Rama Judicial tribunal contencioso administrativo del huila






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República de Colombia


Rama Judicial

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA


SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

M.P. DR. GERARDO IVAN MUÑOZ HERMIDA



Neiva, quince (15) de Febrero de dos mil diez (2010)

ACCION: TUTELA

ACCIONANTE: RUBY CONSTANZA RAMIREZ en representación de las menores

ANGIE PAOLA y DAYANA CALDERON RAMIREZ

ACCIONADO: NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROVIDENCIA: SENTENCIA

RADICACION: 41 001 23 31 000 2010 00057 00
Aprobada en la fecha. Acta N° 017.

I.- ANTECEDENTES:
La señora RUBY CONSTANZA RAMIREZ OLAYA, actuando en representación de sus hijas menores de edad ANGIE PAOLA y DAYANA CALDERON RAMIREZ, ejerciendo la acción constitucional de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, solicita se ampare sus derechos fundamentales a la seguridad social, de petición, a la dignidad humana y al mínimo vital contenidos en los artículos 48, 23, 1 y 53 de la Constitución Política, los cuales considera están siendo vulnerados por el GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL al omitir el pago de las mesadas sustitutivas otorgada mediante resolución 2999 de 23 de Septiembre de 2009.
II. HECHOS
Expone como supuestos fácticos los siguientes:
El 23 de Septiembre de 2009, se profirió por parte del Ministerio de Defensa Nacional, grupo de Prestaciones Sociales la resolución 2999 por la cual se sustituye una pensión con fundamento en el expediente MDN No 4727 de 2009.
La sustitución de la pensión por invalidez del ex soldado José Alfredo Calderón Zapata fue concedida a favor de las menores hijas ANGIE PAOLA CALDERON RAMIREZ y DAYANA CALDERON RAMIREZ, por encontrarse dentro del orden preferencial de beneficiario.
En la primera semana de diciembre de la anualidad anterior, se radicó en las oficinas del grupo de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa, la certificación bancaria de la cuenta de la señora Ruby Constanza Ramírez madre de las menores, certificación bancaria de la abogada, certificado de supervivencia de las menores beneficiarias de la pensión.
Pese a que se remitió la documentación requerida mediante oficio 002999 MDLPS-712 y se incluyó en nómina en diciembre de 2009 el pago de la primera mesada pensional, el grupo de prestaciones sociales no desembolso ni consignó los dineros de esa mesada.
El 6 de enero de 2010, se recibe de la correspondencia el oficio remitido por parte de la jefatura del área de pensionados No 113903-MDSGDVBSGPS-37.2, en el que se informa a la actora que al momento de liquidar las mesadas no se encontró soporte de las certificaciones bancarias de la cuenta de la señora RUBY RAMIREZ, de su apoderada y de las menores beneficiarias.
Que pretendiendo no dilatar el asunto, se remitió mediante correo, una vez más la documentación solicitada, la cual fue recibida en la División de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, el 13 de enero de 2010.
Que pese a que se ha dado cabal cumplimiento a los requerimientos presentados por la división de prestaciones sociales, a la fecha no se ha consignado los dineros de la mesada pensional reconocida. Situación que perjudica al bienestar de las beneficiarias, pues desde la muerte de su padre, la accionante es quien vela dentro de sus limitaciones por el bienestar económico y familiar de las menores de 13 y 11 años de edad.
Que en esta época, se necesitan recursos económicos para matricular a las menores en la escuela y comprar los útiles escolares y la tutelante de escolaridad primaria, dedicada a los oficios varios, se ha visto en la necesidad de pedir dinero prestado para soliviar un poco las cargas económicas en esta época tan difícil.
III.- DERECHOS CONCULCADOS
Menciona la accionante como derechos fundamentales vulnerados por parte de la entidad accionada la seguridad, de petición, a la dignidad humana y al mínimo vital, consignados en los artículos 48, 23, 1 y 53 de la Constitución Política.
IV.- TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE TUTELA
Conforme acta de reparto de 4 de Febrero de 2010 la Oficina Judicial recibió la presente acción y en la misma fecha, ésta Corporación avocó el conocimiento de la solicitud (f.15), se ordenó notificar, correr traslado, requerir al accionante para que allegara un informe sobre los hechos objeto de la presente acción.
V.- INFORME DEL ACCIONADO (f. 51):
5.1. Ministerio de Defensa Nacional:
Mediante escrito allegado vía fax sostiene que revisado el sistema de control de correspondencia se pudo establecer que la parte accionante ha presentado derecho de petición solicitando se le indique el monto específico en que se reconoció la pensión a las menores por intermedio de su señora madre, mes en el que se incluirá en nómina pago de mesadas retroactivas, cada cuanto deben presentar supervivencia y requiere saber si necesita autorización u oficio para cobrar mesadas consignadas en una cuenta del banco BBVA requerimiento que fue resuelto con oficio de 6 de enero de 2010.
Informa que se ha comunicado en el oficio referido de manera clara sobre en que mes serán incluidos en nomina los dineros reconocidos y pagados a las menores ANGIE PAOLA y DAYANA CARDERON RAMIREZ quienes se encuentran incluidas en nómina de pensionados desde el mes de Diciembre del año 2009, que fue pagado por el sistema de pagos masivos del BBVA, para lo cual debe acercarse al Banco para reclamar esos dineros si no los ha hecho efectivos.
También manifiesta en relación con las mesadas retroactivas que se encuentran nominadas para el mes de Febrero y serán canceladas en la cuenta del Banco Caja Social aportada por la apoderada de la accionante.
Solicita se rechace por improcedente la presente acción, al considerar que no le asiste razón fáctica ni jurídica a la parte tutelante para proceder en contra del Ministerio, máxime que el grupo de prestaciones sociales de esa entidad, ha cumplido con lo relacionado a los pagos de que son beneficiarias las menores hijas de la actora teniendo en cuenta que ya se encuentra en nómina y no es tan cierto que no se hayan consignado mesadas pensionales.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el Artículo 86 de la Constitución Política para obtener la protección de los derechos fundamentales de la persona cuando estos son amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de la autoridad pública o de particulares en la prestación de un servicio público.
Esta acción es procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
6.1 Derecho Fundamental Vulnerado:
La accionante, considera violados los derechos fundamentales de sus hijas menores de edad a la seguridad social, de petición, a la dignidad humana y al mínimo vital contenidos en los artículos 48, 23, 1 y 53 de la Carta Política, los cuales preceptúan:
ARTICULO 48: La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley.

La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.
ARTÍCULO 23: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.
ARTÍCULO 1: Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
ARTÍCULO 53: El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.
6.2 PROBLEMA JURÍDICO:
El problema jurídico consiste en determinar por la Corporación, si la entidad accionada Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, se encuentra vulnerando los derechos fundamentales a la seguridad social, de petición, a la dignidad humana y al mínimo vital, al omitir el pago de las mesadas de pensión sustitutiva de las hijas menores de edad de la actora, otorgada mediante resolución 2999 de 23 de Septiembre de 2009.
6.3 CASO CONCRETO:
La accionante instaura acción de tutela para solicitar la protección de los derechos fundamentales de sus hijas menores de edad a la seguridad social, de petición, a la dignidad humana y al mínimo vital, que considera se encuentra siendo vulnerado por el accionado al omitir el pago de las mesadas de la pensión sustitutiva otorgada mediante resolución 2999 de 23 de Septiembre de 2009.
El Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional refiere que la parte accionante presentó derecho de petición que le fue resuelto mediante oficio de 6 de Enero de 2010, en el cual se le informó a la actora, que las menores se encuentran incluidas en nómina de pensiones desde Diciembre de 2009 pagada por el sistema de pagos masivos del BBVA para lo cual debe acercarse al banco a reclamar esos dineros, si no los ha hecho efectivos.
En el mismo oficio el accionado le informa a la actora, que las mesadas retroactivas se encuentran nominadas para el mes de febrero.
El aludido oficio se allega el expediente en copia No. OFI10-1665 MDSGDVBSGPS-22 de 6 de Enero de 2010 del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa dirigido a la abogada YUDIT LORENA CEDEÑO SANCHEZ, donde se da respuesta a la petición impetrada en representación de la señora RUBY CONSTANZA RAMIREZ OLAYA, quien a su vez actúa como representante legal de las menores ANGIE PAOLA y DAYANA CALDERON RAMIREZ.
6.4 HECHO CUMPLIDO:
Efectivamente la Honorable Corte Constitucional ha determinado1 que en aquellas situaciones en que, una vez interpuesta la acción de tutela, las causas o circunstancias de hecho que originaban la supuesta amenaza o violación de derechos fundamentales del accionante cesan, desaparecen o se superan, no existe un objeto jurídico sobre el cual proveer y por tanto, la acción se tornaría improcedente por cuanto el amparo pretendido perdería eficacia e inmediatez y justificación constitucional.
Al respecto, así se pronunció la Corte Constitucional:
En efecto, la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente vulnerado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de lo cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío. Lo cual implica la desaparición del supuesto básico del cual parte el artículo 86 de la Constitución y hace improcedente la acción de tutela...”.
En otra decisión expuso:2
El fenómeno de la carencia actual de objeto se presenta, en la medida en que la finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección del derecho fundamental de quien acude al amparo constitucional y dicha finalidad se extingue al momento en que la vulneración o amenaza cesa, por cualquier causa. Es decir, es en principio, una finalidad subjetiva. Existiendo carencia de objeto “no tendría sentido cualquier orden que pudiera proferir esta Corte con el fin de amparar los derechos fundamentales del accionante, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por sustracción de materia.”3
En este orden de ideas y de conformidad a la apreciación jurisprudencial de la Honorable Corte Constitucional, en la medida en que la entidad accionada Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional ya incluyó en nómina a las menores ANGIE PAOLA y DAYANA CALDERON RAMIREZ desde el mes de Diciembre de 2009 y mediante oficio de fecha 6 de Enero de los corrientes dio respuesta a la petición que había impetrado a la entidad accionada la actora mediante apoderada judicial y además, le informó el procedimiento para el cobro de las referidas mesadas ante el banco y la fecha y por intermedio de que banco se le pagarían las mesadas retroactivas, el objeto de la presente acción se encuentra agotado, por lo tanto la Sala se encuentra frente a un hecho superado (f.16).
En consecuencia se tiene que ha cesado de parte de la entidad accionada, la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por la señora RUBY CONSTANZA RAMIREZ OLAYA, en representación de sus hijas menores de edad ANGIE PAOLA y DAYANA CALDERON RAMIREZ, por tanto no es procedente tutelar los mismos.
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero: Rechazar por improcedente la tutela solicitada por la señora RUBY CONSTANZA RAMIREZ OLAYA en representación de sus hijas menores de edad ANGIE PAOLA y DAYANA CALDERON RAMIREZ, contra del GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, por haberse constituido un hecho superado.
Segundo: Notifíquese por el medio más expedito a las partes.
Tercero: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.

GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA.

Magistrado.


JOSE MARCELINO TRIANA PERDOMO. RAMIRO APONTE PINO


Magistrado. Magistrado.



1 Corte Constitucional S T- 012/06 M.P. CLARA INES VARGAS HERNANDEZ.

2 T-610 de 2 agosto 2007. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

3 Ver Sentencia T-972 de 2000, en la cual se presentaba carencia actual de objeto por fallecimiento del actor, incluso antes de ser fallado el proceso en sede ordinaria.


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