En contra de los ciudadanos Miguel Antonio Dávila Pereira, Jorge Iván Álvarez Ospina, Luber Jacinto Atencio González y Carlos José Angulo Guayaban, son






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Magistrado Ponente Doctor ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

 

            La Sala de Casación Penal, decidió mediante Auto dictado el 3 de diciembre de 2009, solicitar de oficio la presente causa, con el fundamento siguiente:

...De acuerdo con el numeral 48 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y de los apartes décimo, undécimo, duodécimo y decimotercero del artículo 18 ‘eiusdem’, corresponde a la Sala de Casación Penal ‘solicitar de oficio’ algún expediente que se encuentre ante otro tribunal y en el estado que se encuentre, para resolver si se avoca al conocimiento del mismo, o lo asigna a otro tribunal, sobre la base de las circunstancias indicadas en el señalado artículo 18. A juicio de la Sala Penal concurren algunas de las circunstancias exigidas en el mencionado artículo y  por ello  se le ORDENA a la Juez Presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con carácter de URGENCIA,  recabe y remita a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente  original y todos los recaudos relacionados con la causa N° 448-08, seguida en el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Función de Juicio del  mencionado Circuito Judicial Penal, a los ciudadanos MIGUEL ANTONIO DÁVILA PEREIRA, portador de la cédula de identidad N° 16.229.068;  JORGE IVÁN ÁLVAREZ OSPINA,  portador de la cédula de identidad N° 24.595.555; LUBER JACINTO ATENCIO GONZÁLEZ, portador de la cédula de identidad N° 13.471.758 y  CARLOS JOSÉ ANGULO,   portador de la cédula de identidad N° 16.294.048,  por la presunta comisión de los delitos de  ASOCIACIÓN PARA DELINQUÍR, OCULTAMIENTO DE ARMA DE GUERRA y otros; tipificados en el artículo 6 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y 274 del Código Penal, respectivamente. También se ordena la paralización de cualquier actuación que pretendan realizar las partes que integran la presente causa. (Remitido vía fax a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el cual fue recibido por el ciudadano JEAN CARLOS PIMENTEL)...”.

 

                 El 3 de diciembre de 2009, fue recibido el expediente original. Se dio cuenta en la Sala y según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se designó la ponencia al Magistrado Doctor Eladio Ramón Aponte Aponte, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

                Los Hechos atribuidos por el Ministerio Público ante el Juzgado Quincuagésimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en el marco de la acusación propuesta en contra de los ciudadanos Miguel Antonio Dávila Pereira, Jorge Iván Álvarez Ospina, Luber Jacinto Atencio González y Carlos José Angulo Guayaban, son:

“...Esta  representación fiscal pretende demostrar que el 17 de noviembre del año 2007, siendo aproximadamente las 3:50 horas de la madrugada, se presento el ciudadano: MIGUEL DAVILA PEREIRA, portador de la cédula de identidad N° 16.229.068, al puesto de la guardia nacional ubicado en la redoma de Petare, manifestándole a los referidos funcionarios que había sido objeto de un robo de una camioneta de su propiedad modelo AVALANCHE, año 2006, en el sector el puente baloa, de Petare. Seguidamente los funcionarios se trasladan al lugar y notaron la presencia de un ciudadano quien dijo ser y llamarse LUBER JACINTO ATENCIO GONZALEZ, (indocumentado) portando como único documento de identidad una tarjeta de servicio militar que refleja el numero de cédula de identidad 14.471.758, manifestando este ciudadano que se encontraba en compañía del ciudadano MIGUEL ANTONIO DAVILA PEREIRA, ante tal situación los efectivos de la guardia nacional procedieron a realizarles una inspección corporal. Incautándoles al primero de los nombrados...dos teléfonos móviles celulares, varios ship de móviles celulares, documentos personales y tres  mil pesos colombianos...le solicitan al ciudadano MIGUEL ANTONIO DAVILA PEREIRA los documentos que acrediten la propiedad de la camioneta avalanche, manifestando que este no las poseía y que dicho vehículo se lo habían prestado...pudiendo constatar que la referida camioneta pertenece al ciudadano: GABRIEL JOSE GATRIF...en relación al ciudadano LUBER JACINTO ATENCIO GONZALEZ, indocumentado quien portaba para el momento una tarjeta de servicio militar con el número de cedula 14.471.758, el cual al ser verificado arrojo que la referida cedula de identidad le corresponde a la ciudadana MARLIN SANCHEZ CARPAVIERI...Una vez de vuelta al comando de Petare el ciudadano MIGUEL ANTONIO DAVILA PEREIRA le ofrece a la comisión la cantidad de veinte millones de bolívares para que lo dejaran el libertad y que también les dejaba la camioneta,  a lo cual los funcionarios le solicitaron que llamara a alguien para que le llevara el dinero no presentándose en ese momento persona alguna, optando los funcionarios a practicar la prevención preventiva de los ciudadanos. Seguidamente, siendo las 5:12 p.m. de ese mismo día 17-11-2007, se presento ante el comando regional los ciudadanos CARLOS JOSÉ ANGULO GUAYABAN...y mientras el ciudadano JORGE IVAN ALVAREZ OSPINA...se pudo constatar que la cedula de identidad suministrada por el ciudadano JORGE IVAN ALVAREZ OSPINA, no existe registrada en el sistema de datos de la (ONIDEX), así como tampoco en el (CI. CP. C), por lo que los funcionarios pudieron constatar que el documento era falso lo cual se pudo corroborar con las experticias sobre autenticidad realizadas, quedando así la utilización de documento falso. Se paso a realizar la inspección corporal a los ciudadanos incautándoles la cantidad de diez millones ciento diez mil bolívares, dinero que se utilizaría para cancelar el soborno a los funcionarios, por lo que se procedió a practicar la detención...Prosiguiendo con la investigación, se solicitó por ante el órgano jurisdiccional Orden de Visita Domiciliaria, en la siguiente dirección: Urbanización Miranda, Avenida del centro, Quinta No. 93, Municipio Sucre del Estado Miranda, dirección ésta aportada por el ciudadano CARLOS JOSÉ ANGULO GUAYABAN...Dicha visita tuvo como resultado...la incautación de 85 teléfonos celulares de diferentes marcas, 141 baterías para teléfonos celulares, porta cargadores de FAL, cuatro correajes para fusiles, tres porta pistolas, cinco cajas de balines, cinco cargadores de fusil de asalto, cuatro cargadores de FAL, tres cargadores de pistolas marca Beretta, un arma larga tipo rifle, dos mil ciento setenta y cinco (2175) cartuchos de diferentes calibres (5.7 mm; 12 mm; 9 mm y 5.56 mm), cuatrocientos tres (403) tarjetas telefónicas de movilnet y movistar...uniformes camuflados, una moto tipo enduro, marca Yamaha, treinta y seis (36) panelas y aproximadamente cinco (05) kilos de una sustancia presuntamente de papelón mezclada con una sustancia desconocida...se pudo constatar que el ciudadano GABRIEL JOSE GRATIF BRAIDY... quien es propietario del vehículo marca chevrolet modelo modelo Avalanche...el cual tripulaba...CARLOS JOSE ANGULO GUAYABAN...y luego de analizar varios de documentos con el alquiler de la quinta los MB, signada con el N° 93 arriba plenamente identificada, se pudo comprobar que el ciudadano DOS RAMOS DOS RAMOS PABLO PEDRO...se encuentra relacionado directamente...motivada que el arrendamiento de dicha vivienda donde fue incautada el parte de arma por parte de efectivos de la Guardia Nacional, se encuentra su nombre...el ciudadano antes mencionado era el encargado de hacer todas las diligencias para el alquiler de varias inmuebles en el área metropolitana de caracas, donde posteriormente serian ocultadas las armas de fuego y la drogas de la organización delictiva (sic)...”.

                                                         II

            A juicio de la Sala, es oportuno hacer referencia a las incidencias de este proceso, de la manera siguiente:

 

El 20 de noviembre de 2007, se llevó a cabo la audiencia de presentación para oír a los ciudadanos Miguel Antonio Dávila Pereira, Jorge Iván Álvarez Ospina, Luber Jacinto Atencio González y Carlos José Angulo Guayaban.

 

En dicha audiencia, el Ministerio Público les imputó la presunta comisión de los delitos de Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes, tipificado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Tráfico de Armas en la modalidad de Ocultamiento, tipificado en el artículo 9 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Inducción a la Corrupción, tipificado en el artículo 63 de la Ley contra la Corrupción, Almacenamiento de Sustancias Peligrosas, tipificado en el artículo 83 de la Ley sobre Sustancias y Desechos Peligrosos, en contra de todos los aludidos ciudadanos, Uso de Documento Falso, tipificado en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Identificación, en contra de los ciudadanos Luber Jacinto Atencio González y Carlos José Angulo Guayaban.

 

Sin embargo, el Juzgado Quincuagésimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal, resolvió acoger de manera provisional, los delitos siguientes: Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Tráfico de Armas en la modalidad de Ocultamiento y Almacenamiento de Sustancias Peligrosas en contra de todos los referidos ciudadanos.

 

Por lo que respecta al delito de Uso de Documento Falso, acogió la precalificación en lo que concierne a los ciudadanos Luber Jacinto Atencio González y Jorge Iván Álvarez Ospina; y por el delito de Inducción a la Corrupción, acogió esta precalificación en contra de los ciudadanos Miguel Antonio Dávila Pereira y Luber Jacinto Atencio González.

 

Por último, el citado órgano judicial, acordó seguir el proceso ordinario y decretó la privación judicial preventiva de libertad en contra de los ciudadanos Miguel Antonio Dávila Pereira, Jorge Iván Álvarez Ospina, Luber Jacinto Atencio González y Carlos José Angulo Guayaban, de acuerdo a lo pautado en los artículos 250, 251 (numerales 1 y 2) y 252 (numerales 1 y 2) del Código Orgánico Procesal Penal.

 

El 6 de diciembre de 2007, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión judicial, en contra de los ciudadanos Gabriel José Gatrif Braidy y Pablo Pedro Dos Ramos Dos Ramos por la presunta comisión de los delitos de Asociación Para Delinquir y Tráfico de Armas, tipificados en los artículos 6 y 12 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, la cual fue decretada el mismo 6 de diciembre de 2007, por el Juzgado Quincuagésimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

 

El 12 de diciembre de 2007, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Quincuagésimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, prórroga para la presentación del respectivo acto conclusivo, siendo otorgada por este órgano judicial, en audiencia efectuada el 13 de diciembre de 2007.

 

El 20 de diciembre de 2007, el Ministerio Público solicitó la imposición de medidas cautelares sustitutivas de libertad, a favor de los ciudadanos Gabriel José Gatrif Braidy y Pablo Pedro Dos Ramos Dos Ramos, siendo acordadas en la misma fecha las medidas contenidas en los numerales 3, 4 y 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, por parte del Juzgado Quincuagésimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

 

El referido Juzgado de Control, en el mismo auto del 20 de diciembre de 2007, declaró sin lugar, la solicitud de revisión de medida privativa judicial preventiva de libertad, que solicitó la defensa de los ciudadanos Miguel Antonio Dávila Pereira, Jorge Iván Álvarez Ospina y Carlos José Angulo Guayaban.

Posteriormente, el Ministerio Público procedió a formular acusación el 21 de diciembre de 2007, en contra de los ciudadanos Miguel Antonio Dávila Pereira, Jorge Iván Álvarez Ospina, Luber Jacinto Atencio González y Carlos José Angulo Guayaban, pidiendo su juzgamiento en razón de la comisión de los delitos de Asociación para Delinquir y Ocultamiento de Armas de Guerra, solicitando el sobreseimiento por el delito de Tráfico (Ocultamiento) de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

 

Además, acusó al ciudadano Jorge Iván Álvarez Ospina, por los delitos de Uso de Documento Falso y Usurpación de Identidad, mientras que por el delito de Instigación a la Corrupción, fueron acusados los ciudadanos Miguel Antonio Dávila Pereira, Jorge Iván Álvarez Ospina y Carlos José Angulo Guayaban.

 

Luego de varios diferimientos, el Juzgado Quincuagésimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas llevó a cabo el 18 de febrero de 2008 la audiencia preliminar, en la cual se dictó el sobreseimiento con relación al delito de Tráfico (Ocultamiento) de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, admitiéndose la acusación fiscal presentada por los delitos de Asociación Para Delinquir y Ocultamiento de Armas de Guerra en contra de los ciudadanos Miguel Antonio Dávila Pereira, Jorge Iván Álvarez Ospina, Luber Jacinto Atencio González y Carlos José Angulo Guayaban.

 

Asimismo, se admitió la acusación por los delitos de Uso de Documento Falso y Usurpación de Identidad en contra del ciudadano Jorge Iván Álvarez Ospina, y en contra de los ciudadanos Miguel Antonio Dávila Pereira, Jorge Iván Álvarez Ospina y Carlos José Angulo Guayaban, por el delito de Instigación a la Corrupción.

 

De igual forma, se admitieron las pruebas ofrecidas, decretando dicho Juzgado de Control el pase a juicio de la causa, ordenando también, mantener la privación judicial preventiva de libertad en contra del ciudadano “...Harry Asdrúbal Cartagena Linares...”.

 

Posteriormente, el 22 de febrero de 2008, el referido Juzgado de primera instancia, profirió el respectivo Auto de Apertura a Juicio en contra de los citados encausados, por los delitos de Asociación para Delinquir y Ocultamiento de Arma de Guerra, admitiéndose las pruebas presentadas, ordenándose a su vez, la privación judicial preventiva de libertad sobre los ciudadanos Miguel Antonio Dávila Pereira, Jorge Iván Álvarez Ospina, Luber Jacinto Atencio González y Carlos José Angulo Guayaban.

 

Por otra parte, el 27 de febrero de 2008, el Juzgado Quincuagésimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, ordenó separar la causa con relación a los ciudadanos Gabriel José Gatrif Braidy y Pablo Pedro Dos Ramos Dos Ramos, instando al Ministerio Público a presentar el acto conclusivo con relación a los citados procesados.

 

Recibido el expediente por el Juzgado Noveno en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, este órgano judicial acordó el 10 de abril de 2008, fijar el sorteo ordinario de escabinos a los fines de constituir el tribunal mixto.

 

El 25 de abril de 2008, el Juzgado Noveno en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, negó la solicitud de sustitución de la medida de privación judicial preventiva de libertad que pesa en contra de los ciudadanos Miguel Antonio Dávila Pereira, Jorge Iván Álvarez Ospina y Carlos José Angulo Guayaban y Luber Jacinto Atencio González.

 

El 2 de junio de 2008, el ciudadano abogado Máximo Guevara Rísquez, se encargó del tribunal en sustitución de la ciudadana abogada Anabell Rodríguez, como producto de la rotación de jueces.

 

El 6 de junio de 2008, se efectuó la sesión pública descrita en el artículo 163 del Código Orgánico Procesal Penal, fijándose el 10 de julio de 2008, para llevar a cabo la audiencia pública establecida en el artículo 164 eiusdem, a los fines de resolver sobre las inhibiciones, recusaciones y excusas de los escabinos, para constituir el tribunal mixto.

 

El 10 de julio de 2008, no se pudo efectuar la audiencia pública pautada, difiriéndose para el día 15 de julio de 2008.

 

El 14 de agosto de 2008, el Juzgado Noveno en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, negó la solicitud de la defensa, para sustituir la medida de privación judicial preventiva de libertad que pesa en contra de los ciudadanos Miguel Antonio Dávila Pereira, Jorge Iván Álvarez Ospina y Carlos José Angulo Guayaban y Luber Jacinto Atencio González.

 

El 7 de julio de 2009, el Juzgado Noveno en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, (por cuanto no se logró constituir el tribunal mixto), con fundamento en la decisión N° 2684 del 12 de agosto de 2005, proferida  por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acordó requerir la opinión de los procesados para que manifiesten su voluntad de ser juzgados por tribunal unipersonal.

 

El 8 de julio de 2009, el ciudadano abogado Walter Gavidia Flores, se encargó del tribunal en sustitución del ciudadano abogado Máximo Guevara Rísquez, como producto de la rotación de jueces.

 

El 30 de julio de 2009, el ciudadano Luber Jacinto Atencio González, concurrió al tribunal y manifestó su voluntad de ser juzgado por un órgano judicial unipersonal.

 

El 11 de agosto de 2009, el Juzgado Noveno en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, negó la solicitud de revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad que pesa en contra de los ciudadanos Miguel Antonio Dávila Pereira, Jorge Iván Álvarez Ospina y Carlos José Angulo Guayaban, que solicitó su defensa.

 

El  16 de septiembre de 2009, el Juzgado Noveno en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, acordó constituir el tribunal unipersonal, y decidió fijar la apertura del juicio oral y público.

 

La apertura del juicio oral y público ha sido diferida en varias oportunidades, debido a inasistencia de las partes, específicamente los días: 6 de octubre, 27 de octubre, 17 de noviembre y 3 de diciembre de este año.

 

                                                                  III

           

Ahora bien, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en atención a lo descrito en los artículos 26 y 257 de la Carta Fundamental, y 13 del Código Orgánico Procesal Penal, en interés de velar por la búsqueda de la verdad, por una tutela judicial efectiva, y la prevalencia del debido proceso.

 

En cumplimento del deber recordado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de emprender una labor supervisora y conductora en materia penal y procesal penal, conforme lo asentó en su decisión N° 366 del 1° de marzo de 2007; a saber:

“...la misión fundamental de la Sala de Casación Penal es la de conocer y resolver los recursos de casación que se interpongan, de acuerdo a los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal y a la propia doctrina de dicha Sala. No obstante, la Sala de Casación Penal está obligada, igualmente, a evitar que cualquier proceso termine si existe alguna causal de nulidad absoluta, toda vez que ella, conforme lo señala en artículo 334 de la Carta Magna, es tutora del cumplimiento de la Constitución...”.

 

En consonancia con ello, como producto de la revisión de  las actas que conforman esta causa, la Sala ha observado, graves irregularidades que ameritan por su entidad, la declaratoria de nulidad en obsequio a lo dispuesto en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, en base a las consideraciones siguientes:

 

            En primer lugar, el artículo 18, en sus apartes 10 y 12, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:

 

“…Artículo 18:

(…) 10. cualquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia en las materias de su competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal de instancia, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa, para resolver si se avoca, y directamente asume el conocimiento del asunto, o, en su defecto lo asigna a otro tribunal.
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