En el juicio de constitucionalidad dicha integración procede cuando la proposición jurídica acusada, si bien tiene un contenido propio, se encuentra tan






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2. El régimen clásico de responsabilidad del vendedor; sus problemas para regulara la relación entre productores y consumidores
Ahora bien: ¿En qué consiste el cambio en el régimen de responsabilidad de los productores y las compañías que prestan servicios públicos frente a los consumidores y los usuarios? ¿A qué se hace referencia cuando se sostiene que éstos últimos están en situación de debilidad y de desigualdad frente a los primeros? ¿Cuáles son las medidas adoptadas para protegerlos?
Para responder estos interrogantes es necesario remitirse a los avances normativos y jurisprudenciales que se han dado en el ámbito nacional, en el internacional y en otros ordenamientos, cercanos o no a nuestra tradición jurídica, puesto que estos fueron explícitamente el sustento de la propuesta presentada y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. En efecto, en la ponencia para el debate en la Comisión Quinta, los delegatarios ponentes sostuvieron:
“Existen en el ámbito nacional instrumentos jurídicos especiales de defensa del consumidor o usuario mediante procedimientos de carácter administrativo o jurisdiccional. Tal es el caso, por ejemplo, del Decreto extraordinario 3466 de 1982 o de la ley 9 de 1979, norma esta última que tutela exclusivamente la salud de los consumidores de drogas o alimentos.
En el ámbito internacional, los derechos de los consumidores han sido reconocidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante las directrices para la protección de los consumidores, aprobadas por la resolución 32-248 del 9 de abril de 1985. La ONU solicitó a los gobiernos, particu­lar­mente de los países en desarrollo, fortalecer la legislación en defensa de los consumidores, institucionalizando sus políticas sobre la materia en normas de la mayor jerarquía posible.
Constituciones como las de España, México, El Salvador y Perú garan­tizan la defensa de los consumidores.”47
En el mismo sentido, el delegatario Guillermo Perry, en la presentación de la ponencia sobre los derechos colectivos ante la Plenaria señaló:
“(…) Quiero mencionar tan sólo, antes de terminar, el tema específico de Derechos de Consumidores que se incluye en esta ponencia. La propuesta original de la subcomisión que estudió el tema, fue la de hacer un artículo muy sucinto que enunciara los principales derechos de los consumidores que han sido materia de convenios internacionales en esta materia, como son los derechos a la información veraz y completa, los derechos a la defensa, a que no haya atentados contra la salud y la seguridad de los ciudadanos en los artículos, bienes y servicios que se ponen a su disposición en el mercado, los derechos a la representación, y otra serie de derechos (…)”48
El desarrollo de la protección a los consumidores y a los usuarios es un tema que sobrepasa las fronteras nacionales pues, como se verá, es una necesidad impuesta por las formas actuales de producción, la manera como se comercializan y se publicitan bienes y servicios y, en general, por las condiciones que impone un mercado libre, máxime si sus dimensiones y naturaleza cambian con el fenómeno de la globalización.
Además, en el contexto colombiano, para 1991 ya se había despertado la conciencia colectiva sobre la necesidad de avanzar en la protección de los derechos de los consumidores, en especial respecto de los riesgos derivados de la fabricación y comercialización de productos defectuosos, lo cual se reflejó en un movimiento nacional de defensa del consumidor así como en algunas iniciativas académicas. Desde entonces, se constató que las normas nacionales, así como la interpretación de las mismas por los jueces de la República, no respondían adecuadamente a la necesidad de amparar los derechos de todos los colombianos en tanto consumidores de bienes y usuarios de servicios.49
2.1. El régimen de responsabilidad para el contrato de compraventa que tradicionalmente ha imperado en los sistemas jurídicos occidentales, en especial en aquellos de tradición romanista, se ha fundado en el principio de la precaución del comprador (caveat emptor). Los romanos consideraban que era deber del comprador verificar las condiciones en que el vendedor le entregaba el bien, de tal suerte que si después de celebrado el contrato aquél le reclamaba a éste por algún imperfecto que tuviese el bien, su demanda no sería atendida. El comprador ha debido manifestarse al momento de celebrar el contrato; si no lo hizo así, o bien aceptó el estado en que se encontraba, o bien omitió el deber de precaución que le correspondía. Obviamente, esta relación se enmarcaba bajo el principio del individualismo jurídico romano y, en especial, el principio de la relatividad de los contratos (res inter alios acta), según el cual, los pactos ni benefician ni perjudican a terceros. Esto es, en tanto la fuente de las obligaciones en este caso es el contrato de compraventa, es decir, el acuerdo de voluntades, no puede éste generar derechos o deberes en cabeza de personas que no hayan consentido con el mismo, en ejercicio de la libre autonomía de su voluntad. Por lo tanto, el eventual reclamo de un comprador debía formularse ante el vendedor, sin importar si éste fue o no quien fabricó o produjo el bien.
Este régimen de responsabilidad, que imponía una excesiva carga en cabeza del comprador, llevó a los vendedores a aprovecharse, comerciando con bienes cuyos desperfectos difícilmente podían ser detectados al momento de ser comprados en el mercado. Ante esta situación, como es bien sabido, el Edil Curul creó la garantía por vicios ocultos a favor del comprador. En efecto, si el principio es que el comprador asume los desperfectos del bien, pues es su deber ser cuidadoso y verificar el objeto al momento de adquirirlo. El caso en el que los “vicios son ocultos” se constituye en una excepción, pues así cumpla con su deber de precaución, no los podrá descubrir ni reclamar. Ahora bien, hay que aclarar que estas reglas se tenían en cuenta para las compraventas específicas, en las cuales el acuerdo versaba sobre la individualidad del objeto. Las reglas para las compraventas genéricas, propias del comercio, evolucionaron y finalmente brindaron un tratamiento diferente al comprador. Estas ventas no se efectuaban mediante el contrato de compraventa, sino por estipulaciones cruzadas (promesas solemnes) que tenían un objeto genérico que debía reunir ciertas calidades. De tal forma que el vendedor no se obliga a entregar un objeto específico, sino la cantidad determinada de cierto bien genérico, siempre y cuando, cumpliera con las calidades ofrecidas.50

2.2. La revolución industrial del siglo XIX, así como los avances tecnológicos del siglo XX, alteraron sustancialmente las relaciones comerciales y las dinámicas del mercado. La relación entre el comprador y el vendedor dejó de coin­cidir con la relación entre el productor y el consumidor, por lo que ya no se consideraron tan acertadas las reglas romanas, diseñadas para regular la situación en un escenario muy distinto. El fabricante, que ahora podía producir masivamente un bien, vendía sus productos a un distribuidor mayorista, quien a su vez vendía su mercancía a diferentes distribuidores minoristas y finalmente negociaban con el consumidor final.
La mecanización y tecnificación tanto de los procesos productivos como de los productos finales, no sólo alejó al fabricante del consumidor final del bien, también generó una situación de desigualdad en el acceso a la información respecto a la calidad del bien y en el poder de negociación. El comprador moderno promedio, a diferencia del romano, no tiene los conocimientos requeridos para poder evaluar la calidad de muchos de los bienes que se encuentran en el mercado, y que se hacen indispensables para sobrevivir dignamente en las sociedades actuales. Una persona promedio, por ejemplo, tiene información limitada respecto a cómo funciona un televisor, cómo se produce, o de qué depende su buena calidad. Difícilmente puede, por ejemplo, examinar tarros de comida enlatada o una lavadora y establecer cabalmente si tienen “vicios”, sean estos ocultos o no. La especialización y división del trabajo propia de las sociedades contemporáneas, implica que sólo algunos de sus miembros tienen el tiempo, los recursos, los conocimientos y la información que se requiere para poder evaluar un determinado bien o servicio ofrecido en el mercado.
2.3. Estas nuevas condiciones en las que se desenvuelven los mercados económicos implicaron una desprotección para los compradores, ahora en su nuevo rol de “consumidores”. La regla de precaución del comprador se revelaba claramente injusta, por excesiva e irrealizable, en lo que llegó a denominarse “la sociedad de consumo”. ¿Cómo puede cumplir un consumidor con su deber de cuidado al seleccionar el objeto que adquiere, cuando se requiere un elevado nivel de experticio, de gasto de recursos y de dedicación de tiempo?
Pero no sólo se trata de un problema de equidad, tampoco es deseable en términos económicos, puesto que representa altísimos costos de transacción51 para una sociedad en la que el control de calidad depende de todos y cada uno de los consumidores, en vez de recaer en cabeza de una sola persona: el productor. A esto se sumó el hecho de que los contratos comenzaron a estandarizarse, dándole paso a los contratos de adhesión, en los que el acuerdo de voluntades no es producto de un verdadero consenso, sino de la manifestación de una de las partes (el comprador) de querer plegarse a las condiciones impuestas por el contrato tipo que se usa para vender el bien que se desea adquirir.
Ahora bien, el principio de la precaución del comprador no es el único parámetro de solución que deviene injusto ante las nuevas realidades del mercado. La regla de la relatividad de los contratos (res inter alios acta) también se constituye en un obstáculo. Antes, en tanto el productor del objeto solía coincidir con su vendedor, la regla aseguraba que el debate se planteara entre quien había fabricado y vendido una carreta, por ejemplo, y quien la había comprado y ahora la usaba para trasportar ánforas de vino. En la actualidad, la compra de un enlatado o de comida empacada al vacío en un hipermercado, por ejemplo, no pone en relación al consumidor con el fabricante del elemento eventualmente defectuoso, que en este caso podría, incluso, llegar a ser una compañía extranjera. Por lo tanto, impedir al consumidor en virtud del principio res inter alios acta elevar directamente un reclamo o interponer una acción contra quien produjo el bien, lo pone en una enorme situación de desventaja en cuanto a los medios jurídicos para reclamar perjuicios sufridos. Dado que el capitalismo se caracteriza por una división creciente del trabajo, las diferentes etapas de la producción y comercialización son adelantadas por diferentes agentes, muchas veces en distintos países, por lo que ni siquiera el vendedor, quien es especializado, puede identificar fallas del producto.
Por otra parte, la asimetría en el manejo de la información implica no sólo una desigualdad en el poder de negociación sino, de hecho, una enorme desventaja para el cabal ejercicio del derecho a la defensa de los consumidores. Si un comprador sufría un daño debido a un defecto del que adolecía un producto adquirido en el mercado, y quería dirigirse no contra el vendedor sino contra el productor con el cual no celebró contrato alguno, según las reglas clásicas de responsabilidad civil extracontractual, debía demostrar: (1) que sufrió un daño; (2) que el daño fue causado por un defecto en el producto fabricado por el productor demandado y (3) que fue culpa de éste, bien porque actuó dolosamente o porque actuó negligentemente. Inmediatamente surgen los siguientes interrogantes: ¿Cómo puede un consumidor promedio conocer los estándares de producción de una fábrica? ¿Cómo determina si ese estándar es adecuado o no? ¿De qué manera puede controvertir en un plano de igualdad los argumentos que presente el fabricante, asesorado por técnicos y expertos en la materia, para desvirtuar las relaciones de causalidad? Contrario a lo sostenido por el demandante en el presente proceso, no es el productor quien ve restringido su derecho a la defensa, son los consumidores quienes, en virtud de las cargas en materia probatoria y de su precario acceso a la información relevante para solucionar el caso, ven menguadas sus posibilidades reales de defensa.

2.4. Pero no sólo la injusticia de la situación en la que quedaron sumidos los consumidores por estar sometidos a un régimen de responsabilidad, diseñado para resolver adecuadamente los daños producidos por los bienes comercializados en un momento histórico muy distinto, fue lo que exigió de los diferentes ordenamientos jurídicos una modificación de la reglas de derecho aplicables. La magnitud de los perjuicios sociales que comenzaron a ocurrir le dieron al problema una dimensión pública significativa. No sólo se trataba de costosos daños materiales que afectaban la economía, sino de la desprotección de los derechos fundamentales. Los daños en la salud, en la integridad física, e incluso en la vida misma, por cuenta de los productos defectuosos, cada vez eran más sensibles para los ciudadanos.

La producción masiva de bienes también implicó un aumento en los riesgos a los que se encontraba sometida la sociedad: por una parte aparecieron productos (como por ejemplo maquinas, electrodomésticos, vehículos, medicinas o alimentos) capaces de producir daños mayores y más graves que los que podían producir los bienes que se ofrecían antes en el mercado, y por otra parte, el hecho de que la producción y el consumo de dichos bienes fuera masivo, conllevó un aumento considerable del número de potenciales afectados por un producto mal elaborado. En otras palabras: un producto mal elaborado implica un riesgo colectivo, un riesgo social.
Así pues, la debilidad del régimen de responsabilidad al que se encontraba sometido el fabricante, que le permitía exonerarse fácilmente de responder por los daños que causaran sus productos, constituía un desincentivo a implementar estrictos controles de calidad en los procesos de diseño, producción y comercialización, aumentando los riesgos potenciales de afectar la vida, la salud y la integridad de las personas.

3. El régimen de responsabilidad por productos y servicios
Las respuestas de los sistemas jurídicos nacionales, sin importar si pertenecen a la tradición romano-germánica o a la tradición anglosajona, así como de los con­venios internacionales han sido de la más diversa índole. Normativamente, pero ante todo jurisprudencialmente, caso a caso, entre las instituciones jurídicas tradi­cionales han surgido doctrinas e interpretaciones que han permitido construir soluciones más equitativas para resolver los conflictos entre productores y consumidores, por los daños ocasionados por un producto defectuoso.52
3.1. Para permitir que el consumidor pueda reclamar judicialmente al productor, de forma directa, ha sido necesario adecuar o excluir la aplicación del principio de la relatividad de los contratos. Jurisprudencialmente se ha vinculado al fabricante directamente sobre la base, por ejemplo: (i) de que éste tiene un deber de cuidado frente al consumidor final (Estado Unidos de Norteamérica),53 (ii) de que su deber de guardián de la cosa incluye evitar que ésta, por su estructura produzca daños así ya no la tenga (Francia),54 o (ii) de que deba tener el cuidado razonable de evitar los actos o las omisiones que uno puede prever que le causarán daño a un vecino (Inglaterra).55
En el caso colombiano, sin entrar a comentar específicamente los alcances o límites al principio de la relatividad de los contratos, la posibilidad de que los consumidores puedan demandar directamente a los productores también fue establecida por la jurisprudencia constitucional, mediante la sentencia C-1141 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). En aquella ocasión, los demandantes acusaron parcialmente los artículos 11 y 29 del Decreto Extraordinario 3466 de 1982. El alegato de la demanda solicitó que se declararan inexe­quibles los apartes demandados por cuanto ellos impedían que la garantía debida por el productor fuera reclamada directamente por los consumidores; consideraba que las normas en cuestión obligaban a que el reclamo se formulara en primera instancia ante el proveedor o expendedor respectivo y, sólo entonces, éste último podía vincular al productor.56
La Corte decidió que “la supresión del productor como sujeto pasivo de las referidas acciones, equivale a una inmunización contra todo tipo de responsabilidad, lo que contraviene de manera flagrante el texto del artículo 78 de la Carta.” A lo que añadió,
“(…) supeditar a la voluntad de los expendedores o proveedores de la cadena de comercialización del bien o servicio, la intervención del productor en el proceso, desconoce el papel que debe jugar por sí sólo el consumidor, justamente gracias al régimen de protección legal que debe homologarlo como sujeto titular de la plenitud de sus derechos frente al productor y demás actores económicos, sin necesidad de recurrir a ningún género de mediatización. (…)”
Si el agravio lo sufre directamente el consumidor y su causa se radica en la esfera del productor, no se entiende por qué debe ordenarse la reclamación siguiendo la misma secuencia de las transacciones entre las partes inmediatas, cuando la fuente de la responsabilidad la ofrece directamente la Constitución y se sujeta a la realidad objetiva del mercado. (…)” (acento fuera del texto)
Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que la redacción de las normas podría prestarse para una interpretación diversa, la Corte resolvió declarar exequibles las expresiones acusadas de los artículos 11 y 29 (parciales) del Decreto 3466 de 1982, bajo el entendido de que el consumidor o usuario también puede exigir de manera directa del productor el cumplimiento de las garantías de calidad y el pago de los perjuicios por concepto de los daños derivados de los productos y servicios defectuosos.”
3.2. El segundo gran obstáculo para la cabal defensa de los derechos de los consumidores era el régimen de responsabilidad. Como se mencionó anteriormente, permitir que un fabricante responda por los daños ocasionados por sus productos defectuosos, según el régimen clásico de responsabilidad subjetivo, lo ponía en situación de ventaja frente a los consumidores. En efecto, en el caso de que el afectado pudiese llegar a demostrar adecuadamente que sufrió un daño provocado por un producto, que éste tenía un defecto y que ese defecto fue la causa del daño sufrido, además tenía que probar que el fabri­cante no había actuado con la diligencia debida en la elaboración de la cosa, es decir, que el defecto se debió a su negligencia.
Esta situación ha sido corregida sustituyendo “la culpa del productor” como fundamento de la responsabilidad, por las “órbitas de control” del productor. Es decir, que el productor deje de responder por los daños que causa por su culpa (por negligencia o dolo) y responda por los daños cuyas causas se encontraron bajó su órbita de control. Para lograrlo, se han seguido diferentes vías. Jurisprudencialmente, por ejemplo, se presume la culpa del fabricante si el afectado demuestra que la causa se encuentra dentro de las órbitas de control, invirtiendo así la carga de la prueba a favor del consumidor (Alemania).57
Norma­tivamente, se ha fijado expresamente un régimen de responsabilidad objetiva. Tal es el caso, por ejemplo, de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas del 25 de julio de 1985 (85/374/CEE), una de las fuentes de inspiración del artículo 78 de la Constitución Política de 1991,58 en donde se adoptó este régimen de responsabilidad por que se consideró: “(…) que únicamente el criterio de responsabilidad objetiva del productor permite resolver el problema, tan propio de una época de creciente tecnicismo como la nuestra, del justo reparto de los riesgos inherentes a la producción técnica moderna.”59
En Colombia el Decreto 3466 de 1982 abordó el tema, precisamente en el artículo 26, objeto del presente proceso. Cabe mencionar nuevamente el artículo,
ARTICULO 26o. Causales de exoneración. Sólo son admisibles como causales de exoneración de la responsabilidad del productor que da lugar a la aplicación de las sanciones administrativas previstas en los artículos 24o. y 25o. y a la indemnización de perjuicios contemplada en el artículo 36o., la fuerza mayor, el caso fortuito no sobrevenido por su culpa, el uso indebido del bien o servicio por parte del afectado, o el hecho de un tercero (ligado o no al productor mediante relación de trabajo o contractual de cualquier clase)60 debidamente probados conforme al procedimiento indicado en el artículo veintiocho. En todo caso deberá probarse también el nexo de causalidad entre el motivo de exoneración invocado y la falta de correspondencia entre la calidad e idoneidad registradas o las contenidas en la licencia o en la norma técnica oficializada, o con las que ordinaria y habitualmente se exijan en el mercado y las que efectivamente tenga el bien o servicio respectivo.
El demandante manifestó en su demanda que la disposición acusada limita los derechos a la defensa del productor, pues “sólo” le permite alegar como circunstancias eximentes de responsabilidad las mencionadas en el propio artículo. Este enfoque, además de desafortunado, puesto que son los consumidores quienes en realidad se encuentran en situación de indefensión, es equivocado. El artículo 26 del Decreto Extraordinario 3466 de 1982 no fija los límites o los alcances del derecho a la defensa, establece el régimen de responsabilidad al que se encuentra sometido el productor. El fabricante es libre de elaborar su alegato como lo desee, así como de presentar los argumentos que a bien tenga, mediante los medios probatorios que considere idóneos. Cosa diferente es que las razones expuestas se acepten por el ordenamiento como justificaciones válidas. Quizá el malentendido de la demanda surja al tratar de leer la disposición como si ésta se basara en un régimen de responsabilidad subjetiva clásico y fuese necesario permitirle al fabricante demostrar si fue por su culpa o no que el daño se causó.
La norma consagra cuatro causales: fuerza mayor, el caso fortuito no sobrevenido por su culpa, el uso indebido del bien o servicio por parte del afectado y el hecho de un tercero. Al decir que el fabricante solamente se puede exonerar por esas razones está excluyendo “el haber actuado diligentemente”. La responsabilidad no se funda en haber ocasionado un daño a otro por su actuación dolosa o negligente en la elaboración de un producto. Incluso podría demostrar el fabricante que actuó con diligencia, y, en todo caso, no se eximiría de su responsabilidad.
Este estricto grado de responsabilidad que se exige al fabricante encuentra eco en la Constitución de 1991, que además de indicar en su artículo 78 que “serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios”, señala en el artículo 88 que “la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella”, aclarando que “asimismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos.” (acento fuera del texto)
3.3. Cuando se piensa en la situación del consumidor, dentro del marco individualista tradicional del derecho privado, suele plantearse una controversia entre una persona (el comprador) que reclama a otra (el vendedor) para que le indemnice por los daños que la cosa adquirida ocasionó en su patrimonio y eventualmente en su persona, debido a que ésta se encontraba en mal estado. Sin embargo, el fundamento de la responsabilidad en cabeza del fabricante se encuentra en otros principios jurídicos diferentes a tener la obligación de responder por aquellos daños causados a terceros por la propia culpa. Reparar el patrimonio individual afectado no es el bien jurídico más importante que le interesa salvaguardar a la Constitución.
La responsabilidad de los productores encuentra sustento en la protección de los derechos a la vida, la integridad física y la salud; en la búsqueda de una igualdad real; en la distribución equitativa de los riesgos; y en que los fabricantes de productos deben responder por la apariencia que ellos crean en el mercado en relación con sus productos, estando obligados a no afectar la confianza de las personas en las relaciones de consumo.
El Decreto 3466 de 1982 (Por el cual se dictan normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las propagandas y la fijación pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad de sus productores, expendedores y proveedores, y se dictan otras disposiciones), se dictó en virtud de la Ley 73 de 1981 que revistió al Presidente de la República de la facultad para expedir normas enderezadas al control de la distribución o venta de bienes y servicios y al establecimiento de las sanciones y procedimientos para tal fin. En ese momento, el interés por darle una dimensión colectiva al problema de los consumidores se reflejaba con claridad en la ley. Así, el artículo 1° de la Ley se concedían las facultades extraordinarias al Presi­dente para que regulara, entre otros, los siguientes aspectos:
“Ley 73 de 1981, artículo 1°- De conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República de precisar facultades extraordinarias por el término de 12 meses a partir de la vigencia de la presente ley para dictar normas enderezadas al control de la distribución o venta de bienes y servicios y al establecimiento de las sanciones y procedimientos. Estas facultades comprenderán los siguientes aspectos:
1. Mecanismos y procedimientos administrativos para establecer la responsabilidad de los productores por la idoneidad y calidad de sus bienes y servicios que ofrecen en el mercado, así como para fijar las sanciones pecuniarias o relativas al ejercicio de su actividad, que deban imponerse a los infractores.
2. Creación de organismos de orden administrativo y jurisdiccional, así como la expedición de normas sustantivas y de procedimiento, que aseguren al consumidor el cumplimiento de las cláusulas especiales de garantía que se incluyan en las operaciones de compraventas de bienes y prestación de servicios y especialmente que permitan la devolución del precio pagado y la indemnización de los perjuicios causados en el caso de violación por parte de los expendedores y proveedores.
(…)
4. Responsabilidad de los productores por las marcas y leyendas que exhiban los productos o por la propaganda comercial de los mismos, cuando su contenido no corresponda a la realidad o induzca a errores al consumidor, y fijación de los procedimientos administrativos o jurisdiccionales para establecerla y determinar las consecuencias indemnizatorias a que haya lugar.
(…)”
Años después, los constituyentes del 91 optaron por consagrar el derecho de los consumidores como un derecho colectivo, concientes de que se encontraban un juego bienes sociales que debían ser protegidos con mayor recelo que los bienes individuales patrimoniales afectados.61 Esos bienes sociales son ahora derechos constitucionales. El artículo 78 de la Carta Política los menciona expresamente: “la salud, la seguridad y el adecuado aprovisiona­miento a consumidores y usuarios.”
Como se dijo antes, cuando las personas van a una droguería a adquirir un remedio o a un almacén por departamentos a adquirir una serie de aparatos eléctricos, no tienen ni el tiempo ni los conocimientos que les permitan verificar la calidad de los objetos que se ofertan en el mercado. Los fabricantes de productos, así como los distribuidores y vendedores de éstos, se encargan de promocionarlos y publicitarlos para que sean conocidos y consumidos por las personas. Esto es, crean una apariencia respecto a la utilidad, calidad y eficiencia de los productos, y respecto de las garantías ofrecidas por los mismos, así como también el grado de riesgo, peligro o seguridad que impli­can. Por su parte, los consumidores confían en que los bienes ofrecidos en el mercado tienen en realidad las calidades y las garantías que se predican de ellos en las propagandas publicitarias y demás técnicas de mercadeo a las que se encuentra sometida toda persona, a través de los medios masivos de comunicación, los avisos, las vallas en las calles, o a través de la correspon­dencia que llega al domicilio o a la dirección electrónica, por ejemplo. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado lo siguiente,
“La eliminación legal del productor como sujeto pasivo de las acciones de garantía conectadas con la pretensión de que los bienes y servicios se sujeten a unos parámetros mínimos de calidad, no podría ser objetada si no obstante su pretermisión se conservase en esta materia un margen razonable de protección para el consumidor o usuario. Sin embargo, esto no es posible en absoluto. Las condiciones de calidad e idoneidad son las que establece el propio productor o son las que obligatoriamente se imponen a éste. El control del proceso de producción y el diseño del bien o del servicio, incumben de manera directa al productor profesional. El productor obtiene su ganancia por su papel en el proceso de producción y, como contrapartida, asume los riesgos derivados de la misma.”62
De esta forma, la responsabilidad del fabricante por los productos elaborados dejó de ser un problema jurídico regido exclusivamente por el principio según el cual toda persona debe responder por el daño que cause a otro por su propia culpa; la regla según la cual los consumidores deben garantizar la apariencia y la confianza en las relaciones de consumo, se ha considerado una solución más justa y encuentra sustento en la protección efectiva de los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad de los consumidores. En otras palabras, el fabricante más allá de garantizar que al elaborar su producto actuó de buena fe y con diligencia, debe garantizar que ese producto no va a causar daños. Por eso, las excusas posibles (fuerza mayor o caso fortuito, por ejemplo) deben romper el vínculo de causalidad. Es decir, el fabricante no puede pretender eximirse de responder por el daño demostrando que cumplió con los requisitos exigidos por la ley y actuó con diligencia y sin dolo. Debe demostrar que la causa del daño no fue el defecto en el bien, pues el fabricante es responsable de los daños causados por los productos por el fabricados.
La confianza en las relaciones económicas tiene un gran valor para las sociedades contemporáneas, por cuanto constituye una de las características que propicia el desarrollo y crecimiento económico de un país. Por ejemplo, la confianza económica genera más y mejores niveles de consumo e inversión por parte de los agentes económicos, a la vez que propicia el desarrollo de reglas de juego con menores costos de transacción, uno de los problemas que se debe enfrentar en las complejas sociedades de consumo. 63
3.4. Los desarrollos que ha sido necesario adoptar en los sistemas jurídicos para garantizar la tutela efectiva de los consumidores son múltiples y de diversa índole. A título de ejemplo, vale la pena mencionar, por ejemplo, dos de estos desarrollos, en el ámbito probatorio y en el procedimental.
3.4.1. En el ámbito probatorio, sobresalen las doctrinas relativas al problema de demostrar la relación de causalidad entre el daño y el defecto de un producto fabricado por quien ha sido demandado. Teniendo en cuenta que uno de los fundamentos de la responsabilidad del fabricante es preservar la confianza de los consumidores en los productos y servicios que se comercializan en el mercado, las dificultades en establecer la causalidad entre un producto defec­tuoso y el daño ocasionado a las personas, han sido superadas por algunos ordenamientos mediante ingeniosas fórmulas, como por ejemplo, obligar a responder al fabricante por un porcentaje de los daños producidos a los consumidores equivalente al porcentaje del mercado que controla con su producto.64
3.4.2. En el ámbito procesal, cabe mencionar la ampliación de la legitimidad para actuar para las instituciones. Por ejemplo, en Colombia la Constitución señala que el “(…) Defensor del Pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones: (…) 5. Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia. (…)” (C.P., art. 282, num. 5). Este mandato, retomado y ampliado por la legislación estatutaria,65 lo comparten ordenamientos de otros países. No obstante, para asegurar la tutela efectiva de los derechos de los consumidores y los usuarios reconocida en textos positivos, ha motivado decisiones jurisprudenciales que han reconocido plena competencia a órganos que protegen y defienden los derechos de las personas, tales como la Defensoría del Pueblo, permitiéndoles presentar acciones en defensa de los consumidores y usuarios. Este es el caso de un reciente fallo proferido en Argentina, en el que se defendió el derecho de la Defensoría del Pueblo a actuar jurídicamente en defensa de todas las personas afectadas por un corte en el servicio de energía eléctrica. En él también se avanzó en medios de protección. Los jueces condenaron la empresa de energía, en abstracto, para que luego uno a uno de los consumidores afectados, sobre la base de la condena reclamara el resarcimiento a que tenía derecho.66
4. Importancia constitucional de la protección al consumidor dentro de un contexto globalizado
Son varias las razones que demandan un atento interés del juez constitucional por el debate internacional acerca de la responsabilidad por productos fabricados.
4.1. La primera razón es el origen del artículo 78 de la Constitución Política, el cual, como se dijo, es la normatividad perteneciente tanto al ámbito internacional como al de sistemas jurídicos de otros países.67
4.2. La segunda razón es que la economía, de hecho, se ha regionalizado y se ha globalizado. Una de las respuestas que puede dar el derecho a esta situación es, por ejemplo, unificar el régimen de responsabilidad de los fabricantes. En efecto, está fue una de las razones por las que se expidió la Directiva del Consejo de la Comunidades Europeas que regula el tema (65/374/CEE),68 una de las fuentes de inspiración del artículo 78 de la Carta Política Nacional.69 La necesidad de unificar el régimen de responsabilidad por productos defectuosos, ha llevado al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a aceptar que las directivas de esta comunidad unifiquen los derechos de los consumidores de los que eran titulares, en virtud de la legislación nacional.70 Entre otras razones el Tribunal señaló que la Directiva en cuestión, “(…) al establecer un régimen armonizado de responsabilidad civil de los productores por los daños causados por productos defectuosos, pretende garantizar una competencia no falseada entre los operadores económicos, facilitar la libre circulación de las mercancías y evitar que existan diferentes grados de protección de los consumidores.”71
4.3. Una segunda razón para estudiar el tema desde una perspectiva internacional, es que existe un mandato expreso por parte de la Constitución. Por un lado el artículo 226 señala que:
“El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.”
En el mismo sentido el artículo 227 sostiene:
“El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas para la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento Latinoamericano.”
Esto es importante en especial si se tiene en cuenta que las reflexiones y los dilemas son similares. Figuras jurídicas que actualmente en nuestro medio se reclaman ya se evidencian inadecuadas en otros países, y se revelan como poco eficaces para salvaguardar los derechos colectivos e individuales de los consumidores.72
4.4. Pero no sólo se trata de una realidad económica y una exigencia política, también se trata de una realidad jurídica. Los consumidores, concientes de que buena parte de los productos que se consumen actualmente al interior de los países son producto de la unión del trabajo de varios fabricantes, muchas veces, con residencia en diferentes naciones, han buscado presentar sus reclamos en aquellas naciones que cuentan con un sistema jurídico sensible a los derechos de los consumidores.
De esta forma, por ejemplo, países en que el ordenamiento jurídico, y los jueces que lo aplican, son sensibles a la protección de los derechos de los consumidores han aceptado conocer y resolver casos que en principio, en virtud de las reglas de competencia, deberían ser adelantados en otro país. Tal es el caso de los Estados Unidos de América, donde se ha aceptado que se exija el cumplimiento de sus obligaciones a fabricantes en casos que en principio han debido ser resueltos en un país diferente, pero que los damnificados rechazaron, por tener un régimen más benigno para el fabricante. Así, en 1974 un avión DC-10 turco cayó en París causando la muerte de casi 300 personas de 25 países distintos. Después de varias ofertas de las aseguradoras, los damnificados decidieron demandar en los Estados Unidos de América a la compañía turca, al Estado norteamericano, cuyos oficiales inspeccionaron la aeronave, y a la Mc Donell Douglas Company y General Dynamics, fabri­cantes del avión y la puerta que ocasionaron el daño.73
El caso anterior se refiere a un servicio, pero puede ocurrir también con un producto. Por ejemplo, aquellos casos en los que se trata de un producto diseñado en un lugar del mundo, compuesto por diversas piezas fabricadas en otros diferentes que a su vez son ensambladas e inspeccionadas en otro distinto, para finalmente, ser importadas y vendidas en un último país, ajeno a todo el proceso de fabricación del producto.
5. El control de constitucionalidad como defensa de los consumidores.
Vistos pues los artículos constitucionales pertinentes en relación con los derechos de los consumidores, así como sus antecedentes y la jurisprudencia constitucional al respecto, se concluye que el control de constitucionalidad de normas como el Decreto 3644 de 1982 debe ser cuidadoso y sensible a la protección efectiva de los derechos de los consumidores. Con base en los diferentes criterios y razones expuestas anteriormente, el juez de constitucionalidad está obligado a evitar que normas concebidas para otros contextos históricos, o que instituciones jurídicas diseñadas para sociedades que no son “de consumo”, se incorporen al ordenamiento actual mediante escrutinios de constitucionalidad bastante laxos y deferentes con la norma.
5.1. Debido a la importancia de los derechos en juego, a los mandatos expresos del propio texto constitucional, al origen no democrático de la norma (en el Ejecutivo y no en el Congreso), al igual que por el hecho de ser una norma expedida antes de la entrada en vigor de la Carta Política de 1991, la Corte Constitucional estaba obligada a estudiar y analizar con mayor severidad el artículo demandado.
5.2. La sentencia de la Corte decidió declarar inexequible tan sólo una parte de la norma que disminuía en tal grado la protección de los consumidores, que incluso el Ministro de Desarrollo Económico y el Superintendente de Industria y Comercio en su intervención, indicaron que la norma era constitucional, pues en ese aspecto fijaba un régimen de responsabilidad menos gravoso incluso que el establecido para el vendedor en materia civil. En efecto, así resumió la sentencia el comentario de los intervinientes,
“De otro lado, al referirse a la supuesta condición de inferioridad del productor que supone la aplicación de la norma demandada, ponen de presente la coincidencia que existe entre las causales de exoneración de responsabilidad allí previstas y las establecidas en materia de responsabilidad civil –sobre los elementos de configuración de cada una de ellas citan jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia-. Incluso, resaltan que el artículo 2347 del Código Civil resulta más oneroso para el infractor que la norma demandada, pues establece la responsabilidad del agente por el hecho de un tercero a su cargo.”74 (acento fuera del texto)
La sentencia tan sólo cuestionó la parte del artículo demandado que contravenía flagrantemente la Carta Política. No presentó razones de por qué el resto de la norma acusada sí se adecua a la especial protección que la Constitución brindó a los consumidores. ¿Por qué? La respuesta es simple: porque la Corte no sometió la norma a un escrutinio estricto en el que se analizará cuidadosamente el efecto jurídico de las normas en cuestión en el ejercicio de los derechos de los consumidores y los usuarios. De hecho, el análisis del artículo que establece el régimen de responsabilidad del fabricante de productos, disposición que determina en gran medida cuál es el grado de protección real de los derechos colectivos e individuales de los consumidores en el ordenamiento jurídico, se limitó a los párrafos que se transcriben a continuación,
“Para la Corte, como ya se señaló, dentro de las causales de exoneración que se señalan en la norma acusada, cabe diferenciar aquellas que se refieren a situaciones que se encuentran así sea de manera indirecta en la órbita de acción del productor (Como cuando el daño sobreviene como resultado de un caso fortuito generado por el productor o por el hecho de un tercero ligado a él mediante relación de trabajo o contractual de cualquier clase), de aquellas que escapan totalmente a su intervención (Como sucede en el caso de la fuerza mayor, al caso fortuito no sobrevenido por culpa del productor, al uso indebido del bien o servicio por parte del afectado, o el hecho de un tercero no ligado al productor de ninguna manera).
Solo éstas últimas pueden considerarse como causales de exoneración que se compaginan con el mandato constitucional de especial protección de los consumidores y usuarios, pues solo ellas atienden simultáneamente a la necesidad de asegurar que el productor asuma plenamente sus obligaciones como responsable de la calidad de los bienes y servicios que produce, así como a la de garantizar el equilibrio en las relaciones entre productores y consumidores, equilibrio que es el que precisamente se busca con el régimen especial señalado en la Constitución.
Así las cosas, la Corte declarará la inexequibilidad de las expresiones “ligado o no al productor mediante relación de trabajo o contractual de cualquier clase” y así lo señalará en la parte resolutiva de esta Sentencia.” 75
5.3. La Corte Constitucional, pese a citar su propia jurisprudencia, según la cual “(…) no puede la Corte abstenerse de apreciar aquí suficientes motivos para declarar la inexequibilidad”, no hizo un análisis sensible a la protección de los derechos de los consumidores de la totalidad del artículo.
La Corte ha debido orientarse al respecto por lo dicho por la propia Corporación en la sentencia C-1141 de 2000, a saber: la deferencia de la Corte con el principio de libertad configurativa respecto de los regímenes de protección especial, se subordina al cumplimiento razonable del programa de defensa instituido por la propia Constitución y cuyo desarrollo se confía al órgano democrático.
5.4. Sin embargo, afortunadamente la Corte no extendió la cosa juzgada a argumentos de constitucionalidad que en un futuro podrán plantear dilemas como por ejemplo los siguientes: ¿cuándo se entiende que el fabricante se exime en virtud del uso indebido del bien o servicio por parte del afectado? ¿La causal se debe entender dentro del marco de un régimen protector del consumidor que sólo le permita eximirse al fabricante cuando el daño se lo haya causado, de forma exclusiva, el uso clara y manifiestamente indebido del bien por parte del afectado? O por el contrario: ¿puede plantearse un régimen en el que una persona, informada de forma precaria por el manual de instrucciones, que no usó de la mejor forma posible la cosa adquirida, pierda la posibilidad de reclamar al fabricante?
Por ahora la Corte ha dejado estos interrogantes sin respuesta. Si se tienen en cuenta los precedentes citados en el fallo, las consideraciones y las premisas desde el cual parte el análisis, es posible creer que la respuesta tendería a proteger a los consumidores. Así pues, me aparto del fallo en cuestión, seguro de que en un futuro próximo la Sala Plena de la Corte será más sensible a garantizar el mandato constitucional de defensa a los consumidores.

Fecha ut supra,
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