Competencia: El Tribunal Superior de Justicia resulta competente en razón de lo dispuesto por el art. 241 inc a) de la Constitución Provincial y art.






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títuloCompetencia: El Tribunal Superior de Justicia resulta competente en razón de lo dispuesto por el art. 241 inc a) de la Constitución Provincial y art.
fecha de publicación16.06.2016
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ACTORES: Walter Richard Trincheri y Miguel Angel Valero, por derecho propio.
DEMANDADO: PROVINCIA DEL NEUQUEN.
MATERIA: MEDIDA CAUTELAR.
MONTO: INSUSCEPTIBLE DE APRECIACIÓN PECUNIARIA.
COPIAS: DE DOCUMENTAL Y DEMANDA.
MEDIDAS URGENTES: SI.
 
 
EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA:
 
Richard Walter Trincheri, argentino, mayor de edad, titular del D.N.I. nro. 17.966.916, abogado, con domicilio real en calle Río Pilcomayo 888 de Neuquén y Miguel Angel Valero, argentino, mayor de edad, titular del D.N.I: nro. 11.614.275, abogado, con domicilio real en Colonia Alemana nro. 1.355 de esta ciudad, por derecho propio y con su propio patrocinio, constituyendo a estos efectos domicilio en calle Avenida Argentina de esta ciudad, ante V.E. nos presentamos y como mejor proceda decimos:
 
I. OBJETO:
Que venimos por medio de la presente, y conforme lo autoriza el art. 6 de la Ley nro. 2130, a solicitar -de manera previa a la deducción de la acción de inconstitucionalidad que oportunamente presentaremos- que el Tribunal Superior de Justicia ordene la medida cautelar consistente en la suspensión de la vigencia del art. 28 de la Ley nro. 2.533 y del “Reglamento de Evaluaciones de Idoneidad y Desempeño de Magistrados y Funcionarios Judiciales” dictado por el Consejo de la Magistratura.
Ello por cuanto, conforme lo demostraremos a continuación, en forma prístina transgrede expresas normas constitucionales, arts. 18, 63, 229, 240 inc. a) de la Carta Magna Provincial; arts. 110, 115 y 120 de la Constitución Nacional; art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8.1, 28.1 y 28.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
 
PROCEDENCIA FORMAL DE LA ACCION
 
COMPETENCIA:
El Tribunal Superior de Justicia resulta competente en razón de lo dispuesto por el art. 241 inc. a) de la Constitución Provincial y art. 1º de la Ley nro. 2130, toda vez que se impugna un acto estatal de alcance general (cfr. R.I. nros. 293/3; 344/95, entre otras). En efecto el art. 2 del plexo normativo mencionado señala que se podrá demandar la declaración de inconstitucionalidad de ley, decreto, ordenanza o reglamento de alcance general dictados por los Poderes públicos del Estado Provincial. 
Así el Alto Cuerpo en autos “Borovick, Sergio Fabián y Otros c/Municipalidad de Neuquen S/Acción de inconstitucionalidad”, con cita del precedente “Abelli” ha fijado el concepto de “norma de alcance general”, subrayando que: “...una disposición normativa no revista tal carácter, cuando el órgano estatal competente emite un acto, teniendo en mira al resolver una situación particular, una circunstancia concreta, generalmente de coyuntura, pues en tal caso, tal acto tiene naturaleza particular. En cambio, cuando se contempla una situación abstracta, impersonal, indeterminada, estamos en presencia de una norma de alcance general, aún cuando se aplique solamente a una persona o a varias y no a todas. En conclusión, ‘la vocación’ de generalidad de la norma, se encuentra tipificada en sus notas esenciales caracterizantes: abstracción e impersonalidad.”(cfr. R.I. nro. 5.826/07). En base a tales consideraciones, entendemos cumplimentado tal recaudo.
 
LEGITIMACIÓN
La legitimación activa que invocamos deviene de nuestro carácter de simples ciudadanos, según el criterio sustentado por el Tribunal Superior de Justicia a partir del caso “Aromando” que expuso, sobre las bases de la legitimación amplia, que la acción interpuesta: “es de derecho público, en la cual un particular (o varios), inviste el carácter de interesado, en ejercicio de una acción con la que persigue la satisfacción de un interés personal aunque no exclusivo, es decir que lo ejerce como ciudadano que participa como tal en la suerte conjunta de la comunidad que integra.” Dicha línea jurisprudencial ha sido invariablemente reiterada por las distintas integraciones del Tribunal Superior de Justicia (cfr. antecedentes “Crocco”, “Gutierrez” “A.T.E.N.” entre muchos otros).
 
PLAZO

La presente demanda no se encuentra sometida a plazo de caducidad, de conformidad a lo normado por el art. 4º de la Ley nro. 2.130, debido a que los derechos  resultan de carácter institucional.
 
LEGITIMACIÓN PASIVA
En atención a lo dispuesto por el art. 5.4 de la ley de rito aplicable, deberá notificarse al titular del Poder Ejecutivo y al Fiscal de Estado –que es parte necesaria-. Ello no obstante, que el “Reglamento” cuestionado, lo dictó el Consejo de la Magistratura, dicho órgano extrapoder no posee capacidad jurídica para estar en juicio, conforme lo estableciera el Alto Cuerpo en el precedente “Demiz, Graciela Isabel c/Consejo de la Magistratura s/A.P.A.” expte. nro. 2.559/08.
 
HECHOS:
En primer lugar creemos necesario efectuar una descripción de la normativa involucrada. En pos de tal tarea señalamos que durante el año 2004 la Legislatura de la Provincia del Neuquen dictó la Ley nro. 2.471 (sancionada el 7/10/2004; promulgada el 8/10/2004 y publicada el 15/10/2004) en virtud de la cual se declaró la necesidad de la reforma parcial de la Constitución Provincial y convocó a una Convención Constituyente.
El art. 4, apartado IV de dicha norma, habilitó a la Convención Constituyente a debatir y tratar, entre otros temas, la “profundización de la independencia del poder judicial y optimización de su funcionamiento”. Por su parte en el apartado VI del mismo dispositivo señalado, en el ítem 40, referido a los órganos de control, encomendó “La elaboración de un nuevo sistema mediante el cual los jueces y funcionarios judiciales se seleccionen a través de un organismo de composición pluralista, con un mecanismo transparente y participación ciudadana y de demás sectores interesados, sin descartar ni la elección en forma directa para integrar dicho cuerpo ni la obligación de reválidas periódicas.”
A través de esta reforma se decidió incorporar a la Constitución de la Provincia del Neuquen, el instituto del Consejo de la Magistratura, regulado en los arts. 249 a 251, previendo en el inc. 3) de este último entre las funciones de dicho órgano que: “Periódicamente, evaluar la idoneidad y el desempeño de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, conforme lo establezca la ley. En caso de resultar insatisfactorio, con el voto de cinco (5) de sus miembros, elevar sus conclusiones al Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal de Enjuiciamiento a sus efectos.”
Por su parte, la Ley nro. 2.533 (sancionada el 9/11/2006, promulgada el 20/11/2006 y publicada el 24/11/2006) reglamentó el funcionamiento y la integración del Consejo de la Magistratura, en el art. 28 dispuso que “El Consejo de la Magistratura efectuará, cada cuatro (4) años como mínimo, una evaluación de desempeño e idoneidad de magistrados y funcionarios, agrupándolos por fuero y categorías de cargos. A los efectos de la evaluación de desempeño, el Consejo de la Magistratura podrá tomar en consideración, entre otros antecedentes, los informes que produzca el Tribunal Superior de Justicia. A los efectos de la evaluación de idoneidad, el Consejo de la Magistratura podrá calificar a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial a través de un trabajo de investigación, la publicación de un tema de interés público, u otro requerimiento académico, todos ellos que tengan directa relación con el cargo que desempeña. En todos los casos el Consejo remitirá sus conclusiones al Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal de Enjuiciamiento a sus efectos.”
Posteriormente se sanciona el “Reglamento de Evaluación de Idoneidad y Desempeño de Magistrados y Funcionarios Judiciales” elaborado por el Consejo de la Magistratura.
 
MEDIDA CAUTELAR:
Solicitamos que el Tribunal Superior de Justicia ordene la suspensión de la vigencia del art. 28 de la Ley nro. 2.533 y del “Reglamento de Evaluaciones de Idoneidad y Desempeño de Magistrados y Funcionarios Judiciales”, conforme lo faculta el art. 6 de la Ley nro. 2.130, por resultar manifiestamente inconstitucionales, en consecuencia encontramos reunidos los tres recaudos necesarios para la procedencia de la medida cautelar, a saber:
 
A  VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO:
A.1 AFECTACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL
Tal como precedentemente lo manifestáramos el art. 28 de la Ley nro. 2.53 al prever que: “El Consejo de la Magistratura, efectuará cada cuatro (4) años como mínimo una evaluación de desempeño e idoneidad de magistrados y funcionarios, agrupándolos por fuero y categorías de cargo..A los efectos de la evaluación de desempeño el Consejo de la Magistratura podrá tomar en consideración, entre otros antecedentes, los informes que produzca el Tribunal Superior de Justicia... A los efectos de la evaluación de idoneidad, el Consejo de la Magistratura, podrá calificar a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial a través de un trabajo de investigación, la publicación de un tema de interés público, u otro requerimiento académico, todos ellos que tengan directa relación con el cargo que desempeña... En todos los casos el Consejo remitirá sus conclusiones al Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal de Enjuiciamiento a sus efectos.”; lesiona el principio constitucional de independencia del Poder Judicial, consagrado en el art. 229 de la Carta Magna Provincial.
Al respecto cabe puntualizar que la independencia del Poder Judicial es uno de los atributos que de manera más significativa califican a una República democrática y, por ende, a un Estado de Derecho que se precie de tal. Ello, más aún, cuando se comprueba que es precisamente en la Justicia en quien reposa un ejercicio reforzado de control y fiscalización de las leyes y demás actos de gobierno de los poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo). La Corte Suprema de Justicia así lo ha entendido, en una jurisprudencia pacífica y añosa que expresa: “el principio de independencia... es uno de los pilares básicos de nuestra organización institucional, cuyo fin último es lograr una administración imparcial de justicia: fin que no se realizaría si los jueces carecieran de plena libertad de deliberación y decisión en los casos en que se someten a su conocimiento.”(Fallos, t. 274, p. 414).
Esta preocupación deber ser compartida por la sociedad toda y por supuesto, por el gobierno. Los magistrados lo han entendido así y han alzado su voz, tanto para establecer criterios en relación con su posición institucional, como así también para alertar en toda ocasión en que se han suscitado perjuicios institucionales o actitudes de funcionarios públicos amenazantes para la salud de tan trascendente elemento del Estado de Derecho.
Así ha ocurrido en la Conferencia Nacional de Jueces, “Jueces y Sociedad”, realizada en Santa Fe, y convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura, elaborando un documento que concluye, entre otros aspectos que. “Quienes han sido encomendados por el pueblo para ocuparse de la gestión de los otros poderes del Estado, deben realizar una lectura madura de la Constitución que los obliga a proteger las instituciones, con el beneficio consiguiente para la totalidad de los ciudadanos que habitan este país.” Así también se afirmó que: “Los jueces deben tener la seguridad de que estarán en sus cargos mientras dure su buena conducta a fin de ser independientes de quien los designó. No se respeta esta garantía cuando se establece un plazo determinado, pretendiendo introducir una dependencia respecto de quien debe renovar el mandato. También se afecta la garantía si se valora desigualmente la tarea de los jueces o si no se les reconoce un mínimo indispensable para su desempeño independiente.”
El repaso de estos documentos y en particular los que se refieren a la estabilidad de los jueces y a su independencia de los poderes políticos, parecen verdaderamente un llamado de atención respecto a la grave situación que está atravesando el Poder Judicial Neuquino.
La novedosa introducción de una facultad directa de contralor sobre la actividad de la magistratura por parte del constituyente del 2006 no debe ser interpretada aisladamente, sino que debe enmarcarse en el bloque de constitucionalidad que delimita obligadamente las posibilidades reformadoras del poder constituyente delegado.
A diferencia de lo que sucede con el poder constituyente originario, para el cual no existen límites, dado que va a delinear la estructura y principios de un régimen de organización social determinado, para el constituyente delegado existen límites que no puede traspasar, so pena de incurrir en abuso de poder que acarreará –indefectiblemente- la nulidad de su actuar. Y esos límites están dados por los principios fundantes del régimen de gobierno y organización social dados, por las normas de la misma Constitución, y en el caso concreto del constituyente neuquino por las normas de la Carta Magna nacional y por los tratados internacionales con jerarquía constitucional, toda vez que el art. 5º de la Constitución Federal resulta más que claro respecto a los límites infranqueables del poder constituyente provincial.
Tal valladar ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán (causa “Gutiérrez, José y otros c/ HCCT”, sentencia del 6/4/1990) al señalar que la convención reformadora “encuentra límites aún más precisos: la Constitución Nacional, artículos 31 y 5, y la Constitución de la Provincia que al prever el modo y la forma de lograr el objetivo reformador, opera de límite formal...de modo que se percibe claramente que la Convención Constituyente derivada de la Provincia se encuentra inmersa en un orden jurídico preexistente al cual sus actos se hallan necesariamente sujetos y consecuentemente sometidos al control de constitucionalidad”.
Es por ello que afirmamos que la manda del art. 251 inc. 3 (de la Constitución de nuestra Provincia) no puede ser interpretada de cualquier manera, no debe olvidarse y, sobre todo, que debe respetar, el bloque de constitucionalidad ni contradecir la Constitución de la Provincia, la Carta Magna Nacional y los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, ya que si éstos obligan y enmarcan al constituyente, con mayor razón rigen para el legislador, el poder administrador y el juez.
La interpretación efectuada por el legislador y el poder administrador de la manda constitucional referida, a través de la Ley nro. 2533 y del “Reglamento de Evaluaciones de Idoneidad y Desempeño de Magistrados y Funcionarios Judiciales” respectivamente, excede los límites impuestos por el bloque de constitucionalidad antes referido, vulnerando seriamente el sistema de gobierno adoptado por la Constitución de la Provincia y garantías concretamente establecidas en dicho cuerpo legal, en especial art. 1 que organiza el gobierno local bajo el sistema republicano representativo, en tanto que el art. 229 del mismo, plasmando expresamente uno de los principios básicos del régimen republicano, determina la inamovilidad de magistrados y funcionarios judiciales mientras dure su buena conducta, garantía que se engarza con la instrumentación del Jurado de Enjuiciamiento (art. 267) y del juicio político (art. 266).
Señala Luigi Ferrajoli (“El juez en una sociedad democrática”, conferencia dictada en Costa Rica, www.poder-judicial.gov.cr/dialogos) que el fundamento de la división de poderes y de la independencia del Poder Judicial de los poderes políticos resulta del papel del juez como garante de los derechos fundamentales de todos y a la vez de la legalidad de los poderes públicos, y agrega que la figura y la colocación del juez en un estado democrático de derecho están  caracterizadas por su cualidad de externas al sistema político y de extrañas a los intereses particulares de los sujetos de la causa, “el juez se configura, respecto a los otros poderes del Estado, como un contrapoder, en el doble sentido de que tiene atribuido el control de legalidad sobre los actos inválidos y sobre los actos ilícitos de los órganos del Estado frente a las lesiones que de ellos se deriven para los derechos de los ciudadanos”.
A efectos que los magistrados desempeñen tan importante misión, es que se garantiza la independencia del Poder Judicial. La que presenta una doble vertiente: interna y externa. Esta última resulta la más gravemente afectada por las normas cuestionadas.
Sabido es que la independencia externa de magistrados y funcionarios requiere que éstos se encuentren exentos de vaivenes políticos, sin amenazas de ninguna índole respecto de su continuidad en el supuesto de tener que decidir en contra de la opinión y/o de los intereses de las circunstanciales mayorías políticas, e incluso de la opinión pública mayoritaria. Es por ello que la misma Constitución Provincial garantiza a los jueces y funcionarios judiciales la inamovilidad en el cargo, y el modo en que se determinarán la existencia de las causales previstas normativamente.
Es por ello que enfatizamos que establecer una periodicidad en la evaluación de idoneidad y desempeño de cuatro años como mínimo, agravada por el procedimiento inquisitivo plasmado en el reglamento, conculca la garantía de inamovilidad y afecta directamente a la independencia externa de la judicatura.
 
A.2 AFECTACIÓN DEL PRINCIPIO DE INAMOVILIDAD DE LOS JUECES
Otro aspecto a remarcar es que nuestra Carta Magna Provincial, como uno de los modos de asegurar la independencia del Poder Judicial, establece la garantía de la inamovilidad de magistrados y funcionarios, mientras dure su buena conducta  (art. 229 C.P.).
Las normas cuestionadas, esto es art. 28 de la Ley nro. 2.533 y el “Reglamento” induce a que los jueces estén permanentemente sujetos a presiones y, a nuestro entender, la evaluación se transforma de hecho en un mecanismo que destruye la inamovilidad de los magistrados mientras dure su buena conducta.
Con palabras del destacado constitucionalista de Daniel Sabsay: “En adelante pesa sobre ellos esta suerte de “espada de Damocles” que de manera continua hace que sobre el proceder de los jueces se interponga la posible interferencia de quienes deben “evaluarlos”. Ello independientemente de toda consideración en torno a la idoneidad – y no por casualidad usamos la misma expresión que la Constitución, la ley y el Reglamento, utilizan sobre la prueba que deben superar periódicamente los magistrados y funcionarios – de quienes tendrán sobre sus espaldas la difícil misión de llevar a cabo la evaluación. Al no exigirse requisitos de formación, de trayectoria en lo académico, en lo profesional, en la carrera de la magistratura, entre otras calificaciones necesarias para tal delicada función, de parte de quienes están investidos de la misma, no queda duda de que más que de idoneidad en realidad estamos frente a un tipo de “salvoconducto” del poder político –la Legislatura básicamente- para interferir en la labor de los jueces y doblegar si ello fuera necesario su voluntad o, caso contrario, proceder a “manchar” sus carreras y hasta llegar a la remoción.” (cfr. trabajo del autor mencionado, elaborado a pedido de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Neuquen).
De lo precedentemente expuesto surge con claridad meridiana que el órgano extrapoder creado por los constituyentes del 2006, con palabras del tratadista mencionado:  “ejercerá de manera continuada, una suerte de control de calidad de los jueces, al someterlos permanentemente a exámenes de idoneidad convirtiendo al Poder Judicial de Neuquen en la víctima más evidente de este asimétrico funcionamiento de los tres poderes del estado que transforma a los jueces en verdaderos rehenes de sus designios, marionetas del poder político, en detrimento de la representación de la justicia, de los abogados y de los académicos. Es así como se han arrasado los “frenos y contrapesos” de que habla Hamilton en “El Federalista” como necesario antídoto a los posibles desbordes de alguno de los poderes frente a los otros o a uno de ellos. En realidad, se ha concretado, el efecto exactamente contrario, esto es así, al haberse dotado a la Legislatura de un arma letal para la independencia del Poder Judicial.” (cfr. aut. cit. y ob. cit.).
Y agrega que “...el art. 28  (...), establece que cada cuatro años “como mínimo”, el Consejo efectuará un examen de la idoneidad; con lo que, si acudimos a la consideración de la expresión “como mínimo” del Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia de España, dice que dichos términos significa: “loc. adv. coloq. Por lo menos.”; en consecuencia, el Consejo tiene la obligación de llevar a cabo el examen, por lo menos una vez cada cuatro años, pero nada impide realizarlos cuantas veces lo considere pertinente o cuantas veces desee valerse de él de modo de conseguir que se concreten sus eventuales designios en relación con el futuro de determinados jueces...”
Siguiendo con el examen, cabe consignar que el art. 2º del Reglamento al prever el seguimiento agrava tal situación.
 
A.3  VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO. 
Del análisis provisorio del “Reglamento” se advierte que contiene varias disposiciones que resultan claramente violatorias del principio constitucional del debido proceso. Ello por cuanto carece de término y a través del seguimiento establecido en el art. 25 coloca al magistrado o funcionario en un estado de evaluación permanente.
Asimismo el proceso evaluatorio se extenderá aproximadamente 155 días hábiles judiciales, de acuerdo con los plazos previstos en los arts. 11, 17, 20 y 21, es decir que durante casi siete meses y medio –más de un semestre-, el magistrado o funcionario evaluado se encontrarán sometidos a una investigación, cuyo resultado puede llevarlo a comparecer ante el jurado de enjuiciamiento o al sumario administrativo, según el caso. Más de medio año de la vida laboral del juez se desarrollará bajo la presión de la evaluación, circunstancia que indudablemente afectará su desempeño, más aún si se considera que en ese lapso el evaluado debe brindar los informes que se le requieran, tomar vista de las actuaciones, efectuar su descargo, entrevistarse con el pleno del Consejo de la Magistratura y eventualmente impugnar el resultado de la evaluación.
La flagrante irrazonabilidd de la duración fijada para el procedimiento de evaluación no cabe duda que afectará el servicio de justicia.
Estos elongados plazos de evaluación contrasta con los breves términos otorgados al evaluado para tomar vista de las actuaciones y formular observaciones (5 días, art. 17 ) e impugnar el informe final (5 días, art. 22).
Tal disparidad en el tratamiento importa también una violación de la garantía del debido proceso consagrada en el art. 63 de la Constitución de la Provincia, la que incluye, conforme reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el derecho de defensa en juicio.
Por otra parte se advierte una vulneración a la garantía del debido proceso por la introducción de información (en realidad prueba, puesto que se trata de un verdadero enjuiciamiento) sin posibilidad de control por parte del evaluado. Tanto la opinión de los ciudadanos (art. 9 del reglamento), como la información que se recabe de acuerdo con el art. 10 son incorporadas al trámite y evaluadas por los Consejeros sin participación del interesado, el que solamente, en un exiguo plazo de 5 días puede formular objeciones, pero no impugnar concretamente; posibilidad que se reserva solamente para el informe final y únicamente mediante la revocatoria.
 
A.4- AVASALLAMIENTO DE FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO.
Es posible afirmar que a instrumentación que del proceso evaluatorio hace el “Reglamento” que aquí se impugna avasalla e invade las facultades que la Constitución de la Provincia otorga al Jurado de Enjuiciamiento y al Tribunal Superior de Justicia, toda vez que no consiste en una evaluación objetiva del desempeño del magistrado y funcionario sino que importa la apertura de un verdadero juicio, donde se produce prueba (veáse las amplias posibilidades que a tal fin otorgan los arts. 9 y 10 y el Anexo I), con posibilidad limitada del evaluado para ser escuchado (en realidad, enjuiciado) y se juzga sobre su desempeño e idoneidad.
Al importar en realidad un enjuiciamiento del evaluado, el procedimiento instrumentado por el Reglamento de Evaluaciones de Idoneidad y Desempeño de Magistrados y Funcionarios Judiciales atribuye al Consejo de la Magistratura facultades propias del Jurado de Enjuiciamiento (art. 267 de la Constitución Provincial) y del Tribunal Superior de Justicia (art. 240 inc. a) de la Constitución de la Provincia), por lo que pedimos se decrete su inconstitucionalidad.
 
A.5- EXCESO EN LAS FACULTADES REGLAMENTARIAS
También cabe destacar que el Consejo de la Magistratura se ha excedido en sus facultades reglamentarias.
Ello así toda vez que extiende la aplicación del procedimiento evaluatorio a funcionarios que se hayan excluídos del proceso de selección que efectúa dicho órgano extrapoder.
En efecto, de acuerdo con el art. 251 de la Constitución de la Provincia, el Consejo de la Magistratura selecciona a magistrados y funcionarios de los Ministerios Públicos, pero, el art. 3 del “Reglamento” abarca como sujetos comprendidos en la evaluación a todos los funcionarios del Poder Judicial, incluidos los que se desempeñan en el Registro Público de Comercio, Registro Único de Adoptantes, Registro de la Propiedad Inmueble, Archivo General y Registro de Juicios Universales, y Oficina de Mandamientos y Notificaciones.
A modo de ejemplo, que reafirma el convencimiento de que el Reglamento “avasalla” las atribuciones que nuestra Constitución Provincial ha otorgado al Cimero Tribunal de la Provincia,  se verifica en el supuesto de resultar evaluado, el Administrador General.
Dicho funcionario se halla facultado para gestionar la percepción de los recursos presupuestarios y aplicarlos a las necesidades de los organismos que integran el Poder Judicial. Nos preguntamos ¿si el Administrador General del Poder Judicial se encuentra sometido a la evaluación no resulta ello una burda intromisión a las facultades del Alto Cuerpo Provincial en temas tan delicados como son el presupuesto de uno de los poderes del Estado?. Indudablemente, ello resulta totalmente inconstitucional.
Igual objeción merece la inclusión de la Secretaria de Demandas Originarias del Tribunal Superior, prevista en el art. 26 del Reglamento.
 
B -PELIGRO EN LA DEMORA:
Tal extremo que amerita el dictado urgente de la medida que solicitamos, queda demostrado con las Actas nros. 3 y 8 de fechas 09/02/2010 y 02/03/2010 respectivamente, del Consejo de la Magistratura que se acompañan, se han iniciado los trámites  tendientes a concretar la mentada evaluación de magistrados y funcionarios, toda vez que en el punto IV del Acta nro. 3 se ha instruido “a la Secretaria del cuerpo a fin de que requiera al Tribunal Superior de Justicia la nómina de funcionarios y magistrados en condiciones de ser evaluados, de conformidad al art. 3º del Reglamento, y en base a ello, elaborar un proyecto de plan de evaluaciones ... el que será incluido en el orden del día de la primer sesión del mes de marzo del corriente año”.
En tanto en la sesión del día 2/3/10 se abordó el tema y se resolvió pasar a un cuarto intermedio.
De tales actos, surge evidente la inminencia de la iniciación del proceso evaluatorio que aquí objetamos; por lo que solicitamos que con la mayor rapidez se resuelva favorablemente la medida peticionada.
 
C-CONTRACAUTELA
En atención a la naturaleza de la medida cautelar peticionada y ante la ausencia de riesgo estimamos que procede la eximición de la contracautela; o en su defecto, se exija caución juratoria de los suscriptos.
 
PETITORIO:
Por todo lo expuesto al Tribunal Superior de Justicia solicitamos:
-Nos tenga por presentado, parte y constituido domicilio procesal a estos efectos;
-Luego del pertinente traslado, se admita favorablemente la medida cautelar peticionada, suspendiendo la vigencia del art. 28 de la Ley nro. 2.533 y el “Reglamento de Evaluación de Idoneidad y Desempeño de Magistrados y Funcionarios Judiciales”
 
 
PROVEA V.E. DE CONFORMIDAD
SERA JUSTICIA.

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