En el juicio de constitucionalidad dicha integración procede cuando la proposición jurídica acusada, si bien tiene un contenido propio, se encuentra tan






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derechos colectivos; ponentes: Guillermo Perry, Iván Marulanda, Jaime Benítez, Angelino Garzón, Tulio Cuevas y Guillermo Guerrero. Gaceta Constitucional N° 46, p.22; y Presentación de la ponencia por el delegatario ponente Guillermo Perry. Antecedentes del artículo 78, Biblioteca de la Corte Constitucional, mimeo, p.2.

59 Considerandos de la Directiva 85/374/CEE.

60 Fragmento declarado inexequible en el fallo del que me aparto mediante el presente salvamento de voto.

61 En la sesión del 18 de abril de 1991 de la Comisión 5°, el delegatario Jesús Pérez González-Rubio: “(…) los consumidores pueden estar en una situación individual y la ley podría reglamentar sus derechos como titulares individuales pero la realidad es que un consumidor, en una situación determinada, puede no tener ningún interés en ejercer ese derecho, por la insignificancia económica que ese derecho tiene desde el punto de vista individual. Entonces, lo que se busca es que se indemnice, no el daño individual, que repito, no tiene una significancia económica o muy poca; sino el daño colectivo, que allí es donde ese daño adquiere importancia, porque hay simultáneamente un enriquecimiento indebido de manera colectiva; es decir, el enriquecimiento es privado eventualmente para una empresa, el daño es individual y colectivo; indivi­dual no tiene importancia reclamar por él; pero colectivamente si vale muchísimo. Voy a poner un ejemplo, (…) unos consumidores están comprando un paquete de leche, un cartón, y que ese cartón dice que le están vendiendo (…) 600 gramos o lo que se quiera, y a la hora de la verdad es posible mostrar, probar, por la autoridad competente que todos esos cartones tienen son 500 gramos del producto x; ninguno de los que estamos aquí tenemos interés alguno en reclamar individualmente por los 100 gramos que nos han faltado siempre y que hemos pagado, porque eso no tiene sentido; pero si yo individualmente soy titular del derecho de reclamar por el daño colectivo y logro probar que esta conducta se está dando, desde hace tanto tiempo y que la producción diaria o mensual o anual es de tanto, lo que implica que ha habido un daño colectivo cuantificable; es posible conseguir que el juez condene en función no sólo de mi derecho particular, sino del daño que se le ha hecho a la comunidad (…)” Antecedentes del artículo 78, Biblioteca de la Corte Constitucional, mimeo, p.65.

62 Corte Constitucional, sentencia C-1141/00; M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

63 Desde una perspectiva económica puede argumentarse que los mercados por sí mismos no corrigen las asimetrías de información entre los agentes económicos, las cuales les impiden tomar una decisión suficiente­mente informada respecto a cuáles son los bienes y servicios ofrecidos en el mercado que más les convienen, tanto por precio como por calidad. La protección constitucional de los derechos de los consumidores supone, entonces, la obligación del Estado de crear las regulaciones apropiadas para corregir dichas asimetrías de información. Al respecto, entre otros, ver: Samuelson, P. y Nordhaus, W. Economía. Mc Graw Hill. España, 2002.

64 En el caso Sindell vs. Abbot Laboratories la Corte de Apelación del Estado de California condenó a los laboratorios Abbot para que indemnizaran a Judith Sindell por tener tumores cancerosos en su aparato reproductivo y en sus senos, debido a que estuvo expuesta a una droga mientras estaba en el vientre de su madre. La dificultad del caso estribaba en que varios laboratorios producían pastillas similares y la demandante no sabía a ciencia cierta cuál había injerido su madre. La Corte decidió que una vez el demandante demuestre que el demandado controlaba un porcentaje sustancial del mercado, se invierte la carga de la prueba y es ahora el demandado quien debe demostrar que no pudo haber fabricado el producto que lesionó al demandante, si no logra probarlo debe responder proporcionalmente al porcentaje del mercado que tenía.

65 Ley 472 de 1998, artículo 12.- Titulares de las acciones. Podrán ejercitar las acciones populares: 1. Toda persona natural o jurídica. 2. Las organizaciones No Gubernamentales, las Organizaciones Populares, Cívicas o de índole similar. 3. Las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia, siempre que la amenaza o vulneración a los derechos e intereses colectivos no se haya originado en su acción u omisión. 4. El Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los Personeros Distritales y municipales, en lo relacionado con su competencia. 5. Los alcaldes y demás servidores públicos que por razón de sus funciones deban promover la protección y defensa de estos derechos e intereses.

66 En Argentina, el 16 de marzo de 2000 la Cámara Federal Civil y Comercial reconoció la legitimación de la Defensoría del Pueblo para presentar acciones judiciales en defensa de los derechos individuales y colectivos de los consumidores y los usuarios, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Cámara declaró responsable a Edesur S.A. (empresa de energía) por los daños causados a los usuarios del servicio por un corte en el suministro de energía, e indicó que los damnificados podrían recurrir ante los tribunales correspondientes por la vía que estimen pertinente, y que en cada caso se fijaran los daños causados a los usuarios de acuerdo con las particularidades que cada uno pudiera presentar. Esta decisión encuentra como referente normativo en Argentina la Ley de protección del consumidor (Leyes 24.240 y 24.999).

67 Al respecto ver: Antecedentes del artículo 78, Biblioteca de la Corte Constitucional, mimeo, p.19; Ponencia sobre los derechos colectivos; ponentes: Guillermo Perry, Iván Marulanda, Jaime Benítez, Angelino Garzón, Tulio Cuevas y Guillermo Guerrero. Gaceta Constitucional N° 46, p.22; y Presentación de la ponencia por el delegatario ponente Guillermo Perry. Antecedentes del artículo 78, Biblioteca de la Corte Constitucional, mimeo, p.2.

68 Directiva del Consejo de la Comunidades Europeas que regula el tema (65/374/CEE); primer considerando: “Considerando que es preciso aproximar las legislaciones de los Estados miembros en responsabilidad del productor por los daños causados por el estado defectuoso de sus productos dado que las actuales divergencias entre las mismas pueden falsear la competencia, afectar a la libre circulación de mercancías dentro del mercado común y favorecer la existencia de distintos grados de protección del consumidor frente a los daños causados a su salud o a sus bienes por un producto defectuoso.”

69 Antecedentes del artículo 78, Biblioteca de la Corte Constitucional, mimeo, p.19.

70 El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha establecido recientemente en su jurisprudencia (Asuntos C-52/00, C-154/00 y C-183/00 Comisión/República Francesa – Comi­sión/República Helénica y V. González Sánchez/Medicina Asturiana, S.A.) que la responsabilidad del productor por los daños causados por productos defectuosos debe ser idéntica en todos los Estados miembros. El Tribunal ha respondido afirmativamente a un órgano jurisdiccional español (C-183/00) que la Directiva 85/374/CEE, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (DO L 210, p. 29; EE 13/19, p. 8), debe interpretarse en el sentido de que los derechos que confiere la legislación de un Estado miembro a los perjudicados por los daños causados por productos defectuosos, podrían verse limitados o restringidos tras la adaptación del ordenamiento jurídico interno de dicho Estado a la Directiva, por lo que considera que la Directiva no deja a los Estados miembros la posibilidad de mantener un régimen general de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos distinto del que ella prevé. Sin embargo, señala que el perju­dicado conserva su legitimación activa conforme a los regímenes clásicos de responsabilidad.

71 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Sala Quinta, (Asunto C-183/00) Sentencia de 25 de abril de 2002.

72 Dentro del resumen que elaboró la Corte Constitucional de las intervenciones de los órganos estatales en la sentencia C-1141/00 se indica que éstas concluyen: “(…) que sólo una interpretación parcial, no sistemática y completa de las normas, puede explicar la tesis de los demandantes que se edifica sobre un ostensible error de apreciación, que la simple lectura del artículo transcrito se encarga de esclarecer. La legitimación pasiva de los distribuidores, corresponde a una opción procesal que cabe dentro del margen de libre configuración normativa del legislador, y, además, consulta el mejor interés del consumidor que ha tenido un trato material y jurídico inmediato con su respectivo proveedor o expendedor, de modo que se torna más fácil y expedito dirigir contra éstos las demandas y, por este medio, activar la entera cadena de intermediarios hasta llegar al productor final. (…)” (acento fuera del texto) Contrasta esta propuesta de solución (llegar al responsable final) con un comentario de un tratadista argentino sobre el mismo punto, que dice al respecto: “(…) la legislación brasileña, que ha seguido los lineamientos de la Directiva de la Comunidad Económica Europea, establece la responsabilidad solidaria del fabricante de la parte componente o materia prima, con lo cual se ha querido evitar que la protección del consumidor quede comprometida en la medida en que se cree un fabricante final insolvente para así eludir su responsabilidad.” (Ghersi, Carlos Alberto. Teoría general de la reparación de daños. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1999. p. 182).

73 Re Paris Aircrash of March 3, 1974, 399 F. Supp. 732.

74 Corte Constitucional, Sentencia C-973 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

75 Corte Constitucional, Sentencia C-973 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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