos 3, y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 25.1.”Protección Judicial”- del Pacto de San José de Costa Rica, Pactos, Tratados y Acuerdos concordantes.

 

9.- RESERVA CASO FEDERAL.-

Que vengo a plantear expresa reserva del caso constitucional y convencional para el supuesto improbable de que las instancias ordinarias no acogieran la acción deducida formal o sustancialmente, conforme a las prescripciones del artículo 14 de la ley 48, a fin de articular oportunamente el Recurso Extraordinario Federal (REF) ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por Cuestión Constitucional y Convencional Directa respecto del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 18 de la Constitución argentina), artículos 41 Y 43 de la Constitución Nacional, y del derecho fundamental y humano al amparo (art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 2.3 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y art. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre) en un marco de notoria gravedad institucional en los términos dispuestos por el art. 257 bis y 257 ter del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

 

10.- PETITORIO

En base a los hechos y al derecho expuesto, de V.S. solicito:

1.- Que se nos tenga por presentados en el carácter invocados, y por constituido en el domicilio procesal.-

2.- Se ordene la medida cautelar solicitada.-

3.- Se de curso al amparo, pidiéndosele el informe de ley al demandado.-

4.-oportunamente se dicte favorablemente el amparo, declarándose inconstitucionales los artículos cuestionados en esta acción a favor de todos los ciudadanos de la República.- Con costas en caso de oposición.-

 

Proveer de conformidad que

SERA JUSTICIA.-

 

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