República de Colombia Corte Suprema de Justicia Proceso n.° 33264






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fecha de publicación15.06.2016
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Casación: 33264. Inadmisión

Aída de Jesús Carmona Henao

República de Colombia




Corte Suprema de Justicia

Proceso n.° 33264

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL



Magistrado Ponente:

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

Aprobado acta N° 114
Bogotá D.C., catorce (14) de abril de dos mil diez (2010)




V I S T O S




La Sala resuelve la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por el Procurador 113 Judicial en lo Penal II contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Medellín, el 7 de septiembre de 2009, mediante la cual confirmó la dictada por el Juzgado Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Girardota (Antioquia), el 25 de marzo del mismo año, que condenó a Aída de Jesús Carmona Henao a la pena principal de 52 meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo plazo de la sanción privativa de la libertad, como autora del delito de homicidio simple en grado de tentativa.


H E C H O S



El juzgador de segunda instancia los resumió de la siguiente manera:

El día 14 de mayo de 2006, en la residencia ubicada en la carrera 49 número 48-44, del municipio de Copacabana (Antioquia), se encontraba el señor Jhon Jaime Vergara Cardona, durmiendo en compañía de su amiga Luz Marina Acevedo Puerta, luego de una noche de copas. La señora Aída de Jesús Carmona Henao (compañera o ex compañera del citado), en compañía de su hija Geraldine, una vez enterada, procedió a dirigirse hasta dicha dirección, una vez Vergara Cardona, abrió la puerta, la menor procedió a solicitarle un dinero para la compra de unos zapatos, en forma simultánea Aída al percatarse que éste se encontraba acompañado de una dama, tomó el arma corto-punzante (cuchillo), que halló en la poceta del inmueble y procedió en el acto a lesionar a Luz Marina Acevedo (gravemente en el tórax y rostro - deformidad física de carácter permanente), como también a Jhon Jaime Vergara (herida flanco izquierdo del abdomen)”.


ACTUACIÓN PROCESAL
1. Por los anteriores hechos, el 12 de noviembre de 2008, se llevó a cabo ante el juez de control de garantías la legalización de la captura y la formulación de imputación, acto en el cual Aída de Jesús Carmona Henao aceptó de manera libre, voluntaria y debidamente asistida los cargos por el delito de homicidio simple en grado de tentativa.
2. El Juzgado Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Girardota (Antioquia), el 25 de marzo de 2009, dictó fallo de primera instancia en la que condenó a Aída de Jesús Carmona Henao a la pena principal de 52 meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo plazo de la sanción privativa de la libertad, como autora del delito de homicidio simple en grado de tentativa.
3. Apelado el fallo por la defensa técnica, el Tribunal Superior de Medellín, el 7 de septiembre de 2009, lo confirmó en su integridad.
Contra la anterior decisión, el Procurador 113 Judicial en lo Penal II interpuso recurso de casación.


L A D E M A N D A D E C A S A C I Ó N

El Delegado del Procurador General de la Nación, al amparo de la causal segunda de casación, presenta un único cargo contra el fallo del Tribunal, cuyos argumentos se sintetizan de la siguiente manera:

Único cargo
Acusa al sentenciador de haber violado el debido proceso y el derecho de defensa, por cuanto a la procesada se le atribuyó el cargo de homicidio simple en grado de tentativa sin que se le hubiese reconocido el estado emotivo de la ira y, por lo mismo, no se hizo la rebaja de pena correspondiente.
Reconoce que en el presente asunto si bien es cierto la procesada, de manera libre y voluntaria, se allanó al cargo de homicidio sin el reconocimiento de aquella atenuante, de todos modos considera que en la imputación del cargo se vulneró el principio de estricta tipicidad.
Estima que en este caso la fiscalía pese a contar con los elementos probatorios necesarios a fin de establecer el móvil de la conducta punible desplegada por la acusada, omitió “a la hora de formular la imputación, hacerlo de conformidad con el principio de la legalidad estricta, esto es, reconociendo la existencia de una causal diminuente de la responsabilidad penal”.
Manifiesta que el juzgador de primera instancia inicialmente declaró la nulidad de lo actuado a partir del acto de formulación de la imputación, providencia que ulteriormente fue descalificada por el Tribunal con el argumento de que se trataba de una simple especulación y no de la prueba clara de una circunstancia atenuante.

A continuación reitera que el fiscal reconoció la existencia del vicio en la diligencia de sustentación del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, en la medida en que estuvo de acuerdo con la tesis de la defensa consistente en que la acusada “reaccionó ante la negativa del padre de su hija para comprar unos zapatos, insistiendo en la circunstancia de que la ciudadana Carmona había acudido al escenario de los hechos desprovista de armas, por lo cual el reconocimiento de dicha atenuante no violaba el principio de congruencia entre la formulación de la acusación y la sentencia. Razón por la cual consideraba dable el reconcomiendo de la diminuente de la pena establecida en el art. 57 del C. Penal”.
Empero, afirma que dicha argumentación fue desestimada por el Tribunal no obstante que se trataba del representante del Fiscal General, con el raciocinio que la acusada estuvo movida “por un ánimo impulsivo y de agresividad inmotivado y que, además, ingresó sin autorización alguna a los aposentos a donde se hallaba la víctima, habida cuenta de la fragilidad de la cerradura de la puerta”.
Califica como desatinada la conclusión del juzgador de segunda instancia, puesto que de manera simultanea sostiene que la acusada no actuó motivada por un dolo de ímpetu y, seguidamente, afirma que el motor de la conducta fue el temperamento impulsivo de la procesada.

Aduce que dentro del diligenciamiento obran dos circunstancias que indican que Carmona Henao actuó impulsivamente y de manera emotiva, a saber:
1. Los celos, en tanto que encontró a su ex pareja acompañado por una mujer “en paños menores y con evidentes signos de haber pasado una noche de farra”.
Dice que la infidelidad constituye un motivo suficiente para desencadenar un estado “de conturbación y alteración de psiquis…”.
Agrega que esa circunstancia se presenta en todo tipo de sociedades, puesto que el amor o la pasión entrañan ciertos sentimientos de posesión.
2. “La comprobación anterior se hizo en forma simultanea con la negativa del ciudadano Vergara Cardona a cumplir con sus elementales obligaciones de padre, pues éste omitió en su presencia darle a su hija Geraldine para comprar unos zapatos que ella necesitaba”.
Concluye que los dos comportamientos enunciados anteriormente, se encuentran debidamente acreditados por su gravedad e injustificación situación que tenía la fuerza suficiente para desestabilizar gravemente a la procesada.
Por lo expuesto, eleva las siguientes peticiones a la Corte:

a) Que en el evento que se considere que hubo una afectación de las garantías de la acusada se declare la nulidad de todo lo actuado con el objeto que la fiscalía proceda, de manera correcta, a formular la imputación ante el juez de control de garantías.
b) O, que se dicte un fallo de sustitución reconociéndose a la acusada el estado emotivo de la ira.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. En el nuevo sistema procesal, la casación se concibe como un medio de control constitucional y legal que procede contra las sentencias dictadas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos cuando afectan derechos o garantías procesales. Por lo mismo, ha de concluirse que este recurso, concebido como un control constitucional, es consecuencia natural de la función que ejerce la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación, según así lo prevé el artículo 235 de la Carta y, por ende, guardiana de los fines primordiales contemplados en el artículo 180 de la Ley 906 de 2004.
De acuerdo con lo que estatuye la citada Ley 906, para que la demanda sea admitida se requiere que el libelista, además de contar con interés, acredite la afectación de derechos o garantías fundamentales, para lo cual también deberá formular y desarrollar los correspondientes cargos y, por supuesto, demostrar la necesidad de intervención de la Corte para lograr algunos de los fines establecidos para la casación, según lo previsto en el artículo 180 de esa normatividad, es decir, la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios sufridos por éstos y la unificación de la jurisprudencia, propósitos que, como lo tiene dicho la jurisprudencia de la Corte, son los mismos del proceso penal, lo que explica que las causales de casación tengan un diseño dirigido a lograr esos fines.
Así, “el recurso extraordinario de casación no puede ser interpretado sólo desde, por y para las causales, sino también desde sus fines, con lo cual adquiere una axiología mayor vinculada con los propósitos del proceso penal y con el modelo de Estado en el que él se inscribe.
En otros términos, las causales determinan la forma en que procede denunciar la ilegalidad o inconstitucionalidad del fallo y de conducir el debate en sede extraordinaria, pero ellas no son un fin en sí mismo para la viabilidad del recurso, pues ésta debe determinarse por la manifiesta configuración de uno o varios de los motivos normativamente establecidos para lograr el desquiciamiento de la decisión impugnada.
Claro que por razón de esto no puede llegar a entenderse que el recurso haya sido morigerado en extremo, al punto de quedar librado a la simple voluntad de las partes sin referencia a ningún parámetro legal, y que se convierta en una fórmula abierta para controvertir sin más las decisiones judiciales según el albedrío del casacionista, lo cual repugna a la noción de debido proceso constitucional, pues la admisibilidad al trámite y la prosperidad de la pretensión queda condicionada a la demostración del interés en el censor, la correcta selección de las causales, la coherencia de los cargos que a su amparo pretenda aducir, y la debida fundamentación fáctica y jurídica de éstos, además de la necesidad de acreditar cómo con su estudio se cumplirán uno o varios de los fines de la casación”.1
El recurso extraordinario no es un instrumento que permita continuar con el debate fáctico y jurídico llevado a cabo en el agotado proceso, por lo que no es procedente realizar toda clase de cuestionamientos a manera de instancia adicional a las ordinarias del trámite, sino que debe ser un escrito claro, lógico, coherente y sistemático en el que, al tenor de los motivos expresa y taxativamente señalados en la ley, se denuncian errores bien sea de juicio o de procedimiento en que haya podido incurrir el sentenciador, procediendo a demostrarlos dialécticamente y evidenciando su trascendencia, para de esa manera concluir que la sentencia no es acorde con el ordenamiento jurídico, cuya desvirtuación, se reitera, compete al libelista.

2. En primer lugar, se hace necesario establecer si el Procurador 113 Judicial en lo Penal II tiene interés para acudir a esta sede, en tanto la sentencia tuvo como génesis un allanamiento a cargos.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el representante del Procurador General de la Nación tiene interés para recurrir la sentencia en los siguientes eventos:
a) Cuando el superior haya desmejorada la situación de un sujeto procesal en desarrollo del recurso de apelación interpuesto por éste.
b) Cuando se plantee una causal de nulidad; y
c) Cuando el agravio sea el resultado de un pronunciamiento vertido en el grado jurisdiccional de consulta y, además, se acredite la afectación de los derechos y garantías fundamentales con la decisión impugnada.
De manera que en el presente asunto el Procurador 113 Judicial en lo Penal II tiene interés para acudir a esta sede así no haya impugnado el fallo de primera instancia, por cuanto está planteando la transgresión de los postulados del debido proceso, del derecho defensa y el principio de la estricta tipicidad.
3. La demanda presentada por el Procurador 113 Judicial en lo Penal II no cumple con los parámetros de lógica y debida fundamentación reglados para su admisibilidad, en tanto no demostró la existencia del vicio y, menos, los conectó con los fines que informan la casación de acuerdo con el nuevo sistema consagrado en la Ley 906 de 2004.
Resulta oportuno recordar que el recurso de casación fue estatuido para denunciar vicios de derecho o de actividad cometidos en la construcción de la sentencia o en el trámite judicial, según el caso. De ahí que le compete al casacionista que postule el yerro a través de las causales de casación contempladas para el efecto, demostrando cómo el mismo logra resquebrajar el fallo, al punto que se impone su casación, con el objeto de cumplir con los fines estatuidos en el artículo 180 de la Ley 906 de 2004.
La Sala ha puntualizado que si bien la acreditación de la causal segunda de casación es menos exigente que la demostración de las otras, lo cierto es que impone al demandante proceder con precisión, claridad y nitidez a identificar la clase de irregularidad sustancial que determina la invalidación, plantear sus fundamentos fácticos, indicar los preceptos que considera conculcados y expresar la razón de su quebranto, especificar el límite de la actuación a partir del cual se produjo el vicio, así como la cobertura de la nulidad, evidenciar que procesalmente no existe manera diversa de restablecer el derecho afectado y, lo más importante, comprobar que la anomalía denunciada tuvo injerencia perjudicial y decisiva en la declaración de justicia contenida en el fallo impugnado (principio de trascendencia), dado que este recurso extraordinario no puede fundarse en especulaciones, conjeturas, afirmaciones carentes de demostración o en situaciones ausentes de quebranto.

En lo que atañe al único cargo que el actor postula, entre otros, bajo la supuesta violación del debido proceso por cuanto a la acusada no se le reconoció el estado emotivo de la ira, resulta evidente que el presunto vicio que se le atribuye al sentenciador radica en una simple discrepancia de criterios frente al mérito que ha debido reconocérsele a los elementos materiales probatorios con los que se fundó la imputación por el delito de homicidio en grado de tentativa.
Argumenta el libelista que el acto de la imputación de los cargos es contrario al debido proceso, en la medida en que a la acusada no se le degradó la responsabilidad por haber actuado en estado de ira. Sin embargo, revisados los registros técnicos se advierte con claridad que dicho tema fue discutido a lo largo del proceso reconociéndose que el comportamiento de Carmona Henao no provino de un acto injusto.
En tales condiciones, fácil es concluir que el libelista se quedó en la simple postulación de la censura, habida cuenta que no demuestra en qué consistió el error de actividad del juzgador, al punto que lleve a la intervención de la Corte como tribunal de casación en procura de reparar el agravio sufrido por la acusada.
De otro lado, como se anotó en precedencia, el juzgador de segunda instancia analizó el instituto de la ira concluyendo que en este evento no procedía, toda vez que no hubo un acto injustificado por parte de las víctimas en contra de su agresora.

De manera textual el Tribunal anotó:
Por lo tanto, la decisión del a-quo, no es producto de la convicción subjetiva ni de la valoración insular de la prueba, pues como lo predica la defensa en referencia a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, cada caso debe analizarse en forma particular y concreta como efectivamente acaeció; y así, es el propio letrado, quien señala ese temperamento violento de la señora Aída de Jesús Carmona Henao, contrario a lo aducido por el Agente del Ministerio Público para que se dé su reconocimiento, dijo en lo atinente a un salvamento de voto, como requisitos fundamentales del respectivo atenuante que:
i) sean provocados de manera injustificada, la inasistencia alimentaría que conlleva el dar vestido a sus descendientes, es un delito, razón por la cual, la acusada debió acudir a la autoridad competente para que Jhon Jairo Vergara, cumpliera con su obligación legal, no pudiendo tomar la justicia por sus propias manos; ii) no tengan explicación patológica, la celotipia, realmente es una patología que permitiría ubicarnos en el dolo de ímpetu, pero se refirió en este investigativo, que la reacción de Aída de Jesús, fue por la negativa de entregar el dinero para los zapatos de su hija Geraldine, ‘debiéndose tener una razón real’, preguntándose la Sala, ¿cuál entonces era la razón real que llevó a tal acción delictiva?; y iii) no se origina en una personalidad impulsiva, reiteramos que la defensa adujo de su pupila, que tenía poca escolaridad y es ‘una persona temperamental’, trayendo en referencia un aparte de la entrevista a Edgar Antonio Botero Cano, quien afirmó: ‘Alda, se localiza en Yarumito, por El Recreo, cerca al comando, ella es muy violenta, agresiva y reacciona’, circunstancia que conforme al tercer requisito, no favorece a la señora Carmona Henao, que la Sala lo entiende en el efecto opuesto al pretendido por el profesional del derecho encargado de la defensa.
Nada hay pues, de censurable en la valoración que el señor Juez, le dio a la pretendida atenuante, conforme a las pruebas allegadas en legal y oportuna forma a la causa, para no dar lugar a ella, (artículo 57 código penal - estado de ira o intenso dolor); así, acorde a los hechos investigados, mal puede reprochársele a la primera instancia la adecuada apreciación que al respecto se hizo frente al conjunto de pruebas.
Considera la Sala, que la argumentación referida al reconocimiento de la atenuante, se torna en una retractación de la defensa (defensor-defendido), respecto del delito de Homicidio Simple, al cual se allanó en audiencia de formulación de imputación ante Juez de Control de Garantías, para lo cual no se encuentra legitimada en este estadio procesal; pues acorde al artículo 293, inciso 2°, del estatuto procesal penal, una vez aprobada la aceptación unilateral de responsabilidad por el juez competente, no es dable la recantación”.

Así, se impone la inadmisión de la demanda.
Resta señalar que no se observa que con ocasión del fallo impugnado o dentro de la actuación se violaron derechos o garantías de los intervinientes, como para que tal circunstancia imponga superar los defectos del libelo para decidir de fondo, según lo dispone el inciso 3° del artículo 184 de la Ley 906 de 2004.

Acotación final
En la medida en que contra la decisión de inadmitir la demanda de casación presentada por el Procurador 113 Judicial en lo Penal II procede el mecanismo de insistencia de conformidad con lo establecido en el artículo 186 de la Ley 906 de 2004, impera precisar que como dicha legislación no regula el trámite a seguir para que se aplique el referido instituto procesal, la Sala ha definido las reglas que habrán de seguirse para su aplicación,2 como sigue:
a) La insistencia es un mecanismo especial que sólo puede ser promovido por el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia por cuyo medio la Sala decida no seleccionar la demanda de casación, con el fin de provocar que ésta reconsidere lo decidido. También podrá ser provocado oficiosamente dentro del mismo término por alguno de los Delegados del Ministerio Público para la Casación Penal -siempre que el recurso no hubiera sido interpuesto por el Procurador Judicial-, el Magistrado disidente o el Magistrado que no haya participado en los debates o suscrito la providencia inadmisoria.

b) La solicitud de insistencia puede elevarse ante el Ministerio Público, a través de sus Delegados para la Casación Penal, o ante uno de los Magistrados que hayan salvado voto en cuanto a la decisión mayoritaria de inadmitir la demanda o ante uno de los Magistrados que no haya intervenido en la discusión.
c) Es potestativo del Magistrado disidente, del que no intervino en los debates o del Delegado del Ministerio Público ante quien se formula la insistencia, optar por someter el asunto a consideración de la Sala o no presentarlo para su revisión, evento último en que informará de ello al peticionario en un plazo de quince (15) días.
d) El auto a través del cual no se selecciona la demanda de casación trae como consecuencia la firmeza de la sentencia de segunda instancia contra la cual se formuló el recurso de casación, salvo que la insistencia prospere y conlleve a la admisión de la demanda.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,




R E S U E L V E



INADMITIR la demanda de casación presentada por el Procurador 113 Judicial en lo Penal II, por las razones expuestas en la anterior motivación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es viable la interposición del mecanismo de insistencia en los términos precisados atrás por la Sala.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.


COMISIÓN DE SERVICIO

MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ



TERESA RUÍZ NUÑEZ

Secretaria

1 Casación 24026 del 20 de octubre de 2005, casación 24610 del 12 de diciembre de 2005, entre otras.

2 Providencia del 12 de diciembre de 2005. Rad. 24322.


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