Acción de tutela improcedencia. Inexistencia de equivalencia entre cargos de citador / derecho al traslado no se vulneró. Ausencia de requisitos para que






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ACCIÓN DE TUTELA - Improcedencia. Inexistencia de equivalencia entre cargos de citador / DERECHO AL TRASLADO - No se vulneró. Ausencia de requisitos para que proceda traslado. Citador Rama Judicial / SERVIDOR DE LA RAMA JUDICIAL - Requisitos para que proceda el traslado / TRASLADO - Requisitos de procedencia. Empleo de citador en la Rama Judicial. Inexistencia de equivalencia
A fin de resolver el fondo de la controversia planteada corresponde a esta Sala determinar si con la actuación adelantada por la administración se violó algún derecho fundamental del actor. Sea lo primero señalar que si bien es cierto el derecho al traslado no es un derecho constitucional fundamental, dado que su naturaleza es legal, su desconocimiento puede acarrear, en determinados eventos, la violación de un derecho que sí tenga ese carácter, tal como lo plantea el actor al sostener la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a escoger profesión u oficio, a la libertad de aprendizaje, a la familia y a la educación. Además de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 134 de la Ley 270 de 1996 (modificado por el artículo 1° de la Ley 771 de 2002), el Acuerdo número 1581 del 9 de octubre de 2002 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, prevé lo relacionado con el traslado de servidores de carrera. Uno de los requisitos para la viabilidad del traslado de un servidor de la rama judicial es que el mismo se pretenda con destino a un cargo de la misma categoría al que aquél ocupa al momento de presentar la respectiva petición. Esa exigencia, que se consagró en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996 (modificado por el artículo 1° de la Ley 771 de 2002) y se reitera en el Acuerdo número 1581 del 9 de octubre de 2002 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, es, precisamente, una de las razones por las que la administración negó la petición del traslado del actor. Pues bien, para la Sala es claro que tal requisito no se cumple en el caso concreto, teniendo en cuenta que el cargo cuya vacancia aspira a suplir el demandante en virtud del traslado que pretende (Citador de Juzgado de Circuito) no puede entenderse como de la misma categoría de aquel que ocupa en la actualidad (Citador de Juzgado Municipal), pues corresponde a despacho judicial de categoría diferente, según lo dispuesto en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Así las cosas, la Sala no comparte la afirmación del actor, según la cual los cargos antes mencionados resultan ser de la misma categoría; si bien es cierto el Acuerdo exige los mismos requisitos para desempeñar los cargos de Citador de Juzgado de Circuito y Citador de Juzgados Municipales y Territoriales, como también lo es que se encuentran en el mismo cargo, ocurre que esas similitudes (iguales requisitos y grado) no permiten considerarlos como empleos equivalentes o pertenecientes a la misma categoría y, por esa vía, entender satisfecha una de las exigencias para la procedencia del traslado pretendido por el demandante. Por una parte, la equivalencia que pueda predicarse respecto de los requisitos para proveer determinados cargos no permite concluir que los mismos se encuentran en la misma categoría, dado que ésta obedece a múltiples aspectos relacionados con el empleo y no, necesariamente, en virtud de las exigencias legales para su desempeño. Por otra, tampoco puede equipararse la categoría del cargo con su grado, pues es bien sabido que dentro de una misma categoría de empleo pueden encontrarse diferentes grados, siendo frecuente que empleos ubicados en un mismo grado tengan diferente remuneración y funciones. En esta forma, como quiera que la actuación de la administración encuentra pleno respaldo en la normatividad aplicable al caso, encuentra la Sala que de su conducta no podría derivarse la violación de un derecho fundamental en cabeza del actor.


CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: DARÍO QUIÑONES PINILLA



Bogotá, D. C., dieciocho (18) de marzo de dos mil cuatro (2004)
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

Sea lo primero señalar que si bien es cierto el derecho al traslado no es un derecho constitucional fundamental1, dado que su naturaleza es legal (artículo 156, numeral 6°, de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia), su desconocimiento puede acarrear, en determinados eventos, la violación de un derecho que sí tenga ese carácter, tal como lo plantea el actor al sostener la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a escoger profesión u oficio, a la libertad de aprendizaje, a la familia y a la educación.
Radicación número: 18001-23-31-000-2004-0071-01(AC)
Actor: EDILBERTO HOYOS CARRERA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada contra la sentencia dictada el 6 de febrero de 2004 por el Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante la cual negó la solicitud de tutela formulada por el Señor Edilberto Hoyos Carrera.
I. ANTECEDENTES

1. LA SOLICITUD
A. PRETENSIONES
El Señor Edilberto Hoyos Carrera ejerció la acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial con el objeto de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a escoger profesión u oficio, a la libertad de aprendizaje, a la familia y a la educación.
Si bien no lo expone de modo expreso, a través de la acción interpuesta pretende que se ordene a la Dirección de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial que acceda a su solicitud de traslado a la ciudad de Bogotá.
B. HECHOS
Como fundamento de la solicitud, el peticionario expone los hechos que se pueden resumir de la siguiente manera:
1º. En el mes de agosto de 2003 se graduó como Tecnólogo en Procedimientos Judiciales, luego de culminar sus estudios en la ciudad de Medellín.
2º. Como quiera que su hijo vive en Bogotá y allí existe la posibilidad de continuar sus estudios con miras a obtener un título profesional -como lo han hecho muchos de sus compañeros-, el 13 de agosto de 2003 pidió a la Dirección de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial una relación de las vacantes que en el cargo de citador existiera en los diferentes Juzgados Civiles Municipales de esa ciudad.
3º. Luego de insistir en la petición formulada, la Directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial le respondió que la información requerida debía solicitarla a la correspondiente autoridad nominadora.
4º. No obstante, a través de la respuesta emitida por la Presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca -a quien fue remitida la petición-, pudo enterarse que en el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bogotá se encuentra vacante el cargo de citador grado III o similar.
5º. Enterado de lo anterior, el 7 de octubre de 2003 solicitó a la Directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial ser trasladado del Juzgado Tercero Civil Municipal Florencia, en donde actualmente presta sus servicios, al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bogotá.
6º. El traslado solicitado fue negado con apoyo en el concepto que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura emitió el 31 de octubre de 2003 en respuesta a su petición. En dicho concepto se concluyó que “las peticiones de traslado para los cargos de citador, por el momento, deben ser despachadas desfavorablemente”, dado que dicha Sala debe culminar el estudio que está adelantando respecto de la conformación de las plantas de los despachos judiciales del país.
7º. El 24 de octubre de 2003 reiteró su solicitud de traslado a la Directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial; esta vez, al Juzgado Veintitrés Penal del Circuito de Bogotá.
8º. En cumplimiento de un fallo de tutela, la anterior petición fue respondida por la Directora (E) de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial el 12 de diciembre de 2003, aunque, nuevamente, en sentido desfavorable a los intereses del actor. En esta oportunidad, además de reiterar el concepto rendido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se explicó que, para efectos del traslado solicitado, el peticionario no podía aspirar a un cargo ubicado en una categoría superior al que actualmente ocupa en propiedad.

2. CONTESTACIÓN
Si bien la petición de tutela fue puesta en conocimiento de la entidad demandada, la misma no intervino en el proceso.

3. LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia del 6 de febrero de 2004, el Tribunal Administrativo de Caquetá negó la solicitud de tutela impetrada por el Señor Edilberto Hoyos Carrera.
Para adoptar esa decisión, el a-quo consideró que las razones por las cuales se ha negado el traslado al actor son objetivas y están contenidas con claridad en las respuestas ofrecidas y que el actor no demostró que con dicha negativa se estén vulnerando los derechos invocados por él en la demanda.



  1. LA IMPUGNACIÓN



El Señor Edilberto Hoyos Carrera impugnó la sentencia del Tribunal y al efecto aclaró que el trato discriminatorio del que ha sido objeto se desprende de las respuestas ofrecidas por la Dirección de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, pues, según plantea, en ellas no se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo número 04 del 24 de enero de 1995 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, según el cual el cargo de citador al que aspira puede entenderse como equivalente al que actualmente ocupa. Así mismo, la violación de su derecho a la igualdad se deduce del hecho de que tres de sus compañeros sí han sido trasladados y, por ello, han podido continuar sus estudios profesionales.
Por otra parte, sostuvo que el desconocimiento de su derecho al trabajo se debe tener por demostrado, dado que “no tengo derecho a escalafonar a pesar de ser una persona calificada, además uno debe aspirar cada día a surgir más, y no quedarse estancado en un solo lugar como un inútil para la sociedad”. Y, en relación con los demás derechos invocados, adujo que “al no haber pruebas contundentes no se puede afirmar que no han sido violados los derechos y además en ningún momento me fueron solicitadas pruebas para corroborar lo anunciado, ni mucho menos fui citado para ratificar lo dicho, por lo tanto se podría catalogar como una violación al debido proceso”.
Finalmente, manifestó estar dispuesto para aceptar el traslado a cualquiera de las vacantes que se encuentren en los Juzgados de la ciudad de Bogotá.
II. CONSIDERACIONES
El artículo 86 de la Carta Política establece que las personas pueden interponer acción de tutela para reclamar ante los jueces mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
En el caso de estudio, el Señor Edilberto Hoyos Carrera acude al mecanismo de la tutela para plantear la violación de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a escoger profesión u oficio, a la libertad de aprendizaje, a la familia y a la educación. Esa violación la atribuye al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, pues, según plantea, la decisión de no acceder a su petición de traslado a la ciudad de Bogotá le ha impedido continuar sus estudios superiores y avanzar profesionalmente. En consecuencia, pretende que se ordene a esa Dirección que acceda a su solicitud.
El Tribunal Administrativo de Caquetá negó el amparo solicitado luego de advertir que las razones de la negativa de la administración son objetivas y claras y que el actor no demostró la violación de los derechos fundamentales por él alegados.
El peticionario impugnó la decisión adoptada en primera instancia para explicar las razones por las que considera desconocidos los derechos fundamentales invocados.
De la procedencia de la acción de tutela.
Para la Sala es evidente que el peticionario dispone de otro medio de defensa judicial, lo cual lleva a concluir, en principio, en la improcedencia de la acción interpuesta, según pasa a exponerse.
Es claro que la actuación respecto de la cual el actor deriva la violación de los derechos fundamentales cuya protección reclama, está contenida en la respuesta emitida por la Directora (E) de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial a su segunda petición de traslado, es decir, la contenida en el Oficio UACJ-004098 del 12 de diciembre de 2003. En efecto, a través de dicho acto administrativo, la administración resolvió en sentido negativo la solicitud de traslado del peticionario al Juzgado Veintitrés Penal del Circuito de Bogotá, en los siguientes términos (folios 16 y 17):
“En atención a su comunicación radicada el día 24 de octubre de 2003, mediante la cual y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. 1581 de 2002, solicita se estudie la viabilidad de su traslado como servidor de carrera del cargo que actualmente ocupa en propiedad como Citador Grado 03 del Juzgado Tercero Civil Municipal de Florencia, para el mismo cargo en el Juzgado Veintitrés Penal del Circuito de Bogotá, me permito reiterarle la decisión que frente a una solicitud en similar sentido pero dirigida a otro despacho judicial, le fue comunicada mediante el oficio No. 5717 de octubre 31 de 2003, esto es que, la H. Sala Administrativa de esta Corporación, se encuentra adelantando un estudio relacionado con la conformación de las plantas de los despachos judiciales, las funciones de los cargos asignados a ellos y la necesidad de mejoramiento de los procedimiento a su interior, entre otras causas, con ocasión de la expedición de la Ley 794 de 2003. Por lo cual, consideró que las peticiones de traslado para los cargos de Citador, por el momento, deben ser despachadas en forma desfavorable.
De otro lado, los artículos 134 y 152, numeral 6, de la Ley 270 de 1996, modificados por la Ley 771 del 14 de septiembre de 2002, establecen que se produce traslado cuando se provee un cargo con un funcionario o empleado que ocupa en propiedad otro de funciones afines, de la misma categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos, aunque tengan distinta sede territorial (se destaca).
En consecuencia, ya que su solicitud va encaminada a que se emita concepto favorable de traslado al cargo de Citador de Juzgado de Circuito, por tratarse de un cargo ubicado en una categoría superior al que actualmente ocupa en propiedad, también, por esta causa, resulta improcedente acceder a la misma.”
De manera que se trata de un acto administrativo susceptible de demanda mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, a la cual es viable acudir dentro del término de caducidad señalado en el artículo 136 ibídem, esto es, dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de la respectiva decisión. Dicha acción le permite al Señor Hoyos Carrera controvertir la legalidad de dicha decisión frente a lo dispuesto en el Acuerdo número 04 del 24 de enero de 1995 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, pues, en su criterio, dicha negativa va en contravía de lo señalado en el citado Acuerdo.
Así las cosas, en principio, atendiendo lo dispuesto en el artículo 6º, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991, la solicitud de tutela formulada por el Señor Hoyos Carrera resultaría improcedente.
No obstante, considera la Sala que a pesar de la existencia de ese medio de defensa judicial, con fundamento en la misma norma y atendidas las circunstancias en que se encuentra el peticionario, debe determinarse si el mismo es capaz de garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados, pues sólo en la medida en que sea eficaz, se torna en improcedente la acción de tutela.
En ese orden de ideas, para la Sala es claro que el medio de defensa judicial de que dispone el peticionario, atendiendo las circunstancias en que éste se encuentra, no es eficaz, pues a través de ese mecanismo no se garantizaría la protección de los derechos fundamentales que invoca como vulnerados con una prontitud similar a la que se aseguraría con el procedimiento de la tutela. En efecto, de un lado, se debe tener en cuenta que el campo de acción del juez de lo contencioso administrativo, en materia de protección de derechos fundamentales, es más reducido que el del juez constitucional, dado que fundamentalmente ejerce un control de legalidad que no siempre conduce a la protección de esos derechos, y, de otro, que el proceso promovido en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por su prolongación en el tiempo, conllevaría a una decisión que se produciría de manera tardía para lograr la finalidad de la acción de tutela.

Del fondo de la controversia.
Precisado lo anterior y a fin de resolver el fondo de la controversia planteada corresponde a esta Sala determinar si con la actuación adelantada por la administración se violó algún derecho fundamental del actor.
Sea lo primero señalar que si bien es cierto el derecho al traslado no es un derecho constitucional fundamental2, dado que su naturaleza es legal (artículo 156, numeral 6°, de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia), su desconocimiento puede acarrear, en determinados eventos, la violación de un derecho que sí tenga ese carácter, tal como lo plantea el actor al sostener la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a escoger profesión u oficio, a la libertad de aprendizaje, a la familia y a la educación.
En otras palabras, es evidente que la controversia planteada por el demandante no corresponde, en el fondo, a una de naturaleza puramente legal, sino que, por los hechos planteados en la demanda, puede involucrar el desconocimiento de derechos fundamentales y, por tal razón y dada la ineficacia del medio ordinario de defensa judicial, amerita su análisis en sede de tutela.
En efecto, cuando las consecuencias de la actuación del demandado desbordan el ámbito meramente legal al vulnerar derechos fundamentales, se impone su protección inmediata y efectiva, con lo cual resulta procedente el amparo constitucional, según reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional.3
Así, en sentencia SU-342 de 1995, esa Corporación consideró:

“Los conflictos que se originan con motivo del contrato de trabajo, entre los patronos y los trabajadores, pueden implicar la violación de derechos fundamentales de éstos, o el desconocimiento de derechos fundados o que tienen origen en normas de rango legal. Cuando el conflicto atañe a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional fundamental su solución corresponde al juez de tutela; en cambio cuando la controversia se origina directa o indirectamente del contrato de trabajo y naturalmente versa sobre la violación de derechos de rango legal, consagrados en la legislación laboral, su solución corresponde al juez laboral (art. 2 C.P.).”
Se aclara entonces, que para la Sala la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para debatir las violaciones de derechos que no tengan el carácter de fundamentales, pues con ello se estaría desnaturalizando por completo la razón de ser y la naturaleza jurídica de este amparo constitucional. Pero el estudio de fondo que a continuación se efectúa encuentra fundamento en la ineficacia del medio ordinario de defensa judicial y en la relevancia constitucional de la controversia planteada.
Ocurre que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, regula los traslados de los funcionarios o empleados judiciales en los siguientes términos:
Artículo 152-. Derechos. Además de los que le corresponden como servidor público, todo funcionario o empleado de la Rama Judicial tiene derecho, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias a:
(...)

6. (Modificado por el artículo 2 de la Ley 771 de 2002) Ser trasladado, a su solicitud, por cualquiera de las eventualidades consagradas en el artículo 134 de esta ley.
(...)”
Artículo 134.- Modificado por el artículo 1° de la Ley 771 de 2002. Traslado. Se produce traslado cuando se provee un cargo con un funcionario o empleado que ocupa en propiedad otro de funciones afines, de la misma categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos, aunque tengan distinta sede territorial. Nunca podrá haber traslados entre las dos Salas de los Consejos Seccionales de la Judicatura.
Procede en los siguientes eventos:
1. Cuando el interesado lo solicite por razones de salud o seguridad debidamente comprobadas, que le hagan imposible continuar en el cargo o por estas mismas razones se encuentre afectado o afectada su cónyuge, compañera o compañero permanente, descendiente o ascendiente en primer grado de consanguinidad o único civil, siempre que ello no implique condiciones menos favorables para el funcionario y medie su consentimiento expreso.
2. Cuando lo soliciten por escrito en forma recíproca funcionarios o empleados de diferentes sedes territoriales, en cuyo caso sólo procederá previa autorización de la Sala Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura.
Cuando el traslado deba hacerse entre cargos cuya nominación corresponda a distintas autoridades, sólo podrá llevarse a cabo previo acuerdo entre éstas.
3. Cuando lo solicite un servidor público de carrera para un cargo que se encuentre vacante en forma definitiva, evento en el cual deberá resolverse la petición antes de abrir la sede territorial para la escogencia de los concursantes.
4. Cuando el interesado lo solicite y la petición esté soportada en un hecho que por razones del servicio (o por cualquier otra causa)4 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura califique como aceptable.” (Subraya la Sala)
Posteriormente, a través del Acuerdo número 1581 del 9 de octubre de 2002 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se reglamentaron los traslados de los servidores judiciales. En su artículo 1°, ese Acuerdo dispuso:
Artículo primero.- Definición. En los términos del artículo 1° de la Ley 771 de 2002, se produce traslado cuando se provee un cargo con un funcionario o empleado que ocupa en propiedad a otro de funciones afines, de la misma categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos, aunque tenga distinta sede territorial.

 

No obstante lo anterior, por ningún motivo podrá haber traslados entre las dos salas de los consejos seccionales de la judicatura.

 

Los traslados pueden ser por razones de seguridad, por razones de salud, por razones del servicio, recíprocos y de servidores de carrera.” (Subraya la Sala).
Ahora, como quiera que el actor es un servidor judicial de carrera, según se desprende de las respuestas emitidas por la administración a sus peticiones de traslado, le resultan aplicables las normas que, dada la naturaleza de su vínculo laboral con la rama judicial, regulan su derecho a ser trasladado. Al respecto, además de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 134 de la Ley 270 de 1996 (modificado por el artículo 1° de la Ley 771 de 2002), antes transcrito, el Acuerdo número 1581 del 9 de octubre de 2002 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, prevé lo siguiente:
CAPITULO IV

TRASLADOS DE SERVIDORES DE CARRERA

 

Artículo decimoquinto.- Traslados de servidores de carrera. En los términos del numeral 3° del artículo 1° de la Ley 771 de 2002, los servidores judiciales de carrera, podrán solicitar traslado a un cargo de carrera que se encuentre vacante en forma definitiva, con funciones afines, de la misma categoría y para los cuales se exijan los mismos requisitos. Dicha petición debe presentarse y resolverse antes de la conformación de las listas de candidatos o de elegibles.

 

Articulo decimosexto.- Solicitud y trámite. Los interesados deberán presentar por escrito, ante la Unidad de Administración de la Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la respectiva solicitud de traslado, debidamente sustentada y acompañada de las pruebas pertinentes.

 

Parágrafo primero.- Cuando se trate de empleados cuyas sedes estén adscritas a un mismo consejo seccional de la judicatura, la solicitud de traslado corresponde a la sala administrativa del consejo respectivo, emitir el concepto pertinente.

 

Parágrafo segundo.- Cuando se trate de empleados cuyas sedes estén adscritas a diferentes consejos seccionales de la judicatura, el concepto corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

 

Artículo decimoséptimo.- Evaluación y concepto. En los asuntos de competencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, presentada la solicitud, la Unidad de Carrera Judicial efectuará la evaluación respectiva y, si lo considera pertinente, podrá solicitar concepto a las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura respectivos.

 

Para efectos de emitir el concepto sobre las peticiones de traslados de servidores de carrera, la Sala Administrativa del Consejo Superior o seccional de la Judicatura tendrá en cuenta la antigüedad, la evaluación de servicios, el concepto de la Sala Administrativa del Consejo Seccional, cuando se solicite, y demás factores que garanticen la no afectación de una adecuada prestación del servicio de justicia.

 

Parágrafo.- En el evento de que no existan razones para acceder al traslado, se enviará la respectiva lista de candidatos.” (Subraya la Sala)
Es claro entonces, que uno de los requisitos para la viabilidad del traslado de un servidor de la rama judicial es que el mismo se pretenda con destino a un cargo de la misma categoría al que aquél ocupa al momento de presentar la respectiva petición. Esa exigencia, que se consagró en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996 (modificado por el artículo 1° de la Ley 771 de 2002) y se reitera en el Acuerdo número 1581 del 9 de octubre de 2002 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, es, precisamente, una de las razones por las que la administración negó la petición del traslado del actor.
Pues bien, para la Sala es claro que tal requisito no se cumple en el caso concreto, teniendo en cuenta que el cargo cuya vacancia aspira a suplir el demandante en virtud del traslado que pretende (Citador de Juzgado de Circuito) no puede entenderse como de la misma categoría de aquel que ocupa en la actualidad (Citador de Juzgado Municipal), pues corresponde a despacho judicial de categoría diferente, según lo dispuesto en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
Así las cosas, la Sala no comparte la afirmación del actor, según la cual los cargos antes mencionados resultan ser de la misma categoría, máxime si se tiene en cuenta que lo dispuesto en el Acuerdo número 04 del 24 de enero de 1995 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (al cual acude en apoyo de su afirmación) no permite una conclusión en ese sentido, según se explica a continuación.
El Acuerdo número 04 del 24 de enero de 1995 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tuvo como objeto modificar y adicionar el Acuerdo número 160 del 29 de noviembre de 1994, mediante el cual se convocó a concurso de méritos destinado a la conformación de los correspondientes registros de elegibles para la provisión en propiedad de cargos de empleados de carrera en las distintas corporaciones y despachos judiciales del país. En lo pertinente al caso, el Acuerdo número 04 del 24 de enero de 1995 dispuso:
Artículo segundo.- De conformidad con el Decreto 43 de 1995, el Acuerdo 03 de 1995 de la Sala Administrativa, modificase el numeral 3o. del Acuerdo 160 de 1994 de la misma Sala, en cuanto a los grados y requisitos de los siguientes cargos:
 

CLASE DE CARGO

GRADO

REQUISITOS

Citador de Corporación Nacional

05

Poseer diploma en educación media y tener cuando menos dos (2) años de experiencia relacionada.

Citador de Tribunal

04

Haber aprobado cuatro (4) años de educación media o haber aprobado tres (3) años de educación media y tener cuando menos dos (2) años de experiencia relacionada.

Citador de Juzgado de Circuito y equivalentes.

03

Haber aprobado dos (2) años de estudios en educación media.

Citador de Juzgados Municipales y Territoriales.

03

Haber aprobado dos (2) años de estudios en educación media.

 

 

De manera que si bien es cierto el Acuerdo transcrito exige los mismos requisitos para desempeñar los cargos de Citador de Juzgado de Circuito y Citador de Juzgados Municipales y Territoriales, como también lo es que se encuentran en el mismo cargo, ocurre que esas similitudes (iguales requisitos y grado) no permiten considerarlos como empleos equivalentes o pertenecientes a la misma categoría y, por esa vía, entender satisfecha una de las exigencias para la procedencia del traslado pretendido por el demandante.
Por una parte, la equivalencia que pueda predicarse respecto de los requisitos para proveer determinados cargos no permite concluir que los mismos se encuentran en la misma categoría, dado que ésta obedece a múltiples aspectos relacionados con el empleo y no, necesariamente, en virtud de las exigencias legales para su desempeño. Nótese cómo, en la materia que se estudia, la ley señala que “Se produce traslado cuando se provee un cargo con un funcionario o empleado que ocupa en propiedad otro de funciones afines, de la misma categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos”, de donde claramente se concluye que la categoría de un empleo es cuestión independiente de la de los requisitos para su desempeño. Por otra, tampoco puede equipararse la categoría del cargo con su grado, pues es bien sabido que dentro de una misma categoría de empleo pueden encontrarse diferentes grados, siendo frecuente que empleos ubicados en un mismo grado tengan diferente remuneración y funciones.
En esta forma, como quiera que la actuación de la administración encuentra pleno respaldo en la normatividad aplicable al caso, encuentra la Sala que de su conducta no podría derivarse la violación de un derecho fundamental en cabeza del actor.
Por lo tanto, la sentencia impugnada será confirmada.

III. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:
1° Confírmase la sentencia dictada el 6 de febrero de 2004 por el Tribunal Administrativo de Caquetá.
2° Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3° Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y envíese copia de la misma al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

MARÍA NOHEMÍ HERNÁNDEZ PINZÓN REINALDO CHAVARRO BURITICÁ

Presidenta Ausente con excusa




FILEMÓN JIMÉNEZ OCHOA DARÍO QUIÑONES PINILLA


MERCEDES TOVAR DE HERRÁN

Secretaria General


1 Acerca de los criterios para determinar el carácter de fundamental de un derecho, ver la sentencia T-002 de 1992 de la Corte Constitucional

2 Acerca de los criterios para determinar el carácter de fundamental de un derecho, ver la sentencia T-002 de 1992 de la Corte Constitucional

3 Ver entre otras, las sentencias T-415 de 1998 y T-128 de 2000 de la Corte Constitucional.

4 El texto entre paréntesis fue declarado inexequible mediante sentencia C-295 de 2002 de la Corte Constitucional.


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