La planificación urbana comunal y los riesgos naturales






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fecha de publicación15.06.2016
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LA PLANIFICACIÓN URBANA COMUNAL Y LOS RIESGOS NATURALES.
La Planificación Territorial en el ámbito de las comunas se hará a través de Planes Reguladores Comunales, o planes Seccionales en su caso. Corresponderá al Municipio su elaboración.

Las Municipalidades son órgano de la administración del Estado y deben someter su acción a la Constitución y las normas dictadas conforme a ella; por lo tanto, es su obligación dar protección a la población; crear las condiciones sociales que permitan la mayor realización espiritual y material de los integrantes de la comunidad nacional; respetar y promover los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana.

Son derechos fundamentales, y por tanto el Municipio debe promover y respetar:

  • El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona (artículo 19 Nº1 de la CPR).

  • La igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupo privilegiados… Hombres y mujeres son iguales ante la ley (artículo 19 Nº2)

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias

  • El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes (19 Nº14)

  • El derecho […] a la igual repartición de las cargas públicas (19 Nº20)

  • La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza a hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de los prescrito en otro preceptos de esta Constitución (19 Nº23)

  • El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por los tribunales.

A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado. La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen decretar la suspensión de la toma de posesión. (19 Nº24)

  • La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. (19 Nº26)

Corresponde al Municipio, además, la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes.

Corresponderá al Municipio dar cumplimiento al Plan Regulador Comunal, y expropiar los bienes inmuebles allí se determinen.
Los Planes Reguladores Comunales (PRC) responderán, normativamente, a lo señalado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), en su reglamento (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones), y a los instrumentos de planificación territorial de mayor rango. De hecho, las normas que se contengan el los Planes Reguladores Intercomunales o Metropolitanos se entenderán automáticamente incorporadas a los PRC, no pudiendo el Municipio establecer normas que los vulneren.

Los instrumentos de planificación territorial deberán someterse al Sistema de Evolución de Impacto Ambiental, regulado por la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Ley 19.300) y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (DS Nº 95 de 2001 del MINSEGPRES).

Señalan estas normas que se someterán a evaluación: planes regionales de desarrollo urbano, planes intercomunales, planes seccionales, proyectos industriales o inmobiliarios que los modifiquen o se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas (artículo 10 h) ).

Los proyectos podrán entrar al sistema de evaluación a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el primer instrumento constituye, a grandes rasgos, una declaración jurado del titular sobre el proyecto, los impactos que generará y las medidas a seguir; el segundo, en cambio, constituye un estudio más elaborado del proyecto, dados los impactos que genera, y en su tramitación admite la participación ciudadana.

Ingresarán a tramitación a través de EIA los proyectos que presenten los impactos señalados en el artículo 11 de la ley 19.300, y detallados en el DS Nº95 de 2001 del MINSEGPRES.

Los impactos que podrían tener lugar en el caso de la planificación territorial y en relación con los riesgos naturales son:

b) efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.

Según el Reglamento, se deben considerar al determinar los efectos adversos:

a) lo establecido en las normas secundarias de calidad ambiental y de emisión vigentes. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 7 del presente Reglamento;

b) la composición, peligrosidad, cantidad y concentración de los efluentes líquidos y de las emisiones a la atmósfera;

c) la frecuencia, duración y lugar de las descargas de efluentes líquidos y de emisiones a la atmósfera;

d) la composición, peligrosidad y cantidad de residuos sólidos;

e) la frecuencia, duración y lugar del manejo de residuos sólidos;

f) la diferencia entre los niveles estimados de inmisión de ruido con proyecto o actividad y el nivel de ruido de fondo representativo y característico del entorno donde se concentre fauna nativa asociada a hábitats de relevancia para su nidificación, reproducción o alimentación;

g) las formas de energía, radiación o vibraciones generadas por el proyecto o actividad;

h) los efectos de la combinación y/o interacción conocida de los contaminantes emitidos y/o generados por el proyecto o actividad;

i) la relación entre las emisiones de los contaminantes generados por el proyecto o actividad y la calidad ambiental de los recursos naturales renovables;

j) la capacidad de dilución, dispersión, autodepuración, asimilación y regeneración de los recursos naturales renovables presentes en el área de influencia del proyecto o actividad;

k) la cantidad y superficie de vegetación nativa intervenida y/o explotada, así como su forma de intervención y/o explotación;

l) la cantidad de fauna silvestre intervenida y/o explotada, así como su forma de intervención y/o explotación;

m) el estado de conservación en que se encuentren especies de flora o de fauna a extraer, explotar, alterar o manejar, de acuerdo a lo indicado en los listados nacionales de especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas;

n) el volumen, caudal y/o superficie, según corresponda, de recursos hídricos a intervenir y/o explotar en:

n.1. vegas y/o bofedales ubicados en las Regiones I y II, que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas;

n.2. áreas o zonas de humedales que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas o superficiales;

n.3. cuerpos de aguas subterráneas que contienen aguas milenarias y/o fósiles;

n.4. una cuenca o subcuenca hidrográfica transvasada a otra; o

n.5. lagos o lagunas en que se generen fluctuaciones de niveles;

ñ) las alteraciones que pueda generar sobre otros elementos naturales y/o artificiales del medio ambiente la introducción al territorio nacional de alguna especie de flora o de fauna; así como la introducción al territorio nacional, o uso, de organismos modificados genéticamente o mediante otras técnicas similares;

o) la superficie de suelo susceptible de perderse o degradarse por erosión, compactación o contaminación;

p) la diversidad biológica presente en el área de influencia del proyecto o actividad, y su capacidad de regeneración.”
c) reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos;

Señala el Reglamento “que se considerará el desplazamiento y reubicación de grupos humanos que habitan en el área de influencia del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas.

Se entenderá por comunidades humanas o grupos humanos a todo conjunto de personas que comparte un territorio, en el que interactúan permanentemente, dando origen a un sistema de vida formado por relaciones sociales, económicas, y culturales, que eventualmente tienden a generar tradiciones, intereses comunitarios y sentimientos de arraigo.

Asimismo, a objeto de evaluar si el proyecto o actividad genera alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, se considerará el cambio producido en las siguientes dimensiones que caracterizan dicho sistema de vida:

a) dimensión geográfica, consistente en la distribución de los grupos humanos en el territorio y la estructura espacial de sus relaciones, considerando la densidad y distribución espacial de la población; el tamaño de los predios y tenencia de la tierra; y los flujos de comunicación y transporte;

b) dimensión demográfica, consistente en la estructura de la población local por edades, sexo, rama de actividad, categoría ocupacional y status migratorio, considerando la estructura urbano rural; la estructura según rama de actividad económica y categoría ocupacional; la población económicamente activa; la estructura de edad y sexo; la escolaridad y nivel de instrucción; y las migraciones;

c) dimensión antropológica, considerando las características étnicas; y las manifestaciones de la cultura, tales como ceremonias religiosas, peregrinaciones, procesiones, celebraciones, festivales, torneos, ferias y mercados;

d) dimensión socio-económica, considerando el empleo y desempleo; y la presencia de actividades productivas dependientes de la extracción de recursos naturales por parte del grupo humano, en forma individual o asociativa; o

e) dimensión de bienestar social básico, relativo al acceso del grupo humano a bienes, equipamiento y servicios, tales como vivienda, transporte, energía, salud, educación y sanitarios.”

Los Planes Reguladores Comunales contendrán normas sobre adecuados condiciones de higiene y seguridad de los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento.

En sus disposiciones contendrán normas sobre: uso de suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario, estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidad y determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás aspectos urbanísticos.

Éstos estarán constituido por:

  1. una memoria explicativa, que contendrá todos los antecedentes socio-económicos; los relativos a crecimiento demográfico, desarrollo industrial y demás antecedentes técnicos que sirvieron de base a las proposiciones y los objetivos, metas y prioridades de las obras proyectadas; un estudio de factibilidad para ampliar o dotar de agua potable y alcantarillado, en relación con el crecimiento urbano proyectado, estudio que requerirá consulta previa al Servicio Sanitario correspondiente de la Región;

  2. una ordenanza local, que contendrá las disposiciones reglamentarias pertinentes;

  3. los planos, que expresarán gráficamente las disposiciones […]


En los casos en que se requieran estudios más detallados para la aplicación de un PRC, ello se hará a través de un Plano Seccional, en que se fijarán con exactitud los trazados y anchos de calles, zonificación detallada, las áreas de construcción obligatoria, de remodelación, conjuntos armónicos, terrenos afectados por expropiaciones, etc. Éstos serán obligatorios para las comunas con más de 50.000 habitantes y que cuenten con asesor urbanista, para los efectos de fijar las líneas oficiales de edificación, y lo será también en aquellas que califique especialmente la Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por sus condiciones topográficas, o por urgencia en materializar determinadas obras públicas o expropiaciones.
La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), señala que la memoria explicativa del PRC deberá contener un estudio de riesgos y protección ambiental, con sus respectivas áreas de restricción y condiciones para ser utilizadas. Además, la ordenanza local deberá contemplar las áreas de riesgo y restricción. (2.1.10)
La LGUC establece en el artículo 59 que se declararan de utilidad pública los terrenos localizados en áreas urbanas y de extensión urbana que los planes reguladores destinen a parques intercomunales y comunales. Dichas declaratorias caducarán en 5 años, si los terrenos se ubican en áreas urbanas; y en 10 años, en las áreas de extensión urbana. En los terrenos afectos a expropiación no se podrá aumentar el volumen de las construcciones que allí existan. (no obstante la excepción del artículo 121 sobre permiso especial para construir o reconstruir sobre terrenos sujetos a expropiación). La expropiación se hará de acuerdo a lo señalado en el DL 2186 de 1978, en que se fija el procedimiento expropiatorio.
En la LGUC se establece, también, la obligación de las Municipalidades de saneamiento de las poblaciones, es decir, de desarrollar las acciones necesarias para la rehabilitación y saneamiento de las poblaciones deterioradas o insalubras dentro de la comuna, en coordinación con los planes de esta misma naturaleza y planes habitacionales del MINVU.

La Municipalidad podrá ejecutar directamente, con cargo a presupuesto, las siguientes acciones:

  1. Adquirir terrenos para la erradicación de poblaciones mal emplazadas, con riesgos de inundación o imposibilidad de dotarlas de la infraestructura sanitaria.

c) Ejecutar jardines y plantaciones de las áreas verdes de uso público.
La OGUC reglamenta detalladamente las áreas restringidas al desarrollo urbano y señala:

En los planes reguladores podrán definirse áreas restringidas al desarrollo urbano, por constituir un peligro potencial para los asentamientos humanos.

Dichas áreas se denominarán ‘zonas no edificables’ o bien, ‘áreas de riesgos’, según sea el caso, como se indica a continuación:

Por ‘zonas no edificables’, se entenderán aquellas que por su especial naturaleza y ubicación no son susceptibles de edificación, en virtud de lo preceptuado en el inciso primero del artículo 60 de la LGUC (En el artículo 60 señala que el PRC señalará los terrenos que por su especial naturaleza y ubicación no sean edificables; los que no podrán subdividirse y sólo aceptarán actividades transitorias). En estas áreas sólo se aceptará la ubicación de actividades transitorias.

Por ‘áreas de riesgo’, se entenderán aquellos territorios en los cuales, previo estudio fundado, se limite determinado tipo de construcciones por razones de seguridad contra desastres naturales u otros semejantes, que requieran para su utilización la incorporación de obras de ingeniería o de otra índole suficientes para subsanar o mitigar tales efectos.

Para autorizar proyectos a emplazarse en áreas de riesgo, se requerirá que se acompañe a la respectiva solicitud de permiso de edificación un estudio fundado, elaborado por profesional especialista y aprobado por el organismo competente, que determine las acciones que deberán ejecutarse para su utilización, incluida la Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente […]. Este tipo de proyectos podrá recibirse parcial o totalmente en la medida que se hubieren ejecutado las acciones indicadas en el referido estudio. En estas áreas, el plan regulador establecerá las normas urbanísticas aplicables a los proyectos una vez se cumplan con los requisitos establecidos en este inciso.

[…]

Las ‘áreas de riesgo’ se determinarán en base a las siguientes características:

  1. Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebrada, curso de agua no canalizados, napas freáticas o pantanos.

  2. Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas.

  3. Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas.

  4. Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana.


En el área urbana los Instrumentos de Planificación Territorial podrán establecer superficies prediales mínimas de cualquier tamaño, cuando la zona afecta a dicha disposición presenta alguna de la siguientes condiciones:

  1. Estar expuesta a zona de riesgo…

  2. Tener pendiente promedio superior al 20%


Los PRC definirá la red vial pública, y se contemplarán las expropiaciones para apertura y ensanche de calles.
Los PRC del área Metropolitana se encuentra enmarcados, y deben respetar, las normas del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).

En relación a los riesgos naturales el PRMS distingue las áreas de riesgo para los Asentamientos Humanos (8.2): y entre éstas los riesgos de origen natural y los riesgos por actividades peligrosas.

En cuanto a los riesgo de origen natural:

Se consideran: “las que presentan fallas Geográficas y/o inestabilidad a los sismos; las volcánicas; las de inadecuada constitución del terreno para la fundación de estructuras; las de deslizamientos de materiales o sedimentos; las de inundación por aluvión o avenidas; las de avalanchas de nieve, derrumbes y corrientes de barro; las de concentración de aguas provenientes de las precipitaciones; y, las áreas afectadas por otros riesgos naturales potenciales de tipo Geológico, geomorfológico, hidrológico y climático.”

  1. De Inundación: Tipologías: áreas de alto riesgo natural por inundación; lugares críticos de concentración de aguas; cauces artificiales; y, suelos de mal drenaje.

    1. Alto riesgo natural por Inundación: “cauces pertenecientes a la hoya hidrográfica de los ríos, esteros y quebradas y las áreas ribereñas que son ocupadas por las aguas cuando ocurren fenómenos de aluvión, avenidas o crecidas fuertes. Asimismo se consultarán en esta categoría los terrenos afectados por afloramientos de aguas subterráneas y napas freáticas”.

      1. Cauces naturales: comprenden cauces y fajas adyacentes, puede ser:

        1. Recurrentemente inundables (Planos RM-PRM-92-1.A y RM-PRM-95-CH.1.C): sólo permiten instalaciones mínimas complementarias a las actividades al aire libre (uso de suelo: áreas verdes; recreacional-deportivo; y, esparcimiento y turismo al aire libre). Se prohíbe todo tipo de edificaciones y construcciones que impliquen la presencia prolongada de personas o la concentración de ellas sin la posibilidad de evacuación expedita y/o que interfieran el libre curso de las aguas.

Mediante la modificación del Plan Regulador comunal, las áreas urbanizadas y urbanizables afectadas por este riesgo, podrán aumentar la intensidad de ocupación de suelo, como asimismo la densidad de población. No obstante, se establecen en este plan un 1% como porcentaje máximo de ocupación de suelo; y un coeficiente máximo de constructibilidad de 0,01.

Además, las subdivisiones de lotes tendrás superficie mínima de 10 hás.

En Peñalolén se comprende el Zanjón de la Aguada.

        1. Amagadas por Inundación: terrenos consolidades con edificaciones, adayacentes a puntos de desbordes de cauces permanentes, con peligro de inundación.

Los plan reguladores comunales deben reconocerlas, fundándose en estudios ténicos y proyectos aprobados de obras específicas, que contemplen condiciones para minimizar el riesgo de inundación, aprobados por el Organismo competente. Deben especificar normas de densidad y características de las edificaciones.

        1. Quebradas: cualquier construcción o urbanización en estas áreas debe contar con estudios y proyectos que aseguren el normal escurrimiento de las aguas y la protección de los bordes y laderas, los cuales deberán ser informados favorablemente por los organismos competentes que corresponda, previamente a la autorización municipal. Asimismo, la recepción municipal sólo se efectuará previa conformidad de las obras derivadas de los proyectos antes señalados.

Si de dichos estudios resultan anchos menores a los que se establecen en este instrumento, se deberá respetar la superficie mínima establecida para los Parques Quebradas, y en estas áreas sólo se permitirá equipamiento de áreas verdes, recreacional-deportivo y esparcimiento –turismo, con instalaciones mínimas complementarias que no importen concentración masiva o permanencia prolongada de personas.

En Peñalolén se conforman por:

Nombre Quebrada

Código

Tramo normado

Ancho Mín. Faja Restr. A c/borde.

De Macul (ramal secundario)

O-11

Desde límite de extensión urbana hasta Canal San Carlos

40 metros

Lo Hermida

O-12

Desde límite de extensión urbana hasta calle Álvaro Casanova

Desde calle Álvaro Casanova hasta Canal Las Perdices

40 metros
25 metros

Nido de Águilas

O-13

Desde límite de extensión urbana hasta calle Álvaro Casanova

Desde calle Álvaro Casanova hasta Canal Las Perdices

40 metros
25 metros

Peñalolén

O-14

O-15

Desde límite de extensión urbana hasta Canal las Perdices

40 metros

En las áreas urbanas el ancho de 40 metros, adyacentes a cada borde del cauce, podrá ser menor conforme lo concluya el estudio de riesgo o informe técnico. La disminución deberá ser informada favorablemente por la Seremi Minvu.

En las franjas adyacentes a cada borde del cauce se permitirán los usos de suelo: áreas verdes, espacio público, equipamiento de esparcimiento-recreación, deporte; todas las actividades al aire libre, con las construcciones y/o edificaciones mínimas e indispensables para su habitación que no impliquen concentración masiva y permanezca prolongada de personas. Y, se permitirá destinar hasta un 30% del ancho a vialidad.

    1. Lugares críticos de concentración de aguas: son terrenos afectados por las aguas que proviene de precipitaciones o escurrimientos superficiales y que afectan negativamente la seguridad y habitabilidad de los sectores que las reciben, como asimismo, los elementos de infraestructura sanitaria, vial y de comunicaciones.

    2. Cauces artificiales: corresponden a obras de canalización de aguas. Debe haber franjas de protección a ambos costados del borde del cauce, según lo determine el organismo competente.

Los planes reguladores deben graficar los cauces y sus fajas de restricción, y establecer los usos de suelo de estas últimas. En caso de que esos cauces se entuben, el uso de suelo será el de área verde, salvo que no se incorporen bajo la infraestructura vial.

Para los efectos de precisar restricciones se consideran, en Peñalolén: el Canal San Carlos, el Canal Las Perdices.

    1. Suelos de mal drenaje: corresponden a áreas pantanosas o de vegas cuya contextura de suelos le dificulta filtrar las aguas superficiales provenientes de escurrimientos superficiales, precipitaciones y en algunos casos, además existe afloramiento de aguas subterráneas.

Es estas áreas está restringido el emplazamiento de todo tipo de edificaciones y construcciones que dificulten el libre escurrimiento de las aguas, así como aquellas actividades de tipo industrial, agroindustrial u otros, susceptibles de contaminar el suelo y las aguas.

La superficie predial mínima es de 10 há.


  1. De derrumbes y asentamiento del suelo: son áreas que presentan inestabilidad por estar constituidas por rellenos ratifícales o por corresponder a pozo originados por actividades extractivas.

En Peñalolén: Pozo: Quebrada de Macul/Canal las Perdices. Se permite usos de suelo: equipamiento de áreas verdes, culto, cultura, recreacional-deportivo y esparcimiento-turismo; disposición final de residuos de la construcción y/o demoliciones; y, estaciones de transferencia exclusiva. La superficie mínima predial es de 3 hectáreas, el porcentaje máximo de ocupación de suelo es del 10%, y el coeficiente máximo de constructibilidad es de 0,1.


  1. Riesgo geofísico asociado a eventos naturales:

Son aquellas áreas que presentan características geofísicas altamente vulnerables a fenómenos naturales y que pueden producir erosión o socavamiento y/o remoción en masa de materiales o sedimentos.

Para las áreas urbanizables y/o consolidadas que puedan resultar afectadas por los riesgos potenciales indicados, se establecerán normas en el respectivo Plan Regulador comunal, el que deberá reconocerlas, fundándose en estudios técnicos específicos de riesgos, actualizados y aprobados por organismos competentes, que contemplen condiciones u obras específicas para asegurar una habitabilidad libre de riesgos para la población propuesta.

Para cumplir el objetivo anterior los instrumentos de planificación local deberán establecer tanto las normas de densidad, como las características de las edificaciones. Se consideran en esta categoría las siguientes tipologías:

a. De Riesgo Geofísico Asociado a Remoción en Masa.

Corresponden a aquellas áreas en que la remoción en masa de materiales se puede presentar como fenómenos de avalanchas, aluviones, aludes, derrumbes, deslizamientos, rodados de piedras u otros materiales de arrastre; todo ello desencadenado por sismos, lluvia, acumulación de nieve y deshielos, o aceleración del escurrimiento de aguas a través de las quebradas.

- Área Montañosa - Quebrada S/nombre O-16 La Reina/Peñalolén

- Área Montañosa - Quebrada de Macul Peñalolén/La Florida

Con el fin de desafectar, disminuir o precisar estas áreas, se podrán realizar estudios técnicos específicos de riesgo y las obras que se requieran, previa aprobación de los organismos competentes. Dicha desafectación deberá ser informada favorablemente por la Seremi RM de Vivienda y Urbanismo, con lo cual se entenderá incorporada al presente Plan con la zonificación graficada en los planos precedentemente señalados.

Uso de Suelo Permitido: en estas áreas sólo se permitirán actividades de forestación y esparcimiento al aire libre, con instalaciones mínimas complementarias a dichas actividades y que no impliquen concentración masiva y/o permanencia prolongada de personas.

Las instalaciones no podrán alterar la topografía del suelo, como asimismo el escurrimiento natural de aguas provenientes de esteros y/o quebradas.

No se permitirá instalaciones o construcciones de ningún tipo en terrenos adyacentes a quebradas, a distancias inferiores a 40 m de cada costado de sus bordes, sin perjuicio de distancias mayores establecidas en casos específicos.

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