Proposición de Ley Orgánica de principios y medidas contra la corrupción y por la transparencia en la gestión pública






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Artículo 8 - Profesionalización y despolitización del empleo público. Una Función Pública profesional es básica para una buena gestión pública que evite arbitrariedades y malas o corruptas prácticas. Con el fin de evitar el abuso de la libre designación para cubrir puestos de cargos directivos e incluso técnicos y el abuso en el nombramiento de personal de confianza que ha conducido a una administración politizada, y para garantizar la profesionalidad, objetividad e imparcialidad del empleo público, se introducen los siguientes cambios:

Uno - El Gobierno en el plazo de tres meses remitirá al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril que regula el Estatuto Básico del Empleado Público, de acuerdo a los criterios siguientes:

  1. Limitación por ley del número máximo de personal eventual.

    1. Se fijará con naturaleza de norma básica los máximos de personal eventual correspondientes a cada órgano de cualquier administración pública.

    2. Los respectivos Tribunales de Cuentas tendrán competencia para controlar ese número.

  1. Profesionalización del directivo público.

    1. La duración de su cargo será de cinco años y sólo podrá ser cesado por no haber cumplido los objetivos marcados o haber superado el tiempo.

    2. Cada nombramiento debe justificarse por escrito en términos de adecuación al perfil, profesionalidad y experiencia en puestos similares. Esta justificación se publicará en el Boletín Oficial y en una sección de la página web del organismo correspondiente.

    1. La selección se realizará a partir de una terna propuesta por un órgano imparcial de acuerdo con el perfil que se busque.

    2. Se regulará un sistema de acreditación para directivos privados que quieran concurrir a puestos de alta dirección públicos. Que consistirá en superar un proceso objetivo de certificación de sus méritos semejante en la forma al que ahora existe para acreditar la valía de los profesores universitarios. De forma que una vez obtenida la acreditación, ésta sea suficiente para considerar que cumplen con el requisito de mérito y capacidad para ser nombrados.

    3. El personal directivo estará sujeto al menos a una evaluación anual con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.

    4. Los principales directivos públicos se someterán a una evaluación previa a su nombramiento por parte de una Comisión del Congreso de los diputados.

  1. Limitación de la libre designación para evitar la politización de la administración.

    1. No podrá usarse el sistema de libre designación para proveer ningún puesto de naturaleza técnica.

  2. Funcionarios con habilitación de carácter estatal. Con el objeto de garantizar la imparcialidad y objetividad de la administración local su regulación seguirá los criterios siguientes:

    1. Los funcionarios con habilitación Estatal serán seleccionados por el Estado.

    2. El concurso para cubrir las plazas que correspondan a esos funcionarios será convocado únicamente por el Estado.

    3. Las plazas que correspondan a esa clase de funcionarios en ningún caso podrán ser cubiertas por otro personal

Dos.- El Gobierno en el plazo de tres meses remitirá al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley de modificación de Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del régimen local para limitar la provisión de puestos de trabajo directivos a través del sistema de libre designación y las competencias de cada Corporación para determinar el número de su personal eventual. Ese proyecto deberá basarse en los principios siguientes:


  1. El sistema de provisión de puestos de trabajo mediante la libre designación y la provisión de puestos de personal directivo de las Corporaciones locales se regirán por los mismos criterios referidos en el apartado anterior uno de este artículo.

  2. El personal eventual de las Corporaciones Locales no podrá ser superior a ocho en los municipios de gran población de más de 250.000 habitantes, de seis en los de menos de esa cifra, y de cuatro en las demás poblaciones, salvo los municipios de menos de 5.000 habitantes que podrán disponer de un máximo de uno.

Artículo 9 - Financiación de Partidos Políticos.

Uno -Se añaden dos nuevos párrafos al apartado uno del artículo 16 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de Financiación de Partidos Políticos, que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 16. Control externo

Uno. Corresponde en exclusiva al Tribunal de Cuentas el control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los órganos de fiscalización de las Comunidades Autónomas previstos en sus respectivos Estatutos.
A fin de facilitar el adecuado control y fiscalización del Tribunal de Cuentas, el partido político se considerará como una única realidad económica-financiera en la que se integre toda su organización territorial e institucional, incluyendo toda la organización local y los grupos de representación política en los distintos Parlamentos y en las Corporaciones Locales, de modo que no quede excluida del alcance fiscalizador ninguna de sus actuaciones en materia económico-financiera.
En consonancia con la concepción de los partidos políticos como única realidad económico-financiera, éstos deberán presentar estados financieros consolidados de toda su organización territorial e institucional y, en su caso, de las fundaciones pertenecientes a su entorno político y de las sociedades en cuyo capital social participen mayoritariamente.
Dos -Se añade un nuevo apartado ocho al artículo 14 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de Financiación de Partidos Políticos, con la siguiente redacción:
Los partidos políticos están obligados a hacer públicas sus cuentas anuales consolidadas, debidamente formalizadas, antes del 30 de junio del año siguiente al que aquéllas se refieran. En todo caso, deberán publicarse íntegramente en la página del partido en Internet de manera que dicha información resulte fácilmente accesible y de forma gratuita para cualquier persona.
Tres – Se propone la modificación del artículo 73.3 de la Ley7/1985, para impedir que las Corporaciones Locales financien a los grupos políticos, sin determinar su límite cuantitativo y sin que ningún procedimiento de fiscalización externa lo controle.
3. A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan, con excepción de aquellos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos.
Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el Reglamento Orgánico de cada corporación.

Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida abandonarla.
TITULO III. MEDIDAS A FAVOR DE LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION PÚBLICA
Artículo 10 – Publicidad de los Presupuestos y contabilidad de empresas con participación pública. Los presupuestos públicos se divulgarán de forma gratuita por internet, incluyendo su proceso de elaboración, aprobación, ejecución y liquidación. Se analizarán las desviaciones entre lo aprobado y ejecutado, la liquidación final y las de cada organismo. También el endeudamiento real, los compromisos contraídos a largo plazo y su inventario. Se acompañará una memoria de la gestión con indicadores para evaluar la eficacia y la eficiencia de los recursos empleados, así como un análisis de las medidas prioritarias para un desarrollo sostenible.
Igualmente, las sociedades, fundaciones y entidades públicas, así como entidades privadas participadas directa o indirectamente por cualquier Administración Pública, o que presten servicio públicos, vendrán obligadas a divulgar de forma gratuita por internet su contabilidad detallada y en particular, su cuenta de resultado, balance de situación y de sumas y saldos, en el plazo máximo de 30 días desde su aprobación.
Artículo 11 – Campañas de publicidad institucional. Se regularán las campañas institucionales de publicidad y de comunicación de las administraciones públicas y de las entidades integrantes del sector público en cualquier ámbito territorial o nivel de las administraciones públicas, de acuerdo a los siguientes criterios:


  1. Se prohibirán las campañas que tengan como finalidad destacar los logros o los objetivos alcanzados por las administraciones, y las campañas de cualquier tipo que traten de vincular la labor de las administraciones al partido o partidos gobernantes y a sus cargos electos, representantes o candidatos.

  2. Se garantizarán los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación en la realización de campañas institucionales, y se obligará a la elaboración de un Plan anual previo con un límite de gasto.

  3. Se establecerá la obligación de realizar un informe anual de dominio público donde se incluirán todos los anuncios y campañas institucionales realizadas en el año anterior, señalándose su finalidad y su importe y adjudicatarios de los contratos celebrados.

Artículo 12 – Evaluación de políticas públicas. Las administraciones públicas deberán contar con un Plan de Evaluación, que recogerá los compromisos para la evaluación temporal de sus actuaciones según indicadores de evaluación claros. La evaluación será una información públicamente accesible, sistematizada y generada de forma regular.
Artículo 13 – Registro Público de Subvenciones. Se establecerá un registro público y obligatorio de todas las subvenciones concedidas a todas las personas físicas y jurídicas sin excepciones, con sus correspondientes cantidades y referencia nominativa de todo tipo de sujetos, que se actualizará al menos anualmente. Incluirá también la publicación detallada de los procedimientos y criterios de concesión de todo tipo de subvenciones y ayudas, con determinación de la cuantía y beneficiarios, incluyendo las personas jurídicas y los grupos de las que dependan.
Artículo 14 – Transparencia en la gestión económica de las subvenciones. Los receptores de subvenciones por actividades de interés general deberán asumir obligaciones de transparencia económica, depositando en un registro público de libre acceso la información correspondiente a su gestión económica.
Artículo 15 – Transparencia económica de sindicatos y organizaciones empresariales. Las organizaciones empresariales y sindicales que reciban financiación pública estarán igualmente obligadas a ofrecer una información pública rigurosa y detallada tanto de sus cuentas anuales como las de los procesos electorales que lleven a cabo, incluyendo un inventario de su patrimonio y sus deudas.
Artículo 16 – Transparencia de las retribuciones de los cargos públicos. La información sobre las retribuciones de los miembros del Gobierno del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los Corporaciones Locales se publicará, además de en los correspondientes boletines oficiales, en al menos las páginas web correspondientes. Esta información no sólo se referirá a la retribución monetaria, sino que también abarcará todas las retribuciones en especie asociadas al cargo.

Artículo 17 – Transparencia de la contratación pública. Se crearán Comisiones de Control y Seguimiento en la contratación pública allí donde todavía no existan para garantizar los principios de transparencia, legalidad, publicidad y libre concurrencia.
Artículo 18 – Registro Público de Contrataciones. Se creará el Registro Público de Contrataciones de las administraciones para que cualquier ciudadano pueda consultar todos los contratos realizados por cualquier nivel y ámbito de las administraciones públicas, las sociedades públicas y entidades participadas, y las empresas adjudicatarias.

DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA - El Gobierno en el plazo de tres meses presentará un proyecto de Ley Orgánica reguladora de la transparencia de las Administraciones Públicas y del acceso a la información pública obrante en poder de los distintos poderes del Estado, Administraciones Públicas, estatal, autonómica y local, así como la contabilidad detallada de cualesquiera entidades públicas o privadas participadas directa o indirectamente por cualquier Administración Pública o presten servicios públicos, sin más excepciones que las legalmente tasadas y que objetivamente afecten a la seguridad, la averiguación de los delitos o la intimidad de las personas.

La ley deberá en todo caso garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información de forma sencilla, rápida y gratuita y prever un sistema eficaz de responsabilidad y sanciones por incumplimiento del deber de suministrar la información.

Esa Ley deberá recoger lo establecido en los artículos 9 a 17 de esta Ley, que desde su entrada en vigor son directamente aplicables.
SEGUNDA - El Gobierno enviará en el plazo de seis meses un Proyecto de Ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno Local y de los Altos Cargos de esa administración, en términos semejantes a lo establecido para los miembros del Gobierno de la nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado en la Ley 5/2006, de 10 de abril.
TERCERA – El Gobierno creará un Registro Único de Actividades Profesionales Coincidentes en el que todo cargo electo y alto cargo de todas las administraciones públicas españolas o entidades dependientes, y los cargos de fundaciones o empresas mercantiles de capital público, deberán hacer constar una declaración sobre sus actividades profesionales y participaciones en empresas o sociedades cuya actividad coincida o total o parcialmente con la propia de alguna institución o empresa que gestione, reseñando en su declaración la existencia de actividades coincidentes de su cónyuge, sea cual sea el régimen económico matrimonial, o persona que conviva en análoga relación de afectividad e hijos dependientes y personas tuteladas.
CUARTA - El Gobierno presentará en el plazo de seis meses un proyecto de Ley de creación de un organismo de evaluación de políticas públicas dependiente del Senado y plenamente independiente del Gobierno, con competencia para evaluar las políticas públicas de todas las administraciones públicas españolas. Tendrá la finalidad de favorecer la trasparencia y la emulación de las mejores prácticas de las administraciones públicas, mediante datos homogéneos que permitan establecer comparaciones pertinentes entre ellas.
La creación de este organismo conllevará la desaparición de la actual Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas integrada en la Administración General del Estado.
QUINTA - El Gobierno en el plazo de seis meses remitirá un Proyecto de Ley de evaluación del desempeño de los empleados públicos que permitirá establecer cauces para la promoción de los empleados públicos dentro de su carrera administrativa, que les permita promocionar de forma objetiva y dar cuentas de su trabajo.
Ningún puesto de trabajo de empleado público sujeto a evaluación y carrera administrativa podrá ser cubierto mediante el sistema de libre designación.
SEXTA - El Gobierno presentará en el plazo de seis meses un proyecto de ley de austeridad para todas las Administraciones públicas donde se fijen, entre otros aspectos, módulos comunes máximos y mínimos del tamaño de unidades y organizaciones de acuerdo con criterios objetivos (población, políticas, experiencia comparada, etcétera), un umbral común máximo y mínimo de salario por categoría funcionarial, un número máximo de coches oficiales en función de criterios objetivos (qué altos cargos deben disponer de él, horario, condiciones, etc..), un porcentaje mínimo (15%) del personal abierto a personas provenientes de otras Administraciones y un porcentaje reforzado (30%) entre CCAA colindantes.
SÉPTIMA – El Gobierno presentará en el plazo de tres meses una Ley de financiación de las entidades locales que, garantizando la suficiencia financiera de esas entidades, permita que estás se financien de forma trasparente y clara, para evitar que su financiación esté directamente relacionada con el suelo. En esa Ley deberá concretarse también las competencias que han de asumir los municipios de acuerdo a su capacidad de financiación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en esta Ley.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA - Los artículo 3, 5.uno.3.c), 5.dos, 6.uno, 8.uno y dos, 14 y la disposición adicional primera tienen naturaleza de Ley Orgánica.

SEGUNDA – Los artículos 4, 5, 7, , 9, 10,11, 15, 16 y 17 tienen naturaleza básica de acuerdo a los dispuesto en el artículo 149.1.1ª y 149.1.18ª de las Constitución Española.

SEGUNDA – La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

ANTECEDENTES



  • Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas




  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil




  • Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público




  • Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común




  • Ley de 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local







  • Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos




  • Ley de Enjuiciamiento Criminal.




  • Código Penal Español




  • Constitución Española

Congreso de los Diputados, extensión 5927

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