Por medio de la cual se redefine el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”






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Capítulo VIII. Disposiciones Transitorias


En vista de los cambios propuestos en el funcionamiento del SGSSS la ley incluye un capítulo completo de disposiciones transitorias. Estas disposiciones se incluyen con el propósito de garantizar que la atención oportuna, integral y continua de los usuarios del SGSSS no se vea afectada por el proceso de implementación progresiva de las medidas incluidas en la ley.

En general el capítulo define un plazo máximo de dos años para la implementación de la ley, salvo en aquellos casos para los cuales se haya establecido un término o condición específica. A su vez define un plazo también de dos años para la transformación o liquidación de las actuales EPS y establece medidas para que en el periodo de transición se sigan cumpliendo con las condiciones de habilitación financiera y con la prestación de los servicios a los afiliados del sistema que no hayan elegido Gestor de Servicios de Salud. El articulado deja claro que en el periodo de transición está prohibida la creación de cualquier tipo de EPS.

Dentro de las disposiciones transitorias se destacan medidas para garantizar el saneamiento de deudas y proteger a los prestadores. Se define que las EPS tienen un plazo máximo de seis meses para la aclaración de las deudas con las IPS y faculta al Gobierno Nacional para que tome medidas que permitan atender dichas obligaciones. También se generan condiciones especiales para el proceso de recobro y reclamaciones ante el Fosyga y en el caso de las glosas asociadas a la prestación de servicios de salud se faculta al Ministerio de Salud y Protección Social para que defina términos y si se vencen estos términos faculta a la SNS para que haga uso de las facultades de conciliación o jurisdiccional a elección del prestador.
    1. Capítulo VIII. Disposiciones Finales





Con el objetivo de que Salud-Mía cuente con herramientas para sostenibilidad financiera del sistema, el capítulo de disposiciones finales incluye la creación del Fondo de Garantías para el Sector Salud y define sus objetivos y sus principales fuentes de ingresos.

Este capítulo también incluye medidas referentes a la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones con el propósito de armonizar los criterios de distribución de estos recursos con la nueva estructura de las fuentes de financiación del SGSSS y la operación de Salud-Mía buscando una asignación más eficiente y equitativa de estos recursos en el marco de la universalización de la cobertura en salud.

Este capítulo también incluye medidas para modificar el nombramiento de gerentes o directivo de las Empresas Sociales del Estado y conformación de juntas directivas. La Ley 100 de 1993 determinó la naturaleza de las Empresas Sociales del Estado y su Régimen Jurídico. Veinte años después de su implementación y desarrollo, se requieren de ajustes que permitan solucionar algunas de las dificultades que en su ejercicio se han visualizado a lo largo de este tiempo.

Por una parte, la Ley 1438 de 2011, realizó algunos ajustes a la conformación de las juntas directivas de las Empresas Sociales del Estado (art. 70) y generó unas causales de inhabilidades e incompatibilidades (art.71). No obstante, al dar aplicación a estas normas, nos encontramos con formas disímiles de juntas directivas, dependiendo de nivel de la entidad. Por ejemplo, si es de primer nivel tiene una junta directiva conformada por 5 miembros con periodos diferentes, si es de segundo y tercer nivel la junta se conforma de manera tripartita por 6 miembros como lo indicaba la ley 10 de 1990 por un periodo de 3 años. Esto genera dificultades a las entidades territoriales en la organización, seguimiento y control de estas Empresas Sociales del Estado.

De esta manera, el artículo propuesto determina cuál sería la conformación de las juntas directivas de todas la Empresa Sociales del Estado, se unifican los periodos todos a 3 años y se incluye como miembro de la Junta Directiva al gobernador del departamento o su delegado, en las ESE municipales. Esto fortalece la participación del departamento en la organización y conformación de las redes de prestación de servicios de salud del departamento. A su vez, se hace una especial consideración con las Empresas Sociales del Estado de tercer nivel de atención, que tengan suscrito convenios docente-asistenciales, para que amplíen la conformación de su junta directiva en un (1) miembro más, el cual deberá ser designado de entre las Universidades con las cuales tengan dichos convenios.

Ante las reiteradas quejas de la comunidad, en relación a que los procesos de meritocracia para la elección del gerente de las ESE se han contaminado y no son trasparentes ni objetivos, se considera necesario que dicha elección sea realizada por parte de la autoridad nacional o territorial competente, y su cargo será de libre nombramiento y remoción. Así, quien sea nombrado deberá responder por sus acciones u omisiones en el ejercicio del cargo y dar fe del voto de confianza ante quien lo nominó. Se establece un período de transición para los Gerentes o Directores cuyo período no haya culminado a la expedición de la presente Ley, quienes continuarán en el desempeño de su empleo hasta el cumplimiento del período o por el retiro por evaluación. Una vez el empleo se encuentre vacante deberá proveerse mediante nombramiento ordinario.

Este capítulo también incluye un artículo sobre el régimen laboral de las Empresas Sociales del Estado. Las Empresas Sociales del Estado enfrentan hoy en día importantes retos como lo es el disponer de los recursos necesarios para su funcionamiento potencializando su capacidad de ofertar servicios. Lo anterior hace necesario que éstas puedan disponer de un régimen laboral que, respetando los derechos adquiridos de los servidores y propiciando condiciones dignas de trabajo y el adecuado bienestar social de los Servidores Públicos, permita la vinculación a estos entes públicos en condiciones particulares teniendo en cuenta la caracterización propia de los bienes y servicios que se encuentra en capacidad de producir y el personal requerido para ello.
Por lo anterior, se solicita al Honorable Congreso de la República se faculte la expedición de Decretos con fuerza de ley que contengan la clasificación de empleos, el procedimiento para su vinculación y retiro y, en general el régimen laboral para los servidores que prestan sus servicios en las Empresas Sociales del Estado de nivel nacional y territorial, con el propósito de garantizar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio público de salud y hacer sostenibles las Empresas Sociales del Estado.
Buscando garantizar a los pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras los espacios suficientes y adecuados de participación en las decisiones que las afectan, se solicita al Honorable Congreso de la República, el otorgamiento de facultades extraordinarias que permitan adelantar con las respectivas autoridades y organizaciones representativas éstos, la consulta previa de las normatividad de carácter legal requerida para reorganizar el SGSSS en los asuntos que los afecten directamente.

Finalmente, este articulado define las vigencias y detalla las derogatorias que regirán a partir de la fecha de población de la Ley y aquellas derogatorias que regirán una vez transcurrido el esquema de transición.

ALEJANDRO GAVIRIA URIBE

Ministro de Salud y Protección Social



1 Ministerio de Salud. La reforma a la seguridad social en salud. Tomo 1: Antecedentes y resultados. Bogotá, 1994.

2 Esguerra Gutiérrez Roberto. Aún no es hora de reformar la Ley 100, Colombia Médica, 1996.

3 Yepes, F. (1990). La salud en Colombia. Tomo II. Ministerio de Salud – DNP, Estudio Sectorial de Salud.

4 Ministerio de Salud – DNP (1990). Estudio Sectorial de Salud.

5 Pabón, H.(1985) Evaluación de los servicios de salud. Universidad del Valle Facultad de salud, Departamento de Medicina Social. Cali.

6 Los registros administrativos para el cierre del año 2012 muestran una cobertura del 96%. En el régimen subsidiado 22.605.292 afiliados y en el régimen contributivo 19.957.672 afiliados.

7 Giedion, U., & Villar Uribe, M. (2009) Colombia’s Universal Health Insurance System. Health Affairs.

8 Ruiz, F., Zapata, T. & Garavito, L. (2012) The Colombian Health Care System: Results in Equity and Progressiveness 2003-2008. Submitted to the Pan American Journal of Public Health

9 Amaya, J., & Ruiz, F. (2011). Determining factors of catastrophic health spending in Bogota, Colombia. International Journal of Health Care Finance & Economics.

10Ruiz, F., & Uprimny, M., (2012) Sistema de salud y aseguramiento social: entre la reforma estructural y el ajuste regulatorio. Ecoe Ediciones, Universidad Javeriana, Asocajas

11 Nuñez, J., Zapata, J., Castañeda, C., Fonseca, S. & Ramirez, J., (2012) La sostenibilidad financiera del Sistema de Salud Colombiano – Dinámica del gasto y principales retos de cara al futuro. Fedesarrollo.

12 El 34,6% de los encuestados considera que los trámites excesivos y/o dispendiosos

13 Ruiz, F., & Uprimny, M., (2012) Sistema de salud y aseguramiento social: entre la reforma estructural y el ajuste regulatorio. Ecoe Ediciones, Universidad Javeriana, Asocajas

14 Para el primer año 2015 se estima que además del costo de funcionamiento y operación se requerirán inversiones iniciales en infraestructura y adecuaciones del orden de $18.000 millones de pesos.

15 El análisis que sigue se concentra en los medicamentos, dado que éstos representan el 83% de los recobros, y los problemas de estructura del POS son fundamentalmente asociados a estas tecnologías.


16 IMS HEALTH pharmaceutical intelligence (2010). Official website: http://www.imshealth.com/portal/site/ims

17 Zapata J., et al. FEDESARROLLO (2012). Hacia una política integral de medicamentos biotecnológicos en Colombia. Anexo 18.

18 Estudio sobre la Geografía sanitaria de Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Documento en discusión

19 Se registra un importante incremento en el volumen de servicios de salud prestados en los últimos años: 34% de incremento entre 2006 y 2010 en los servicios prestados a través de las EPS del régimen contributivo (Cifras e indicadores de Servicios de salud en EPS asociadas a ACEMI, 2010); y 19% en la prestación de servicios en los hospitales públicos (Reporte información hospitales públicos Decreto 2193 de 2004).

20 El deterioro en la función renal tiene una alta relación con la identificación temprana de los factores de riesgo y control de los mismos, siendo la hipertensión arterial y la diabetes los más importantes. El control de estos dos factores de riesgo impide la aparición de la enfermedad a la vez que evita su progresión cuando esta ha aparecido. El deterioro de la función renal concluye en pérdida de la función de los riñones y la necesidad de iniciar terapia de remplazo, más frecuentemente con la realización de diálisis. A pesar de ser una terapia que salva la vida de las personas, hay un deterioro importante en la calidad de vida de quienes tiene que convivir con la Enfermedad Renal Crónica en fase terminal.

21 Competencias para desconcentrar sus funciones territorialmente, para implantar la figura del Defensor del Usuario, para conformar las Juntas Técnicas Científicas de Pares, para delegar en las entidades territoriales algunas de sus funciones de control, entre otras muchas competencias nuevas

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