Proposición de Ley Orgánica de principios y medidas contra la corrupción y por la transparencia en la gestión pública






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5 - Reparto competencial

La eliminación de la financiación ilegal de los ayuntamientos y entidades locales reclama un reparto competencial más claro y delimitado, basado en el principio de que ninguna administración debe asumir el ejercicio de competencias que correspondan a otra o que ésta ya esté ejerciendo, y que en todos los casos ninguna administración debe asumir –en circunstancia normales aunque no en situaciones de emergencia- el ejercicio de competencias que no estén debidamente financiadas por la ley respectiva. El objetivo de este reparto competencial y del requisito de responsabilidad fiscal para ejercerlas es evitar que las instituciones públicas incurran en desequilibrios financieros recurrentes que incentiven el recurso a la financiación ilegal para hacer frente a endeudamientos excesivos e inasumibles con la financiación ordinaria.
En el caso de las instituciones y administraciones públicas, las medidas de transparencia deben prever e impedir las prácticas de confusión y maquillaje contable consistentes en ocultar, desviar o aplazar deuda a empresas o entidades satélites de las instituciones de gobierno que han producido la deuda. La calidad democrática de la gestión exige que la información pública sobre el estado financiero de las administraciones e instituciones sea veraz, actual y contrastable, fines que implican la máxima claridad en la composición, estado financiero y objetivos de la red de empresas y entidades públicas, semipúblicas o participadas que gravitan en torno a las instituciones. Las redes opacas y las prácticas de maquillaje contable favorecen objetivamente la extensión y tolerancia de las prácticas corruptas vinculadas a la financiación ilegal, y por eso mismo deben ser combatidas en el marco de la lucha contra la corrupción y por una gestión transparente.
6 - Imputados

Finalmente, la lucha contra la corrupción política debe incluir penas proporcionadas para los condenados por corrupción tras un proceso judicial, pero también la exclusión de las instituciones de aquellas personas imputadas judicialmente en los procesos por corrupción, tanto por razones jurídicas como para moralizar la vida pública y prestigiar la política y las instituciones democráticas. La presunción de inocencia no puede convertirse de modo abusivo, sin daño para la democracia, en una patente de corso que permite enrocarse en las instituciones públicas a los imputados por corromper su funcionamiento, utilizando para su defensa los medios materiales y jurídicos que la institución puede poner a su servicio, con lo que esto implica de mal uso de tales recursos, privatizados de hecho para servir a intereses personales, y de suspensión de la igualdad ante la ley mediante las ventajas de todo tipo de que pueden disponer los cargos públicos en contraste con los ciudadanos privados.

7 - Naturaleza jurídica de la Ley

Los principios y medidas legales contra la corrupción y por la transparencia en la gestión pública afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos. Entre los afectados están el derecho al sufragio pasivo, el derecho fundamental a la información, el derecho de sindicación. Por ello está ley tiene naturaleza jurídica orgánica, de acuerdo a lo previsto en el artículo 81 de la Constitución española.
Además la Ley tiene parcialmente naturaleza básica ya que se dicta en aplicación de lo dispuesto en el artículo 149.1.18ª de las Constitución española, en el cual se establece que las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y de la legislación sobre contratos corresponde a la competencia del Estado.


ARTICULADO
TITULO I. PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1 – Objeto

El objeto de la Ley de Principios y Medidas contra la Corrupción y por la Transparencia en la Gestión Pública es regular la adopción de medidas destinadas a la prevención de la corrupción en todas las administraciones públicas y organismos dependientes, así como en cualquier persona física o jurídica que tengan cualquier relación de interés privado con éstas, y para impulsar la adopción de prácticas de transparencia y acceso a la información en todas ellas con la finalidad de prevenir la corrupción, mejorar la calidad de las instituciones y favorecer la participación y el control de los ciudadanos sobre la vida política y las actuaciones de las administraciones públicas.
Artículo 2 – Definiciones:

1 - Corrupción: será considerada corrupción cualquier acción cometida por un cargo público o ciudadano privado, o entidad pública o privada que, buscando un beneficio ilegal económico, político o de cualquier tipo, atente contra los principios consagrados por la Constitución y los procedimientos legales del Estado de derecho, o someta las instituciones a la defensa y promoción de intereses privados o de partido, o implique el empleo de las administraciones y recursos públicos para fines generales ajenos a los que les son propios, beneficiando económicamente, políticamente o de cualquier otro modo a personas físicas o jurídicas a costa del interés general y de los bienes públicos.
2 – Transparencia y acceso a la información: se entiende por transparencia el conjunto de medidas y prácticas destinadas a erradicar las zonas y hábitos de opacidad en el ejercicio del gobierno y funcionamiento de instituciones y de administraciones públicas, destinadas a garantizar el derecho de acceso a la información pública no sólo como un derecho administrativo derivado del artículo 105 1. b) de la Constitución, sino como un derecho fundamental basado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también desarrolla el artículo 20 1 a) y d) de nuestra Constitución.
El derecho fundamental de acceso a la información es el derecho de cualquier persona a solicitar y obtener de forma sencilla, rápida y gratuita toda la información registrada de cualquier forma, elaborada o recibida y en posesión de entidades públicas, y también de las privadas que se beneficien de ayudas o fondos públicos o presten servicios públicos. Y ello sin necesidad de explicar para qué se requiere la información o qué uso se ha de dar a la misma, sin más límites que otros derechos fundamentales e intereses legítimos, legalmente tasados, que puedan prevalecer claramente sobre el derecho fundamental a la información en cada caso concreto.


TITULO II. MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCION
Artículo 3 – Medidas para impedir el acceso a cargos públicos electivos de imputados por delitos contra las Administraciones Públicas o motivar su cese

Uno - Se añade una nueva letra c) al apartado 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, con la siguiente redacción:

Son elegibles los españoles mayores de edad que, poseyendo la cualidad de elector, no se encuentren incursos en alguna de las siguientes causas de inelegibilidad: (…)

c) Los imputados por delitos de terrorismo o por delitos contra la Administración Pública cuando en la causa judicial seguida para la persecución de los mismos se haya dictado resolución que acuerde la apertura del juicio oral contra aquéllos y ésta haya alcanzado firmeza.

Artículo 4 – Medidas contra imputados contra delitos contra la Administración Pública, directivos de empresas públicas y de partidos políticos.

Uno - Se da una nueva redacción al artículo 502, dentro del capítulo III del título VI del libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pasará a llevar por rúbrica “De la prisión provisional y otras medidas cautelares”.

Artículo 502. Prisión provisional y suspensión de empleo o cargo público. Adopción

1. Podrá decretar la prisión provisional el juez o magistrado instructor, el juez que forme las primeras diligencias, así como el juez de lo penal o tribunal que conozca de la causa.

2. La prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional.

3. Cuando se infiera razonablemente que los hechos son constitutivos de delito contra la Administración Pública previsto en el Título XIX del libro II del Código Penal, el juez o magistrado instructor, así como el juez de lo penal o tribunal que conozca de la causa podrá acordar mediante auto la suspensión cautelar de empleo o cargo público de la persona contra la que existan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito.

Dicho auto expresará los motivos por los que la medida se considera necesaria y proporcionada respecto de los fines que justifican su adopción y podrá ser recurrido de conformidad con lo previsto en el artículo 507.

La suspensión cautelar de empleo o cargo público durará el tiempo imprescindible en tanto subsistan los motivos que justificaron su adopción.

4. El juez o tribunal tendrá en cuenta para adoptar la prisión provisional o la medida cautelar de suspensión de empleo o cargo público la repercusión que estas medidas pueda tener en el imputado, considerando sus circunstancias y las del hecho objeto de las actuaciones, así como la entidad de la pena que pudiera ser impuesta.

5. No se adoptará en ningún caso la prisión provisional o la suspensión de empleo o cargo público cuando de las investigaciones practicadas se infiera racionalmente que el hecho no es constitutivo de delito o que el mismo se cometió concurriendo una causa de justificación.

Dos - Se añaden dos nuevos apartados, 5 y 6, al artículo 286 bis del Código Penal, con la siguiente redacción:

Artículo 286 bis. Corrupción entre particulares. (…)

5. Se impondrá la pena en su mitad superior a quienes intervienen en los delitos contemplados en este artículo en representación o como administradores, directivos o empleados de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización privada con participación pública o que desempeñe funciones públicas.

6. La persona que ostentase algún cargo directivo en un partido político que, en provecho propio o de un tercero, admitiera por sí o por persona interpuesta, dádiva, regalo, beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados, que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo con el propósito de influir en el ejercicio de las funciones que le correspondan a dicho cargo o de beneficiarse de la influencia que dicho cargo pudiera tener, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año e inhabilitación absoluta de uno a tres años.
Artículo 5 – Medidas contra la corrupción en la contratación administrativa. Se modifica la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007, de 30 de octubre, para reforzar los principios de objetividad, publicidad e imparcialidad en las adjudicaciones de los contratos y prevenir posibles adjudicaciones fraudulentas, de acuerdo a los criterios siguientes:

  1. Limitación de la posibilidad de adjudicar contratos directamente a favor de un contratista.

    1. Los contratos menores deberán ser de un importe inferior a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 6.000 euros, cuando se trate de otros contratos.

    2. Ninguna empresa podrá ser adjudicataria durante un mismo ejercicio presupuestario de un número de contratos menores de cualquier clase celebrado con un mismo organismo cuya cuantía acumulada supere los 50.000 euros.

  2. Extensión de la publicidad en la contratación administrativa. Todos los contratos administrativos deberán cumplir con el requisito de publicidad a través del perfil de contratante.

  3. Ampliación de los supuestos sujetos a la prohibición de contratar del artículo 49 de la Ley al personal de alta dirección, asesores, representantes legales, apoderados o mandatarios de las empresas, que tengan conflictos de intereses con las administraciones públicas.

Artículo 6 - Reforzamiento de las Incompatibilidades. Se modifican diversas las leyes en las que se regula el régimen de incompatibilidades de cargos electos, altos cargos y empleados públicos de todas las administraciones públicas para hacerlas más estrictas, con el objeto de prevenir la posibilidad de que el cargo público pueda dar preferencia a sus intereses privados sobre los públicos que representa.

Uno - Rebajar la participación que los cargos electos, miembros del gobierno y altos cargos, por sí o junto con su cónyuge, sea cual sea el régimen económico matrimonial, o persona que conviva en análoga relación de afectividad e hijos dependientes o personas tuteladas, deben tener en una empresa o sociedad relacionada con la administración para que su actividad pública sea declarada incompatible con la privada, de acuerdo a los criterios siguientes:

  1. No podrán tener una participación directa o indirecta superior al cinco por ciento en el capital de las Empresas o Sociedades en tanto tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza, con el sector público estatal, autonómico o local.

  2. En el supuesto de las sociedades anónimas cuyo capital social suscrito supere los 300.000 euros, dicha prohibición afectará a las participaciones patrimoniales que, sin llegar a aquel porcentaje, supongan una posición en el capital social de la empresa que pueda condicionar de forma relevante su actuación.

Dos –Quedan modificados, para adaptarlos a estos criterios, los preceptos de las leyes siguientes:

    1. El apartado 1.d) del artículo 12 de la Ley de Incompatibilidades 53/1984, de 26 de diciembre

    2. los apartados 1) y 2) del artículo 6 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

    3. los apartados 2.e) y 3.a) del artículo 159, 2.d) del artículo 178, 1.d) del artículo 203 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General

    4. Las diferentes normas de las comunidades autónomas relativas a esta materia que se refieran a los parlamentarios, los miembros de los gobiernos y altos cargos autonómicos.

Tres.- Se establece la incompatibilidad del cargo de alcalde y concejal con la condición de diputado, senador o parlamentario autonómico y parlamentario europeo. Para ello, se modifica las causa de inelegibilidad para ser alcalde o concejal con la adicción de un apartado tercero al artículo 177 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que tendrá la redacción siguiente:

“Quienes sean miembros de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o del Parlamento Europeo.”
Artículo 7 - Despolitización del Tribunal de Cuentas. Con el fin de profundizar en la independencia del Tribunal de Cuentas, intentar terminar con retrasos injustificados, mejorar su eficacia en el cumplimiento de su función esencial de control de las cuentas del Estado, así como las de los partidos políticos, y a fin de evitar un control politizado de actividades de naturaleza política ( políticos controlen a políticos), se le dotará de un carácter similar al jurisdiccional por el sistema de elección de sus miembros, sin injerencias partidistas y con miembros electos que no estén o hayan estado recientemente en la vida política.

Para ello, el Gobierno en el plazo de tres meses remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley Orgánica que modifique la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, de acuerdo a los siguientes criterios:


  1. Los Consejeros del Tribunal de Cuentas serán designados a través de los procedimientos reglados para designar a los miembros de los órganos jurisdiccionales y no por las Cortes Generales.

  2. La elección de los candidatos a Consejeros se realizará entre aquellos, que reuniendo los requisitos prescritos por la Ley, hayan postulado su candidatura personal y públicamente y tras la realización de un examen público de sus méritos.

  3. Los miembros designados, que deberán ser todos ellos de reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio profesional, no podrán haber ejercido ningún cargo electo o haber sido miembros de los gobiernos del Estado, Comunidad Autónoma o Local o altos cargos de cualquiera de las administraciones dependientes de ellos en los quince años anteriores a su nombramiento.

  4. Se incrementará el número de Consejeros y medios en una cantidad suficiente para que el Tribunal pueda emitir sus informes como máximo dentro de los seis meses siguientes al ejercicio al que afecta la fiscalización.

  5. El resultado de sus fiscalizaciones se expondrá además de por los cauces ordinarios mediante un informe fácilmente inteligible por cualquier ciudadano; de igual forma se expondrán las infracciones, abusos o prácticas irregulares que haya observado. Todo ello será publicado en su página web en un lugar fácilmente accesible para cualquier ciudadano.

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