Comparecencia de josé maría múgica flores, director general de la ocu, ante la subcomisión sobre la transparencia en la información de productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito






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COMPARECENCIA DE JOSÉ MARÍA MÚGICA FLORES, DIRECTOR GENERAL DE LA OCU, ANTE LA SUBCOMISIÓN SOBRE LA TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS E HIPOTECARIOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO
Madrid, 4 de septiembre de 2012
Estimada Coordinadora de la Subcomisión, Señorías:
Quiero empezar esta breve comparecencia agradeciendo sinceramente la oportunidad que se brinda a la organización a la que pertenezco de hacer oír nuestra voz en un tema que nos preocupa profundamente. La OCU, como bien sabrán sus señorías, es una asociación privada que goza en la actualidad con el apoyo económico y emocional de más de 310.000 socios en orden de pago en toda España; son ellos quienes hacen posible su funcionamiento de forma autosuficiente y sin ayudas públicas, y cuyo efecto se extiende a todo su ámbito familiar. El permanente contacto con ellos nos permite disponer, de manera directa, de un acervo informativo sobre aquéllos asuntos que les preocupan y ocupan y que, con frecuencia, generan consulta, quejas y reclamaciones.
El derecho a la información
Sería pretencioso por mi parte señalar a sus señorías la importancia que este derecho tiene en el ámbito en el que nos movemos. La Constitución Española, en su artículo 51.1, es concluyente: “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”1. Sin embargo, esta tarea, responsabilidad de los poderes públicos, adolece de la falta, más de lo que desde la OCU nos gustaría, de esos “procedimientos eficaces” que la Carta Magna considera necesarios para la protección de los consumidores.
Esta protección es abordada también en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios en su capítulo V, artículos 19 a 212, aunque la limita a ámbitos específicos de impacto menor en la vida económica de los ciudadanos (“Promociones”, en el art. 20, y “Régimen de comprobación y servicios de atención al cliente”, en el 21). Las relaciones con las entidades financieras o las aseguradoras quedan, pues, incluidas en el concepto global de la protección.
Desde su origen, y más a partir del lanzamiento de su primera revista económica-financiera, Dinero y Derechos (DyD), en 1990, la OCU ha sido fiel a su compromiso de información a sus socios y a todos los consumidores, convencidos como estamos de que muchas veces una normativa excesivamente complaciente con las entidades financieras les coloca en clara situación de inferioridad.
A la normativa complaciente, se une, señorías, con demasiada frecuencia un lenguaje farragoso e incomprensible, muchas veces excesivamente técnico que obliga al consumidor a pedir unas aclaraciones, a las que no siempre reciben las respuestas que deberían ser. La reciente “crisis” de las participaciones preferentes pone de manifiesto hasta qué punto la confianza en la persona que gestiona los haberes de un consumidor le hace contratar a éste un producto que no sólo no es rentable sino que puede provocar (y, de hecho, provoca) la pérdida de sus ahorros, muchas veces conseguidos con enormes esfuerzos. El control de los nuevos productos que llegan al mercado debe comenzar por una adecuada información al consumidor, siempre con la garantía de que éste no va a ser engañado por agentes excesivamente celosos. Y para ello es fundamental extremar la calidad de la información que, en cualquier caso, debería estar recogida en la documentación, comprensible, de cualquier entidad financiera o aseguradora. Esta precaución es necesaria ya que no siempre nuestras recomendaciones3 llegan a tiempo y, a menudo, su fuerza es menor que la del llamado “círculo de confianza”, en el que el gestor bancario ocupa un lugar importante.
Por otro lado, señorías, no es suficiente con establecer la obligación de informar. Los poderes públicos deben poner los medios para hacer que esa obligación se cumpla. A título de ejemplo la ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo establece que se entregue al consumidor, que solicita un crédito, un documento con 19 aspectos esenciales del préstamo. Una prueba práctica realizada mostró que la información recibida no era completa, comprensible o comparable. En la mayoría de los casos, las entidades visitadas se limitaron a indicar la cuota a pagar y los plazos4.
En este mismo ámbito del respeto al derecho de información situamos también la necesidad de que los contratos que se ofrecen a la firma del consumidor sean equilibrados y estén libres de condiciones abusivas. La tarea de expurgación no debe encomendarse sólo a la interpretación de los jueces; interpretación que puede ser discrepante (pensemos por ejemplo en el controvertido tema de la llamada cláusula suelo en las hipotecas) y, dada la lentitud de nuestra justicia, tener consecuencias de muy difícil resarcimiento. Y en este punto, desde la OCU hablamos con experiencia5.
La proliferación de reguladores, que, muy a menudo centran su actividad en el registro y no en el control genera en los consumidores una falsa sensación de seguridad que, luego, no se corresponde con la realidad. Y, aunque las recomendaciones en contra de determinados productos figuran en las hemerotecas, la realidad es que esa sensación está en la base de más de una de las crisis padecidas (Afinsa/Forum Filatélico o participaciones preferentes, por ejemplo). Desde nuestro punto de vista sería más coherente la existencia de un único regulador europeo que fuera independiente y que asumiera el papel de garantizar la transparencia y los derechos de las dos partes. Además, de asegurar la información veraz que permita comparar los diferentes productos que sirven para un mismo fin (por ejemplo, ahorro a corto, medio o largo plazo o jubilación), independientemente del nombre del producto y del regulador que esté detrás.
Otra cuestión sería la existencia de otro organismo único que supervise la solvencia y viabilidad de las entidades que debiera ser independiente del anterior ya que, a veces, se contraponen los intereses.
La utilización de determinadas entidades financieras, como las cajas de ahorro, para dar salida a destacados políticos, sin una adecuada formación y experiencia en el negocio ha generado, al margen de contrataciones blindadas con indemnizaciones obscenas, un nivel de ineficiencia que ha desembocado en la grave crisis de estas entidades. La politización de las entidades financieras ha sido un cáncer cuya erradicación es urgente. Es por ello por lo que, desde la OCU entendemos que ningún político, por su condición de tal, de adscripción a un partido, debería ocupar un puesto directivo en ninguna entidad financiera.
Es urgente abordar la creación de un sistema alternativo al judicial, vinculante (cuya vinculación debería asegurarse a través de medidas complementarias, como pueden ser los beneficios fiscales), para la solución de los problemas o conflictos relacionados con las entidades financieras y aseguradoras ya que, aunque algunos son de entidad más que suficiente, hay otros muchos que se mueven en un ámbito mucho más reducido y que no le compensa al consumidor acudir a los tribunales para conseguir una solución satisfactoria6.
Ciertamente siempre cabe la posibilidad de un cambio de entidad financiera7. Sin embargo no parece ésta alternativa que case bien con el respeto al derecho de información que tiene el consumidor. De hecho, señorías, en nuestra publicación Dinero y Derechos que he traído conmigo (acaba de salir) encontrarán un artículo sobre una encuesta, que acabamos de realizar para conocer el grado de satisfacción de los consumidores, cuya conclusión resulta contundente: “Por encima de los productos con buenas condiciones, los usuarios aprecian la información sencilla y sentirse bien atendidos. Y en estos aspectos gana la banca on line”8. Y ello, quizás porque es gracias a la información comprensible como el consumidor llega a estar en situación de poder elegir. Sin embargo, la experiencia nos dice que sólo el 9% de los clientes había cambiado de entidad en los dos años previos al informe que la Comisión Europea publicó en 20099.
La importancia de los temas relacionados con las entidades financieras en el día a día del consumidor se refleja en nuestra estadística de reclamaciones. Sólo en el año pasado, las consultas, quejas y reclamaciones relacionadas con las entidades financieras alcanzaron la cifra de 39.195 y con los seguros, 28.096, con lo que entre ambos ámbitos sumaron el 16,4% de las atendidas en nuestro servicio de asesoría. En anexo desglosamos las consultas, quejas y reclamaciones recibidas en el periodo de enero a junio en materia financiera.
El poder de los bancos
Como hemos dicho, aunque no la única, una de las causas del ejercicio de dicho poder se manifiesta en la extrema complejidad de los contratos de adhesión que el consumidor se ve obligado a firmar para acceder a un producto o servicio de una entidad financiera.
Es curioso que la reciente entrada en vigor de la Orden EHA/2899/2011, de 29 de octubre lleve como título algo tan eufemístico y pretencioso como “de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios”10. Porque, de transparencia y protección, poco o nada. De hecho, con la Orden en cuestión desaparece la obligación que tenían las entidades financieras de poner a disposición de sus clientes un folleto de tarifas de comisiones, condiciones y gastos repercutibles, registrado en el Banco de España. Éste, de inmediato, ha hecho desaparecer de su web cualquier información sobre dichas comisiones. Bien es cierto que algunas entidades han mantenido el folleto, pero no cabe duda de que el paso atrás resulta evidente. Y lo peor de todo es que, pese haber entrado en vigor la Orden el 29 de abril, todavía hoy estamos esperando a que el Banco de España emita una Circular (hoy en fase de consulta pública) sobre el modo y los términos en que se cumplirá el requisito establecido en la nueva norma, en un formato que permita la comparación entre entidades, como ha prometido.
A la vista de las reclamaciones de nuestros socios de las comisiones bancarias constituye una de los principales motivos de queja de los socios. Una comisión debería ser el pago de un servicio solicitado (en firme o tácitamente) que responda a una necesidad concreta. La experiencia nos habla de la extrema capacidad floral de algunas entidades a la hora de establecer las comisiones para cobrar por conceptos incomprensibles o redundantes en la mente del consumidor. Establecer unos criterios básicos e identificar las posibles comisiones que pueden cobrar los bancos pondría coto a tanta mente calenturienta y ayudaría a una mayor transparencia.
Una transparencia que ha sido objeto de una Directiva (la MIFID, de sus siglas en inglés), cuya trasposición a nuestra legislación fue duramente criticada por la OCU11, ya que se excluían los productos más importantes de los clientes españoles: cuentas corrientes, depósitos y seguros de ahorro. Se acompañaba esta postura con una prueba práctica en 88 sucursales de entidades financieras. El resultado fue decepcionante12.
Y es que, con relativa frecuencia, realizamos pruebas prácticas acerca de cómo informan las entidades financieras. Las conclusiones no son excesivamente halagüeñas. Más parecen mirar a sus propios intereses que a los intereses del consumidor. En ocasiones, frente al comportamiento más adecuado, los consejos de las entidades financieras pueden implicar para el consumidor pérdidas económicas considerables.
La letra pequeña de las hipotecas
Sin duda, las hipotecas constituyen uno de los principales caballos de batalla del consumidor español. Son muchos los problema ligados, especialmente, a las interpretaciones del clausulado y a la extrema dificultad para conseguir un préstamo que no lleve “pegado” una serie de vinculaciones a la entidad financiera que, aunque no sean legales, acaban convirtiéndose en conditio sine qua non para obtener el préstamo (cuentas, tarjetas, diversos seguros, etc.).
Hay aspectos, señorías, que, desde nuestro punto de vista deberían desaparecer porque, de alguna manera, encarecen el préstamo sin aportar mayor seguridad al consumidor13. Desde la OCU entendemos que, una vez devuelto el préstamo, la cancelación de la hipoteca debería ser automática y obligatoria para la entidad financiera, como ocurre ya en algunos países. Por eso ha solicitado del Ministerio de Justicia una modificación de la normativa con el fin de que, una vez abonado un préstamo, sea el banco quien deba cancelar el derecho (la hipoteca es, a fin de cuentas, un derecho a favor del banco).
En aras de la brevedad, permítanme, señorías, señalar el aspecto que, sin duda, consideramos en la base de la problemática de las hipotecas: la valoración de los inmuebles, verdadero detonante del desarrollo primero y de su explosión después de la llamada burbuja inmobiliaria. Esta valoración, que preferimos llamar sobrevaloración, es la que ha disparado el precio de la vivienda hasta cotas inasumibles que ha acabado por generar un grave sobreendeudamiento que, en estos momentos, ahoga muchas economías familiares. La consecuencia inmediata no ha sido sino convertir a las entidades financieras en los principales propietarios de un parque inmobiliario cuyas viviendas tienen hoy muy complicada venta14.
Un problema de garantía: los seguros de ahorro
Cuando hablamos de seguros se piensa en primer lugar en el hogar o el coche. Son cada vez más las entidades financieras que disponen de sus propias centrales de seguros para ofrecer sus coberturas, muchas veces vinculadas a los préstamos hipotecarios.
Pero aquí quiero referirme a los seguros de ahorro, para muchos consumidores en forma de planes de jubilación. Ahorrar para la jubilación es muy importante. Por eso es necesario planificar bien y, especialmente hacerlo en los productos adecuados. Y en este grupo de productos no recomendados situamos esos planes de jubilación. No permiten desgravación fiscal alguna por lo que los beneficios forman parte de la renta de ahorro. Debido a los elevados gastos y comisiones, la rentabilidad final suele ser bastante baja por lo que la OCU no los ha aconsejado nunca.
Aunque no se trate de un producto especialmente conflictivo y sin entrar en la dificultad para el consumidor de la calle de hacer una adecuada comparación entre diversas ofertas, entendemos que existen en el mercado alternativas mejores. Desde nuestro punto de vista merece más la pena dedicar el dinero que se piense invertir en planes de jubilación hacia fondos de inversión, con una rentabilidad netamente superior15.
Estos seguros, además, no cuentan con la protección del Fondo de Garantía. Protección que hemos solicitado ya desde la OCU, dado el hecho de que existen muchos consumidores que, pese a su escaso interés, los han suscrito.
El engaño de las preferentes
Como producto, poco habría que objetar a las llamadas “participaciones preferentes” siempre y cuando las cuentas de resultados y los balances de las entidades financieras fueran los adecuados. Si fueran solventes podrían hacer frente sin problemas a sus compromisos pactados e, incluso, las preferentes podrían ser un producto atractivo para los inversores. No así para el consumidor “de la calle”, ya que, dada su complejidad no lo podemos considerar adecuado para él.
Pero el problema, señorías, es doble: por un lado, la solvencia de las entidades financieras, que se ha pretendido ocultar durante largo tiempo, está bajo mínimos y no tienen beneficios, lo que les lleva a no poder hacer frente al pago de los intereses o a la devolución del principal; por otro, la evidente pésima información sobre el producto que ha llevado a la generación de un numeroso grupo de ciudadanos cuyo perfil distaba mucho del de un inversor advertido y arriesgado que ha acabado en numerosas acciones judiciales, algunas de ellas en fase de análisis desde asociaciones de consumidores como a la que represento. Las primeras sentencias16 alientan una esperanza suficiente de recuperar, al menos en parte, las cantidades invertidas maliciosamente.

A modo de síntesis
A lo largo de esta comparecencia he tratado de apuntar algunas líneas concretas que ayuden a identificar los problemas y a perfilar las propuestas que den respuesta a los consumidores para conseguir un nivel superior de información en la contratación de los productos financieros.
Sin embargo, el compromiso de información, previo a la contratación de cualquier producto o servicio guarda relación con la transparencia, cualidad que implica también confianza en la credibilidad de quien transmite el mensaje.
Si hubiera que concretar, a juicio de la OCU, las medidas más urgentes de cara a conseguir esa credibilidad nos fijaríamos en las siguientes:


  1. Reformar la contabilidad que refleje la realidad económica de la entidad, sustituyendo el principio de valor razonable, fácilmente manipulable, por el de imagen fiel y prudente.

  2. Establecer como criterio fundamental la no politización de las entidades financieras de forma que un político no pueda acceder, por su condición de tal, a ningún puesto directivo de ninguna entidad financiera.

  3. Acabar con el principio de “aquí no pasa nada”, fijando con claridad la responsabilidad de quienes causen perjuicios claros a los consumidores. Castigos ejemplares que deben ir acompañados de la debida publicidad.

  4. Prohibir toda operativa en los paraísos fiscales, si bien esta medida implica un elevado nivel de coordinación internacional, para evitar el efecto llamada.

  5. Crear un sistema alternativo y público para la solución de los problemas en materia de consumo, relacionadas con las entidades financieras, compatible con el principio de justicia universal. Al ser voluntario será necesario desarrollar un procedimiento suficientemente atractivo para las entidades.

  6. Finalmente, limitar al máximo la venta directa al consumidor de productos derivados o de productos que los contengan, como algunos fondos de inversión o planes de pensiones, de nulo valor o, incluso, perjuicio económico para el consumidor (opciones, futuros, warrants o swaps).



Acabo, señorías. Reitero mi agradecimiento a la Cámara por la oportunidad que ha brindado a la OCU de hacer oír su voz y quedo a su disposición para cuantas cuestiones quieran plantear, en el bien entendido de que estamos en un ámbito donde la especialización es muy necesaria y, por eso, desde este momento les expreso mi compromiso de recoger aquellas que se escapen a mis posibilidades de respuesta y hacerle llegar a la coordinadora de esta Subcomisión la aportación que, desde nuestra organización, sea posible.
¡Muchas gracias!

BIBLIOGRAFÍA


  • Me ofrecen pagarés, ¿qué hago? Breve. OCU Inversores, nº 516 (17 de julio de 2012).

  • Limpiemos el lodo de la banca. DyD, nº 131 (Julio-agosto 2012).

  • ¿Y las comisiones bancarias máximas? Breve. OCU Inversores, nº 510 (5 de junio de 2012).

  • Huchas rotas: las peores inversiones. Artículo. DyD, nº 129 (Marzo-abril 2012).

  • Empeoran mis condiciones. Artículo. DyD, nº 128 (Enero-febrero 2012).

  • Muy flojita. Artículo. DyD, nº 128 (Enero-febrero 2012).

  • La hipoteca inversa no interesa. Artículo. OCU Fincas y Casas, nº 38 (Diciembre-enero 2012).

  • 22 cláusulas K.O. Artículo. DyD, nº 127 (Noviembre-diciembre 2011).

  • Ofertones bancarios. Artículos. DyD, nº 126 (Septiembre-octubre 2011).

  • La banca se va de rositas. DyD, nº 125 (Julio-agosto 2011).

  • ¿Cambiar de deudor? Si el banco acepta. Artículo. DyD, nº 123 (Marzo-abril 2011).

  • Cantos de sirena. Artículo. DyD, nº 123 (Marzo-abril 2011).

  • Ría el último. Breve. DyD, nº 123 (Marzo-abril 2011).

  • Compraventa a través de agencias. Artículo. OCU-Fincas y Casas, nº 33 (Febrero-marzo 2011).

  • Adiós a 7 cláusulas abusivas. Breve. DyD, nº 122 (Enero-febrero 2011).

  • Nos gusta la banca on-line. Artículo. DyD, nº 122 (Enero-febrero 2011).

  • Salve lo que pueda. Artículo. DyD, nº 120 (Septiembre-octubre 2010).

  • Ándese con ojo. Artículo. DyD, nº 112 (Mayo-junio 2009).

  • Fieles por pereza. Artículo. DyD, nº 115 (Noviembre-diciembre 2009).

  • Las entidades, malas consejeras. Artículo. DyD, nº 108 (Septiembre-octubre 2008).




  • Necesito un préstamo. Artículo. DyD, nº 131 (Julio-agosto 2012).

  • Mover su dinero sale rentable. Artículo. DyD, nº 130 (Mayo-junio 2012).

  • Y que no le cobren porque sí. DyD, nº 129 (Marzo-abril 2012).

  • Búsqueda con ventajas. Artículo. DyD, nº 129 (Marzo-abril 2012).

  • Cuentas bancarias huérfanas. Artículo. DyD, nº 129 (Marzo-abril 2012).

  • Castigue usted al banco. Editorial. DyD, nº 128 (Enero y febrero 2012).

  • Hasta que los bancos quieran. Artículo. OCU-Fincas y Casas, nº 32 (Diciembre-Enero 2012).

  • Afectan al pequeño cliente. Breve. DyD, nº 122 (Enero-febrero 2011).

  • Una cuenta sin cuento. Artículo. DyD, nº 119 (Julio-agosto 2010).

  • Pagar sin malgastar. Artículo. DyD, nº 118 (Mayo-junio 2010). Una cuenta sin cuento. Artículo. DyD, nº 119 (Julio-agosto 2010).

  • A salvo de los excesos del banco. Artículo. DyD, nº 118 (Mayo-junio 2010).

  • Nuevas reglas. Artículo. DyD, nº 116 (Febrero-marzo 2010).

  • Una cuenta corriente, pero no cualquiera. Artículo. DyD, nº 115 (Noviembre-diciembre 2009).

  • Cliente bancario, ¿es mejor hacerse el tonto?. Artículo. DyD, nº 108 (Septiembre-octubre 2008).




  • Hipoteca obliga. Artículo. DyD, nº 128 (Enero-febrero 2012).

  • Hipoteca inversa. Artículo. OCU-Fincas y Casa, nº 38 (Diciembre-enero 2012).

  • Un pellizco millonario. Artículo. DyD, nº 126 (Septiembre-octubre 2011).

  • Hipotecas para pisos de bancos. Artículo. OCU-Fincas y Casas, nº 36 (Agosto-septiembre 2011).

  • Hasta un 10% más. Artículo. DyD, nº 125 (Julio-agosto 2011).

  • Hipotecas con sorpresa. Artículo. DyD, nº 125 (Julio-agosto 2011).

  • Contra las hipotecas locas. Editorial. DyD, nº 123 (Marzo-abril 2011).

  • Las burbujas dan resaca. Artículo. DyD, nº 123 (Marzo-abril 2011).

  • Al fin mía… ¿no? Artículo. DyD, nº 121 (Noviembre-diciembre 2010).

  • Hipoteca, haga números. Artículo. DyD, nº 118 (Mayo-junio 2010).

  • ¿Invierto o amortizo? Artículo. DyD, nº 117 (Marzo-abril 2010).

  • Ni un euro de más. Artículo. DyD, nº 114 (Septiembre-octubre 2009).

  • La hipoteca inversa sigue sin interesar. Breve. DyD, nº 112 (Mayo-junio 2009).

  • Cuéntemelo todo. Artículo. DyD, nº 111 (Marzo-abril 2009)




  • ¿Le encaja la cobertura? Artículo. DyD, nº 129 (Marzo-abril 2012).

  • Seguros de vida. Artículo. DyD, nº 128 (Enero-febrero 2012).

  • Vale la pena. Artículo. DyD, nº 126 (Septiembre-octubre 2011).

  • Asesoran mal. Artículo. DyD, nº 125 (Julio-agosto 2011).

  • Mejor con fondos de inversión. Artículo. DyD, nº 115 (Noviembre-diciembre 2009).

  • Toda la verdad. Artículo. DyD, nº 115 (Noviembre-diciembre 2009).

  • Lo que hay que tener. Artículo. DyD, nº 114 (Septiembre-octubre 2009).

  • Ponga su hogar a cubierto. Artículo. DyD, nº 113 (Julio-agosto 2009).

  • Si no le llega, malo. Artículo. DyD, nº 112 (Mayo-junio 2009).




  • Las preferentes, esta vez se liquidan en el juzgado. Breve. OCU Inversores, nº 517 (24 de julio de 2012).

  • Preferentes, ¿hay salida? Editorial. OCU Inversores, nº 517 (24 de julio de 2012).

  • ¡Participaciones preferentes, no! Breve. DyD, nº 114 (Septiembre-octubre 2009).




1 Constitución Española, art- 51.1

2 Ver en RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

3Ver en Pagarés bancarios, ¡mucho ojo! Breve. OCU Inversores, nº 516 (17 de julio de 2012); en La hipoteca inversa no conviene. Artículo. OCU-Fincas y Casas, nº 38 (Diciembre-enero 2012) y en Participaciones preferentes, ¡no! Breve. DyD, nº 114 (Septiembre-octubre 2009).

4 Ver en Necesito un préstamo. Artículo. DyD, nº 131 (Julio-agosto 2012).

5 Ver en 22 cláusulas K.O. Artículo. DyD, nº 127 (Noviembre-diciembre 2011) y en Adiós a 7 cláusulas abusivas. Breve. DyD, nº 122 (Enero-febrero 2011)

6 Ver en Limpiemos el lodo de la banca. Editorial. DyD, nº 131 (Julio-agosto 2012) y en La banca se va de rositas. Editorial. DyD, nº 125 (Julio-agosto 2011).

7 Ver en Mover su dinero sale rentable. Artículo. DyD, nº 130 (Mayo-junio 2012) y en Castigue usted al banco. Editorial. DyD, nº 128 (Enero-febrero 2012).

8 Ver Transparencia + atención = Satisfacción. Artículo. DyD, nº 132 (Septiembre-octubre 2012), pág. 7.

9 Ver en Fieles por pereza. Artículo. DyD, nº 115 (Noviembre-diciembre 2009).

10 Ver en ¿Informarse sobre las comisiones bancarias máximas? Artículo. En OCU Inversores, nº 510 (22 de mayo de 2012).

11 Ver en Cliente bancario: ¿es mejor hacerse el tonto? Editorial. DyD, nº 108 (Septiembre-octubre 2008).

12 Ver en Las entidades, malas consejeras. Artículo. DyD nº 108 (Septiembre-octubre 2008)

13 Ver en Al fin mía… ¿no? Artículo. DyD, nº 121 (noviembre-diciembre 2010) y en Un pellizco millonario. Artículo. DyD, nº 126 (Septiembre-octubre 2011).

14 Ver en Hipotecas para pisos de bancos. Artículo. OCU-Fincas y Casas, nº 36 (Agosto-septiembre 2011).

15 Ver en Mejor con fondos de inversión. Artículo. DyD, nº 115 (Noviembre-diciembre 2009).

16 Ver en Las preferentes, esta vez se liquidan en el juzgado. Breve. OCU Inversores, nº 517 (24 de julio de 2012).


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