Control de constitucionalidad






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Sentencia C-128/02
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Alcance de la competencia para establecer sentido genuino de disposiciones legales/JUEZ CONSTITUCIONAL EN LA NORMA LEGAL-Alcance de la competencia para establecer sentido genuino de disposiciones legales/INTERPRETACION DE LA LEY-Debates
NORMA LEGAL-Competente para interpretarla/INTERPRETACION DE LA LEY EN CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Improcedencia general
Por regla general, no es labor de la Corte Constitucional determinar el sentido de las disposiciones legales, pues ello es propio de los jueces ordinarios. Por tanto, no es procedente el control constitucional, si la única pretensión es interpretar y determinar el alcance de una norma legal. Las interpretaciones de las disposiciones demandadas no pueden ser, en principio, objeto del control de constitucionalidad, pues éste es un juicio abstracto que confronta las normas con la Constitución para derivar de allí su conformidad o disconformidad.
INTERPRETACION DE LA LEY EN CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Procedencia
En ocasiones, a fin de procurar la guarda de la Constitución, la Corte debe intervenir en debates hermenéuticos sobre el alcance de las disposiciones sometidas a control. La razón es simple: el control de constitucionalidad es un juicio relacional de confrontación de las normas con la Constitución, lo cual hace inevitable que el juez constitucional deba comprender y analizar el contenido y alcance de las disposiciones legales bajo examen. En ese orden de ideas, el análisis requiere una debida interpretación tanto de la Constitución como de las normas que con ella se confrontan.
AUTONOMIA FUNCIONAL EN INTERPRETACION DE LA LEY Y CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Reglas para resolución de tensión/AUTONOMIA FUNCIONAL EN INTERPRETACION DE LA LEY-Límites/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Exclusión de interpretaciones legales irrazonables/NORMA LEGAL-Admisión de varias interpretaciones/SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA-Preservación de la Constitución y libertad de configuración del legislador/PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL DERECHO-Finalidad
La Corte ha formulado ciertas reglas para resolver la anterior tensión. En primer lugar, el respeto a la autonomía de las interpretaciones legales tiene como límite la razonabilidad de las mismas. Por tanto, el juez constitucional puede excluir las interpretaciones que sean manifiestamente irrazonables. En segundo término, si la norma admite varias interpretaciones y todas son constitucionales, la Corte no debe entrar a determinar con autoridad el sentido legal, pues esa labor corresponde a los jueces ordinarios. Si la situación es la contraria, esto es, que todas las interpretaciones posibles son inconstitucionales, la Corte debe retirar del ordenamiento el precepto acusado. En tercer lugar, si la norma admite varias interpretaciones, unas acordes con la Constitución y otras que no lo son, la Corte mantendrá la disposición en el ordenamiento pero excluirá del mismo, a través de una sentencia condicionada, los entendimientos de la misma que contraríen los principios y valores constitucionales. Sólo así, y en desarrollo del principio de conservación del derecho, puede la Corte preservar la integridad y supremacía de la Carta, sin desconocer la libertad de configuración del legislador.
NORMA LEGAL-Interpretaciones posibles
LEY DE LA POBLACION SORDA-Protección y ayuda
NORMA LEGAL-Entendimiento en formas distintas
POBLACION SORDA-Reconocimiento de lengua de señas sin exclusión de opción por oralidad
LIMITADOS AUDITIVOS-Alcance de la protección constitucional
DISCAPACITADO-Protección constitucional reforzada
DISCAPACIDAD-Cláusulas constitucionales y desarrollos internacionales
DISCAPACIDAD-Acceso a la información y comunicación
DISCAPACIDAD FISICA O MENTAL-Atención especial
LIMITACION AUDITIVA-Compromisos especiales del Estado
El Estado ha asumido compromisos especiales con las personas con limitaciones auditivas, pues no sólo debe evitar las eventuales discriminaciones contra esa población, sino que además debe desarrollar políticas específicas, en materia educativa y laboral, que permitan su rehabilitación e integración social, de tal manera que puedan disfrutar de la vida en sociedad, y en especial puedan gozar de todos los derechos constitucionales. Obviamente, la adopción de este tipo de medidas no puede desconocer otras causas de marginalidad que pueden acompañar una u otra limitación.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA ACUSADA-Finalidad perseguida y medios empleados
POBLACIÓN SORDA-Enseñanza de la lengua manual colombiana y formación de intérpretes
NORMA ACUSADA-Desarrollo de valores y principios constitucionales
POBLACION SORDA-Lenguaje de señas y oralidad
IGUALDAD Y PLURALISMO JURIDICO EN DISCAPACIDAD-Defensa y subvención preferente de estrategia pedagógica ante metodologías con éxitos similares
JUEZ Y FUNCIONARIOS DEL ESTADO-Respeto por la autonomía e independencia del debate científico/JUEZ Y FUNCIONARIOS DEL ESTADO-Discusiones científicas y en la evolución de la técnica
El respeto que no sólo los jueces sino todos los funcionarios estatales deben tener por la autonomía e independencia del debate científico no excluye que en determinadas ocasiones sea necesario, para resolver un caso, que el funcionario judicial analice el estado del arte sobre una determinada discusión técnica.
CORTE CONSTITUCIONAL-Evidencias aportadas por expertos
LIMITACION AUDITIVA-Inexistencia de consenso que privilegie la oralidad o lenguaje manual en rehabilitación y educación
POBLACION SORDA-Argumentos a favor de la oralidad
POBLACION SORDA-Argumentos a favor de la lengua manual
POBLACION SORDA-Posición intermedia en argumentos a favor de la oralidad o lengua manual
CORTE CONSTITUCIONAL-No define superioridad técnica de método en controversia científica
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Privilegio de método ante debate científico
TEST DE IGUALDAD-Privilegio de método ante debate científico
DERECHO A LA IGUALDAD-Alcance frente a personas y grupos desaventajados
La Corte ha establecido que el derecho a la igualdad fija límites y horizontes para la actuación de los poderes públicos y además es un derecho subjetivo de orden relacional y genérico que se traduce en el otorgamiento de un trato igual compatible con las diversas condiciones del sujeto. La igualdad sustancial tiene entonces un carácter remedial, compensador, emancipador, corrector y defensivo de personas y grupos desaventajados al interior de la sociedad.
NORMA LEGAL-Privilegio de método ante debate científico resulta cuestionable
DERECHOS DE LOS PADRES A ESCOGER LA EDUCACION DE HIJO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA-Afectación por preferencia del idioma de señas
DERECHO A LA IGUALDAD-Lengua no puede ser factor para restricción o limitación o establecer tratos distintos
DERECHO A LA IGUALDAD-Regulación que diferencie a las personas por la lengua
POBLACION SORDA-Interpretación de apoyo privilegiado al idioma de señas es inconstitucional
IDIOMAS OFICIALES-Importancia del reconocimiento de una lengua
IDIOMAS OFICIALES-No lo constituye la lengua de señas
El apoyo a la población sorda que se expresa en lenguaje manual no puede vulnerar la regulación constitucional de los idiomas oficiales en Colombia, ni traducirse en una discriminación contra aquellos limitados auditivos que hayan optado por la oralidad.
SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA
UNIDAD NORMATIVA-Otros artículos que reproducen contenido normativo retirado del ordenamiento
UNIDAD NORMATIVA-Causales de procedencia
Conforme a reiterada jurisprudencia, la unidad normativa es de carácter excepcional y procede para (i) para evitar que el fallo sea inocuo; (ii) o cuando es necesaria para completar la proposición jurídica demandada; (iii) o cuando la disposición no acusada se encuentra estrechamente vinculada a la norma demandada y es constitucionalmente sospechosa.


Referencia: expediente D-3662
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 7 de la Ley 324 de 1996, “por la cual se crean algunas normas a favor de la Población Sorda”.
Demandante: María Soledad Castrillón Amaya
Magistrado Ponente:

Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil dos (2002).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana María Soledad Castrillón Amaya presentó demanda contra los artículos 2 y 7 de la Ley 324 de 1996, “por la cual se crean algunas normas a favor de la Población Sorda".
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de procesos, entra la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.

II. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto de la norma acusada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 42.899 del 16 de octubre de 1996.
"LEY 324 DE 1996

(octubre 11)

por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda.
Artículo 2°. El estado colombiano reconoce la Lengua Manual Colombiana, como idioma propio de la Comunidad Sorda del País.
Artículo 7°. El Estado garantizará y proveerá la ayuda de intérpretes idóneos para que sea éste un medio a través del cual las personas sordas puedan acceder a todos los servicios que como ciudadanos colombianos les confiere la Constitución. Para ello el Estado organizará a través de Entes Oficiales o por Convenios con Asociaciones de Sordos, la presencia de intérpretes para el acceso a los servicios mencionados.

El Estado igualmente promoverá la creación de escuelas de formación de intérpretes para sordos."

III. LA DEMANDA
En criterio de la demandante, la disposición acusada viola los artículos 2, 5, 10, 13, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 54, 67, 68, y 93 de la Carta Política.
Explica la actora, en primer lugar, que el lenguaje de señas no es el propio de los sordos, sino de quienes no pueden acceder al lenguaje oral por diferentes factores, es decir, mudos. Siendo así, los sordos tienen derecho a hablar y entender el lenguaje de sus padres y familia cercana a través de la oralidad. De otro lado, la lengua Manual Colombiana no puede ser reconocida por el Estado como idioma oficial propio de la comunidad sorda de Colombia, porque esta comunidad no está determinada como grupo étnico con territorio propio, la lengua oficial propia de los sordos es el castellano. Para sustentar tal afirmación la demandante hace un estudio sobre lo que significa étnico, para concluir que los sordos no reúnen esas características y por tanto no puede decirse que la lengua Manual Colombiana sea oficial o propia.
Continua su argumentación afirmando que las normas acusadas violan el artículo 2 de la Constitución que consagra como fines del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar los derechos constitucionales y facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. Indica que durante el trámite de la ley sólo hubo consultas con los interesados en que la misma culminara su trámite, no se consultó a personas y entidades especializadas en la rehabilitación de sordos.
Posteriormente la demandante alega que los artículos acusados violan también el artículo 13 de la Constitución, ya que estas normas han restringido la posibilidad de adquirir el lenguaje oral para los sordos, lo cual fomenta su aislamiento y marginamiento de la sociedad y de su propia familia, pues la ley en estudio anula la opción oral, haciendo obligatorio el aprendizaje de señas. Además porque no todas las personas tienen la capacidad económica para pagar la rehabilitación en un centro privado, pues “como consecuencia de una aplicación sesgada de la ley, las entidades públicas están dejando de lado a las entidades educativas que propenden la enseñanza dentro del oralismo (...) porque es obligatorio darle prioridad al lenguaje de señas”. Así, las disposiciones violan también el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos sordos, pues eliminan la opción de acudir a una rehabilitación oral dejando en pie sólo la posibilidad del lenguaje de señas.
Respecto al artículo 15, referente al derecho a la intimidad personal, la actora considera que la imposición de un intérprete para las personas sordas es una violación de este derecho, pues además de aislar e impedir la comunicación directa del individuo sordo con sus congéneres, genera la dependencia del sordo, lo que limita su libre desarrollo y lo inhibe en la cotidianidad. Para la demandante es más viable que el interlocutor de turno vocalice y hable pausadamente para facilitar la lectura de los labios durante una conversación directa con el individuo sordo, que imponer la lengua de señas.
Considera la actora que las normas acusadas violan el derecho libre al desarrollo de la personalidad, pues con éstas los sordos no pueden optar entre el lenguaje de señas y la posibilidad de una rehabilitación oral. De esta manera, restringen también el derecho a la educación mínima pues, para la demandante, el sistema de señas no permite que los sordos interactuen con los miembros de su ambiente familiar, escolar y social.
La actora además critica el lenguaje de señas, por considerarlo pobre y limitador del conocimiento y arguye que los sordos que se educan dentro del oralismo, pueden llegar a niveles superiores de educación, en contraste con las personas sordas que sólo reciben instrucción en el lenguaje de señas.
En cuanto al supuesto cargo por violación del artículo 25, considera la actora que los artículos demandados llevan a que se reduzca notablemente la posibilidad de conseguir empleo para una persona sorda que sólo sepa el lenguaje de señas, pues es evidente que los empleadores preferirían a una persona que se comunique a través de la oralidad. En ese sentido debe existir la opción, pues de lo contrario las personas sordas que sólo manejan el lenguaje señas, aunque estén bien preparadas, sólo conseguirán trabajos inferiores a sus talentos y con ello se viola su dignidad. De otro lado, considera que con estas normas, disciplinas como la fonoaudiología y la terapia del lenguaje pierden terreno, pues ellas se ocupan de rehabilitar oralmente a personas sordas. Agrega también que existe violación del derecho a la libre asociación, ya que las normas acusadas obligan a estos profesionales a asociarse al grupo de quienes se comuniquen a través del lenguaje de señas, que son los que necesitan intérpretes. Reitera además la violación al derecho de los sordos a escoger libremente su profesión u oficio, por las razones ya explicadas.
Respecto al artículo 27, el Estado garantiza la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y en el artículo 67 garantiza el derecho a la educación, y por tanto, considera la actora que al contener ésta una gran componente lingüístico debe darse oportunidad de impartir una rehabilitación oral para los sordos, pues con la imposición del lenguaje de señas se vulnera la libertad de aprendizaje y enseñanza. Enfatiza que con los avances tecnológicos actuales para mejorar la audición y las pedagogías para sordos, es irracional que a través de la ley 324 éstas sean limitadas por la carencia de recursos económicos.
De otro lado, los artículos demandados violan el artículo 67 de la Constitución ya que no se presenta una educación integral, pues está demostrado que las personas sordas que sólo aprenden el lenguaje de señas tienen problemas de lectura y escritura. La lengua manual impide el progreso intelectual limitando a los sordos y disminuyendo la calidad de su educación y la oportunidad de alcanzar un nivel elevado, ya que “no hay modo de tener intérprete para cada sordo todo el tiempo”.
También considera la actora que los artículos demandados son contrarios al artículo 44 de la Constitución pues no puede existir derecho a la familia si se impide a los sordos la posibilidad de comunicarse con ella a través de su lenguaje natural, generando su aislamiento e impidiendo su desarrollo armónico e integral, ya sea como infantes o adolescentes.

Para la demandante, el artículo 47 de nuestra Constitución Política establece la posibilidad de que los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos reciban atención especializada y las normas demandadas niegan la posibilidad de una rehabilitación oral ignorando las tecnologías de ayudas auditivas, amplificadores e implantes, que son desplazados por el lenguaje de señas. La actora encuentra además que estas normas violan el artículo 54 de la Constitución ya que a través de la lengua Manual no se brinda real capacitación laboral para los sordos.
La señora Castrillón ataca a la Federación Nacional de Sordos de Colombia (FENASCOL), al Instituto Nacional para Sordos (INSOR) y otras organizaciones de sordos a quienes considera las únicas beneficiarias de esta ley, pues le dan privilegio al lenguaje de señas sobre la rehabilitación oral y por tanto reciben los recursos que ya no son otorgados a las entidades que se encargaban de enseñar a los sordos a hablar, y argumenta que tienen poca seriedad académica y que por tanto no son una ayuda para las personas sordas. En ese sentido encuentra que existe una violación al artículo 68 de la Constitución porque las normas demandadas desplazan a las instituciones educativas que tienen el sistema del oralismo como método pedagógico, a través de una malintencionada interpretación de la ley, para darle prevalencia a una asociación sobre entidades educativas de comprobada eficiencia, con lo cual aumenta el analfabetismo en las personas sordas, o por lo menos su bajo nivel educativo.
Finaliza la actora con su defensa de las metodologias del lenguaje oralista para sordos, por considerar que éstas abren espacios nuevos para el desarrollo de estas personas, lo que no ocurre con el lenguaje de señas que a través de estas normas se está imponiendo. Así, considera que los padres tienen derecho a escoger la educación que darán a sus hijos sordos: el lenguaje de señas, o la oralidad, y reitera que con esta demanda no pretende que se elimine el lenguaje de señas, sólo que se deje abierta la posibilidad que tienen los sordos para aprender a hablar y entender el lenguaje de las personas que los rodean.
Por lo anteriormente expuesto, la ciudadana solicita que se declare la inconstitucionalidad de las normas acusadas o, si ello no ocurre, se declare la constitucionalidad condicionada porque en la práctica las normas lesionan gravemente los postulados constitucionales que se analizaron. Además solicita la práctica de pruebas con los profesionales que se dedican a la rehabilitación de los sordos, instituciones educativas, sordos rehabilitados en ambas corrientes, padres de familia con hijos sordos y colegios regulares que hayan integrado alumnos sordos.
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