Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín






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fecha de publicación17.06.2016
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013)

Discutido y aprobado en sesión de veintiocho (28) de agosto de dos mil trece (2013)

Ref.: 05001-22-03-000-2013-00540-01
Se decide la impugnación formulada frente al fallo proferido el 2 de julio de 2013, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro de la acción de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Fabiola Gómez Betancur contra el Tribunal de Arbitramento integrado por Álvaro Londoño Restrepo en su calidad el Árbitro Único, del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de esa misma ciudad, a cuyo trámite fue vinculada la sociedad Arquitectura, Ingeniería, Diseño y Construcción S.A.S.
ANTECEDENTES
1. La actora reclama la protección de las prerrogativas fundamentales al debido proceso y acceso a la jurisdicción, presuntamente vulneradas por la autoridad accionada.

En consecuencia, solicita que se deje sin efecto el auto que rechazó “por supuesta caducidad, la demanda impugnativa (…)” y se ordene al Árbitro “la realización del examen de admisibilidad a la demanda” (fl. 7, cdno. 1).
2. La peticionaria, sustenta la queja constitucional en síntesis así:
2.1. Es accionista de la sociedad Arquitectura, Ingeniería, Diseño y Construcción S.A.S. (AIDCO S.A.S.).
2.2. Promovió un proceso de impugnación de decisiones de Asamblea o Junta de Socios, ante un Tribunal de Arbitramento constituido en el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín (de conformidad con los estatutos sociales), con ocasión de las determinaciónes adoptadas en la asamblea extraordinaria de accionistas de AIDCO S.A.S. el 21 de noviembre de 2012, reunión a la que no asistió.
2.3. Las partes designaron como Árbitro Único a Álvaro Londoño Restrepo, quien el 19 de abril de 2013 en la audiencia de instalación del referido Tribunal, decidió rechazar la demanda impugnativa al considerar que entre la fecha de la reunión de la asamblea y la de presentación de la demanda transcurrió un día adicional al de los dos meses que impone la ley para impugnar el acuerdo aprobado, y en esa medida, operó la caducidad de la acción.
2.4. Frente a la anterior determinación interpuso recurso de reposición, sin embargo, el arbitro designado, “con igual o peor desatino” confirmó la decisión recurrida (fl. 3, cdno. 1).
2.5. El defecto se concreta en la interpretación del artículo 191 del Código de Comercio, pues se consideró que para la contabilización de los dos meses debe tenerse en cuenta el día de la reunión, es decir, como la asamblea se celebró el 21 de noviembre de 2012, el término vencía el 21 de enero de 2013. Empero, el legislador fue claro, los dos meses son siguientes a la reunión, porque de no ser así “los accionistas de las sociedades cuyas asambleas se celebran en las horas de la tarde no tendrían los dos meses completos para hacer uso de su derecho de impugnación” (fl. 5, cdno. 1).
2.6. Aún si en gracia de discusión se admitiera el entendimiento del arbitro, de todas maneras la solución no sería correcta, toda vez que debe preferirse la interpretación que favorezca el ejercicio del derecho de acción y la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial, de conformidad con el artículo 4 del Código de Procedimiento Civil.
3. En respuesta a la demanda de tutela, Álvaro Londoño Restrepo indicó, en compendio, que los referidos dos meses se cuentan desde el día de la reunión, “incluido éste” y hasta el día que de acuerdo con el calendario venza el término establecido; que el inciso segundo del artículo 191 del Código de Comercio fija el mismo plazo de caducidad para el evento en que la decisión deba ser inscrita en el registro mercantil, por lo que apreciando en contexto la integridad de la norma, no se advierte por qué tratándose de igual lapso, “en un caso, el de la fecha de la reunión, el término se deba empezar a contar desde el día siguiente de la misma, y en el otro caso, el de la fecha de la inscripción, sí se cuente a partir (o desde) que ésta se efectúe (…)” (fl. 105, cdno. 1).
En escrito allegado después de proferirse el fallo de primer grado, la sociedad Arquitectura, Ingeniería, Diseño y Construcción S.A.S. (AIDCO S.A.S.), señaló que la solicitud de resguardo no cumplía con los requisitos de procedibilidad; que a la actora le fue garantizado el derecho de defensa; y que de acogerse sus pretensiones se estaría conculcando la seguridad jurídica y la firmeza de las providencias judiciales, además de convertir la tutela en una instancia adicional del proceso arbitral.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
Negó el amparo al considerar que la decisión cuestionada no es caprichosa o antojadiza, pues “el árbitro actúa en el marco de su potestad decisoria cuando elige realizar una interpretación literal de la norma que debe aplicar para solucionar el caso, bajo el entendimiento de que el cómputo de los dos meses se realiza incluyendo la fecha en que se llevó a cabo la reunión”; y que a pesar de reconocer el mérito de la interpretación de la actora, “más principialístico y teleológico a través del cual se busca potenciar el derecho fundamental al acceso a la jurisdicción”, ello no es suficiente para descartar, ni desvirtuar la razonabilidad del entendimiento del árbitro, mediante el cual “se pone un acento en otro principio basilar del ordenamiento: la seguridad jurídica” (fls. 119 y 120, cdno. 1).

LA IMPUGNACIÓN
El apoderado de la accionante impugnó el fallo referido reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y aduciendo que la redacción del artículo 191 del Código de Comercio no debe suscitar discusiones sobre su sentido; que el juez tiene el deber constitucional de elegir la interpretación que más favorezca el ejercicio de los derechos fundamentales, de acuerdo con los principios de interpretación conforme y pro actione; y que se incurrió en vía de hecho por defecto sustancial, orgánico o procedimental, en particular en un error grave de interpretación.
CONSIDERACIONES
1. Al tenor del artículo 86 de la Constitución Política, la tutela es un mecanismo singular establecido para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o, en determinadas hipótesis, de los particulares.
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisión por completo desviada del camino previamente señalado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado “vía de hecho”, situación frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garantías esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las vías ordinarias de defensa, dado el carácter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.

2. Sobre el arbitramento, la Sala ha precisado que “desarrolla el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia o a la tutela judicial efectiva (artículo 229 de la Constitución Política), origina un auténtico proceso judicial, en cuyo trámite integrado por distintas etapas, compartimentos o segmentos, los árbitros ejercen la función pública de administrar justicia, y por consiguiente, profieren providencias judiciales, autos de trámite, interlocutorios y una sentencia conclusiva denominada laudo arbitral. En estrictez, el árbitro es un verdadero juez y sus decisiones ostentan, a no dudarlo, naturaleza jurisdiccional. Por tanto, en esta línea de pensamiento, la acción de amparo es pertinente frente a las decisiones arbitrales concurriendo todas las exigencias normativas, por idénticas causas, de la misma manera y en iguales términos de procedencia respecto de las proferidas por los jueces permanentes. Más exactamente, la tutela contra las decisiones de los árbitros, sólo procede en presencia de una ostensible ‘vía de hecho’, actuación arbitraria, caprichosa o antojadiza atentatoria de los derechos fundamentales” (Sentencia 12 de julio de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-00545-01).
3. En el presente caso, la actora acude a la tutela al considerar que se transgredieron las prerrogativas fundamentales invocadas, con ocasión de la decisión mediante la cual se rechazó la demanda arbitral, pues considera desatinada la interpretación brindada al artículo 191 del Código de Comercio.
4. De los elementos de convicción obrantes en las presentes diligencias, se extrae que:
(i) Fabiola Gómez Betancur, el 22 de enero de 2013, formuló demanda contra la sociedad Arquitectura, Ingeniería, Diseño y Construcción S.A.S. (AIDCO S.A.S.) ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín, deprecando la nulidad de la decisión adoptada en la asamblea extraordinaria de accionistas de 21 de noviembre de 2012, porque en su sentir la misma se emitió sin el número de votos estatutariamente requeridos.
(ii) El 19 de abril siguiente, se instaló el Tribunal de Arbitramento y se resolvió rechazar el libelo por caducidad de la acción al considerar que “entre la fecha de la reunión de la asamblea de accionistas (noviembre 21 de 2012) y la fecha de presentación de la demanda (enero 22 de 2013) transcurrió un (1) día más de los dos meses que impone la ley para impugnar el ‘acuerdo societario’ que en ella se aprobó, toda vez que el plazo perentorio e improrrogable para presentar la demanda venció el 21 de enero de 2013” (fl. 4, cdno. 1). Determinación que fue objeto de reposición.

(iii) El 9 de mayo de 2013, el referido Tribunal decidió no reponer la providencia recurrida, puntualizando, entre otras cosas que, los dos meses a los que alude la parte primera del inciso segundo del artículo 191 del Código de Comercio “se cuentan desde el día de la reunión, incluido éste y hasta el día que, de acuerdo con el calendario venza el plazo allí estatuido, también incluido obviamente. Porque la impugnación debe intentarse ‘dentro’ de ese lapso de tiempo. Los dos meses sí son siguientes, como lo asevera contundentemente el recurrente, pero teniendo en cuenta la fecha de la reunión. La norma no dispone que sean dos meses siguientes desde el día posterior al de la fecha de la reunión” (fl. 89, cdno. 1).
Agregó que “si la reunión tuvo lugar el 21 de noviembre de 2012, los dos meses consagrados para que ‘dentro’ de ellos fuera viable la acción de impugnación de la decisión de la Asamblea de accionistas (…), el último día de aquellos era el 21 de enero de 2013. Así se cumple con lo consignado acerca de que el primero y último día de un plazo de meses deberán tener un mismo número en los respectivos meses”; y que de acuerdo con el artículo 68 del Código Civil “‘desde tal día’ significa que el plazo de dos meses iniciaba al momento siguiente de la media noche del día 20 de noviembre, esto es, cuando empieza el día 21 (fecha de la reunión); y ‘hasta tal día’ no hace más que reiterarse que culmina hasta la media noche, a más tardar, del 21 de enero” (fls. 90 y 91, cdno. 1).
5. En ese contexto, se concluye la confirmación del fallo constitucional de primer grado, por cuanto la decisión proferida por Tribunal de Arbitramento accionado, no luce antojadiza ni irracional, sino por el contrario está fundamentada en motivaciones sensatas y respetables, circunstancia que impide su desconocimiento por la justicia constitucional porque de lo contrario se desatenderían los principios de autonomía, independencia y desconcentración judicial, reconocidos por los artículos 228 y 230 de la Carta Política.
Ciertamente, el arbitro único realizó una atendible interpretación de la situación fáctica y juridíca, en particular de las normas que tratan los términos en los Códigos Civil, Comercio, de Procedimiento Civil y de Régimen Político y Municipal, razonamiento bajo el cual concluyó que había operado la caducidad de la acción, lo cual se reitera no se muestra disonante o arbitrario, así desde el punto de vista estrictamente legal pudiere existir un entendimiento distinto.
Luego, como reiteradamente lo ha dicho la Sala “…independientemente de que se comparta o no la hermenéutica del juzgador ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinación judicial sea el resultado de una actuación subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jurídica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo análisis” (Sentencia de 5 de abril de 2010, exp. No. 68679-22-14-000-2010-00006-01).
6. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnación.

DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
Comuníquese mediante telegrama a los interesados y remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión.




MARGARITA CABELLO BLANCO

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ

JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ

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