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El incumplimiento de los términos antes fijados, dejará sin efecto la designación y se nombrará a otro.

Art. 386.- Si el liquidador fuere nombrado por el Superintendente, éste fijará los honorarios, que serán pagados por la compañía.
En el caso de disolución voluntaria la Junta General determinará los honorarios que percibirá el liquidador. En ambos casos los honorarios del liquidador se fijarán de acuerdo con la tabla que para el efecto dictará la Superintendencia de Compañías.
Si el liquidador perteneciere al personal de la Superintendencia de Compañías, no percibirá honorarios adicionales a la remuneración que le corresponde dentro de la Institución.
El liquidador no tendrá relación laboral ni con la compañía en liquidación, ni con la Superintendencia de Compañías, ni se le extenderá la responsabilidad solidaria establecida en el artículo 36 del Código del Trabajo; pero sí responderá por los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones.

Art. 387.- Incumbe al liquidador de una compañía:
1. Representar a la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente, para los fines de la liquidación;
2. Suscribir, conjuntamente con el o los administradores el inventario y el balance inicial de liquidación de la compañía, al tiempo de comenzar sus funciones;
3. Realizar las operaciones sociales pendientes y las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la compañía;
4. Recibir, llevar y custodiar, los libros y correspondencia de la compañía y velar por la integridad de su patrimonio;
5. Solicitar al Superintendente de Compañías que recabe del Superintendente de Bancos la disposición de que los bancos y entidades financieras sujetas a su control no hagan operaciones o contrato alguno, ni los primeros paguen cheques girados contra las cuentas de la compañía en liquidación, si no llevan la firma del liquidador, que para el efecto será registrada en dichas instituciones;
6. Exigir las cuentas de la administración al o a los representantes legales y a cualquier otra persona que haya manejado intereses de la compañía;
7. Enajenar los bienes sociales con sujeción a las reglas del numeral 3 del artículo 398 de esta Ley;
8. Cobrar y percibir el importe de los créditos de la compañía y los saldos adeudados por los socios o accionistas, otorgando los correspondientes recibos o finiquitos;
9. Presentar estados de liquidación, de conformidad con esta Ley;
10. Concertar transacciones o celebrar convenios con los acreedores y comprometer el juicio en árbitros, cuando así convenga a los intereses sociales;
11. Pagar a los acreedores;
12. Informar trimestralmente a la Superintendencia de Compañías sobre el estado de la liquidación;
13. Formular el balance anual y una memoria sobre el desarrollo de la liquidación y presentarlos a consideración de la junta de socios o accionistas y de la Superintendencia de Compañías, cuando se trate de compañías sujetas a su vigilancia;
14. Rendir, al fin de la liquidación, cuenta detallada de su administración a la Junta General de socios o accionistas y a la Superintendencia de Compañías, cuando se trate de las mencionadas compañías;
15. Elaborar el balance final de liquidación o suscribir el acta de carencia de patrimonio; y,
16. Distribuir entre los socios o accionistas el remanente del haber social.
El liquidador no podrá repartir entre los socios o accionistas el patrimonio social sin que hayan sido satisfechos todos los acreedores o depositado el importe de sus créditos, según lo disponen los numerales 5o. y 6o. del artículo 398 de esta Ley.

Art. 388.- El liquidador es responsable de cualquier perjuicio que, por fraude o negligencia en el desempeño de sus funciones o por abuso de los bienes o efectos de la compañía, resultare para el haber social, los socios, accionistas o terceros.
En el caso de omisión, negligencia o dolo, será sustituido, con pérdida del derecho a la retribución por su trabajo, y responderá personal y solidariamente por el pago de daños y perjuicios causados, con independencia de la respectiva acción penal en los términos del artículo 560 del Código Penal.

Art. 389.- Las funciones del liquidador terminan por:
1. Haber concluido la liquidación;
2. Renuncia;
3. Remoción;
4. Muerte; y,
5. Por incapacidad sobreviniente.

Art. 390.- El liquidador designado por la compañía puede ser removido:
1. De acuerdo con las normas del contrato social, por decisión de la Junta General, o de conformidad con la Ley; y,
2. Por decisión del juez en su caso, a pedido de socios que representen por lo menos, el veinticinco por ciento del capital social pagado.

Art. 391.- El liquidador designado por el Superintendente de Compañías puede ser removido por éste, de oficio o a petición de socios o accionistas que representen, por lo menos el veinticinco por ciento del capital social o pagado; cuando a criterio del Superintendente de Compañías se hubiere producido alguno de los siguientes hechos:
1. Mal manejo de los bienes de la compañía en liquidación; y,
2. Negligencia o desacierto en el desempeño de sus funciones.
C. DEL PROCEDIMIENTO

Art. 392.- Inscrito el nombramiento del liquidador, el o los administradores le entregarán, mediante inventario, todos los bienes, libros y documentos de la compañía.
Cuando el o los administradores, sin causa justificada, se negaren a cumplir con lo previsto en el inciso anterior o retardaren dicha entrega por más de cinco días, desde que fueron notificados por escrito por el liquidador, el Superintendente de Compañías podrá imponerles una multa de hasta doce salarios mínimos vitales generales, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento.
Si los administradores estuvieren ausentes o incumplieren lo dispuesto en el inciso anterior, el liquidador se hará cargo de los bienes, libros y documentos, formulando el correspondiente inventario, con intervención de un delegado del Superintendente de Compañías.

Art. 393.- El liquidador publicará por tres días consecutivos, en un diario de amplia circulación en el lugar del domicilio principal de la compañía, y en los que operen las sucursales de la compañía, si las hubiere, un aviso en que notifique a los acreedores para que en el término de veinte días contados desde la última publicación, presenten los documentos que acrediten su derecho.
Transcurrido este término, el liquidador tomará en cuenta solamente a los acreedores que hayan probado su calidad y a todos los que aparezcan reconocidos como tales en la contabilidad de la compañía, con la debida justificación.

Art. 394.- Con la inscripción de la disolución de la compañía, todos los créditos en contra de ésta se considerarán de plazo vencido.

Art. 395.- Durante el período de liquidación, el liquidador observará las disposiciones del contrato social y de la ley en cuanto a convocatorias y reuniones de juntas de socios o accionistas, a las que el liquidador informará sobre la marcha de la liquidación.
Las convocatorias serán hechas y las reuniones presididas por el liquidador.
Cuando en el orden del día constare el conocimiento del balance anual y la memoria sobre el desarrollo de la liquidación, si hecha la segunda convocatoria a junta general no se reuniere para examinarlos, estos documentos se considerarán aprobados.

Art. 396.- El Superintendente de Compañías dispondrá que el o los registradores de la propiedad y, en general, los funcionarios a quienes corresponde el registro de enajenación o gravámenes reales de bienes, no hagan las inscripciones o anotaciones, si no interviniere en los respectivos contratos el liquidador.

Art. 397.- Se prohíbe al liquidador adquirir, directa o indirectamente los bienes sociales de la compañía en la cual actúe. Esta prohibición se extiende al cónyuge y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Si fuere socio o accionista de la misma sólo tendrá el derecho que le corresponda en el remanente.

Art. 398.- En el caso que la compañía disponga de bienes, el liquidador observará las reglas siguientes:
1. Realizará el activo y extinguirá el pasivo por cualquiera de los modos previstos en el Código Civil;
2. Aplicará las normas legales sobre prelación de créditos para efectuar los pagos a los acreedores de una compañía en liquidación. En todo caso, el honorario del liquidador nombrado por el Superintendente de Compañías y el costo de las publicaciones efectuadas por la Superintendencia, inclusive el recargo mencionado en el artículo 373 de esta Ley, se considerarán como gastos causados en interés común de los acreedores y tendrán la misma situación que los créditos a que se refiere el numeral primero del artículo 2398 del Código Civil;
3. Venderá los bienes muebles en forma directa o en pública subasta con la intervención de un martillador público.
La venta de bienes inmuebles o del total del activo y pasivo la efectuará:
a) En remate; o,
b) Directamente, siempre que el estatuto haya dado esta facultad al liquidador, o la junta general exonerare del proceso de pública subasta;
4. Elaborará el balance final de liquidación con la distribución del haber social y convocará para su conocimiento y aprobación a Junta General, en la cual intervendrá un delegado de la Superintendencia de Compañías.
Dicha convocatoria se la hará en uno de los diarios de amplia circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación por lo menos, al fijado para la reunión, con la indicación del lugar en el que el balance se encuentra a disposición de los socios o accionistas;
5. Procederá a la distribución o adjudicación del remanente en proporción a lo que a cada socio o accionista le corresponda, una vez aprobado el balance final que se protocolizará conjuntamente con el acta respectiva; y,
6. Depositará el remanente a orden de un juez de lo civil para que tramite su partición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2046 del Código Civil en caso de que la junta general no se reúna; o si reunida, no aprobare el balance final.

Art. 399.- Ningún socio o accionista podrá exigir la entrega del haber que le corresponda en la división de la masa social, mientras no se hallen extinguidas todas las deudas y obligaciones de la compañía o no se haya depositado su importe.

Art. 400.- Si repartido el haber social aparecieren nuevos acreedores, éstos podrán reclamar, por vía judicial, a los socios o accionistas adjudicatarios, en proporción a la cuota que hubieren recibido, hasta dentro de los cinco años contados desde la última publicación del aviso a los acreedores.
Para el caso de que el remanente estuviere depositado a órdenes de un juez de lo civil, los acreedores podrán hacer valer sus derechos ante dicha autoridad, hasta la concurrencia de los valores depositados.

Art. 401.- Las cuotas no reclamadas dentro de los noventa días siguientes a la aprobación del balance final, se depositarán a orden de un juez de lo civil, a nombre y a disposición de cada uno de sus dueños.

Art. 402.- Si una compañía en liquidación careciere de patrimonio, en lugar del balance final se levantará un acta en la que se declare esta circunstancia, la que será firmada por el liquidador, un delegado del Ministerio de Finanzas y un representante del Superintendente de Compañías.
Esta acta puede comprender a una o varias compañías. Si el acta no fuere suscrita por el delegado del Ministerio de Finanzas o por el representante del Superintendente de Compañías, transcurrido el plazo de seis meses desde su otorgamiento se entenderá aprobada por el ministerio de la ley y el liquidador solicitará la cancelación de la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil.
Nota:

El Art. 16 lit. d) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva cambió la denominación del Ministerio de Finanzas y Crédito Público por la de Ministerio de Economía y Finanzas.

Art. 403.- Se presume que una compañía carece de patrimonio, en cualquiera de los siguientes casos:
1.- Cuando realizados los activos resultaren insuficientes para cubrir las obligaciones de la compañía en liquidación; y,
2.- Si realizado el activo y saneado el pasivo se establece que no existe remanente.
5. DE LA CANCELACIÓN
A. GENERALIDADES

Art. 404.- Concluido el proceso de liquidación, en cualquiera de las formas previstas en los artículos anteriores, a pedido del liquidador, el Superintendente de Compañías dictará una resolución ordenando la cancelación de la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil.

Art. 405.- El Superintendente de Compañías, sin ningún otro trámite, podrá ordenar la cancelación de la inscripción en el Registro Mercantil, de las compañías cuya disolución hubiere sido declarada, por lo menos con cinco años de anterioridad al 29 de junio de 1989.
En lo posterior, emitida la resolución de disolución y si no hubiere terminado el trámite de disolución y liquidación en el lapso de un año, el Superintendente de Compañías podrá ordenar la cancelación de la inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.
Cualquier reclamo que se produjere en estos casos, será conocido y resuelto por los jueces de lo civil del domicilio principal de la compañía.
B. DE LAS COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

Art. 406.- El Superintendente de Compañías podrá cancelar el permiso de operación concedido a una compañía extranjera que tenga sucursal en el Ecuador, en los siguientes casos:
1. Si la matriz, en su lugar de origen, se extinguiera o dejare de operar por cualquier motivo;
2. Si la sucursal establecida en el Ecuador quedare sin representante debidamente acreditado;
3. Si la sucursal registrare pérdidas de más del 50 % del capital asignado, y no se lo aumentare dentro del plazo concedido por el Superintendente, para tal efecto;
4. Por la conclusión de actividades para las que ésta se estableció, u obtuvo posteriores autorizaciones, o por la imposibilidad manifiesta de cumplirlas;
5. Por resolución del órgano competente de la matriz de la compañía extranjera y a solicitud del representante de la sucursal, siempre que estuviera facultado expresamente para ello; y,
6. Por violación de la ley, del régimen de tratamiento común a los capitales extranjeros o de la normatividad ecuatoriana; o por inobservancia grave de los reglamentos o de las resoluciones dictadas por la Superintendencia, siempre que atentare contra el normal funcionamiento de la sucursal o pueda ocasionar perjuicios al estado o a terceros.

Art. 407.- El Superintendente ordenará que de la resolución por la que se cancela el permiso de operación, se siente razón al margen de la protocolización de los documentos originalmente presentados; que se la inscriba y publique en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio de la sucursal.

Art. 408.- De la resolución o providencia que declare la cancelación del permiso de operación se podrá recurrir ante el respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, dentro del término de quince días, que se lo contará a partir de la publicación mencionada en el artículo anterior.

Mientras se tramita el recurso, la sucursal no podrá realizar nuevas operaciones o negocios en el Ecuador.

Art. 409.- Una vez cancelado el permiso de operación, el Superintendente dispondrá la liquidación de la sucursal, para lo cual designará un liquidador.
Las funciones de éste y el proceso de liquidación se regirán por las disposiciones contenidas en esta Sección, en lo que fueren aplicables.

Art. 410.- Las inscripciones y anotaciones que disponga el Superintendente de Compañías con motivo de la cancelación del permiso de operación y liquidación de la sucursal, tendrá las mismas exenciones contempladas para el caso de las compañías nacionales.

6. DISPOSICIONES COMUNES A ESTA SECCIÓN

Art. 411.- Las resoluciones sobre inactividad, disolución, liquidación y cancelación, así como la publicación de sus extractos, podrán referirse a una o varias compañías.
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