Resumen el tsj estima el recurso contencioso y anula el acuerdo por el que se aprobó con carácter definitivo la ordenanza municipal de captación de






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fecha de publicación20.06.2015
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TSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 2ª, S 5-6-2007, nº 1061/2007, rec. 934/2003. Pte: Rodríguez Martí, Elvira Adoración

RESUMEN


El TSJ estima el recurso contencioso y anula el acuerdo por el que se aprobó con carácter definitivo la ordenanza municipal de captación de energía solar para usos térmicos. La Sala considera que, en el caso de autos, concurren los presupuestos establecidos en el art. 62, 2 Ley 30/1992, puesto que las competencias genéricas de control de las edificaciones y usos del suelo que la Ley 9/2001 atribuye al municipio no incluyen condiciones técnicas de uso de energía y sólo autorizan el control de la ubicación y adecuación de las construcciones a las normas de planeamiento entre las que no se encuentran las disposiciones energéticas.


ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito de fecha 27-7-2005, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.

SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito de fecha 31-1-2006, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida.

TERCERO.- Que no habiéndose acordado el recibimiento del pleito a prueba, y no estimándose necesaria la celebración de vista pública, ni la formulación de conclusiones; se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día 5-6-2007, a las 10 horas de su mañana, en que tuvo lugar.

VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª Elvira Adoración Rodríguez Martí.



FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurrente ASOCIACION DE PROMOTORES INMOBILIARIOS DE MADRID REPRESENTADA POR el Procurador D. Miguel Torres Álvarez, IMPUGNA el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de fecha 27-3-03 que aprobó la Ordenanza Municipal de Captación de Energía Solar para Usos Térmicos.

En apoyo de su pretensión impugnatoria alegan la recurrente incompetencia del Municipio para regular genéricamente la utilización de un determinado tipo de energía . En concreto, entienden que el art. 2, 3, y 4 de dicha Ordenanza limitan y restringen la construcción rehabilitación y reforma de viviendas, hoteles, hospitales, colegios, oficinas etc. Careciendo de la necesaria cobertura legal al tratarse de una norma restrictiva de derechos, que no puede apoyarse en el art. 25 apartado f) de la Ley de Bases de Régimen Local que le atribuye competencias en materia de Medio Ambiente , ya que éstas vienen limitadas en el propio precepto por "los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas"; estableciendo la Ley de Ordenación de la Edificación 39/99 de 5 de noviembre EDL1999/63356 que "el Gobierno aprobará en el plazo de 2 años un Código Técnico de la Edificación que desarrolle los requisitos básicos que debe cumplir toda edificación". Por tanto, corresponde al Gobierno y no al Municipio el establecimiento de dichos requisitos básicos entre los que se encuentran las instalaciones de captación y utilización de energía solar .

Alegan asimismo que la Disposición Final Segunda del R.D. 1751/98 de 31 de julio de Instalaciones Técnicas en los Edificios autoriza a EDL1998/44841 "los ministros de Industria, Energía y Fomento a que dicten las disposiciones necesarias para la ejecución de lo dispuesto en el R.D." Tampoco la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación ni la Ley EDL1999/63355 54/97 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico contienen una autorización para que el Municipio regule la materia energética.

SEGUNDO.- La Corporación demandada alega que la Ordenanza impugnada tiene cobertura legal en los arts. 25 y 26 de la Ley de Bases de Régimen Local que les atribuye competencias en materia de protección del Medio Ambiente ; así como en los arts. 4, 6, y 7 de la Ley 9/01 de 17 de julio del Suelo de la CAM que atribuye al Municipio competencias para asegurar que el suelo y las construcciones se utilicen de acuerdo con la ordenación urbanística y en todo caso con el interés general y la función social de la propiedad EDL2001/24427 ; mandato que viene asimismo desarrollado en la Ley 30/98 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación EDL1998/44719 , y en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios aprobado por R.D. 1751/98 de 31 de julio EDL1998/44841 .

TERCERO.- Dispone el art. 9 de la C.E EDL1978/3879 ., que "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico".... "La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionatorias no favorables o restrictivas de derechos individuales, le seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicas". Dicha norma, asume los principios generales de derecho y garantiza su cumplimiento por parte de todos los poderes del Estado, como rasgo característico del Estado de Derecho.

Por lo que respecta a la jerarquía normativa, que es el principio general sobre el que hemos de centrar el análisis del presente recurso, conviene recordar que el ámbito natural o inherente al Reglamento y demás disposiciones inferiores a la Ley, es el de las cuestiones administrativas que corresponden el ámbito organizativo de la Administración, estando en los restantes cuestiones, subordinado a la Ley por tener un carácter secundario y complementario de ésta. Constituye el Reglamento un instrumento de ejecución de la Ley, que, por tanto, no puede sustituirla o suplirla. Cualquier extralimitación tanto material como formal en dicha función, constituye un "Reglamento ilegal", que será nulo de pleno derecho, pudiendo declararse su nulidad en cualquier momento a instancia de parte, o de oficio por la propia Administración o por los Tribunales, lo cual produce efectos en cadena ya que se comunica a las actas y normas subsiguientes de forma automática porque afecta al orden público. La vigencia de una Ley no puede quedar extinguida por ningún Reglamento ni norma inferior, contraria a la misma, pues ello implicaría negar eficacia a la Ley infringida por el Reglamento.

Uno de los medios técnicos de reacción activa, contra un Reglamento u Ordenanza ilegal, viene constituido por el recurso contencioso-administrativo, por lo que la Ley 29/98 de 13 de Julio EDL1998/44323 , establece la impugnación directa de disposiciones generales en su art. 26 , estando asimismo prevista la impugnación indirecta; lo cual no constituye sino la plasmación práctica del art. 106. 1 de la C.E EDL1978/3879 . que expresamente determina que "los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa", debiendo decidir todas las pretensiones que se deduzcan en relación con las disposiciones de categoría inferior a la Ley. Por ello, la sentencia que anula un Reglamento ilegal, tiene efectos "erge omnes", por lo que el art. 107 de la LJ.C.A EDL1956/42 ., establece como requisito de la misma, que sea publicada en el plazo de 10 días desde su dictado, en el diario oficial correspondiente. El recurso directo, que es el que nos ocupa, cumple una finalidad purgativa del Ordenamiento jurídico, pues mediante aquél se eliminan las normas que obstaculizan o impiden la aplicación de normas de valor superior, que son las Leyes formales infringidas por la Administración.

La sentencia dictada en el recurso directo, cumple una función de economía procesal, porque al declarar la nulidad de la norma impugnada, evita multitud de litigios con ocasión de su aplicación, ya que los Reglamentos afectan directamente a todos los ciudadanos como sujetos de Derecho. Sin embargo, la oportunidad del control judicial no está sólo justificada en las garantías de los ciudadanos frente al poder administrativo, sino también en garantía de la Constitución y de las Leyes Formales, que son las que padecen si no se anulan los Reglamentos y Ordenanzas que los infringen y se deja seguir su perturbador curso a preceptos no sujetos al sistema legal de fuentes, que pretenden gobernar a los ciudadanos en contradicción con sus derechos básicos y con el sistema entero del Ordenamiento Jurídico. Concluyendo pues, la articulación de las relaciones entre Ley y Reglamentos y demás normas de inferior rango, consiste en una colaboración entre una y otra norma siempre que se respete la primacía absoluta vertical y piramidal de la Ley como expresión de la voluntad general, sobre las normas administrativas que son la expresión de la voluntad subordinada de la Administración de acuerdo con lo dispuesto en el art. 103 de la C.E EDL1978/3879 ., y que no es exclusiva de las materias reservadas constitucionalmente a la Ley, ya que existiendo Leyes en el ámbito de la organización y funcionamiento de la Administración (materia característica del Reglamento), y en el ámbito competencial de los Municipios, mediante Ordenanzas municipales en desarrollo del art. 25 del Texto Refundido de la Ley de Bases de Régimen Local aprobado por Ley 7/85 de 5 de abril , pese a no constituir en ningún caso, materia reservada constitucionalmente a la Ley, no podrán ser contradichas por normas de rango inferior en virtud del principio de "jerarquía normativa" o "congelación del rango". Por tanto, en ningún caso, las normas procedentes de la autonomía legislativa local, pueden contradecir las Leyes existentes porque la actuación municipal está supeditada a toda la legislación de Régimen Local, que sólo puede ser derogada o modificada por normas con rango legal, pero nunca en virtud de una Ordenanza o de otra disposición general dictada en desarrollo del referido Texto Refundido.

CUARTO.- En el presente supuesto, la Sala entiende que concurren los presupuestos establecidos en el art. 62.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre EDL1992/17271 toda vez que las competencias genéricas de control de las edificaciones y usos del suelo que la Ley 9/01 de 17 de julio del Suelo de la CAM atribuye al Municipio no incluyen condiciones técnicas de uso de energía y sólo autorizan el control de la ubicación y adecuación de las construcciones a las normas de planeamiento entre las que no se encuentran las disposiciones energéticas EDL2001/24427 . Por otra parte, la Disposición Final Segunda del R.D. 1751/1998 de 31 de julio EDL1998/44841 que aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, autoriza expresamente y sin lugar a equívocos a los Ministros de Industria, Energía y Fomento a dictar las disposiciones necesarias para la ejecución del contenido de dicho Decreto, sin atribuir competencia alguna al Municipio en ésta materia. Finalmente, y por lo que se refiere al art. 25 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril EDL1985/8184 si bien en el apartado f) atribuye al Municipio competencias en materia de Medio Ambiente, hemos de matizar éste amplio concepto, que abarca desde el RAMNIYP hasta las previsiones sancionatorias en zonas declaradas de "atmósfera contaminada" de la Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico de 22 -12-72 ; así como las previsiones contenidas en la Ley 14/86 de 25 de abril EDL1986/10228 General de Sanidad que confiere al Municipio el control sanitario del medio ambiente, contaminación atmosférica, y saneamiento de aguas residuales, ninguna de las cuales atribuye al Municipio competencia normativa en materia de Energías Renovables. Concluyendo pues, si bien es loable la promoción de la energía térmica para el control de la contaminación ambiental por parte del Municipio, no compete a éste sino a normas de rango estatal y autonómico el establecimiento de restricciones para la instalación del resto de las energías, que al tener carácter limitativo de derechos ha de revestir el rango formal de Ley, o Decreto-Ley, sin que pueda ser objeto de imposición obligatoria en una Ordenanza Municipal controlable mediante la expendición de las correspondientes licencias de construcción, la forma de energía a utilizar en los edificios, porque no está legalmente previsto en la Ley 9/01 del Suelo de la CAM . De hecho, en el momento de dictarse la presente resolución, ya ha sido dictado el R.D. 314/06 de 17 de marzo EDL2006/20956 denominado CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION, que teniendo rango legal será el encargado de regular las condiciones técnicas edificatorias, debiendo los Municipios aplicarlo en cada solicitud de licencia que tramiten conforme a la ya citada Ley del Suelo EDL1976/979 , ya que sólo dicha competencia de control es la que legalmente tienen atribuidas. Por todo ello, procede la estimación del presente recurso.

QUINTO.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 139 de la LJCA EDL1956/42 no se hace pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales.

VISTOS.- Los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación.



FALLO

Que estimando el recurso interpuesto por ASOCIACION DE PROMOTORES INMOBILIARIOS DE MADRID contra el acto administrativo descrito en el fundamento de derecho primero de la presente resolución, debemos anularlo y lo anulamos por no ajustarse a derecho y sin pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales.

Así por ésta nuestra sentencia contra la que cabe recurso de Casación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 107 de la Ley 29/98 de 13 de julio EDL1998/44323 , procédase a publicar la presente resolución en el plazo de 10 días desde que sea firme.

Publicación.- Firmada y publicada la anterior sentencia que pone fin al presente recurso es entregada en el día de la fecha a esta Secretaría para su notificación, expídase certificación literal de la misma para su unión al rollo y copias para la notificación y únase el original al libro de sentencias.

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