En el juicio de constitucionalidad dicha integración procede cuando la proposición jurídica acusada, si bien tiene un contenido propio, se encuentra tan






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Álvaro Tafur Galvis



Guardando el debido respeto por la Corte Constitucional, deseo expresar las razones por las que salvo mi voto a la sentencia C-973 de 2002, en la cual se estudió la constitucionalidad del artículo 26 del Decreto Ley 3644 de 1982 “por el cual se dictan normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las propagandas y la fijación pública de precios, bienes y servicios, la responsabilidad de los productores, y se dictan otras disposiciones”.
Estimo que la Corte no mostró la misma sensibilidad por los derechos de los consumidores que tuvo el constituyente al protegerlos explícitamente como derechos colectivos. Prefirió mantenerse en la visión tradicional individualista del derecho privado imperante en el siglo XIX, la cual expone al consumidor a soportar riesgos que comprometen su salud e inclusive su vida. Pues aunque el fallo recoge parte de la jurisprudencia constitucional al respecto y habla de los derechos de los consumidores y su relación respecto de los productores, se abstuvo de analizar las normas acusadas con el grado de rigor que la Constitución exige para asegurar el goce efectivo de estos derechos.
La Corte Constitucional resolvió declarar exequible el artículo sometido a su control, en donde se establecen las causales de exoneración de la responsabilidad del productor, a excepción de una parte de la norma que fue declarada inexequible porque, a juicio de la Corporación contempla una situación que sí está “en la órbita de acción del productor” y, por lo tanto, hace parte de los supuestos de hecho en que el fabricante debe responder. La norma vigente, luego del fallo, es la siguiente (la cursiva indica la parte declarada inexequible):

Artículo 26. Causales de exoneración. Sólo son admisibles como causales de exoneración de la responsabilidad del productor que da lugar a la aplicación de las sanciones administrativas previstas en los artículos 24o. y 25o. y a la indemnización de perjuicios contemplada en el artículo 36o., la fuerza mayor, el caso fortuito no sobrevenido por su culpa, el uso indebido del bien o servicio por parte del afectado, o el hecho de un tercero (ligado o no al productor mediante relación de trabajo o contractual de cualquier clase) debidamente probados conforme al procedimiento indicado en el artículo veintiocho. En todo caso deberá probarse también el nexo de causalidad entre el motivo de exoneración invocado y la falta de correspondencia entre la calidad e idoneidad registradas o las contenidas en la licencia o en la norma técnica oficializada, o con las que ordinaria y habitualmente se exijan en el mercado y las que efectivamente tenga el bien o servicio respectivo.
Para llegar a esta solución, la Corte parte de premisas que comparto en su totalidad. Sin embargo, si la Sala Plena también las hubiese valorado plenamente a la hora de resolver sobre los demás apartes del artículo demandado, ejerciendo cabalmente su función de garante de los derechos de los consumidores, tal y como lo ordena la Constitución, la Corporación tendría que haberse pronunciado de fondo sobre las demás causales.
A continuación se expondrán y desarrollarán las anteriores afirmaciones de la siguiente forma: En primer lugar, se indicará cuáles son las premisas que han de guiar el control de constitucionalidad de las normas legales que se ocupan de la protección de los consumidores, en especial si son anteriores a la Constitución de 1991, como ocurre en este caso. En segundo lugar, se presentarán las razones por las que el viejo régimen de responsabilidad devino injusto e inadecuado para resolver los conflictos que se suscitan en torno a las compraventas en una sociedad de consumo. En tercer lugar, se presentarán los remedios que se han introducido en las diferentes legislaciones nacionales, legislativa y jurisprudencialmente, para corregir los problemas que supone la aplicación de las reglas tradicionales de responsabilidad de la compraventa en la actualidad. En cuarto lugar, se mostrará la importancia constitucional de la protección al consumidor dentro del contexto globalizado actual. Finalmente, en quinto lugar, se mostrará como la Corte le restó peso a las premisas de las cuales se suponía estaría guiado su análisis, no estudió en detalle las normas acusadas y no garantizó la protección los derechos de los consumidores que demanda la Constitución, razón por la que me aparto del fallo.
1. Presupuestos del control de constitucionalidad de normas que afecten a los consumidores
La Constitución Política de 1991 contempló dentro de su carta de derechos una protección especial a la comunidad de consumidores en general, respecto de los bienes y los servicios que se comercializan. Dice el artículo en cuestión:
Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización.
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.
El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos.
1.1. Para apreciar cabalmente el alcance de esta norma, ha de tenerse en cuenta que el artículo 78 es la primera disposición del Capítulo 3° del Título II de la Constitución, el cual se ocupa “De los derechos colectivos y del ambiente”.37 La importancia de la ubicación de la disposición de esta norma es grande, puesto que evidencia la decisión adoptada por los constituyentes de proteger los derechos de los consumidores dentro de un marco jurídico diferente al de la responsabilidad civil tradicional.
En efecto, el capítulo en cuestión introduce por primera vez dentro del sistema jurídico, a nivel constitucional, derechos colectivos. Aunque bajo la vigencia de la Constitución de 1886 ya se había hablado de esta clase de derechos, los constituyentes eran concientes del profundo cambio que este tipo de garantías implicarían dentro del sistema jurídico, por cuanto conllevaba apartarse de la visión individualista decimonónica, imperante en buena parte del ordenamiento nacional, en especial en el ámbito del derecho privado.38 No obstante, la introducción de estos derechos se consideró necesaria, por cuanto son la forma adecuada de afrontar los daños y perjuicios masivos que ocurren dentro de las sociedades contemporáneas.
En la Ponencia sobre los derechos colectivos para primer debate en comisión, en la Asamblea Nacional Constituyente, se sostuvo al respecto:
“(…) por ejemplo, cuando se afectan de manera negativa el medio ambiente y los intereses de los consumidores. La lesión resultante perjudica, con rasgos homogéneos, a un conjunto o a todos los miembros de la comunidad, y por tanto, rebasa los límites de lo individual.
Los derechos en cuestión propenden por la satisfacción de necesidades de tipo colectivo y social, y se diseminan entre los miembros de grupos humanos determinados, quienes los ejercen de manera idéntica, uniforme y compartida. Por su naturaleza e importancia, requieren un reconocimiento en la nueva Carta que fomente la solidaridad entre los habitantes del territorio nacional para la defensa de vitales intereses de carácter colectivo y que propicie la creación de instrumentos jurídicos adecuados para su protección.”39
La importancia reconocida al tema fue tal que, pese a la falta de desarrollo legal, doctrinario y jurisprudencial, lo cual plantea dificultades significativas en materia dogmática, los constituyentes adoptaron la decisión de proteger de manera específica diferentes intereses de los consumidores y elevarlos al rango de derechos constitucionales.40 El artículo 78 de la Carta recibió un amplio apoyo en la Asamblea Nacional Constituyente.41 De hecho, las observaciones que plantearon algunos delegatarios en su contra durante el proceso, no buscaban disminuir o reducir las garantías contempladas. Los debates, además de versar sobre la redacción y asuntos de forma, se limitaron a definir a quiénes se les concederían los beneficios, de qué tipo serían éstos y en qué casos operarían,42 y a decidir si se debía suprimir algunos apartes del texto, pues algunos delegatarios consideraban que sobraban al estar ya incluidos en otros fragmentos de la misma norma.43
El primer aspecto que debe tenerse en cuenta, entonces, a la hora de estudiar la constitucionalidad de una norma que verse sobre la protección de los derechos de los consumidores, es que se trata de una figura novedosa dentro del ordenamiento. Debe prestarse especial atención a la legislación que desarrolle el tema para asegurar que respete los parámetros fijados por los constituyentes, y evitar así que el mandato constitucional sea interpretado según las categorías tradicionales que dentro del derecho privado, de carácter individual, regían la materia, e impedían una adecuada protección a los consumidores.
1.2. El segundo presupuesto del control de constitucionalidad en este caso, retomado por la sentencia de la Corte en su inicio, pero olvidado al momento de analizar las normas, es que los “consumidores” constituyen uno de aquellos grupos a los que la Carta Política brindó una protección especial. Tal como lo afirmó la Corte en su sentencia C-1141 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), “(…) la Constitución aspira, con el régimen de especial protección, avanzar sostenidamente el ideario de igualdad sustancial inherente al Estado social de derecho. Con sus particularidades, la Constitución ha querido instaurar un régimen de protección en favor del consumidor y usuario de bienes y servicios que circulan en el mercado.”
Esta protección especial, que parte del reconocimiento de la situación de inferioridad en la que de hecho se encuentran los consumidores frente a los productores, demanda del juez constitucional el llevar a cabo un análisis detallado y cuidadoso de las normas. La jurisprudencia constitucional, en el fallo ya citado (C-1141 de 2000), indicó que el control de constitucionalidad en esta materia no puede reducirse a verificar los requisitos de compe­tencia del órgano regulador, “(…) la Corte debe comprobar el cabal cumplimiento del deber del órgano responsable de conformar un sistema que sea congruente con el propósito específico que justifica la protección constitucional” (acento fuera del texto). Si las normas estudiadas no contemplan la protección a los consumidores exigida por la Constitución o si, injustificadamente, dejan de reparar la situación objetiva de debilidad o desigualdad en que ellos se encuentran, “(…) no puede la Corte abstenerse de apreciar aquí suficientes motivos para declarar la inexequibilidad”, pues de hacerlo, dejaría de cumplir con el mandato superior. Concluye la Corte en dicho fallo: la deferencia de la Corte con el principio de libertad configurativa respecto de los regímenes de protección especial, se subordina al cumplimiento razonable del programa de defensa instituido por la propia Constitución y cuyo desarrollo se confía al órgano democrático.
1.3. La tercera razón por la que en este caso la Corte ha debido hacer un estudio más cuidadoso y sensible a los derechos de los consumidores, para establecer si la disposición acusada desconoce o no la Constitución Política de 1991, es que se trata de una norma preconstitucional. La sentencia de la cual me aparto resaltó este aspecto en los siguientes términos:

“Así mismo se hace necesario que la interpretación de las normas relativas a los derechos del consumidor que hayan sido expedidas con anterioridad a la expedición de la Constitución, así como el examen de su constitucionalidad, se realice bajo los postulados que estableció la norma superior en esta materia.”44
La exigencia constitucional de que el estudio de normas preconstitucionales como la que se abordó en el presente caso sea muy cuidadoso y sensible a los derechos involucrados, pese a que fue tenida en cuenta por la Sala Plena en las consideraciones del fallo, fue olvidada al momento de resolver la demanda. Con relación a qué implica concretamente esta exigencia en el análisis de constitucionalidad de normas sobre los derechos de los consumidores, la sentencia C-1141 de 2000 señaló,
“Es evidente a juicio de la Corte que las normas legales demandadas, por haber sido dictadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política, no constituyen un desarrollo que encaje perfectamente dentro del nuevo marco constitucional de defensa de los derechos del consumidor. El principio constitucional de adecuada protección del consumidor - que debe ponderarse de manera razonable y armoniosa con las exigencias igualmente legítimas de la producción y de la comercialización y de otros bienes constitucionales -, no menos que el principio de conservación del derecho, requieren que la Corte se esfuerce por hallar una interpretación que se ajuste a la Constitución y promueva su máximo cumplimiento. Ahora, si agotadas las posibilidades hermenéuticas que brindan las normas demandadas, no se obtiene un resultado plausible, la Corte tendría que declarar su inexequibilidad.”
En otras palabras, el control de constitucionalidad de una norma que regule la protección a los consumidores y haya sido expedida antes de la vigencia de la Constitución de 1991, debe ser estricto, pero, en virtud del principio de la conservación del derecho, sólo debe ser declarada inexequible si no es posible interpretarla de acuerdo a la Constitución.
1.4. La cuarta razón por la que este caso demandaba un estudio más cuidadoso y sensible a los derechos de los consumidores por parte de la Sala Plena de las disposiciones acusadas, es que fueron expedidas por el Presidente de la República, como legislador delegado, y no por el Congreso, órgano de representación democrática. La jurisprudencia constitucional ha señalado que cuando las normas cuestionadas fueron adoptadas por el legislador extraordinario, no directamente por el Congreso de la República, y su aprobación no fue el resultado de una amplia y participativa deliberación democrática, se justifica un control más estricto. Al respecto se pronunció en los siguientes términos:
“(…) El déficit de deliberación pública y de posibilidad efectiva de representación de todos los potenciales afectados o beneficiados en la expedición de la norma por parte del legislador extraordinario, podría justificar la aplicación de un test más estricto de razonabilidad que el test leve, en aras de salvaguardar los derechos de potenciales destinatarios, de grupos excluidos de la deliberación y decisión, o de potenciales afectados por la medida legislativa extraordinaria sin acceso al proceso decisorio.”45
Esta decisión es aplicable especialmente en este caso, pues varios apartes del Decreto Ley 3466 de 1982 se ocupan de regular un derecho constitucional, el derecho colectivo de los consumidores a ser protegidos de los bienes y servicios defectuosos que se comercializan, es decir, constituyen decisiones que de ser adoptadas al amparo de la Constitución de 1991 han debido ser objeto de un proceso de participación abierto a la adecuada intervención de los consumidores.
1.5. Por último, la Corte debió haber tenido en cuenta en su análisis de constitucionalidad de la norma acusada, que el derecho consagrado a favor de los consumidores por la Constitución en el artículo 78 es complejo, pues tiene varias facetas. De hecho, ha sido calificado por la jurisprudencia constitucional como poliédrico. Dijo la Corte en la sentencia C-1141 de 2000:
“(…) El derecho del consumidor, cabe advertir, tiene carácter poliédrico. Su objeto, en efecto, incorpora pretensiones, intereses y situaciones de orden sustancial (calidad de bienes y servicios; información); de orden procesal (exigibilidad judicial de garantías; indemnización de perjuicios por productos defectuosos; acciones de clase etc.); de orden participativo (frente a la administración pública y a los órganos reguladores).”46
Es decir, el derecho colectivo de los consumidores no se reduce a que la persona que ha sufrido un daño a causa de un producto o un servicio exija al productor o a quien preste el servicio el mero resarcimiento; se trata de un derecho que comprende diferentes garantías jurídicas que le aseguran a todo consumidor tener confianza en las relaciones de consumo.

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