Actualizaciones para teoría general del derecho y derecho constitucional, para acceso a las carreras Judicial y Fiscal






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Manuel Sarrión Sierra TEMA

8

Actualizaciones para

TEORÍA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL, para acceso a las carreras Judicial y Fiscal,


[J. Agustín Amorós y otros, Ed. 2007]



Novedad que afecta al Manual de Contestaciones al Programa:
Acuerdo de 12 de marzo de 2008, de la Comisión de Selección, a la que se refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por el que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de alumnos de la Escuela Judicial, para su posterior ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de Juez y del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal.

[BOE núm. 67 de 18 de marzo de 2008]

Tema a que afecta:

Tema 8º. El derecho a la libertad y a la seguridad. Los derechos de privacidad: derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones. Libertad de circulación y residencia.

EL DERECHO A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD
El derecho a la libertad y a la seguridad. Los derechos de la privacidad: derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones. Libertad de circulación y residencia.

I. EL DERECHO A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD


_________________________________________________________________________


1. Concepto

DE ESTEBAN y GONZALEZ TREVIJANO definen la libertad como el derecho de hacer todo lo que no está prohibido por la Ley. Implica la facultad de autodeterminación personal, con ausencia de cualquier presión exterior o condicionamientos que la hagan imposible. El TC ha la ha definido como la posibilidad de orientar la propia acción en el marco de las normas generales (STC 31/1993)

El derecho a la seguridad jurídica suele tratarse conjuntamente con el derecho a la libertad. Así lo hace nuestro TC al señalar que el derecho a la libertad y seguridad comporta la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas tales como la detención y otras similares que, adoptadas arbitraria e ilegalmente, restringen o amenazan la libertad de toda persona de organizar en algún momento y lugar, dentro del territorio nacional, su vida individual y social con arreglo a sus propias convicciones (STC 15/1986). Su conexión con la libertad ideológica es evidente. Por el contrario, no debe confundirse con el concepto de seguridad jurídica del art.9.3 CE, concebido como un principio de funcionamiento de los poderes públicos.

El límite a la libertad individual es el respeto a la voluntad general, como afirma PEREZ ROYO, y está considerado como un elemento constitutivo de la libertad personal en todos los sectores del ordenamiento jurídico, también en aquellos en los que la infracción de la ley no conlleva la pérdida de la libertad física (detención e internamiento en centro penitenciario después); esto sucederá habitualmente cuando la conducta está tipificada como delito, aunque el propio TC ha entendido que no es exigible la comisión de un hecho tipificado como delito para que se produzca una restricción de la libertad, siendo aplicables por tanto no sólo al condenado, sino también al detenido, incluso a aquel que no ha pasado a disposición judicial todavía, y se encuentra en dependencias judiciales, es decir, sometido a una actuación gubernativa (detención preventiva), ante los indicios que apuntan que pudiera ser responsable de un determinado delito. Por ello, y teniendo en cuenta que se trata de una restricción de derechos fundamentales previa a la intervención del juez en el proceso penal, se debe regular con las máximas garantías.

En cuanto a su regulación vigente, lo primero que destacaremos es que el derecho a la libertad no sólo se regula en el art.17, apareciendo también como uno de los cuatro valores superiores reconocidos en el art.1. De esta forma, destacan los autores como se le reconoce como un auténtico derecho público subjetivo, perteneciente a “toda persona”, afirmando el TC que este derecho estriba en la garantía de que la situación de libertad o de pérdida transitoria de la misma por parte de cualquier persona, y con la exclusiva excepción de la detención preventiva, se encuentra a disposición de una autoridad judicial (STC 71/1994)

Este derecho es exigible conforme a las reglas siguientes:

  1. Los poderes públicos no sólo deben garantizar este derecho en abstracto, sino que, según el art.9.2 CE les corresponde también promover las condiciones para que la libertad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan esa plenitud.

  2. Se prohíbe en el art.9.3 la arbitrariedad de los poderes públicos.

  3. Su consideración como valor superior exige, como máxima garantía, que en su privación intervengan los tres poderes del Estado en diferentes modos.

Sólo será constitucionalmente lícita la privación de libertad cuando la actuación del ejecutivo al detener a alguien sea estrictamente provisional, que el legislativo haya fijado previamente los casos y procedimientos para privar a un ciudadano de su libertad, y que la actuación concreta del poder judicial sea la condición indispensable para privar de manera firma a una persona de su libertad. Además, el art.9.3 CE determina que cada una de estas intervenciones está sujeta a responsabilidad.

2. El derecho a la seguridad jurídica de las personas

A) Concepto

Existe tal vinculación entre los derechos a la seguridad jurídica de las personas y a la libertad, que en muchas ocasiones son tratados conjuntamente, incluso por el propio TC, al señalar que el derecho a la libertad y seguridad comporta la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas tales como la detención y otras similares que, adoptadas arbitraria e ilegalmente, restringen o amenazan la libertad de toda persona de organizar en algún momento y lugar, dentro del territorio nacional, su vida individual y social con arreglo a sus propias convicciones (STC 15/1986)

Por tanto, la única forma posible de privar de libertad a las personas consiste en establecer claramente la seguridad jurídica de las mismas; sin confundirla con el concepto de seguridad jurídica regulado en el art.9.3 CE, concebido como un principio de funcionamiento de los poderes públicos.

Este derecho debemos entenderlo como la garantía jurídica del individuo frente al poder, para evitar no sólo la privación de su libertad, sino también cualquier otra forma arbitraria de represión. Por ello, es lógico que sea uno de los pivotes básicos de todo el ordenamiento.

B) Regulación constitucional vigente

El art.17.1 CE dispone que “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley”. Parte del reconocimiento de la libertad para todos, configurando un derecho a la seguridad personal y, por tanto, a la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas de detención u otras similares, que puedan restringir la libertad personal o ponerla en peligro (STC 126/1987). Ahora bien, desde este reconocimiento, hasta la condena de una persona a pena privativa de libertad, se establece un periplo en cinco momentos que integran el concepto de la seguridad jurídica de las personas, y que son:

  1. La privación de libertad concebida como una excepcionalidad.

  2. En caso de detención ilegal, se exige la devolución inmediata de la libertad.

  3. Si la detención se ha realizado legalmente, se deben garantizar los derechos del detenido.

  4. Si se somete a juicio al inculpado, se le deben garantizar determinados derechos básicos durante el proceso.

  5. Finalmente, si la persona es condenada a pena privativa de libertad, se le garantizan determinados derechos.

Vamos a analizar cada uno de ellos, excepto el nº 4, por cuanto corresponde con el derecho a la tutela judicial efectiva, a tener un proceso con todas las garantías, que tiene tratamiento propio en el programa.

a) La excepcionalidad de la privación de libertad

De la Constitución se desprende, como regla general, que las personas no pueden ser privadas de su libertad. No obstante, en los casos en que se lleve a cabo la misma, debe hacerse de acuerdo con dos exigencias, legalidad y precisión.

1) Exigencia de legalidad

Los casos en los que se permite la privación de libertad sólo se pueden definir mediante ley; a partir de ahí, cabe hacer cuatro consideraciones:

a. Únicamente el poder legislativo puede regular las penas de privación de libertad, quedando este campo vedado a la potestad sancionadora de la administración (art.25.3 CE)

b. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento (art.25.1 CE)

c. El derecho a la libertad está incluido entre los derechos fundamentales básicos, por lo que deberá ser regulado mediante Ley Orgánica (art.81 CE)

d. Esta Ley Orgánica debe ser conforme a la Constitución, por lo que está sujeta al eventual control de constitucionalidad ejercido por el TC.

2. Exigencia de precisión

La ley, al regular los supuestos de privación de la libertad, debe ser extraordinariamente precisa, para evitar cualquier posible duda o arbitrariedad en su aplicación. El TC afirma que el principio de legalidad en el ámbito del derecho sancionador estatal implica al menos, la exigencia de una ley (lex scripta), que sea anterior al hecho sancionado (lex previa), y que describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa) (STC 133/1987)

b) El control judicial de la privación de libertad: el Habeas Corpus

El art.17.4 CE establece un control judicial de las detenciones ilegales, denominado Habeas Corpus, en el cual se solicita de un juez o tribunal que se dirija a la autoridad policial que tiene bajo su custodia a una persona, y la presente a él de forma inmediata. Fue desarrollado por la LO 6/1984, de 24 de mayo, y adopta un procedimiento rápido, sencillo y basado en la generalidad y universalidad de su aplicación.

Su objeto es la consecución de la inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial competente de cualquier persona ilegalmente detenida, entendiendo por tal la persona detenida en la que no se dan supuestos legales para mantenerla en esa situación, o bien no se respetan los derechos que la CE y las leyes procesales le reconocen.

Como regla general, el juez competente es el de instrucción del lugar en el que se encuentre la persona privada de libertad, reconociéndose una amplísima legitimación para incoar el procedimiento

La autoridad gubernativa tiene la obligación de poner en conocimiento inmediatamente la solicitud de habeas corpus formulada a favor de la persona privada de libertad que tenga bajo su custodia.

Finalmente, el juez, mediante auto motivado, podrá archivar las actuaciones, declarando conforme a derecho la privación de libertad, o si considera que se dan circunstancias que determinen la ilicitud de la medida de detención, acordará en el acto la puesta en libertad, o el mantenimiento de la detención, pero con distinta custodia, y en condiciones legales, o la inmediata puesta a disposición judicial de la persona privada de libertad, por haber transcurrido el plazo máximo previsto al efecto en la ley para su detención.

c) Los derechos del detenido

El reconocimiento y eficacia de los derechos a la libertad y seguridad jurídica de las personas exige que se den una serie de condiciones que deben concurrir en la fase de detención de un ciudadano cuando existen razones objetivas de ilegalidad.

Como la privación de libertad de un ciudadano no sólo se produce tras un proceso que acabe en una condena, y es aconsejable a los fines de la investigación policial, cuando haya indicios suficientes que muestren una posible responsabilidad del mismo, que se prive temporal y provisionalmente a la persona investigada de su libertad; ahora bien, esta situación exige que, en todo caso, se garanticen determinados derechos al detenido, evitando que se produzcan irregularidades que puedan perjudicarle. Vamos a distinguir dos supuestos: la detención preventiva, y la prisión provisional.

1. La detención preventiva

Es la acción y el efecto de privar de libertad a una persona efectuada por los agentes de la autoridad, cuando intenta cometer o haya cometido un delito, así como cuando existan motivos racionalmente suficientes para creer en la existencia de un hecho que presente caracteres de delito.

Se trata todavía, por tanto, de un sospechoso sometido a prácticas policiales en busca de la certeza del delito; por ello, debe gozar de todo tipo de garantías, entre las que destacan el plazo de detención, la estancia en las dependencias policiales, y a la asistencia garantizada de un abogado.

PEREZ ROYO afirma que es una institución problemática por dos motivos: en primer lugar, porque se produce la privación de un derecho de un ciudadano cuya presunción de inocencia no ha sido destruida en la forma prevista en la ley; y en segundo, porque se produce como consecuencia de la intervención de una autoridad gubernativa y no judicial. Es una circunstancia fáctica; tanto es así que la LECR no exige que la realice alguien investido de autoridad, sino que puede practicarla cualquier persona (art.490). No obstante, por lo general, es una detención gubernativa, practicada por los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El plazo máximo de la detención aparece determinado en el art.17.2 CE, que establece que “la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial”. Este plazo podría verse ampliado en el caso previsto en el art.55.2 CE, para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de Abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca” (art.17.3 CE), lo que nos obliga a remitirnos al art.520 LECR, que establece que toda persona detenida tiene los siguientes derechos:

- Derecho a guardar silencio, no contestando alguna o algunas de las preguntas que se le formulen.

- Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

- Derecho a poner en conocimiento del familiar o persona que se desee el hecho de la detención y el lugar de custodia.

- Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete en el caso de que no hable o no entienda el castellano.

- Derecho a ser reconocido por un médico forense o su sustituto legal.

El derecho a la asistencia letrada comprende el derecho a designar Abogado, y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración, e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido no procede a su designación, se procederá a la designación de oficio.

El TC ha afirmado que el derecho a la asistencia y defensa de letrado comporta que el detenido pueda encomendar su defensa a quien merezca su confianza y considere más adecuado a tal fin (STC 30/1981). En caso de no realizar esta designación por cualquier motivo, y especialmente en el caso de no disponer de medios económicos, para salvaguardar el principio de igualdad, se procede a la designación de Abogado de oficio. Se configura de esta forma no un mero requisito procesal, sino un auténtico derecho fundamental establecido en la CE.

Esta regla de la libre designación de abogado tiene la excepción contenida en el art.55.2, respecto a las bandas armadas o grupos terroristas; ya que si el Juez determina la incomunicación del detenido (art.520 bis LECR), éste no podrá ser asistido más que por Abogado de oficio; excepción que fue admitida por el TC en Sentencia 196/1987.

2. La prisión provisional

El detenido se convierte en acusado cuando el juez, no la policía, cree suficientemente fundados los indicios de criminalidad de una persona, y realiza las debidas actuaciones procesales que conducirán a un juicio contra él.

El TC la define como una institución situada entre dos deberes estatales, el de perseguir eficazmente el delito, y el de asegurar el ámbito de la libertad del ciudadano, debiéndose regir por el principio de excepcionalidad (STC 41/1982).

d) Los derechos del condenado

El derecho a la seguridad jurídica de las personas abarca la situación de que haya sido declarado culpable y está cumpliendo la condena a una pena privativa de libertad. La excepcionalidad de la privación de libertad en el Estado de Derecho exige que, cuando ésta se produce como consecuencia de una sentencia condenatoria, se reconozcan al condenado las máximas garantías, como son:

  1. Prohibición de irretroactividad penal, salvo cuando se trate de normas más favorables al reo (arts.25 y 9.3 CE, y 2.2 CP).

  2. La privación de libertad debe orientarse a la reeducación y reinserción social del preso, no pudiendo consistir en trabajos forzados (art.25.2 CE).

  3. El condenado gozará de los derechos fundamentales reconocidos en la CE, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria (art.25.2 CE)

  4. El condenado debe sufrir, en su situación de privación de libertad, las menores discriminaciones posibles. Se le reconocen los derechos a un trabajo remunerado, a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, al acceso a la cultura y, en definitiva, al desarrollo integral de su personalidad, desarrollados en la LO 1/1979, General Penitenciaria.



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