Santiago, catorce de diciembre de dos mil diez






descargar 38.79 Kb.
títuloSantiago, catorce de diciembre de dos mil diez
fecha de publicación17.06.2016
tamaño38.79 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Ley > Documentos
Santiago, catorce de diciembre de dos mil diez.

Vistos y considerando:

1°) Que la Universidad de Chile, reclamante de autos, señala que es una persona jurídica de derecho público autónoma y se encuentra, en tal calidad, sujeta al deber general del artículo 8° inciso 2° de la Constitución sobre publicidad de los actos y resoluciones que dicte, así como de sus fundamentos y procedimientos que utilice, pero que no le es aplicable la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, porque no se encuentra comprendida en la enumeración de órganos del estado que contiene su artículo 2° inciso 1°. En cambio, se rige por su ley orgánica, en tanto órgano autónomo del Estado.

Esta ley orgánica no contiene norma explícita alguna sobre transparencia y acceso a la información y ha dictado la Universidad un Reglamento para dar cumplimiento al mandato constitucional, a solicitud del Contralor Interno y con la aprobación unánime del Consejo Universitario. En cumplimiento de la normativa del DFL N° 3 de 2006, de Educación, el Rector dictó el decreto universitario exento N° 008809 de 134 de abril de 2009 que reglamenta la Transparencia de la Gestión y Acceso a la Información Pública de la Universidad de Chile. Destaca al respecto, que éste señala que la Universidad mantendrá a disposición permanente del público, a través de su sitio electrónico información relativa a su marco normativo, estructura orgánica, estados financieros, presupuesto global, composición de sus órganos directivos, programas de pregrado y postgrado y sus respectivos planes de estudio, entre otras materias. A la vez, que establece el derecho de las personas para solicitar y recibir la información pública de la Universidad de Chile, ante la Unidad de Gestión de la Información Institucional, y fija un procedimiento para la tramitación de las solicitudes;

2°) Que en el aspecto de fondo, vuelve a plantear que la ley de transparencia no le es aplicable a la Universidad, en virtud de la autonomía que posee de acuerdo al artículo 1° del DFL N° 3 de 2006 de Educación y que como ha señalado el Tribunal Constitucional tiene fundamento en sede constitucional, pues constituye la garantía institucional de la libertad de enseñanza. Expone que a la Universidad de Chile se le aplican la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, su Título III en lo que le fuere aplicable, las leyes que hagan referencia a ella, sus respectivos estatutos y reglamento en cuanto no sean contrarios a las leyes que hagan referencia a ella (Art.88). Agrega que de modo similar el artículo 10 de los estatutos de la Universidad establece que sus disposiciones y la de los reglamentos universitarios dictados en su virtud prevalecerán sobre las leyes generales, a menos que éstas se refieran expresamente a la Universidad de Chile en particular, a las universidades chilenas en general, o al sistema universitario del país.

Tampoco es un servicio público creado para el cumplimiento de la función administrativa, lo que supone debe ser el fundamento del Consejo para la Transparencia para hacerle aplicable la Ley N° 20.285. Estos órganos se relacionan con el Presidente de la República a través de un ministerio o dependen de él (Arts.28 y 29 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado). Ejercen potestades públicas que no pueden ejercerse nunca por entidades de naturaleza privada, están a cargo de un director designado normalmente por el Presidente de la República y utilizan medios materiales, sea financieros o reales, y personales sujetos a un régimen administrativo público. De otra forma dicho, son órganos que gozan de autonomía y se rigen por reglas especiales y estos órganos que gozan de plena independencia frente a los titulares de los poderes clásicos no pueden ser incorporados a la administración como otros servicios públicos más, dentro de los centralizados o descentralizados. Plantea también que el Consejo resolvió que la Universidad debe cumplir con los deberes de Transparencia activa, lo que no fue materia de la solicitud acogida de la que se le dio traslado;

3°) Que el solicitante de la información, Francisco Ignacio Zambrano Meza, estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, presentó descargos a fojas 79. En síntesis expresa que solicitó a la Directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Derecho de la reclamante: 1. Copia íntegra y fiel de las Actas de la Comisión Ad Hoc de Claustro de la Facultad de Derecho y 2. Copia íntegra y fiel de la nómina del personal que desempeña sus funciones en la facultad, incluyendo la remuneración, beneficios, función, cargo, grado y el inicio de sus funciones. Hace presente que el Consejo de la Facultad creó a la Comisión referida con el objeto de estudiar la composición del conjunto de académicos de la facultad que forman parte del Claustro Académico y la situación de los profesores que, realizando actividades académicas para la Facultad, se encuentran excluidos del Claustro. No obstante que el informe fue divulgado por la misma Comisión a profesores y alumnos, lleva la leyenda de “Confidencial” sin invocar ninguna causal, lo que violaría el artículo 8° de la Carta Fundamental. En la respuesta se consideró que las Actas del Informe de la Comisión de Claustro estaban afectas a la reserva temporal de la letra b) del artículo 21 de la Ley N° 20.285, lo que considera improcedente porque no se afectaba el debido cumplimiento de las funciones de la Facultad de Derecho y el informe ya había sido evacuado y difundido. Su petición se fundó entonces, en el artículo 10 de esta ley. Y sobre la solicitud de la Nómina del Personal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile señaló la directora que debía dirigirse a la Unidad de Gestión creada por decreto universitario exento el 14 de abril de 2009 porque la información la tenía dicha unidad, lo que no sería adecuado porque el artículo 13 de la ley se refiere a una situación diversa: que el órgano no sea competente, o que no posea la información. Acá la información la tenía y debió ponerla a disposición o requerirla inmediatamente porque la Unidad de Gestión no es un órgano distinto de la Universidad, como tampoco lo es la facultad.

Acerca de la decisión del Consejo, transcribe los fundamentos de ella. Invoca el artículo 28 de la Ley N° 20.285 para que se declare la improcedencia del reclamo por parte de la Universidad de Chile, desde que la respuesta de la institución fue el secreto o la reserva de información del artículo 21 numeral 1 letra b) de la ley.

En cuanto a la aplicación de la Ley de Transparencia a la reclamante, hace presente que la propia directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Derecho se fundó en dicha ley y además que el rector ha interpuesto este reclamo concedido en la misma ley. Sobre la normativa jurídica, señala los artículos 1 N° 5 y 2 de la Ley 20.285, 1°, inciso 2°, 5°, inciso 1°, 13 y 32 y 40 de la Ley de Bases de la Administración, 1° y 59 del DFL N °3 de Educación, de 2006, sobre el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de los Estatutos de la Universidad de Chile;

4°) Que don Raúl Ferrada Carrasco en representación legal del Consejo Para la Transparencia a fojas 103 formula sus descargos proponiendo primeramente la improcedencia de la reclamación de ilegalidad, en virtud del artículo 28 de la Ley N° 20.285, porque la denegación del acceso a la información se fundó en este caso en el artículo 21 N°1 de la misma preceptiva y, en consecuencia, carece la Universidad de legitimación activa para interponerla. Subsidiariamente, planteó que la Universidad de Chile es un órgano o servicio público creado para el cumplimiento de la función administrativa, siéndole aplicable la Ley N° 20.285, sobre Transparencia. Ello, de acuerdo con el artículo 2° de esta ley y 1° N °5 de la misma que en relación con los servicios u órganos de la administración se está al artículo 1° inciso 2° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido consta en el DFL N°1-19.953, de 2001. La norma remitida se refiere expresamente a los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. Esta ley se refiere también expresamente a las Universidades Estatales en los artículos 32 y 40: son normas de excepción que sólo tienen sentido si se considera que las universidades son parte de la Administración del Estado en la categoría de órganos y servicios públicos creados con la finalidad ya dicha. Cita sentencia del Tribunal Constitucional que, a propósito de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, señala que es un órgano integrante de la Administración del Estado (fojas 111). Asimismo cita el artículo 88 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, en cuanto refiriéndose a las universidades estatales dice que se regirán, entre otras, por las leyes que hagan referencia a ellas, que es lo que sucede con la Ley de Bases de la Administración. Sobre el carácter de servicio público de las universidades estatales, señala distintos dictámenes de 2005 de la Contraloría General de la República. Doctrinariamente también apoya este carácter de servicio público de estas universidades.

En otro punto, argumenta que la actuación del Consejo no afecta a la Autonomía Universitaria según lo expone la reclamante. Como expusieron los Ministros Vodanovic S. y Correa S. del Tribunal Constitucional en la sentencia que controló el proyecto que sería la Ley N° 20.285, la autonomía que garantiza la Carta Política a ciertos órganos “exige que estén en condiciones de ejercer sus funciones constitucionales con plena independencia y libre de injerencias de terceros…” pero”…no equivale a una autarquía absoluta en todas sus decisiones…” A continuación, expresa que si así no fuera, el Consejo no tendría competencia sobre ningún órgano autónomo, sin embargo, las Municipalidades son entes autónomos y están nombradas en el artículo 2° de la Ley de Transparencia y se les aplica este control. La aplicación de esta ley no supondrá la afectación de la autonomía pues las decisiones libremente tomadas, serán sometidas a posteriori al escrutinio social. En fin, señala que el Consejo no es como lo supone la Universidad de Chile un órgano que se relacione con “labores de gobierno y administración propias de la función ejecutiva”. Es una autoridad o administración independiente, que integra la Administración Pública y está dotada de una autonomía reforzada para el desempeño “de servicios de interés general o de funciones públicas relevantes, cuya fuerte incidencia en la dinámica política y en el régimen de las libertades públicas exige su realización con arreglo a criterios de neutralidad y de profesionalidad, sin sesgos partidarios”. Por ende, como otros órganos afines en el derecho comparado, no es un órgano de gobierno.

Finalmente, hace presente que la Universidad ha reconocido tácitamente su sujeción a la Ley de Transparencia, a través de la invocación del artículo 21 N°1 y del ejercicio de la acción de reclamación. En cuanto al Reglamento creado por la Universidad, no advierte el sentido de que al mismo tiempo que la ley entra en vigencia –si no resulta aplicable la ley- se dicte un reglamento que regula la transparencia de la gestión y acceso a la información pública. Obliga ello a mantener información a disposición permanente del público, tales como marco normativo, estructura orgánica y funciones, junto con establecer el derecho de acceso a la información. Plantea que la generalidad de las otras universidades estatales ha reconocido la competencia del Consejo y que los artículos 32 y 33 de la Ley 20.285 le dan las facultades que en este caso ejerció, haciendo hincapié que estas facultades se pueden aplicar de oficio o a petición de parte, contrariamente a las alegaciones de la reclamante;

5°) Que, la falta de legitimidad activa que el Consejo de Transparencia, especialmente, esgrime respecto de la reclamante, no puede ser abordado, en concepto del tribunal, con prescindencia del fundamento de la Universidad de Chile que considera no aplicable la legislación de la Ley 20.285 a su respecto. En esta parte la legitimidad activa emana del agravio que le causa la imposición de obligaciones contenidas en una preceptiva cuya obligatoriedad la Universidad desconoce, en cuanto no se hallaría comprendida entre los entes que deben permitir el acceso a la información de los órganos de la administración del Estado;

6°) Que, de acuerdo a lo anterior, es necesario dilucidar como cuestión previa, si la Ley 20.285 es o no aplicable a la Universidad de Chile, reclamante en estos antecedentes, pues de no serlo no podría obligarla la decisión del Consejo;

7°) Que, el artículo 8° de la Constitución Política de la República señala que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Declara que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Agrega que, sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional;

8°) Que, el artículo 2° de la Ley 20.285 establece que las disposiciones de esta ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. También, quedan sujetas la Contraloría General de la República y el Banco Central en lo que esta ley expresamente señale, además de sus respectivas leyes orgánicas en la materia. Se aplica también a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio. Referente a los demás órganos del Estado estatuye la ley que se ajustarán a las disposiciones de sus respectivas leyes orgánicas que versen en la materia, que comprende el artículo 1°.

El artículo 1° en su n° 5 señala que por los órganos o servicios de la Administración del Estado, se entenderá los señalados en el inciso 2° del artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Dicho inciso dice que la Administración del Estado estará constituida por los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos las Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley.

9°) Que, por otra parte, el artículo 1° del DFL N° 3, de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial de 02 de octubre de 2007, y que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL N° 153, de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, expresa que esta universidad, Persona Jurídica de Derecho Público Autónoma, es una institución de Educación Superior del Estado de carácter nacional y público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena autonomía académica, económica y administrativa, dedicada a la enseñanza superior, investigación, creación y extensión en las ciencias, las humanidades, las artes y las técnicas, al servicio del país en el contexto universal de la cultura.

A su vez, el artículo 88 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fija el DFL 1 de 2005, del Ministerio de Educación, establece que las universidades estatales existentes al 31 de diciembre de 1981 y las instituciones de educación superior, derivadas de éstas o sus sucesoras, conservarán su naturaleza de entidades autónomas con personalidad jurídica y con patrimonio propio. De ellas señala que se regirán por las disposiciones del Título III de esta ley en lo que les fueran aplicables, por las leyes que las refieran, por sus respectivos estatutos y reglamentos en cuanto no sean contrarias a éstas y, supletoriamente por las normas de derecho privado. En materias académicas, económicas y administrativas gozarán de plena autonomía y, por último, se ocupa de la prelación de esta ley y de la ley 18.575 en lo relativo a lo que dispongan los estatutos y demás normas y fuentes referidas a los académicos y a cómo se mirarán a efectos de la carrera funcionaria.

10°) Que, acorde con esta última disposición a las universidades estatales las rigen, entre otras, las leyes que se refieran a ellas. Pues bien, el artículo 2° de la ley de Transparencia la hace aplicables a los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa y en relación a estos órganos y servicios, el artículo 1° N °5 de la misma, estatuye que son aquellos señalados en el inciso segundo del artículo 1° de la Ley 18.575. Este precepto vuelve a mencionar como parte de la Administración del Estado a los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa.

Ahora bien, la Universidad de Chile es una universidad estatal o dicho de otra forma, es una Institución de Educación Superior del Estado de carácter nacional y público (Art. 88 de la LOCE y 1° de los Estatutos de la Universidad de Chile. Diferentes dictámenes de la Contraloría General de la República, dentro de la Administración del Estado, la caracterizan como un servicio público (Así, los números 47.500 de 2004 y 214.152 de 2005) y también el Tribunal Constitucional ha establecido en sentencia dictada en la causa rol N° 352, de 2002, en relación con la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que es un órgano integrante de la Administración del Estado y constituye un servicio público funcionalmente descentralizado. La sentencia explicó también que el texto original de la Ley N° 18.575 propuesto por el ejecutivo (Informe de la Comisión Conjunta) no afectaba a las universidades estatales, concluyéndose que no existían fundamentos constitucionales que permitieran excluir de la aplicación de todas las normas del proyecto a las Instituciones de Educación Superior de carácter estatal, dado que nada autoriza a diferenciarlos de los servicios públicos (sentencia de causa rol N° 352, de 15 de julio de 2002 del Tribunal Constitucional).

Desde otra perspectiva, los artículos 32 y 40 de la Ley N° 18.575 (LOCBGAE), ley a la que remite la Ley de Transparencia y la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza, contienen normas que expresamente hacen mención de estas instituciones. Así, el artículo 32 señala que las Instituciones de Educación Superior de carácter estatal podrán, además, establecer en su organización Facultades, Escuelas, Institutos, Centros de Estudios y otras estructuras necesarias para el cumplimiento de sus fines específicos. Y el artículo 40, inciso tercero, referente a los requisitos que deben cumplir los jefes de servicio (después de considerar a Ministros de Estado y Subsecretarios) y a su designación, exceptuó explícitamente a los rectores de las instituciones de Educación Superior de carácter estatal. Esto es, no tendría sentido que estos artículos se ocuparan de establecer distinciones y excepciones respecto de estas instituciones si su normativa general no se aplicara a ellas. Y como antes en el inciso 2° del artículo 1° comprendió en la Administración del Estado a los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, quiere decir que contempla dentro de esta categoría a las universidades estatales, cual es el caso de la Universidad de Chile;

11°) Que, por otro lado, no puede dejar de considerarse un servicio público, ya que comparte sus características de estar encargados de satisfacer necesidades colectivas de manera regular y continua, aunque esta función la cumpla descentralizadamente, pues es indiferente que se ejecute por un órgano centralizado o descentralizado;

12°) Que, en cuanto a la autonomía universitaria de la reclamante, los Estatutos de la Universidad de Chile señalan que corresponde a ésta en virtud de su autonomía, la potestad para determinar la forma y condiciones en que deben cumplirse sus funciones de docencia, de investigación, de creación o de extensión, así como la aprobación de los planes de estudios que imparta, como también está facultada para organizar su funcionamiento y administración del modo que mejor convenga a sus intereses, y le corresponde determinar la forma en que distribuye su presupuesto para satisfacer los fines que le son propios, conforme a la planificación de su acción y desarrollo. (Artículo 7°). Por su parte, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza N ° 18.692, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fija el Decreto con Fuerza de Ley 1 de 24 de noviembre de 2005, en su artículo 79 dispone que se entiende por autonomía el derecho de cada establecimiento de educación superior a regirse por sí mismo, de conformidad a lo establecido en sus estatutos en todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades y comprende la autonomía académica, económica y administrativa. A su vez, señala que la autonomía académica incluye la potestad de estas entidades para decidir por sí mismas las formas como se cumplen sus funciones de docencia, investigación y extensión y la fijación de sus planes y programas de estudio; la autonomía económica permite a esos establecimientos disponer de sus recursos para satisfacer los fines que le son propios de acuerdo a sus estatutos y las leyes; y la autonomía administrativa faculta a éstos para organizar su funcionamiento de la manera que estime más adecuada, también de conformidad a sus estatutos y las leyes;

13°) Que, entonces, en los aspectos señalados la reclamante goza de plena autonomía, lo que importa que tiene potestad para auto determinarse en estos planos, sin sujeción a otra voluntad que no sea la del órgano o servicio mismo, teniendo en cuenta sus funciones y fines. Empero, ello no pugna con la circunstancia de que los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, sean públicos por disposición de la Constitución y salvo que una ley de quórum calificado establezca la reserva o secreto de estos actos y resoluciones, cuando la publicidad afecte a los valores que la Carta salvaguarda. Y tampoco pugna con la Ley de Transparencia. Desde luego, porque será la propia universidad la que seguirá regulando la forma de cumplir sus funciones, siendo la verificación del actuar con transparencia en el ejercicio de la función pública, un acto posterior, de control y únicamente en lo que hace a los objetivos de la Ley 20.285;

14°) Que, en consecuencia, se estima que la Ley de Transparencia es aplicable a la Universidad de Chile y que ello no afecta la autonomía que le reconocen las leyes;

15°) Que, acerca de la alegación de falta de legitimidad activa de la reclamante, cabe precisar –asentada ya la aplicación de la Ley 20.285-, que la Universidad denegó el acceso a la información de copia íntegra y fiel de las Actas de la Comisión Ad-Hoc de Claustro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en virtud de la reserva temporal autorizada por la letra b) del artículo 21 de la Ley en mención (documento de fojas 97) y, al respecto, el artículo 28, inciso segundo, de la misma ley prescribe que “Los órganos de la Administración del Estado no tendrán derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones de la Resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información que hubieren denegado, cuando la denegación se hubiere fundado en la causal del número 1 del artículo 21.”. De esta forma, la reclamación de la Universidad en cuanto se hace lugar por el Consejo de Transparencia a la presentación de don Francisco Ignacio Zambrano Meza, de permitirle el acceso a la información denegada relativa a las Actas de la Comisión Ad-Hoc de Claustro de la Facultad de Derecho, resulta sin derecho, y por tanto, deviene improcedente.

En cuanto el Consejo acuerda acoger la misma presentación, esta vez, para obtener el particular copia íntegra y fiel de la nómina del personal que desempeña sus funciones en la Facultad de Derecho, incluyendo la remuneración, beneficios, función, cargo, grado y el inicio de sus funciones, no existe falta de titularidad de parte de la Universidad; en cambio, la petición formulada aparece concordante con lo dispuesto en los artículos 7, letra d), y 51 de la Ley 20.285 y su reglamento, respectivamente, y los derechos regulados en los artículos 5 y 10 de la misma ley, de mayor amplitud.

Por otro lado, la derivación a la Unidad de Gestión de la Información Institucional de la Universidad de Chile a que se refiere el Decreto Exento N° 008809, de 14 de abril de 2009 (fojas 139) que efectuó la Dirección de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Derecho, no se aviene con lo normado en el artículo 13 de la Ley de Transparencia porque no se trata de distintos servicios de la Administración, sino de un mismo servicio. Por lo demás, en virtud del principio de facilitación consagrado en el artículo 11, letra f), de la Ley de Transparencia, conforme al cual los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del estado, deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. En este predicamento, correspondía que la remisión la hubiere hecho la Dirección requerida.

De esta manera, se comparte los fundamentos que tuvo en vista el órgano reclamado para acceder a otorgar la información que había sido denegada;

16°) Que, en lo tocante al requerimiento al Rector de cumplir con los deberes de transparencia activa establecidos en los artículos 7 y 51 de la Ley de Transparencia y su reglamento, respectivamente, el Tribunal no entiende que se haya faltado de algún modo al debido proceso o justo y racional procedimiento, toda vez que el Consejo goza de facultades al efecto, como se desprende de la enumeración del artículo 33 de la ley.

Por estas consideraciones y lo dispuesto, además, en los artículos 29 y 30 de la Ley N ° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, se rechaza la reclamación interpuesta en lo principal de fojas 37 por el Rector de la Universidad de Chile contra la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia recaída en Amparo N° C593-09.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte N ° 1802-2010.

Redacción del Ministro señor Silva.

Pronunciada por la Quinta Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los Ministros señor Mauricio Silva Cancino y señora Jessica González Troncoso y el Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez. No obstante, de haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el señor Guerrero por estar ausente.

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Santiago, catorce de diciembre de dos mil diez iconSala constitucional de la corte suprema de justicia. San José, a...

Santiago, catorce de diciembre de dos mil diez iconEn la Ciudad de Santiago del Estero, a los veintiocho días del mes...

Santiago, catorce de diciembre de dos mil diez iconSantiago, tres de mayo de dos mil diez

Santiago, catorce de diciembre de dos mil diez iconSantiago, dieciocho de noviembre de dos mil diez

Santiago, catorce de diciembre de dos mil diez iconSantiago, ocho de julio de dos mil diez

Santiago, catorce de diciembre de dos mil diez iconSantiago, trece de julio de dos mil diez

Santiago, catorce de diciembre de dos mil diez iconSantiago, diez de septiembre de dos mil doce

Santiago, catorce de diciembre de dos mil diez iconSantiago, quince de noviembre del año dos mil diez

Santiago, catorce de diciembre de dos mil diez iconSantiago, veintinueve de diciembre de dos mil once

Santiago, catorce de diciembre de dos mil diez iconSantiago, seis de diciembre de dos mil trece






© 2015
contactos
ley.exam-10.com