La rai y la soledad de las instituciones educativas






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fecha de publicación20.06.2015
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LA RAI Y LA SOLEDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Por Mag. José Aníbal Morales C, Presidente de Acodieva y rector de la IE Ciudad Modelo
La Ley 1620 de 2013 creó el Sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, como un medio para lograr la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa e intercultural (Artículo 1). Se trata de un noble y valioso propósito coherente con el mandamiento constitucional del Artículo 67 que reza: “La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia” (inciso 2). Sin embargo, el objetivo esencial del Estado colombiano al producir esta Ley –nótese que no es una mera disposición de la rama ejecutiva del poder- es “Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los espacios educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, teniendo en cuenta los contextos sociales y culturales particulares” (Artículo 4, numeral 2). Y en el marco de esa Ruta “debe garantizarse la aplicación de los principios de protección integral, incluyendo el derecho a no ser revictimizado; el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes; la prevalencia de los derechos; la corresponsabilidad; la exigibilidad de los derechos; la perspectiva de género y los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los grupos étnicos, como se definen en los artículos 7 al 13 de la Ley 1098 de 2006” (Artículo 35, Decreto 1965 de 2013).
La Ruta de Atención Integral (RAI) surge con esa finalidad superior, la de proteger integralmente a los niños, niñas y adolescentes en los espacios educativos y, para ello, dispone que las diferentes instancias del Estado deben fomentar, fortalecer y articular sus acciones (Artículo 4, numeral 1). Al Comité nacional de convivencia escolar, máxima instancia del Sistema, la atribuyó como función “Garantizar que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar sea adoptada por los niveles, las instancias y entidades que forman parte de la estructura del Sistema y que asuman la responsabilidad de su puesta en marcha en el marco de sus funciones misionales” (Artículo 8, numeral 1).
A nivel territorial, los Comités municipales de convivencia escolar tienen la función específica de “Garantizar que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar sea apropiada e implementada adecuadamente en la jurisdicción respectiva, por las entidades que hacen parte del Sistema en el marco de sus responsabilidades” (Artículo 10, numeral 1). Y la institución educativa, por medio del Comité escolar de convivencia –CECO, debe activar la RAI frente a situaciones de conflicto, de acoso escolar, a conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por el CECO, porque trascienden el ámbito escolar y revisten las características de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta (Artículo 13, numeral 5).
El Rector, tiene la responsabilidad de “Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo, en su calidad de presidente del comité escolar de convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos” (Artículo 18, numeral 4).
Se puede entonces afirmar que la RAI tiene un componente interno y uno externo. El primero se refiere a todos los protocolos previstos en la Ley y en su decreto reglamentario (1965 de 2013) para que la comunidad educativa, liderada por el CECO, aborde las situaciones de Tipo I, II y III que afecten la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes o constituyan manifestaciones de agresión, violencia o presuntos delitos. El segundo se refiere a las acciones que deben realizar entidades como el ICBF (defensores de familia, comisarías de familia), la Policía nacional, la Policía de infancia y adolescencia, la Personería municipal, la Secretaría de Salud, las EPS, la Secretaría de Educación y la Fiscalía en aquellos casos en los que resulte necesaria su intervención.
Es posible que en la mayoría de las IEs se haya avanzado, mucho o poco, en la construcción de manuales de convivencia que incorporen nuevas alternativas para tratar los conflictos, con base en los principios y procedimientos de la justicia restaurativa, como lo pide la nueva ley; es posible que directivos y docentes estén asumiendo el rol de mediadores que el Estado les ha dado, por disposición de la rama legislativa del poder público, a pesar de las limitaciones que puedan existir en relación con la formación que se requiere para este fin; es posible también que se hayan constituido ya centros de mediación escolar entre pares y que una nueva cultura de paz se esté construyendo en el seno de las comunidades educativas. Sin embargo, cuando estas comunidades requieren el apoyo externo, de las entidades antes mencionadas, la RAI se encuentra con un muro de difícil penetración. Es probable que la institución más disponible para atender el llamado de la IE esté siendo la Policía nacional, de hecho, así ha ocurrido desde hace tiempo; sin embargo, la protección de la integridad de niños, niñas y adolescentes no es un asunto exclusiva ni esencialmente policivo.
Hay unas responsabilidades que se van aclarando; cierto. El sistema de salud ha recibido la orden de apoyar a las IEs para garantizar la atención de los estudiantes cuando se presenta alguna emergencia y los rectores saben que deben garantizar que todos los estudiantes estén afiliados a alguna EPS o al Sisben, pues esto resulta vital para su atención inmediata. Es así como lo ha establecido la Ley “Garantizar que las entidades prestadoras de salud, en el marco de la ruta de atención integral, sean el enlace con el personal especializado de los establecimientos educativos, de que trata el artículo 31 de la presente Ley. Estos equipos conformados por la EPS y el establecimiento educativo acompañarán aquellos estudiantes que han sido víctimas así como a sus victimarios y harán trabajo social con sus respectivas familias. El acompañamiento se prestará de conformidad con la reglamentación que para tal fin expidan los Ministerios de Salud y de Educación Nacional” (Artículo 23).
Pero, al parecer, para otras autoridades las cosas no están claras. ¿Cuándo debe intervenir la Policía de infancia y adolescencia? ¿Cuándo el ICBF, por medio de las defensorías de familia? ¿Cuándo la Fiscalía? ¿Cuándo la Personería? ¿Cómo pueden ayudar los funcionarios de la Secretaría de Educación? Para el caso del ICBF, es importante visualizar las funciones precisas que la Ley le asigna: “Atender y orientar a niños, niñas y adolescentes a través de las autoridades administrativas competentes, en el ejercicio y restablecimiento de sus derechos humanos, sexuales y reproductivos. Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección necesarias en los casos en que los niños, las niñas y los adolescentes sean víctimas de delitos, o en aquellos casos que corresponden a convivencia escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos y que provienen de la activación de la ruta de atención integral por parte de los rectores de los establecimientos educativos. Adoptar medidas de prevención o protección, a través de la acción del comisario de familia, una vez agotada la instancia del comité escolar de convivencia de que trata la presente Ley (Artículo 24 de la Ley).

La personería tiene también importantes funciones: “Atender aquellos casos que no hayan podido ser resueltos por el Comité Escolar de Convivencia. Realizar seguimiento y reportar al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, los casos que le sean remitidos, atendiendo a los protocolos que se establezcan en la Ruta de Atención Integral y de conformidad con la reglamentación que para tal fin se expida (Artículo 28).
Al precisar la naturaleza de la RAI, la Ley no deja duda acerca del papel esencial y protector que deben jugar las entidades mencionadas: “las instituciones y entidades que conforman el Sistema deben garantizar la atención inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, acoso o vulneración de derechos sexuales y reproductivos que se presenten en los establecimientos educativos o en sus alrededores y que involucren a niños, niñas y adolescentes de los niveles de educación preescolar, básica y media, así como de casos de embarazo en adolescentes” (Artículo 29).
En el propósito de garantizar que las diversas entidades estatales cumplan con su misión, se hizo la siguiente precisión (Artículo 45 Decreto 1965): “Las autoridades que reciban por competencia las situaciones reportadas por los comités escolares de convivencia deberán cumplir con lo siguiente:

  1. Adelantar la actuación e imponer de inmediato las medidas de verificación, prevención o de restablecimiento de derechos de las partes involucradas en la situación reportada a que hubiere lugar, acorde con las facultades que para tal efecto les confiera la Constitución y la ley, y conforme a los protocolos internos o procedimientos que para el efecto tengan implementados las respectivas entidades.

  2. Realizar el reporte en el aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.

  3. Realizar el seguimiento a la situación puesta bajo su conocimiento hasta que se logre el restablecimiento de los derechos de los involucrados.


Ha habido casos, documentados, en los que una entidad remite a otra el conocimiento del caso sin que se produzca la atención garantista y protectora que la Ley prevé. Es hora ya de que todas ellas asuman las responsabilidades que les han sido asignadas. Mientras tanto, las instituciones educativas se sienten y están solas para enfrentar los graves riesgos, amenazas y peligros que las afectan. Se ve muy lejos aún la existencia de los entornos “seguros y saludables” que deben tener y ser estos lugares en los que habitan, conviven y se forman día a día los niños, las niñas y los adolescentes de la patria colombiana.

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