Expte. N°: 55. 455/04 MÜller, gustavo adolfo c/ superior tribunal de justicia s/demanda contencioso administrativa (P/C: 1º a 5º cuerpos)






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Expte. N°: 55.455/04 MÜLLER, GUSTAVO ADOLFO C/ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA S/DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - (P/C: 1º A 5º CUERPOS)

SENTENCIA Nº 22: Hace lugar a la demanda contencioso administrativa de ilegitimidad.

SRaulspaduanNº 22 / En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los nueve (09) días del mes de febrero del año dos mil nueve, se reúnen los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia "Ad-Hoc" Dres. RAUL ANTONIO PARRA, FLORENCIO FORTUNATO SUAREZ, RAUL HECTOR NARDONI y SUSANA ELIZABETH PACHECOY, para dictar sentencia definitiva en esta causa caratulada: "MÜLLER, GUSTAVO ADOLFO C/ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA Y/O PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DEL CHACO S/DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA", Expediente Nº 55.455/04, de la que

RESULTA:

Que a fs. 3/19 y vta. se presenta el Dr. Gustavo Adolfo Muller, Fiscal de Cámara Nº 2, de la Primera Circunscripción Judicial de esta Provincia y deduce acción contencioso administrativa de ilegitimidad o anulación, contra el Superior Tribunal de Justicia y/o Poder Judicial de la Provincia del Chaco y/o Provincia del Chaco, de la Resolución Nº 858 del 12/11/91 y de la planilla anexa, denominada "suplemento mensual no remunerativo ni bonificable", del Superior Tribunal de Justicia.

Refiere que desempeña el cargo de Fiscal de Cámara Nº 2, desde el 1° de diciembre de 1972, teniendo la mayor antigüedad en el Poder Judicial, donde se desempeñó como meritorio, que actúa como abogado de su propia causa, conforme lo acredita con la Resolución de autorización Nº 1000/91, que se agrega a fs.1/2. Asimismo destaca que ha formulado la pertinente reclamación previa (art. 9 del C.C.A.), y no existiendo pronunciamiento del Cuerpo, inicia la presente acción dentro de los plazos legales.

Que recusa a los jueces firmantes de la Res. Nº 858 y al Procurador General. Al igual que a los Magistrados y Funcionarios Judiciales jubilados, retirados o que perciban retribuciones vitalicias por su condición de ex Jueces o ex Funcionarios del Poder Judicial, que para garantizar el debido proceso debe constituirse un tribunal Ad-Hoc, con conjueces que no tengan ningún vínculo ni relación con las escalas salariales del Poder Judicial, ni vínculo o relaciones de dependencia con los otros poderes del Estado Provincial.

Como fundamento de su reclamo expresa que los montos de las remuneraciones de las distintas categorías o jerarquías de Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial, surgen de la aplicación automática del art. 5 de la Ley Provincial Nº 2895 que establece que a partir del 1° de enero de 1984, la remuneración total del cargo de Juez del Superior Tribunal de Justicia, será igual al 100% de la retribución que por todo concepto corresponda a un cargo de Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el que será incrementado automáticamente cuando se incrementen los de estos últimos. Que la Ley 2895 tiene un anexo de los coeficientes porcentuales para la determinación de las remuneraciones del personal del Poder Judicial, y de acuerdo al mismo, al cargo de Fiscal de Cámara o Ministerio Público de Segunda Instancia le corresponde el 90,08% de lo que perciben los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General. Que de la ley se infieren dos principios. 1) se toma como base de cálculo la remuneración total que por todo concepto percibe el Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 2) los incrementos son automáticos, en la medida en que se eleven los montos de las retribuciones del Alto Cuerpo de la República. Agregando que el art. 5° de la Ley 2895, no hace ninguna distinción al referirse a la remuneración total por todo concepto.

Cita doctrina referida a la interpretación de la Ley. Además de enumerar y transcribir las partes pertinentes de las distintas resoluciones dictadas por el Alto Cuerpo, referida a remuneraciones, intangibilidad, automaticidad, de los años 86, 88, 90.

A continuación expresa que se entiende por remuneración todo lo que percibe el trabajador con motivo de la prestación de servicios. Que la Acordada Nº 38 de la Corte Suprema de Justicia, estableció la compensación funcional, que tiene el carácter de remuneración conforme el fallo de la CSJN, en el caso “Bonorino Peró”, pues los haberes de los jueces están formados por la suma total de los rubros que por toda clase de conceptos integran la remuneración integral de los mismos (J.A.1986-I-102). Y por aplicación de la Ley 2895, la que analiza en sus diferentes artículos destaca que el sueldo del juez tiene la siguiente composición: 40% en concepto de sueldo básico y 60% en concepto de compensación jerárquica. Que siguiendo el criterio de la Corte el Superior Tribunal dictó el Acuerdo Extraordinario Nº 1964/85, e incurrió en un error, pues supeditó el beneficio de la compensación funcional (Acuerdo Nº 38 de la Corte), al dictado de una ley local que así lo disponga, entendiendo que la asignación por título no se hallaba contemplada en el régimen de la Ley 2895, ni en ninguna otra norma legal, esta postura fue abandonada en la Resolución Nº 772/86, en la que se reconoce el derecho a percibir dicha compensación, sin que se haya modificado la situación jurídica expuesta en el Acuerdo precedente, es decir que el Superior Tribunal de Justicia, ha incurrido en una conducta arbitraria, por ser un apartamiento inequívoco de la solución normativa que le ofrece la Ley 2895. Que la Sentencia Nº 296/89, estableció que el régimen de remuneraciones, de la justicia provincial se rige por la ley 2895, y conforme lo estatuye el art. 5, fijó la retribución del cargo de Juez del Alto Cuerpo, tomando como base la del Juez de la Corte Suprema, lo que sirvió de base para determinar el haber mensual de los restantes cargos del Poder Judicial Provincial. Es decir que siempre se mantuvo la vigencia de la Ley 2895. Que la Resolución Nº 858, del 12/11/91 y su planilla anexa, pretende desconocer y restar eficacia jurídica a la ley provincial 2895, groseramente vulnerada al igual que sus derechos por la caprichosa y arbitraria resolución que ataca, ya que la misma vicia primordialmente el derecho de propiedad, y niega validez de hecho y derecho a la ley provincial 2895.

Como perjuicio patrimonial generado indica que la Resolución Nº 858 y su planilla anexa, a violado los históricos porcentuales, como Fiscal de Cámara le corresponde el 90,08% del 100%, que el caso era Australes 29.000.000, al valor en esos momentos $2.900. Le correspondía a su cargo $2.612,32, y no $2.210, como se le asignó, es decir que hay un desmedro económico de $402,32, y esa diferencia es aún mayor, si se computan permanencia en el cargo, antigüedad y compensación funcional. Que en lo que hace al rubro compensación funciona, que es del 25%, del sueldo básico más la compensación jerárquica, asciende a $653,08, que según sus cálculos que los detalla, desde el 1/10/91, existe diferencias en sus haberes entre lo que percibe y lo que debe percibir, que alguna vez deberá ser solventada por la administración pública provincial, con más sus intereses, actualizaciones y honorarios. Señala luego que la resolución en cuestión pone en pie de igualdad a Jueces de Primera Instancia, Jueces de Instrucción, Jueces Correccionales, Secretario de la Procuración (que de acuerdo a la ley 2895, tienen un porcentaje de 82%), con el Director de Administración, Director de Logística, Director Médico, etc.(que tienen un porcentaje de 77 %), es decir que la Resolución Nº 858, carece de objetividad y razonabilidad en cuanto a los montos asignados, a los magistrados y funcionarios, sin guardar los porcentajes que a cada cargo le corresponde.

Agrega además que desde hace tiempo se ha desnaturalizado progresivamente la Ley 2895, al nombrarse Funcionarios (Secretarios del STJ) asimilados a Jueces o Camaristas sin reunir los requisitos constitucionales necesarios, y ello porque no existe un artículo como en el orden nacional, en el que a estos funcionarios se le requieren idénticos requisitos que para los camaristas. Es decir que la Resolución Nº 858, resulta anómala e ilegítima porque no respeta la legislación vigente en la materia (Ley Provincial Nº 2895), modificando arbitraria y antojadizamente la proporcionalidad remunerativa, que corresponde a Magistrados y Funcionarios.

Ofrece pruebas. Hace reserva del caso federal.

Ante las recusaciones formuladas por el actor a fs. 21/24, informan los Sres. Jueces Dres. Aquiles Hernán Sotelo, Guillermo E. Mendoza, Juan del Carmen Cima y María Luisa Lucas, en los términos del art. 22 del C.P.C.C. de aplicación subsidiaria, art. 107 del C.C.A. A fs. 26/27 y vta. por Resolución Nº 68, del 28/2/92 (S.T.J.) se desestiman las recusaciones planteadas.

A fs. 29 se excusa el Sr. Procurador General Dr. Jorge Edgardo Omar Canteros.

A fs. 37, se agrega Poder del actor a favor de José Martín Sánchez Dansey.

A fs. 42/23, por Resolución Nº 133, del 26/3/92, se rechaza la excusación del Dr. Procurador General Dr. Jorge E. Canteros.

A fs. 44, se excusa la Sra. Juez Dra. María Luisa Lucas, la que se desestima por Resolución Nº 363, del 11/5/92, de fs. 52/53.

A fs. 62, se excusa el Dr. Alberto Mario Modi, invocando el art. 30 del C.P.C.C., la que se resuelve a fs. 91/92, por Resolución Nº 920, del 29/10/92.

A fs. 97, la Dra. María Luisa Lucas invocando una nueva causal de excusación, solicita la separación de la causa. A fs. 99 lo vuelve a hacer el Sr. Procurador General.

A fs. 101/108, se agregan en fotocopias las revocatorias interpuestas contra la Res. 858/91 y pedido de pronto despacho.

A fs. 118, se integra el Tribunal con Jueces de Cámara. A fs.122/129, el actor recusa al Juez de Cámara Dr. Juan Ramón Rolón, llamado a integrar el Tribunal.

A fs. 131 y vta. el Dr. Juan Ramón Rolón informa en los términos del art. 22 del C.P.C.C.

A fs. 146, se excusa el Dr. Guillermo E. Mendoza.

A fs. 150 la Dra. Aída Luz Floriani de Fernández, Secretaria en estas actuaciones pone en conocimiento del Tribunal, de que se encuentra comprendida en la causal de inhibición prevista por el inc. 2° del art. 17 del C.P.C.C.

A fs. 157 y vta. el accionante recusa a los Dres. Elisa María Carrió, Guillermo Codina y Aníbal Farías Solimano, llamados a integrar el Tribunal, juntamente con los Dres. Alfredo Mathe y Máximo Varas.

A fs. 162 la Dra. María Luisa Lucas, vuelve a solicitar su apartamiento, invoca el art.17 inc. 2° del C.P.C.C.

A fs. 164, el Dr. Alberto Mario Modi, reitera pedido de apartamiento, invoca razones de decoro y delicadeza (art. 30 del C.P.C.C.).

A fs. 173, la Dra. Elisa María Carrió, solicita su apartamiento, invoca los incs. 2 y 4 del art. 17 del C.P.C.C.

A fs. 176 solicita se lo excuse de intervenir invoca el art. 17 y art. 30 del C.P.C.C.

A fs. 178, se excusa de intervenir el Dr. Eduardo Omar Molina, Juez del Superior Tribunal de Justicia, invoca el art. 30 del C.P.C.C.

A fs. 179, se integra el Tribunal con los Dres. Alfredo Mathe, Maximino Varas, Lázaro Aranda, María Luisa Estigarribia y Jorge Aníbal Pachecoy.

A fs. 184, el Dr. Oscar Belotti, es designado como Procurador General Subrogante.

A fs. 192, se excusa de seguir interviniendo el Dr. Alfredo Augusto Mathe, invoca el inc. 4 del art. 17 del C.P.C.C.

A fs. 194, se designa para integrar el Tribunal al Dr. Raúl Libedinsky, quien solicita su apartamiento a fs. 196, por aplicación del art. 17 inc. 2° del C.P.C.C. A fs. 196 y vta.

A fs. 197, se designa para integrar el Tribunal al Dr. Osvaldo José Simoni.

A fs. 199, pide su apartamiento el Dr. Jorge Aníbal Pachecoy, invoca el inc. 2 del art. 17 del C.P.C.C. A fs. 200, se excusa el Dr. Osvaldo José Simoni, por aplicación de los inc. 1 y 7 del art. 17 del C.P.C.C.

A fs. 201, se convoca para integrar el Tribunal a los Dres. Antonio Esteban Magaldi y Juan Francisco Serrano Giménez.

A fs. 210, pide su apartamiento el Dr. Juan Francisco Serrano Giménez, por razones de decoro y delicadeza, art. 30 del C.P.C.C.

A fs. 211, se designa para integrar el Tribunal al Dr. Carlos Guido Leunda (h).

A fs. 216, reconociendo el Dr. Guillermo Codina la causal de recusación invocada por el actor –amistad íntima-, se excusa de intervenir, art. 17 inc. 9 del C.P.C.C.

A fs. 218/221, por Res. Nº 485, del 23/5/94, I) Se acepta las recusaciones y/o excusaciones de los Miembros del Superior Tribunal de Justicia y de todos sus Subrogantes legales pertenecientes al Poder Judicial. II) Se aceptan las recusaciones formuladas contra los Dres. Elisa María Carrió, Guillermo Codina y Aníbal Farías Solimano. III) Se aceptan las excusaciones de los Dres. Alfredo Mathé, Raúl Libedinsky, Osvaldo José Simoni, Jorge Anibal Pachecoy y Juan Francisco Serrano Giménez IV) Se dispone que continúe interviniendo en la causa como Secretaria la Dra. Aída Luz Floriani de Fernández. Y V) se integra el Tribunal Ad Hoc. Con los Dres. Maximino Facundo Varas, Lázaro Segundo Aranda, María Laura Estigarribia Bieber, Antonio Esteban Magaldi y Carlos Guido Leunda (h), y como Procurador General Subrogante el Dr. Oscar Belotti.

A fs. 226/228, se agrega Resolución Nº 377, del 19/5/92, del Superior Tribunal de Justicia.

A fs. 236, se tiene por iniciada acción contencioso administrativa de ilegitimidad y se da intervención a las demandadas, por aplicación de los arts. 55 y 56 del C.C.A.

A fs. 245 y vta. la Provincia del Chaco, recusa sin expresión de causa a la Dra. María Luisa Estigarribia Bieber y con expresión de causa, art. 17 inc. 4° del C.P.C.C. al Dr. Lázaro Aranda.

A fs. 247 y vta. se agrega Resolución N° 115, del 28/2/92, por la que el Superior Tribunal de Justicia, concede al Fiscal de Estado la representación en juicio del Poder Judicial y/o Superior Tribunal de Justicia.

A fs. 255, la demandada solicita acumulación de la presente a la causa "MANULAK DE FERNANDEZ ROSA C/PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DEL CHACO S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA", Expte. Nº 33.775/92.A fs. 257, se acumulan las actuaciones a la precedente. A Fs. 259, se ordena estar a la constitución del Tribunal allí integrado.

A fs. 261, se le da a la demandada por decaído el derecho a contestar la demanda, por haber sido su presentación extemporánea.

A fs. 264/265 vta. el actor recusa a la Dra. Estigarribia Bieber, por haber solicitado en varias causas en las que interviniera como conjuez regulación de honorarios, siendo en consecuencia acreedora del Estado, invoca el inc. 4° del art. 17 del C.P.C.C.

A fs. 271, la Dra. María Laura Estigarribia Bieber admite ser acreedora del Estado y solicita su apartamiento, cuando informa en los términos del art. 22 del C.P.C.C.

A fs. 275 y vta. por Resolución Nº 201 del 31/5/95, se hace lugar a la recusación de la Dra. María Laura Estigarribia Bieber.

A fs. 277 se convoca a la Dra. María Suárez de Grillo para integrar el Tribunal.

A fs.285/293 vta. y a fs. 294/332, se agregan Sentencias Nº 241, del 4/7/90 y 296, del 12/10/89, del Superior Tribunal de Justicia.

A fs. 337, se agrega planilla del Departamento Liquidaciones del Poder Judicial, con detalle de haberes del actor desde el 1/10/91 al 31/8/95.

A fs. 340/341, se agrega Res. Nº 909 del 20/12/84; a fs. 342/343 vta. Res. Nº 214, del 3/4/86, a fs. 344/345, Res. Nº 239, del 1/9/86; a fs. 346/349, Res. 204, del 12/4/88; a fs. 350/351, Res. Nº 104, del 7/3/88; a fs. 351/353, Res. Nº 148, del 16/3/90; a fs. 354/355, Res. Nº 858, del 12/12/91.Todas del Superior Tribunal de Justicia, con distintas integraciones.

A fs. 357 certificado de antigüedad del accionante al 19/995.

A fs. 366, se corre vista de las actuaciones al Sr. Procurador General subrogante, quien emite su dictamen en los términos que da cuenta el escrito glosado a fs. 367/369 y vta.

A fs. 371, se ponen los autos a los fines del art. 59 del C.C.A. a disposición de las partes. A fs. 372/377 vta. presenta memorial la parte actora, haciéndolo la demandada a fs. 378/379.
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