En el juicio de constitucionalidad dicha integración procede cuando la proposición jurídica acusada, si bien tiene un contenido propio, se encuentra tan






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ARTICULO 40o. Responsabilidad e indemnización de perjuicios por contratos de prestación de servicios que exigen la entrega de un bien

En todo caso en que una persona haya sufrido daños y perjuicios por celebración o ejecución de un contrato de prestación de servicios con entrega del bien respecto del cual recae la actividad objeto de la prestación, podrá acudir en demanda para establecer la responsabilidad y la indemnización correspondiente ante las autoridades jurisdiccionales competentes conforme al procedimiento verbal previsto en el Título XXIII del Código de Procedimiento Civil, con observancia de las normas sobre ejercicio de la abogacía, salvo en los procesos de mínima cuantía y en la primera instancia de los de menor cuantía cuando ésta sea hasta de $50.000.  

34 Decreto 2153 de 1992 ARTICULO 2o. Funciones.- La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones:

4. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor a que se refiere este decreto y dar trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten, cuya competencia no haya sido asignada a otra autoridad, con el fin de establecer las responsabilidades administrativas del caso u ordenar las medidas que resulten pertinentes;

5. Imponer, previas explicaciones, de acuerdo con el procedimiento aplicable, las sanciones que sean pertinentes por violación de las normas sobre protección al consumidor, así como por la inobservancia de las instrucciones impartidas por la Superintendencia;

12. Interrogar bajo juramento y con observancia de las formalidades previstas para esta clase de pruebas en el Código de Procedimiento Civil, a cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar útil para el esclarecimiento de los hechos durante el desarrollo de sus funciones.

13. Establecer, coordinar, dirigir y vigilar los programas nacionales de control industrial de calidad, pesas, medidas y metrología, y organizar los laboratorios de control de calidad y metrología que considere indispensables para el adecuado cumplimiento de sus funciones;

14. Fijar el término de la garantía mínima presunta para bienes o servicios;

17. Organizar el sistema de registro de calidad e idoneidad de que trata el Decreto 3466 de 1982 y las disposiciones que lo adicionen o reformen;

19. Fijar requisitos mínimos de calidad e idoneidad para determinados bienes y servicios, mientras se oficializan las normas técnicas correspondientes;

35 Ley 446 de 1998 Artículo 145. Atribuciones en materia de protección al consumidor. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá, a prevención, las siguientes atribuciones en materia de protección del consumidor, sin perjuicio de otras facultades que por disposición legal le correspondan:

a) Ordenar el cese y la difusión correctiva, a costa del anunciante, en condiciones idénticas, cuando un mensaje publicitario contenga información engañosa o que no se adecue a las exigencias previstas en las normas de protección del consumidor;

b) Ordenar la efectividad de las garantías de bienes y servicios establecidas en las normas de protección del consumidor, o las contractuales si ellas resultan más amplias;

c) Emitir las órdenes necesarias para que se suspenda en forma inmediata y de manera preventiva la producción, la comercialización de bienes y/o el servicio por un término de treinta (30) días, prorrogables hasta por un término igual, mientras se surte la investigación correspondiente, cuando se tengan indicios graves de que el producto y/o servicio atenta contra la vida o la seguridad de los consumidores;

d) Asumir, cuando las necesidades públicas así lo aconsejen, las investigaciones a los proveedores u organizaciones de consumidores por violación de cualquiera de las disposiciones legales sobre protección del consumidor e imponer las sanciones que corresponda.


36 Sentencia C-1141/00 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

37 El Título II de la Constitución se ocupa “De los derechos, las garantías y los deberes”.

38 En ponencia para primer debate en plenaria, la subcomisión de ponentes señaló: “Ni la Constitución de 1886 ni ninguna de las reformas realizadas hasta el presente han reconocido en forma explícita los derechos colectivos. Por tanto, su existencia se ha inferido indirectamente de la norma que menciona los deberes sociales del Estado (art. 16). (…)” (Ponencia sobre los derechos colectivos, ponentes: Guillermo Perry, Iván Marulanda, Jaime Benítez, Angelino Garzón, Tulio Cuevas y Guillermo Guerrero. Gaceta Constitucional N° 58, p.2).

39 Ponencia sobre los derechos colectivos, ponentes: Guillermo Perry, Iván Marulanda, Jaime Benítez, Angelino Garzón, Tulio Cuevas y Guillermo Guerrero. Gaceta Constitucional N° 58, p.2.

40 En la misma ponencia para primer debate en comisión se sostuvo al respecto: “No es tarea fácil precisar el concepto y alcance de estos derechos, por cuanto la colectividad en cabeza de la cual deben ser radicados, carece de personería jurídica y, en consecuencia, no es en principio sujeto de derechos y obligaciones.” Ibíd.

41 El artículo se voto en segundo debate en la Plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente con 50 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones (Gaceta Constitucional N° 142, p. 6).

42 En cuanto al derecho a la participación de las organizaciones de consumidores, se decidió que ésta se limitara al “estudio” de las disposiciones que les conciernen. Al respecto el delegatario Guillermo Perry, uno de los ponentes, sostuvo en la sesión del 16 de abril de la Comisión 5° lo siguiente: “(…) el termino participará, pues sí, no estábamos pensando que las organizaciones de consumidores pudieran redactar los decretos o proyectos de ley o colegislar con el gobierno, y quizás, y personalmente pienso que el doctor Rodado tiene razón en el sentido de que el término participación, como lo queremos usar en otros aspectos sí conlleva la participación en las decisiones, que no es caso acá, entonces habría que modificar la redacción, si pude ser, si no es escuchar, o tener en cuenta las observaciones alguna redacción diferente (…)” Antecedentes del artículo 78, Biblioteca de la Corte Constitucional, mimeo, p.38.

43 El delegatario Álvaro Federico Cala Hederich, en la sesión del 16 de abril de la Comisión 5°, señaló: “Yo estoy de acuerdo con el doctor Carlos Ossa y el doctor Angelino Garzón, quienes proponen suprimir ese artículo pero voy un poco más allá, también hay que suprimir el siguiente inciso, o sea el tercero, porque a mi me parece que está contemplado dentro de la primera línea del inciso primero que dice la ley definirá las responsabilidades ahí está la indemnización, dentro de esa (…) entonces en este afán que tenemos de hacer más breve el texto constitucional, me parece que sobra también el inciso tercero.” No obstante, está fue la posición minoritaria. Ese mismo día la Comisión consideró que no sobraba el texto adicional y era mejor explicitar las garantías. Al ser votado la propuesta de artículo, 14 delegatarios apoyaron el texto completo y 3 se opusieron. (Antecedentes del artículo 78, Biblioteca de la Corte Constitucional, mimeo, p.41-43).

44 Corte Constitucional, sentencia C-973/02 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).

45 Corte Constitucional, sentencia C-673/01 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) En esta ocasión, la Corte consideró que las normas acusadas (los artículos 4º y 33 del Decreto Ley 2277 de 1979) debían ser sometidos a un análisis de constitucionalidad más riguroso que si se estudiara una norma con el mismo contenido normativo, pero expedida por el Legislador.

46 Al respecto añadió la Corte: “Los poderes públicos, en las instancias de producción y aplicación del derecho, en la permanente búsqueda del consenso que es característica del Estado social y misión de sus órganos, deben materializar como elemento del interés público que ha de prevalecer, el de la adecuada defensa del consumidor, para lo cual deben habilitarse procedimientos y mecanismos de participación y de impugnación con el fin de que sus intereses sean debidamente tutelados. La apertura y profundización de canales de expresión y de intervención de los consumidores, en los procesos de decisión de carácter público y comunitario, pertenecen a la esencia del derecho del consumidor, puesto que sin ellos los intereses difusos de este colectivo, que tienen carácter legítimo, dejan de proyectarse en las políticas públicas y en las actuaciones administrativas, con grave perjuicio para el interés general y la legitimidad de la función pública, llamada no solamente a aplicar el derecho preexistente sino a generar en torno de sus determinaciones el mayor consenso posible.”

47 Ponencia sobre los derechos colectivos; ponentes: Guillermo Perry, Iván Marulanda, Jaime Benítez, Angelino Garzón, Tulio Cuevas y Guillermo Guerrero. Gaceta Constitucional N° 46, p.22.

48 Presentación de la ponencia por el delegatario ponente Guillermo Perry. Antecedentes del artículo 78, Biblioteca de la Corte Constitucional, mimeo, p.2.

49 Cepeda, Manuel José. La responsabilidad del fabricante por productos defectuosos en Revista de Derecho Privado. Universidad de los Andes. Vol I, N° 1. Bogotá, junio 1986.

50 Al respecto, y refiriéndose precisamente a temas similares a los que son objeto del presente proceso, se puede ver: Morales Moreno, Antonio Manuel. Adaptación del Código Civil al Derecho Europeo: la compraventa. Ponència a les XII Jornades de Dret Català a Tossa. Septiembre de 2002.

51 Los costos de transacción, según Douglass North (premio Nobel de economía en 1993) se componen de los costos de medir los atributos valiosos de lo que se está intercambiando y los costos de proteger y de hacer cumplir compulsivamente los acuerdos. (North, Douglass Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. Fondo de Cultura Económica. México, 1993. En esta versión en español, se optó por traducir la expresión original en inglés [transaction costs] no como “costos de transacción” sino como “costos de negociación”).

52 Sobre este tema, entre otras publicaciones, pueden consultarse las siguientes: Morales Moreno, Antonio Manuel. Adaptación del Código Civil al Derecho Europeo: la compraventa. Ponència a les XII Jornades de Dret Català a Tossa. Septiembre de 2002; Lorenzetti, Ricardo Luis. La Responsabilidad Extracontractual en el campo del derecho del consumidor en Revista Roma E America. Diritto romano comune Universidad Externado de Colombia. Número 11/2001 Bogotá, 2002; Farina, D. Juan Defensor del consumidor y del usuario. Editorial Astrea. Buenos Aires, 2000; Ghersi, Carlos Alberto. Teoría general de la reparación de daños. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1999; Cepeda, Manuel José. La responsabilidad del fabricante por productos defectuosos en Revista de Derecho Privado. Universidad de los Andes. Vol I, N° 1. Bogotá, junio 1986. Ponzanelli, Giulio Le clausole di esonero dalla responsabilità civile. Dott. A. Giuffrè Editore. Milano, 1984.

53 En 1916 en el caso MacPherson vs. Buick Motor Co., la Corte de Apelación del Estado de Nueva York (EUA) condenó a la Buick a responder a Donald MacPherson por los daños que sufrió por cuenta de un accidente que sufrió en un carro fabricado por dicha compañía y comprado en un concesionario independiente. El accidente lo ocasionó una llanta que se desprendió debido al mal estado en que se encontraba la madera con que había sido construida. A pesar de no existir relación entre el comprador y la empresa, y de que ésta compró la llanta a una empresa conocida y confiable, se consideró que la Buick tenía un deber de cuidado y vigilancia respecto del consumidor final. (MacPherson vs. Buick Motor Co., 217 N. Y. 382, 111 N. E. 1050 (1916).

54 La Sala de Casación Civil de la Corte de Casación de Francia, en sentencia del 5 de enero de 1956, condenó a la Sociedad de Oxígeno Líquido a resarcir los daños sufridos por dos personas (un empleado del destinatario y el chofer del camión distribuidor) al explotar unas botellas de oxígeno comprimido, mientras eran alistadas para ser repartidas. La Corte consideró que el productor había incumplido su obligación de guardián de la cosa, pese a no tenerla materialmente. (Civ. Cass., 2, 5 janvier 1956)

55 En 1932 en Inglaterra, la Cámara de los Lores decidió en el caso Donoghue vs. Stevenson que un fabricante de cerveza debía responder por el daño que había sufrido una persona (Donoghue) al tomar una de las cervezas de su producción. La bebida fue comprada en una tienda por un amigo, quien se la regaló. El recipiente opaco no le permitió inspeccionar su contenido, por lo que sólo después de haberla probado y servido en un vaso, se dio cuenta de que en su interior se encontraba un pedazo de culebra en descomposición. La Cámara consideró que un productor de bienes que vende los productos de tal forma que su intención era que llegaran hasta un consumidor final de la misma manera en que estos salieron de sus manos, sin que exista la posibilidad de que un intermediario los examine, y que la ausencia de un cuidado razonable en la preparación o empaque (almacenamiento) de los productos traerá como resultado un daño para la vida o los bienes del consumidor, debe tener un cuidado razonable y el consumidor puede exigir que así sea. (Mac Alister Donoghue vs. Stevenson, 1 A. C. 562 (1932)).

56 Las normas acusadas del Decreto extraordinario 3466 de 1982 fueron las siguientes: Artículo 11.- Garantía Mínima Presunta. Se entiende pactada en todos los contratos de compraventa y prestación de servicios la obligación a cargo del productor de garantizar plenamente las condiciones de calidad e idoneidad señaladas en el registro o en la licencia correspondiente, con las adecuaciones derivadas de la oficialización de normas técnicas o de la modificación del registro, así como las condiciones de calidad e idoneidad correspondientes a las normas técnicas oficializadas aunque el bien o servicio no haya sido objeto de registro. || Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, es requisito obligatorio de todo registro indicar el término durante el cual se garantizan las condiciones de calidad e idoneidad que se ofrecen, cuando la autoridad competente no haya fijado mediante resolución el término de dicha garantía mínima presunta, según la naturaleza y clase de los bienes y servicios; cuando el término señalado por la autoridad afecte algún término ya registrado, este último se entenderá modificado automáticamente de acuerdo con aquél, a menos que el término registrado previamente sea mayor al fijado por la autoridad competente, caso en el cual prevalecerá el registrado por el productor. || Ante los consumidores, la responsabilidad por la garantía mínima presunta de que trata este artículo, recae directamente en los proveedores o expendedores, sin perjuicio de que estos puedan, a su turno, exigir el cumplimiento de dicha garantía mínima a sus proveedores o expendedores, sean o no productores. || La garantía de que trata este artículo podrá hacerse efectiva en los términos previstos en el artículo 29. (…) Artículo 29. Procedimiento para asegurar la efectividad de las garantías. En caso de incumplimiento total o parcial de la garantía mínima presunta o de las demás garantías de un bien o servicio, el consumidor afectado podrá solicitar que se obligue al proveedor o expendedor respectivo a hacer efectiva la garantía o garantías o, si fuere procedente de acuerdo con el artículo 13° del presente decreto, a cambiar el bien por otro o, si se manifestare que se desea desistir de la compraventa del bien o de la obtención del servicio, a reintegrar el precio pagado por el bien o servicio. En todo caso se podrá también solicitar la indemnización de los daños y perjuicios que hubiere lugar. || La solicitud formulada conforme al inciso precedente se tramitará por las autoridades jurisdiccionales competentes, de conformidad con las reglas propias del proceso verbal previsto en el Título XXIII del libro 3° del Código de Procedimiento Civil y las adicionales señaladas en el artículo 36. La sentencia mediante la cual se decida la actuación sólo podrá ser favorable al expendedor o proveedor si este demuestra que ha habido violación de los términos o condiciones de la garantía o garantías por parte del consumidor o que no ha podido dar cumplimiento a la garantía o garantías debido a la fuerza mayor o caso fortuito, siempre y cuando no haya podido satisfacerla por intermedio de un tercero. || En la parte resolutiva de la providencia que decida la actuación se ordenará al productor, según lo haya solicitado el reclamante, hacer efectiva la garantía o garantías no satisfechas, reintegrar el precio pagado por el bien o servicio, o cambiar el bien por otro de la misma especie en un plazo razonable a juicio de quien emita la providencia; así mismo, se dispondrá el pago del valor demostrado por el reclamante, por concepto de los perjuicios causados. En la misma providencia se indicará que se causa una multa, a favor del Tesoro Público, equivalente a la séptima parte del valor del salario mínimo legal vigente en Bogotá, D.E., al momento de expedición de aquella, por cada día de retardo en su cumplimiento. (Se subrayan las partes demandadas)

57 En 1968 la Corte Suprema de Alemania decidió invertir la carga de la prueba en un caso en el que un avicultor usó un pesticida para proteger a sus pollos pero la sustancia los mató. La Corte consideró que una vez una persona demuestre que el defecto que le causó el daño surgió en la esfera de control del productor, se presume que éste obró culposamente. Sostuvo que en tanto el productor está más cerca de los hechos y los conoce, es él quien debe aclararlos; él conoce las circunstancias de producción, determina y organiza el proceso de producción y de inspección cuando el producto terminado sale al mercado.

58 En una la presentación que sobre este tema hizo Ariel Armel ante la subcomisión segunda de la Comisión Primera de la Asamblea Nacional Constituyente el 19 de marzo de 1991 sostuvo: “(…) Por fortuna el Gobierno escuchó las mesas de trabajo que en todo el territorio nacional se montaron para solicitar la consagración de estos derechos (de los consumidores) en Colombia y en su proyecto presentado al estudio de la Honorable Asamblea incluye un artículo que consagraría los derechos de los consumidores que nosotros estimamos realmente muy cercano a las necesidades del país y del mundo. Más tarde se siguieron presentando en otros foros situaciones semejantes que plasmaron definitivamente la necesidad de consagrar los derechos de consumidores en todo el mundo como lo fue la Asamblea del Parlamento Europeo en 1970, la Conferencia Cios Ori para la América Latina de 1982, la Comunidad Económica Europea 982, la asamblea General de las Naciones Unidas y el PNDU en 1987; (…)” (Antecedentes del artículo 78, Biblioteca de la Corte Constitucional, mimeo, p.19) Ver también Ponencia sobre los
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