República de Colombia Corte Suprema de Justicia corte suprema de justicia sala de casación laboral






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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL


JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

Magistrado Ponente


SL3594-2014

Radicación No. 45312

Acta N° 09

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil catorce (2014).

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado judicial de NORBERTO ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ contra la sentencia de 23 de noviembre de 2009, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el recurrente contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Acéptese como sustituta procesal del Instituto de Seguros Sociales a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, según la petición que obra a folios 44 y 45 del cuaderno de la Corte, en los términos del artículo 60 del C. de P. C., aplicable a los procesos laborales y de la seguridad social por expresa remisión del artículo 145 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social.

I.- ANTECEDENTES.-
1.- NORBERTO ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ demandó a la citada entidad de seguridad social, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez de origen común, a partir del 11 de septiembre de 2006, fecha de estructuración de ese estado. Pidió además, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Como apoyo de su pedimento indicó el demandante que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, dictaminó que tenía una pérdida de capacidad laboral de 52,60%, de origen común, estructurada el 11 de septiembre de 2006. El Instituto demandado mediante Resolución N° 008028 de 19 de abril de 2007, le negó la prestación con el argumento de no haber cotizado el número mínimo de semanas en los tres años anteriores a la estructuración del estado de invalidez y no contar con el porcentaje de fidelidad exigido por la normatividad vigente. Agotó la vía gubernativa, y en Resolución 002606 de 31 de enero de 2008, la entidad persistió en su negativa por no acreditar el porcentaje de fidelidad de cotizaciones al sistema, aunque reconoció que había sufragado 140 semanas de aportes en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez y 389 en toda la vida laboral. Estima que debe acceder al derecho pretendido con fundamento en el principio de condición más beneficiosa, que permite la aplicación del artículo 6° del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 0758 del mismo año. Nació el 16 de marzo de 1945.

2.- En la contestación de la demanda la entidad convocada a proceso, frente a los hechos dijo no constarle su existencia y la necesidad de ser probados. Se opuso a las pretensiones y adujo en su defensa que el demandante no cumplía los requisitos previstos en los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, en la modificación introducida por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, para acceder al derecho deprecado. Propuso las excepciones de falta de causa para pedir, inexistencia de la obligación, prescripción, compensación, buena fe, improcedencia de la indexación de las condenas, imposibilidad de condena en costas y la genérica.

3.- Mediante fallo de 2 de febrero de 2009, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, absolvió al Instituto demandado de todos los cargos.

II.- SENTENCIA DEL TRIBUNAL.-

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, quien conoció en virtud de la apelación de la parte actora, confirmó el fallo del Juzgado en su integridad.
En lo que interesa al recurso extraordinario, estimó el Sentenciador de segundo grado que la normatividad que regía esta controversia era el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, la cual debía aplicarse íntegramente hasta la ejecutoria de la sentencia que la declaró parcialmente inexequible, en lo relativo al porcentaje de fidelidad de cotizaciones al sistema, esto es, 1° de julio de 2009.
Luego agregó lo siguiente:
Así pues, de acuerdo con lo establecido en el artículo 177 del Código de procedimiento Civil, aplicable por analogía al procedimiento laboral, el señor Norberto Sánchez Sánchez debió probar el supuesto de hecho que consagra la norma cuyo derecho reclama, es decir, debió probar que está afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, que ostenta la condición de inválido, que durante el período transcurrido entre septiembre 12 de 2003 y septiembre 11 de 2006, fecha en que se le estructuró la invalidez, cotizó por lo menos 50 semanas; y que durante el comprendido entre marzo 17 de 1965 y diciembre 15 de 2006, fecha en la cual le fue calificada la pérdida de capacidad laboral, cotizó por lo menos 423.5999 semanas al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.

No se discute ni la afiliación al Sistema, ni la condición de invalidez, es más, no se discute la fecha de estructuración de invalidez, ni su origen.

A fls.13 y 72-73 se encuentra copia de la historia laboral del señor Sánchez Sánchez, la cual da cuenta de que durante toda su vida laboral anterior a diciembre 15 de 2006, la cual comenzó en el año 1977 cotizó un total de 409.7071 semanas, 156 de las cuales fueron cotizadas durante los tres años inmediatamente anteriores a la estructuración de la invalidez.

Por último, frente a la aplicación del principio de condición más beneficiosa, sostuvo:

Sin adentrarnos en el análisis de si es posible o no dar aplicación al principio de condición mas beneficiosa, en los casos en que la estructuración de la invalidez se da en vigencia de ley 860 de 2003, lo cierto es que en el caso concreto, se tiene que antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, la cual implicó la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, el señor Norberto Sánchez Sánchez había cotizado un total de 37.57 semanas, lo que significa que de todas formas, tampoco reúne el actor los requisitos del principio de condición más beneficiosa, para conceder la pensión reclamada.

III.- RECURSO DE CASACIÓN.-
Inconforme con el fallo anterior, la parte demandante interpuso recurso extraordinario, el cual concedido por el Tribunal y admitido por esta Sala, se procede a resolver previo estudio de la demanda de casación y su réplica.
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia acusada y en sede de instancia, condene al Instituto a reconocer y pagar la pensión solicitada.

Con tal fin propuso un único cargo, así:

CARGO ÚNICO.- Acusa la sentencia por la vía directa, por:
aplicación indebida del Artículo 1 sobre la fidelidad de la Ley 860 de 2003, el cual modificó el Artículo 39 de la Ley 100 de 1993, siendo inconstitucional y en contravía de los Artículos 4 (Norma de normas), 13, 48 y 53 de la Constitución Política Colombiana, bajo los principios de Igualdad, Seguridad Social y Favorabilidad, como condición más beneficiosa, concordados con la Sentencia C-428 del 1 de julio de 2008, emanada de la Corte Constitucional, con la cual hace tránsito a cosa juzgada constitucional como lo señala el artículo 243 de la Carta Magna y como lo ratifica la misma Corporación en Sentencia de Tutela T-609 del 2 de septiembre de 2009.


En la demostración esgrime el impugnante que el requisito de fidelidad de cotizaciones al sistema fue encontrado por la Corte Constitucional, regresivo y por ende, contrario al orden superior. Añade que:
La medida creaba una exigencia que no resultaba legítima desde el punto de vista constitucional, ya que no existía antes de la promulgación de la ley 860 y, por tanto, hacía más gravoso el cumplimiento de los requisitos por parte de los afiliados disminuyendo la amplitud de la protección prevista. Por esta razón la Corte no encontró que, desde el punto de vista constitucional, esta disposición tuviera una finalidad legítima y plausible que justificara la nueva exigencia para acceder a la pensión de invalidez, esto es, el haber cotizado el 20% del tiempo transcurrido entre la fecha en que arribó a la edad de 20 años y el momento de la primera calificación de invalidez....
Podría objetarse que la estructuración de la invalidez fue anterior a la declaratoria de inexequibilidad de la disposición, la que se encontraba vigente al momento de presentar los elementos tácticos que sustentan la petición de la garantía.

Esta posición resulta fácilmente refutable, en el entendido que la sentencia de constitucionalidad lo único que hizo fue corregir una situación que desde siempre fue contraria al derecho fundamental a la seguridad social en pensiones y que, por consiguiente, se limitó a reafirmar el carácter irregular de una disposición que desde antes estaba en contra de la Constitución, tanto así que la misma había sido, en no pocas ocasiones, inaplicada por contravenir en casos concretos la norma fundamental, POR CONSIGUIENTE EL PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE TENDRÍA UN CARÁCTER DECLARATIVO Y NO CONSTITUTIVO.

El replicante expone que el alcance de la impugnación es defectuoso porque no indica lo que la Corte debe hacer en instancia. En cuanto al fondo, afirma que el actuar del Tribunal estuvo en consonancia con la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, por cuanto el actor no reúne los requisitos de la normatividad vigente al momento de estructurarse la invalidez, que son los contemplados en el artículo 1° de la Ley 860 de 2003.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA CORTE.-



No existe discusión en el sub lite dada la orientación jurídica del cargo, respecto de los siguientes hechos que dio por establecidos el Tribunal: que el actor presenta una pérdida de capacidad laboral de 52,60%, causada por enfermedad de origen común; que el estado de invalidez se estructuró el 11 de septiembre de 2006; que cotizó para pensiones en el Instituto dentro de los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, 156 semanas; la fidelidad de aportes al sistema entre la fecha en que cumplió 20 años de edad y la de la primera calificación del estado de invalidez, no superó el 20%, pues en ese lapso sufragó 409,7071 semanas cuando debió haber aportado 423,5999 semanas.

1.- Es cierto que en casos similares al presente, la Corporación en el pasado, exigió en relación con la pensión de invalidez, el cumplimento del porcentaje de fidelidad de cotizaciones al sistema durante el lapso en que tuvo vigor ese requisito, esto es entre la entrada en vigencia del artículo 1° de la Ley 860 de 2003 que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, y la sentencia que lo declaró parcialmente inexequible, la C-428 de 2009, con apoyo en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 o Estatutaria de la Administración de Justicia, en cuanto el juez constitucional en la parte resolutiva no previó que esa decisión tuviese efectos retroactivos. Al no haber modulado la Corte Constitucional los efectos del fallo al realizar el control abstracto, se entendió que durante el periodo en que tuvo vigor la exigencia de fidelidad de cotizaciones al sistema, estuvo amparada por la presunción de constitucionalidad y su aplicación en ese interregno resultaba obligatoria.



No obstante lo anterior, la nueva composición de la Sala, por mayoría de sus miembros, en sentencia de 20 de junio de 2012 rad. N° 42540, frente a una prestación de sobrevivientes pero cuyos argumentos resultan aquí plenamente aplicables, varió su criterio en lo referente a los efectos que debe surtir la declaratoria de inexequibilidad de una determinada disposición en materia de seguridad social, que haya impuesto un requisito que el juez de la Carta encuentra contrario a preceptos superiores por ser abiertamente regresivo.
En esos eventos y ante la existencia de una previsión legal que desconoce el principio de progresividad el cual irradia las prestaciones de la seguridad social, el juzgador para lograr la efectividad de los postulados que rigen la materia y valores caros a un estado social de derecho consagrados en nuestra Constitución Política, especialmente en los artículos 48 y 53, y que encuentran sustento también en la regulación internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los tratados sobre el tema ratificados por el Estado Colombiano los cuales prevalecen sobre el orden interno, debe abstenerse de aplicar la disposición regresiva aún frente a situaciones consolidadas antes de la declaratoria de inexequibilidad, en las hipótesis en que ella se constituya en un obstáculo para la realización de la garantía pensional máxime en casos como la pensión de invalidez, en que se trata de proteger a una población en circunstancias de vulnerabilidad y que amerita especial protección. Lo anterior significa que no se está disponiendo su inaplicabilidad general, pues frente a quienes la norma no resulte regresiva y consoliden el derecho durante el tiempo que tuvo vigor debe surtir plenos efectos.

Esto es, no se trata de darle efectos retroactivos a la decisión de inexequibilidad mencionada, sino de inaplicar el requisito de fidelidad por su evidente contradicción con el principio constitucional de progresividad que rige en materia de seguridad social.
Este cambio de postura va en armonía con lo dispuesto en la sentencia de 8 de mayo de 2012, Rad. N° 35319, en que esta Sala asentó que en aquellos casos en que el afiliado ya había cumplido los requisitos previstos en una disposición para que se le cubriera una de las contingencias a cargo de la seguridad social, la ley nueva no puede hacer más gravosa su situación en el sentido de exigirle unas condiciones superiores a las ya satisfechas, para acceder a la prestación correspondiente.
Consideró la Corporación que cuando,
el esfuerzo económico de un afiliado ha alcanzado el mínimo de contribuciones que la ley vigente señala como necesarios para que se le reconozca una determinada pensión, un cambio legislativo no puede aniquilar la eficacia de tales cotizaciones so pretexto de que falta por cumplirse la condición señalada en la ley para hacerlo exigible.
Más adelante precisó:
Los aludidos preceptos deontológicos surgen de las disposiciones del orden jurídico vigente, tanto de rango legal como supralegal, en la específica materia de la seguridad social. En efecto, la Constitución consagra el derecho fundamental de la seguridad social en su artículo 48; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 establece en su artículo 22 que toda ‘persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social’.
De esta garantía de orden prestacional y, por lo mismo, sujeta a las condiciones económicas y legales de cada Nación, fluyen derechos que, una vez consolidados, no pueden ser desconocidos ni aún en estados de excepción (artículo 93 C.P.), al igual que las reglas y principios contenidos en los tratados que sobre la materia ratifique el Estado Colombiano, las cuales prevalecen en el orden interno y sirven de pauta interpretativa de la normatividad nacional. En este sentido, cabe citar la decisión de la Sala, del 8 de julio de 2008 (Rad. 30581) en la que se sostuvo:

Es más, remitiéndose esta Corporación a las fuentes y acuerdos vinculantes de índole internacional del derecho al trabajo, incorporados a nuestro ordenamiento interno como Estado miembro a través de la ratificación de los respectivos convenios o tratados internacionales en los términos de los artículos 53, 93 y 94 de la Carta Política, y que pasan a integrar el bloque de constitucionalidad, es dable destacar que los mandatos de la Organización Internacional del Trabajo OIT no se oponen a la aplicación de la condición más beneficiosa y por el contrario son compatibles con la orientación que a esta precisa temática le viene dando la Sala, al señalar en el artículo 19-8 de la Constitución de la OIT que (resalta y subraya la Sala)’.
Como se ve, la Constitución de la OIT plantea el tema en el plano de la sustitución de normas, y no necesariamente alude a derechos consolidados, sino también a garantías o condiciones establecidas en la ley modificada.
Incluso debe indicarse que el Pacto de San José que contempla el compromiso de los Estados de lograr progresivamente la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, impone una estructura programática en torno al citado derecho, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su artículo 26 contempla el compromiso ‘para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales’.
De otro lado, el artículo 272 de la Ley 100 de 1993 estableció que los principios mínimos señalados en el 53 de la Constitución tienen ‘plena validez y eficacia’ en materia de seguridad social. Esa alusión expresa de los principios constitucionales allí señalados, es la fuente donde se sustenta los principios laborales, y así no puede estimarse que sea un postulado exclusivo del ‘derecho del trabajo’, sino lógicamente aplicable a la seguridad social.
El reconocimiento de aquellos no se opone al mandato constitucional del imperio de la ley, entendida ésta lato sensu. Del mismo modo, corresponde reconocer que no pueden erigirse en una regla absoluta, porque en un Estado Constitucional no hay lugar a mandatos de ese género, máxime cuando su desarrollo no se opone a la posibilidad de que una situación social sobreviniente conlleve, para conservar una prestación en términos reales, es decir efectivamente adjudicable, que se modifiquen los requisitos para su reconocimiento, haciéndolos más rigurosos. Pero la situación de quien ya cumplió la prestación económica, derivada del ‘contrato intergeneracional’, o de ‘ayuda mutua’ amerita un reconocimiento por haber hecho el esfuerzo que en su momento se le exigió, todo al aplicar la función interpretativa e integradora de los principios.
Esas, entre otras razones, obligan a que el juzgador asuma un visión amplia, en la que la aplicación mecánica de la norma dé paso a la realización de los principios mínimos fundamentales, que se encuentran plasmados en la Constitución Política, que garantizan la seguridad social y la imposibilidad de su menoscabo, lo que respalda la Ley 100 de 1993, que en su artículo 3º, no sólo dispone su ampliación, sino su progresividad, de modo que esas preceptivas deben irradiar, a no dudarlo, una prestación como la de la invalidez.


2.- Es con fundamento en los criterios precedentes, que en el sub lite, no puede exigirse al demandante para efectos de la pensión de invalidez, el cumplimiento del requisito de fidelidad de cotizaciones al sistema del 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez, no obstante que la pérdida de capacidad laboral se estructuró estando en vigor tal exigencia, por cuanto dicha previsión fue a todas luces regresiva como lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia C-428 de 2009.
Asentó la Alta Corporación:
puede decirse que el costo social que apareja la modificación introducida por el requisito de fidelidad incluido en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003 es mayor que beneficio que reportaría para la colectividad. En efecto, como se expuso anteriormente, implica la exclusión de determinadas situaciones previamente protegidas, a través de un requisito que no conduce realmente a la realización de los propósitos perseguidos por la norma.
Las anteriores consideraciones llevan a concluir que el requisito de fidelidad contemplado en la norma analizada, tanto en su numeral 1° como en el 2°, deben ser declarados inexequibles puesto que no se logró desvirtuar la presunción de regresividad y justificar la necesidad de la medida de acuerdo con los fines perseguidos por la misma.
Por las razones anteriores, prospera el cargo, y el fallo del Tribunal será casado en su integridad.

3.- En sede de instancia, y acorde con lo expuesto con ocasión del recurso extraordinario, se tiene que al demandante sólo se le reclama en cuanto a densidad mínima de cotizaciones sufragadas, la prevista en el numeral 1° del artículo 1° de la Ley 860 de 2003 que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, y que fue declarada exequible en la sentencia C-428 ya comentada, esto es, para invalidez causada por enfermedad: “Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración”, las cuales cumple a cabalidad pues en ese lapso aportó más de 150 semanas, por lo que puede acceder al derecho deprecado a partir del 11 de septiembre de 2006, en cuantía equivalente al salario mínimo legal.

El cálculo se efectuó sobre un ingreso base de liquidación de $383.507,49, al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 45% como lo dispone el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, lo que arrojó el valor de $172.578,37; pero como de acuerdo con ese mismo precepto y el artículo 35 ibídem, el monto pensional no puede ser inferior al salario mínimo legal, se fija el valor inicial en $408.000,oo que era el S.M.L.V. para el año 2006. Por concepto de retroactivo pensional entre el 11 de septiembre de 2006 y el 28 de febrero de 2014, se impondrá la suma de $53’520.600,oo, todo de conformidad con el siguiente cuadro:




En cuanto a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, cabe invocar el criterio sostenido por la Sala en la sentencia CSJ SL, 6 nov. 2013, rad. 43602, donde dijo textualmente:

En relación con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la doctrina tradicional de la Corte desde la sentencia de 23 de septiembre de 2002, rad. N° 18512, ha sido que deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de mesadas pensionales independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional en las instancias administrativas, en cuanto se trataba simplemente del resarcimiento económico encaminado a aminorar los efectos adversos que producía al acreedor la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, tenían carácter resarcitorio y no sancionatorio.
En sentencia de 13 de junio de 2012, rad. N° 42783, la Corte trajo a colación la de 29 de mayo de 2003, rad. N° 18789, donde se asentó esa postura en los siguientes términos:
Cierto es que el concepto de buena o mala fe o las circunstancias particulares que hayan conducido a la discusión del derecho pensional no pueden ser considerados para establecer la procedencia de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tal y como reiteradamente lo ha expuesto la jurisprudencia de esta Sala. En efecto, así dijo la Corte en sentencia de 23 de septiembre de 2002 (Radicación 18512)’.


La Sala como consecuencia de su nueva integración ha considerado pertinente moderar esta posición jurisprudencial, para aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a las entidades que la gestionan no les compete y les es imposible predecir.
Entiende la Corte que la jurisprudencia en materia de definición de derechos pensionales ha cumplido una función trascendental al interpretar la normativa a la luz de los principios y objetivos que informan la seguridad social, y que en muchos casos no corresponde con el texto literal del precepto que las administradoras en su momento, al definir las prestaciones reclamadas, debieron aplicar por ser las que en principio regulaban la controversia; en esas condiciones, no resulta razonable imponer el pago de intereses moratorios porque su conducta no estuvo guiada por el capricho o la arbitrariedad, sino por el respeto de una normativa que de manera plausible estimaban regía el derecho en controversia.

En el sub lite procede entonces la exoneración de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues como se dejó suficientemente explicado con ocasión del recurso extraordinario, la concesión de la pensión de invalidez obedeció a la inaplicación del requisito de fidelidad por su evidente contradicción con el principio constitucional de progresividad que rige en materia de seguridad social, aún antes de la declaratoria de inexequibilidad operada en sentencia CC C-428/09, lo que implicó un cambio de jurisprudencia que no podía prever la administradora demandada.
Por lo tanto, se revocará la sentencia del Juzgado en cuanto absolvió de la pensión deprecada, y en su lugar se impondrá condena en los términos expresados. Se confirmará la absolución por concepto de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Sin costas en casación dada la prosperidad del cargo.
Las de las instancias a cargo de la parte demandada vencida, en un 80%.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de veintitrés (23) de noviembre de dos mil nueve (2009), proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso promovido por NORBERTO ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en liquidación, hoy sustituido procesalmente por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. En sede de instancia, revoca parcialmente la sentencia de 2 de febrero de 2009, del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, en cuanto absolvió de la prestación deprecada, y en su lugar, condena a la entidad demandada al pago en favor del actor de la pensión de invalidez, a partir del 11 de septiembre de 2006, en cuantía inicial de $408.000,oo más los incrementos legales y mesadas adicionales de junio y diciembre. El valor de la mesada para el año 2014, se fija en $616.000,oo. Por concepto de retroactivo pensional entre el 11 de septiembre de 2006 y el 28 de febrero de 2014, se impone la suma de $53’520.600,oo. Se confirma la absolución dispuesta por concepto de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.


Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal.


RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO


JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ


ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN


CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO


GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA


LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS


CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE


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