República Oriental del Uruguay






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Los Gobiernos Departamentales, compuestos por la Junta Departamental y el Intendente. Los Gobiernos Departamentales cuentan con autonomía territorial, personalidad jurídica, competencias, recursos y legitimidad política propia al ser electos por elección popular. Sin embargo, la legislación nacional limita su autonomía para decidir sobre su estructura orgánica y otros aspectos fundamentales. A nivel internacional los departamentos serian equivalentes a provincias por su extensión, su población y por tener varios centros poblados dentro de su territorio.
A las Juntas Departamentales les corresponde legislar sobre asuntos locales y aprobar el presupuesto departamental. Tienen facultad de veto a las decisiones del Intendente, pudiendo habilitar el juicio político de éste o sus respectivos ministros.
El Intendente, investido de las funciones ejecutivas en una única circunscripción territorial, asume la función de gobernador de la provincia y alcalde de la ciudad capital del Departamento. El sistema de gobierno departamental puede calificarse de presidencialista.
En el nivel propiamente local existen las Juntas Locales, que son el gobierno de las localidades fuera de las ciudades capitales de los Departamentos. Disponen de escasa autoridad y autonomía. Son consideradas representantes del Intendente en la zona.
Comparado con otros países, las Juntas locales podrían ser equivalentes a los municipios ya que son el gobierno de un centro poblado. La nueva Constitución también permite crear Juntas Locales dentro de la planta urbana de las ciudades capitales de los Departamentos, lo que estaba prohibido en la anterior constitución.
La Intendencia de Montevideo, capital del país, ha dividido su territorio en 18 Centros Comunales Zonales, dotados cado uno de una Junta Local, un Concejo Vecinal y un área de servicios. El gobierno reside en la Junta Local y los Concejos Vecinales son órganos de participación social de carácter consultivo. Las Juntas Locales son designadas por la Intendencia, mientras que los Concejales Vecinales son electos.
Existe, además, un área metropolitana que incluye Montevideo y se extiende a los Departamentos de Canelones, Florida y San José. Recientemente se ha creado un Consorcio Metropolitano a instancias de la Presidencia de la República, integrado por los Intendentes de Canelones, Montevideo y San José. Estos suscribieron el convenio que instaló el programa Agenda Metropolitana, con el apoyo de la Presidencia de la República y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que integran los Gobiernos Departamentales respectivos y un delegado especial designado por el Presidente. Desde 1985 existe un Plenario Inter-Juntas formado por miembros de las Juntas Departamentales de los Departamentos del Área. La población del área Metropolitana asciende a 2.021.389 habitantes.

2.2. Indicadores financieros



A consecuencia de la organización territorial, la información sobre el gasto público local solo de recoge a nivel departamental.
Tabla 1 Proporción del Gasto Público Local (Departamental) por habitante en millones U$S corrientes)

Año

Población

GP Local

GPL/hab

2000

3.300.847

305,196

9,25

2001

3.308.356

291,486

8,81

2002

3.308.527

178,051

5,38

Esto está corregido
Fuente: elaboración propia en base a Flood, Cristina, Carlos Grau Pérez y Alicia Melgar (2005): “Análisis del Gasto Público Social”. En Serie de Estudios Económicos y Sociales. Banco Interamericano de Desarrollo. RE1-05-010
Tabla 2 Proporción del Gasto Público Local en porcentaje al PBI (GPL en millones de pesos)

Año

GP Local

GPL/PBI

2000

3.700

1,5%

2001

3.565

1,6%

2002

3.827

1,5%

Fuente: Idem
Tabla 3 Gasto Público Local sobre Gasto Público Total

Año

GPL/GPT

2000

3,9%

2001

3,6%

2002

3,5%

Fuente: Idem


3. Democracia Local

El sistema político local se articula alrededor de las elecciones departamentales que se realizan en fechas separadas de las nacionales (siete meses después). En las elecciones nacionales se vota -además del Presidente y los senadores- a los miembros de la Cámara de Diputados con 19 jurisdicciones correspondientes a los 19 Departamentos.



En el Uruguay, la legislación electoral define los actos electorales en sus dos niveles como obligatorios. La tasa promedio es próxima del 96% del cuerpo electoral. No existen partidos subnacionales.

En las elecciones departamentales se eligen al intendente y a los ediles de la Junta Departamental (31 miembros) en una única circunscripción. El sistema electoral garantiza una mayoría absoluta en la Junta Departamental al partido o a la coalición con mayoría relativa. El resto de los escaños se reparten de manera proporcional entre los demás partidos (sistema d’Hont). Los miembros de la Junta Departamental tienen carácter honorario. Su mandato es de 5 años.



Las Juntas Locales son órganos desconcentrados del Gobierno Departamental. La mayoría de los ediles de las Juntas Locales son designadas por el Intendente siguiendo la proporción de la Junta Departamental: 3 miembros (ediles locales) del partido de gobierno y 2 de la oposición. Sin embargo, la ley prevé que las Juntas Locales puedan ser electivas, sólo si -a solicitud del Intendente y con el aval de la Junta Departamental- se el parlamento nacional legisla en tal sentido. A la fecha sólo existen tres Juntas Locales electivas: dentro del Departamento de Cerro Largo, en Artigas y en Maldonado. Las Juntas Locales electivas tienen la capacidad de decidir los destinos del 70% de los recursos producidos en la localidad.

Pero los cambios políticos resultantes de las elecciones locales de 2005 tienden a reforzar el rol de las Juntas Locales. En Montevideo desde 1990 hace ya varios años, y más recientemente en los 8 gobiernos departamentales conquistados por el Frente Amplio (izquierda) se está dando un impulso a las Juntas Locales como un paso para acercar la administración de la ciudadanía. Pero los miembros de las Juntas Locales siguen siendo designados por los Intendentes departamentales.



En Montevideo y en Paysandú, a través del Plan Paysandú 2015 elaborado por la Universidad de la República y la Intendencia del Departamento, el gobierno local impulsa también mecanismos de participación directa de la población en la gestión de los asuntos locales.
En Montevideo, se implementa a través de los 18 Centros Comunales, el Presupuesto Participativo, la planificación estratégica y se cogestionan varios servicios con ONGs. Además hace poco se inauguró la figura del Ombusdman. En las elecciones a los Concejos Vecinales (cada 3 años) pueden presentarse representantes de organizaciones sociales o individuos que cuenten con firmas de vecinos. Sin embargo, el gobierno de la zona reside en la Junta Local designada por el Intendente.

La legislación prevé además el derecho de iniciativa popular, que pueden ejercer un 15% de los votantes en una localidad ante su respectiva Junta Departamental en asuntos de dicha jurisdicción. Se establece el recurso de referéndum (reforma de leyes) y de plebiscito (reforma de normas constitucionales y departamentales) que podrá iniciarse por un quinto del cuerpo electoral.
4. Relaciones entre nivel central y local
Si bien se reconoce a los Gobiernos Departamentales el principio de autonomía implicando la transferencia de potestades, la legislación nacional limita en ciertos aspectos su autoridad para decidir sobre su estructura orgánica y otros aspectos fundamentales.
Los Gobiernos Departamentales son supervisados por el Tribunal de Cuentas de la Nación y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que elevan sus informes al Parlamento Nacional, aunque solo tienen competencias informativas sobre el estado de la gestión departamental.
En caso de malas praxis y/o factores de corrupción en el cargo los ediles departamentales están sujetos al juicio político interno. El Intendente puede ser destituido por juicio político a iniciativa de los 3/5 de la Junta Departamental correspondiente.
Las Juntas Locales Designadas se hayan bajo la tutela directa del Gobierno Departamental y sus administraciones. Carecen de personería jurídica y de autonomía presupuestaria o tributaria. El Intendente tiene la potestad de designar y destituir a sus miembros. Sólo en el caso de las Juntas Locales Electivas o Autónomas se puede hablar de descentralización parcial. La Constitución y la Ley de Gobiernos Departamentales fijan la estructura orgánica estos organismos.
En cuanto a la autonomía de derechos de las Juntas Locales la garantía es, en primera instancia, la Junta Departamental como órgano de contralor territorial, en segunda instancia el Senado de la República y en última el Poder Judicial. En los Gobiernos Departamentales generalmente existen oficinas de descentralización que se encargan de coordinar actividades de las Juntas Locales. Las autoridades facultadas para legislar a nivel local son las Juntas Departamentales y el Parlamento Nacional que actúa a petición del Intendente o la respectiva Junta Departamental para la sanción de nuevas competencias.
Para la representación de los intereses de los gobiernos departamentales, se constituyó en 1997 el Congreso de Intendentes. También actúa como mecanismo ad hoc la Comisión Sectorial de Descentralización creada en 1998 la dentro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) –dependiente de la Presidencia de la República-, cuyo cometido es fomentar y asesorar a los Gobiernos Departamentales y diseñar políticas de descentralización, así cómo distribuir los fondos de obra e inversión que se obtienen por préstamos internacionales. También existe, desde hace años, un Congreso de Ediles Departamentales pero su existencia no es reconocida formalmente.
Los conflictos a nivel local son administrados por las Juntas Locales si atañen a servicios a la población, se demanda mediante proceso administrativo que es elevado al Intendente y la Junta Departamental para su resolución. La justicia competente, dependiente de la Suprema Corte de Justicia (nacional), actúa en lo que atañe a temas de familia, civil, de paz y penal, con representación en todos los Departamentos y localidades con más de 10.000 habitantes. Si se trata de demandas de nulidad de actos administrativos definitivos, cumplidos por la Administración, en el ejercicio de sus funciones, contrarios a una regla de derecho o con desviación de pode intervendrá el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

5. Responsabilidades locales


Los Gobiernos Departamentales cumplen funciones gubernativas, administrativas y legislativas pero no gozan de autonomía juridiccional en la administración de justicia.
Es de resaltar que por primera vez, en la Constitución de 1997, se obliga a la ley a distinguir la materia departamental de la local. Pero aún no se cuenta con legislación, por lo que los asuntos del gobierno local estén en estrecha relación con las actividades y competencias de las estructuras centrales y departamentales.
5.1- Funciones principales.
Existen una serie de tareas del gobierno local o departamental de carácter descentralizado, como ser: 1. presupuesto en el Departamento y local en las Juntas Locales Electivas; 2. descentralización intra-departamental; 3. a nivel departamental y local los servicios de infraestructura vial dentro de la localidad.
Las funciones departamentales y locales determinadas por la Constitución y la Ley.

  1. Cometidos de policía en: edificación, tránsito, higiene, espectáculos públicos, moral y buenas costumbres;

  2. Ejecución de obras departamentales;

  3. Servicios públicos: transporte colectivo, alumbrado público, saneamiento, recolección de basura, limpieza de calles;

  4. Servicios sociales: fomento a la enseñanza, atención a la salud, fomento de actividades culturales, abasto a la población, fomento al turismo;

  5. Actividad privada: ocasionalmente pueden explotar algunas actividades industriales y comerciales.


En cuanto a las Juntas Locales se le atribuyen las funciones de representación del Intendente y las de gestión administrativa. La Ley Orgánica Municipal, le asigna a las Juntas Locales Designadas las funciones de:

  1. Financieras: cobrar, fiscalizar y administrar las rentas que se les adjudiquen; cobrar multas y emplear recursos que le asigne el presupuesto municipal y lo que le entregue el Intendente para servicios y necesidades locales.

  2. Facultades para servicios municipales: atender la higiene y salubridad, así como la instrucción primaria de la población.

  3. Facultades de fomento de la zona: promover la agricultura y ganadería y mejoras locales


5.2- Repartición de competencias principales:


Competencia

Gobierno Nacional

Gobierno

Deptal.

Gobierno

Local

Planificación

X

X




Educación

X







Servicios Sociales

X

X

X

Servicios de Salud

X

X




Abastecimiento

de agua

X




X (privado)

Abastecimiento

de energía

X







Transporte Público

X

X (algunos

casos)




Apoyo al desarrollo de empresas

X

X



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