Interpone acción de habeas corpus






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INTERPONE ACCIÓN DE HABEAS CORPUS


Excmo. Tribunal:

Horacio Verbitsky, en mi carácter de representante legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), constituyendo domicilio en Calle 49, nro. 918, local 1, casillero nro. 624, de la ciudad de La Plata, junto a los letrados que me patrocinan Víctor Abramovich Tº VIII Fº 101 CASM y Rodrigo Diego Borda, Tº IV Fº 81 CAQ, con domicilio constituido en el mismo lugar, nos presentamos respetuosamente a V.E. y decimos:

I- PERSONERÍA:


Horacio Verbitsky, como surge del Estatuto Social y Acta de designación, cuya copia se acompaña, se presenta en calidad de representante legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, con domicilio legal en Rodríguez Peña 286, piso 1ro. de la Capital Federal.

II- OBJETO:

Esta acción se presenta, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional (CN), en amparo de todas las personas privadas de su libertad en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires detenidas en establecimientos policiales superpoblados y de todas aquellas detenidas en comisarías, a pesar de que legal y constitucionalmente, su alojamiento debería desarrollarse en centros de detención especializados. Ambas situaciones constituyen agravamientos arbitrarios de las condiciones de detención legal y hacen procedente esta acción (art. 405 Código Procesal Penal, en adelante CPP).

Solicitamos a V.E. que asuma su competencia respecto de la situación de este colectivo de personas, se repare la situación descripta y se determine un mecanismo que evite la reiteración de estos problemas en el futuro.

Para ello, requerimos la designación de la audiencia prevista en los artículos 412 y 413 CPP y la producción de prueba pertinente para que V.E. compruebe en su total extensión las consecuencias de la situación irregular en la que se encuentran las personas privadas de su libertad en comisarías.

Solicitamos a V.E., que luego de esas verificaciones, se pronuncie expresamente acerca de la ilegitimidad, constitucional y legal, del encierro de estas personas en las condiciones en las que se hallan.

Por otra parte, requerimos que V.E. ordene el cese de esa situación y a tal fin entendemos que es necesario el establecimiento de una instancia de ejecución en la que, a través de un mecanismo de diálogo entre todos los actores involucrados pueda determinarse, -y controlar V.E.-, el modo en que la Administración podrá hacer efectivo el cese de la detención de personas en condiciones oprobiosas.

Han existido muchas resoluciones referidas a la misma cuestión pero sólo han abarcado aspectos parciales del problema que aquí se denuncia. En consecuencia, han sido ineficaces en punto a prevenir la reiteración de las violaciones. Ello hace imperioso la intervención de V.E. a fin de que la decisión final tenga efectos relevantes respecto de la situación generalizada en la provincia.

Está claro, no se trate de que V.E. defina de qué modo debe subsanarse el problema, pues ésta es una competencia de la Administración. Sin embargo, estamos convencidos de la necesidad de que, en la ejecución de la orden de cese de la detención V.E. despliegue de modo vigoroso su poder jurisdiccional ejerciendo plenamente la función republicana de último custodio de los derechos individuales.

En función de ello, solicitamos que V.E. verifique si la Administración ha previsto ya el establecimiento de un programa de acción dirigido a reparar las infracciones constitucionales que hoy se verifican en las comisarías o que, en su caso ordene su elaboración y que, de modo constante y hasta su conclusión, controle el cumplimiento de este plan por parte de la Administración, a fin de asegurar que la deplorable situación de las comisarías bonaerenses reciba una solución al fin (art. 415 CPP).

III- COMPETENCIA


V.E. resulta competente en razón de lo dispuesto por el artículo 406 del CPP que dispone que: “El Hábeas Corpus podrá ejercerse ante cualquier órgano jurisdiccional de la Provincia. (...) En los casos en que se formule ante un Tribunal, actuará la Sala en turno...”.

Si bien V.E. ha sostenido que, en principio, no es este tribunal, “cualquier órgano jurisdiccional” en los términos del artículo 406 de la ley de rito (sent. del 19/10/98 en causa 14, “Gorosito Campos”; ídem del 11/6/99 en causa 269, “Madera”), su jurisprudencia ha posibilitado la deducción directa de este tipo de acción en casación mediando una manifiesta importancia o gravedad institucional en la cuestión que se somete a su decisión (sent. del 19/10/98 en causa 14, “Gorosito Campos”; ídem del 11/3/99 en causa 174, “Blanco”; ídem del 18/6/99 en causa 131, “Penczarsky”; ídem del 9/8/99 en causa 508, “Magallán”; ídem del 23/9/99 en causa 159, “Alcántara”).

La situación que denunciamos resulta de una gravedad inobjetable y es imperioso que V.E. se avoque a su tratamiento y resuelva la problemática que comprende a la totalidad de las personas que se encuentran privadas de su libertad en las comisarías de la provincia de Buenos Aires.

Numerosos planteos han sido realizados en relación con este tema por los respectivos defensores oficiales, fiscales y jueces e inclusive organizaciones de vecinos en el ámbito de los distintos departamentos judiciales de la provincia, pero la entidad del problema enunciado exige sin dudas su análisis global, debiéndose descartar la viabilidad de los reclamos particulares para alcanzar una solución efectiva.

La denigrante situación de los presos en comisarías no puede seguir siendo tratada mediante enfoques parciales que acotan su campo de análisis y limitan por ello la respuesta jurisdiccional posible. Clausurar el calabozo de una comisaría y trasladar a los detenidos a otro lugar de similares características sólo posibilita que el mismo problema se traslade y reproduzca en otro espacio físico. El colapso del sistema de detención en comisarías, es decir, el carácter terminal de la situación, obliga a su ponderación de manera total, directa y sin dilaciones, procurándose así que la solución que se logre alcanzar sea realmente la adecuada.

La casación es un medio destinado a asegurar la vigencia de la ley y la unificación jurisprudencial, atento lo prescripto en el art. 4 de la ley 11.982, resultando entonces pertinente el planteo de esta acción ante V.E.

La propia jurisprudencia del Tribunal de Casación ha fijado además la necesidad de que sea ese mismo tribunal el que actúe allí donde la relevancia de la cuestión requiere que un estándar legal sea fijado a fin de ordenar coherentemente la actuación de todos los tribunales penales de la provincia, proyectándose en estos casos “[c]omo telón de fondo una competencia residual de este órgano judicial fundamentada en la importancia institucional de la cuestión” (sent. del 7/9/99 en causa 316, “Recurso del Fiscal General del Departamento Judicial de Mar del Plata”).

En fin, “la excepcional intervención del Tribunal de Casación Penal a través del hábeas corpus interpuesto originariamente está reservada para aquellos casos en que los mecanismos procesales normales, rectamente empleados, no son susceptibles de restablecer el goce del derecho constitucional pretensamente violado” (sent. del 23/3/00).

IV- LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL CELS:

El CELS puede ser parte en este proceso en razón de que, por las particularidades del caso, en el que se discuten cuestiones atinentes a la afectación de derechos humanos y a la dignidad de la persona de modo difuso, es una de aquellas organizaciones expresamente autorizadas para ello por la norma del artículo 43 constitucional.

En efecto, el CELS, es una asociación civil sin fines de lucro entre cuyos fines se encuentra “la defensa de la dignidad de la persona humana, de la soberanía del pueblo, del bienestar de la comunidad” y la promoción o ejecución de acciones judiciales destinadas a procurar la vigencia de estos principios y valores, en particular asumiendo la representación de personas o grupos afectados en causas cuya solución supone la defensa de los derechos humanos (según art. 2º del Estatuto del CELS). Al respecto, desarrolla una particular acción dentro de lo que son las condiciones carcelarias en nuestro país. Así, puede fundar su legitimación en el artículo 43 constitucional que prevé que para la defensa de los “derechos de incidencia colectiva en general“ se encuentran legitimados “el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley...”.

Es jurisprudencia asentada ya que la defensa en juicio de ciertos derechos reclama el reconocimiento de aptitud procesal a determinadas instituciones, especialmente dedicadas a su tutela.. Con fecha 16 de abril de 1996, en los autos nro. 8364, “Bonavota, Liliana Graciela s/infr. Ley 23.592”, de la Secretaría 8 del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4, se tuvo por parte querellante a la entidad no gubernamental “Delegaciones de Asociaciones Israelitas Argentinas” (DAIA). En ese proceso se investigaba un presunto acto de discriminación cometido en contra de una persona individual e identificada, sin perjuicio de lo cual, y ante la afectación de intereses difusos, se otorgó el rol de parte querellante a la entidad mencionada. También fue aceptada la petición de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires de ser tenida como parte querellante en la defensa de los vecinos del barrio de Mataderos ante un hecho de contaminación (c. Nro. 5789/99, “NN s/infr. Ley 24.051).

El 10 de octubre de 2000, la Cámara Nacional Electoral trató puntualmente la cuestión de la aptitud procesal del CELS, a la luz del art. 43 CN, en una acción de amparo destinada a discutir el derecho al sufragio de las personas privadas de su libertad sin condena firme en su contra. La Excma. Cámara estableció en esa ocasión que “... de no otorgarse legitimación a una asociación como la que promueve la presente causa la norma contenida en el art. 43 de la Constitución Nacional quedaría convertida en letra muerta” (Cnac Electoral, “Mignone, Emilio Fermín s/promueve acción de amparo” (Expte. Nro. 3108/99 CNE; Fallo Nº 2807/2000; rta. 10/10/00).

La Cámara señaló que “La norma constitucional citada [CN, 43] hace referencia a las ‘asociaciones registradas conforme a la ley’, agregando que dicha ley deberá determinar los requisitos y formas de organización. La falta de tal ley, empero, no puede condicionar el ejercicio del derecho que debe reglamentar de modo que importe, en los hechos, su negación. La génesis misma del amparo se relaciona con la operatividad de los derechos consagrados constitucionalmente y, por otra parte, es reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema que en casos de duda ha de estarse por la tesis favorable a la garantía constitucional de la defensa en juicio (C.S. Fallos: 246:86; 200:180; 235:548 y 248:189 entre muchos otros)”.

En el mismo sentido, en la resolución del 6 de Octubre del 2000 en la causa “Simón Julio y otros s/sustracción de un menor”, el Juez Gabriel Cavallo aceptó como parte querellante al CELS por cuanto "cuestiones atinentes a la afectación de los derechos humanos y la dignidad humana, lleva[n] aparejado la afectación a intereses ciertamente 'difusos', en el sentido de que queda en cabeza de un sujeto indefinido, precisamente por la indeterminación misma que conlleva el concepto 'grupo' o 'comunidad'. Y ese interés difuso en la reparación de una expectativa defraudada particularmente se centra en este caso en las distintas organizaciones de derechos humanos como el CELS. La representatividad de esta institución respecto de los derechos humanos es incuestionable, tal como lo refleja el estatuto de 1061/1068; y sin perjuicio de que con esto no quiero afirmar que es la única institución que podría considerarse como tal, resulta evidente que el CELS está perfectamente habilitada para asumir este rol sin cuestionamientos visibles ... en la defensa de intereses colectivos. Por consiguiente... habré de aceptar la petición del Sr. Horacio Verbitsky (como presidente del CELS), teniendo a esta institución como parte querellante".

Puede citarse también el precedente registrado en la causa "Cabezas, José Luis s/homicidio en General Madariaga"1, en la que la Cámara de Apelaciones de Dolores aceptó la participación de la Asociación de Reporteros Gráficos como particulares damnificados en la causa en que se investigaba, precisamente, la muerte de un reportero gráfico, hecho en el que la condición de reportero había sido, en principio, una de las causas del asesinato.

En el voto del juez Begué se sostiene que:

"(…) Es sabido que la moderna doctrina, amplía las condiciones y circunstancias que tornan posible que una persona física o ideal, sea reconocida como particular damnificado.- Además de todos aquellos intereses, directos concretos y actuales legalmente protegidos por la norma reparatoria, se ha entendido que el instituto protege, los de aquellos individuos no siempre precisamente determinados, pero que forman parte de un grupo, clase, asociación agrupados en razón de una actividad, beneficio o goce de un bien común.- De tal forma que la lesión o desconocimiento de alguno de éstos, afecte o ponga en peligro, el ejercicio goce de una labor profesional o de un interés de que usufructúa el conjunto de individuos.- En este caso, la entidad que los agrupa y que tiene por objeto el desarrollo y defensa de esa actividad o goce del interés común, aparece como quien resulta más razonablemente facultada para reclamar el carácter de particular damnificado",

La regla del artículo 43 ha sido una valiosa opción del constituyente pues respecto de ciertos grupos especialmente vulnerables es indispensable la actuación de terceros no afectados para garantizar el efectivo control jurisdiccional. Son numerosos los ejemplos en los cuales la víctima de una violación a un derecho constitucional ve seriamente comprometida su posibilidad de ocurrir ante la justicia y frente a ello no puede haber dudas acerca de la necesidad de superar un concepto de legitimación activa restringido al interés individual. Piénsese en los supuestos en los cuales la sola denuncia compromete la situación del afectado (v. gr. en los casos de violencia doméstica), cuando por los escasos recursos materiales es sumamente dificultoso que el damnificado accione (por ejemplo, si en los supuestos de extrema indigencia) o cuando se carece de un mínimo de capacidad que haga sencillo el acceder a los tribunales (tal el caso de las personas que no saben leer y escribir). Algo similar ocurre con relación a la justiciabilidad de intereses que adquieren importancia al ser concebidos de modo agregado o plural o que pueden conseguir una mejor solución de esa forma. Es claro, en fin, que la solución constitucional que establece la aptitud procesal de ciertas asociaciones en la defensa de intereses difusos expande las posibilidades de acceso a la justicia para los afectados en situación de vulnerabilidad y abre el camino hacia una protección más robusta de la jurisdicción constitucional.

El conjunto de las personas privadas de su libertad, en particular, resulta un colectivo especialmente vulnerable que reúne todas las notas antes descriptas. La fuerte restricción de su libertad ambulatoria, la sujeción a controles estatales intensos y la obligada cohabitación hacen que algunas afectaciones inexorablemente comprometan el ejercicio de derechos de todo el grupo como tal y que el acceso a los recursos judiciales disponibles sea dificultoso. El ejemplo más claro de este problema es la superpoblación. Evidentemente, todos los alojados en condiciones de hacinamiento padecen una fuerte restricción en sus derechos pero sólo una solución general puede satisfacer el interés de cada uno y de todos. Con relación a las dificultades que los detenidos tienen para hacer valer sus derechos, basta con señalar que la sola presentación de un escrito de denuncia depende en buena medida de la actividad del órgano de custodia, lo que obsta al derecho a la jurisdicción cuando la autoridad denunciada es la misma que debe dar trámite a la acción. Todo ello conduce sin hesitación a la necesidad de que asociaciones como el CELS deban ser parte en las acciones constitucionales que los involucran, tal como el constituyente lo ha establecido en el artículo 43 CN.

La interpretación amplia y favorable a la participación de diversos sectores externos a la administración estatal en general y penitenciaria en particular para el control y supervisión de las condiciones de encierro es además una solución propiciada en doctrina y receptada en los instrumentos internacionales.

La regla 55 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos es favorable a la participación de grupos ajenos a la administración del servicio de custodia en el control de la situación de los detenidos y declara que “Inspectores calificados y experimentados, designados por una autoridad competente, inspeccionarán regularmente los establecimientos y servicios penitenciarios. Velarán en particular por que estos establecimientos se administren conforme a las leyes y los reglamentos en vigor y con la finalidad de alcanzar los objetivos de los servicios penitenciarios y correccionales”.

En el mismo sentido ha sido afirmado por responsables de la propia administración penitenciaria que el permitir a los representantes de la comunidad ingresar a las prisiones y verificar que la administración obedece sus propias reglas asegura “... que los presos no sientan que están siendo ignorados por la comunidad... [y] puede ser una salvaguarda muy útil para que el personal penitenciario se prevenga de acusaciones infundadas en su contra” (cfr. Coyle, Andrew, La superpoblación en las prisiones: la prisión y la comunidad”, en AAVV, Justicia Penal y sobrepoblación penitenciaria, Eías Carranza (coordinador); ILANUD, Naciones Unidas y Siglo XXI, 1ra. ed., México, 2001; pág. 124).

V- HECHOS:

a) Superpoblación y malas condiciones de detención en comisarías

La superpoblación y el consecuente hacinamiento en que todas las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires viven es bien conocida por todos.

Las 340 comisarías que funcionan en territorio provincial poseen una capacidad para 3178 personas, pero alojan 6364 y la situación se agrava notablemente en las seccionales del conurbano, donde hay 5080 detenidos en celdas con sólo 2068 plazas. Tal es la información con que cuenta el Sr. Defensor ante el Tribunal de Casación provincial, Mario Coriolano y que fue difundida por la prensa días atrás (cfr. Diario La Nación, 4/10/01, edición digital). Los calabozos se encuentran en un estado deplorable de conservación e higiene; carecen por lo general de ventilación y luz natural. La humedad y, en verano, el calor son agobiantes. No cuentan con ningún tipo de mobiliario, por lo que toda actividad (comer, dormir, etc.) que desarrollan los internos debe llevarse a cabo en el piso. Los sanitarios no son suficientes para todos y no se garantiza la alimentación adecuada de los reclusos. El riesgo de propagación de enfermedades infecto-contagiosas es, sin dudas, mucho mayor y el aumento de casos de violencia física y sexual entre los propios internos es más que significativo.

En las cárceles, la situación no es mejor. Según un informe elaborado por la Secretaría de Asuntos Penitenciario y Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, a mediados del año pasado, había en las cárceles provinciales un 129% de superpoblación (cfr. CELS, Informe Anual, Hechos 2000-Argentina 2001; Capítulo VI: Situación carcelaria: hacinamiento, violencia e indefensión; Siglo XXI, Buenos Aires, 2001, pág. 204). Tal situación compromete lamentablemente los derechos básicos de una enorme porción del colectivo de 23.000 detenidos que se alojan hoy en cárceles bonaerenses (cfr. diario La Nación, 8/10/01, Sección Enfoques).

Incluso el propio Poder Ejecutivo Provincial declaró, mediante el Decreto nº 1.132 del 16 de mayo del corriente, “la emergencia físico funcional del Sistema Penitenciario de la provincia de Buenos Aires”, reconociendo en sus considerandos que con la derogación del sistema del “dos por uno” y las modificaciones introducidas al Código de Procedimiento Penal en punto al régimen de excarcelaciones la población carcelaria se ha incrementado notoriamente. El Poder Ejecutivo también afirmó “Que han resultado insuficientes los cursos de acción ordinarios en la materia debido al actual estado en que se encuentran la infraestructura edilicia y de servicio de las Unidades y establecimientos que alojan internos, como así también el grado de superpoblación carcelaria que supera la capacidad de alojamiento de los mismos, circunstancias que deterioran notablemente razonables niveles de seguridad” (Considerandos, párr. 4to.)

Las manifestaciones de las autoridades políticas sobre el problema acrecientan la preocupación: "Sólo cabe anunciar a los criminales que no vengan a la provincia de Buenos Aires a cometer delitos porque irán presos y estarán incómodos", dijo el ex ministro de Justicia bonaerense, Jorge Casanovas ante una consulta sobre la crítica situación provocada por la superpoblación en las comisarías de la provincia, según se reflejó en aquel diario el 4 de octubre último. El ex ministro, conforme la prensa, habría explicado que la provincia había diseñado un plan para resolver la superpoblación en cárceles y comisarías que consistía en la construcción de 8 cárceles, 6 alcaidías y 3 centros de detención con una capacidad para 12 mil detenidos en total, pero el plan, sin embargo, fracasó rotundamente.

Según lo informado por la Defensoría de Casación de la Suprema Corte, en lo que va del año fueron clausuradas 18 dependencias policiales del conurbano en las que la Justicia había comprobado un agravamiento en las condiciones detención, además de severos problemas de riesgo físico para los detenidos y hasta para los propios policías. Entre enero y septiembre del 2001 fueron cerradas las comisarías de General Conesa, General Guido, General Lavalle, 5a. de Lomas de Zamora, 2a. de Morón, 1a. de Merlo, 1a. de Mar del Plata, 1a. de Azul, 1a. y 7a. de La Plata, 1a. y 7a. de Zárate-Campana, y siete seccionales de San Isidro (cfr. Diario La Nación, 4/10/01, edición digital).

Evidentemente, la situación es gravísima y generalizada. El hacinamiento es la nota distintiva de las comisarías bonaerenses y es urgente ofrecer una solución a un problema que parece tender a crecer.

b) Detención ilegítima de personas en comisarías


La situación descripta en el punto anterior, además, señala abiertamente que muchas personas permanecen en comisarías a pesar de que la constitución y la ley prevén su alojamiento en centros especializados.

Un grupo importantísimo está conformado por las personas detenidas en comisarías, a pesar de haber vencido el lapso al que la ley condiciona tal alojamiento excepcional. En la mayoría de estos casos se ha dispuesto judicialmente el traslado de los detenidos a unidades carcelarias del Servicio Penitenciario, pero esta directiva se ve frustrada por no haber cupo suficiente para recibirlos.

Por otra parte, entre la población privada de su libertad en comisarías se encuentran aproximadamente ciento cuarenta adolescentes que, en palabras de la propia Corte provincial, “... sufren en tales ámbitos una restricción a su libertad sin recibir el debido tratamiento, limitación que en ocasiones lleva meses a la espera del traslado al correspondiente establecimiento especializado” (SCJBA, Acuerdo del 24 de octubre de 2001, sin destacado).

La propia justicia ha reconocido pues, que el aberrante estigma de los calabozos bonaerenses ni siquiera discrimina a quienes el Estado debe especial tutela y consideración.

Ni las comisarías se encuentran en condiciones edilicias de mantener prolongadamente en ellas a personas detenidas, ni el personal policial está capacitado para sobrellevar esta situación, especialmente con relación a los adolescentes privados de su libertad. Todo ella viola de manera flagrante los más elementales derechos individuales de los reclusos, tal como lo informó el Comisario Mayor Don Carmelo Impari, entonces Jefe de la Policía Departamental Atlántica Centro, en la oportunidad de prestar testimonio ante el Trbunal en lo Criminal nº 3 de Mar del Plata, causa 692, caratulada “Unidad Fiscal de Juicio c/Gob. Pcia. de Bs. As. s/ Amparo”).

Así también se incrementan considerablemente situaciones de riesgo como la posibilidad de transmisión de enfermedades, los motines, las fugas, las tomas de rehenes y otras situaciones de violencia de las cuales resultan víctimas tanto los detenidos como el personal asignado a la custodia y los vecinos del lugar. Resulta al respecto por demás ilustrativo el informe producido por la Jefatura Departamental de San Isidro, con fecha 26/9/01, que se acompaña a la presente como prueba documental.

Por último, esto produce una afectación indebida de recursos materiales y humanos que, en cambio, deben estar destinados a las funciones que legalmente debe cumplir la policía de seguridad, conforme la ley provincial 12.155 (Fallo del Tribunal en lo Criminal nº 3, de Mar del Plata, en autos “Unidad Fiscal de Juicio c/Gob. Pcia. de Bs. As. s/ Amparo”, de fecha 2/5/01). Gran cantidad de personal policial se encuentra afectado a la custodia y traslado de detenidos, siendo considerable la merma operativa que esto provoca en tareas de prevención de delitos. Esta circunstancia trae aparejado un grave perjuicio en materia de seguridad ciudadana.

VI- DERECHO:

a) Derecho a condiciones dignas de alojamiento.
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