Consultor a cargo: William A. Chinchilla S. 5 de mayo del 2003 introduccióN






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LA REGULACIÓN VIGENTE SOBRE LA OFERTA PÚBLICA DE VALORES EN COSTA RICA.

EL CASO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VIÁTICOS TERMINALES

Un estudio realizado a solicitud de INGENIERÍA DE CAPITALES, S. A.

Consultor a cargo: William A. Chinchilla S.




5 de mayo del 2003

INTRODUCCIÓN


Hemos sido contratados por Ingeniería de Capitales, S. A. (en adelante INDECAP), con la finalidad de emitir un criterio técnico por medio del cual aclaremos si el instrumento conocido como “Contrato Internacional de Compraventa de Viáticos Terminales” podría ser considerado como “valor”, según la connotación actual en el ordenamiento jurídico del mercado de valores costarricense. Para el alcance del objetivo formulado, se ha procedido a analizar la Ley Reguladora del Mercado de Valores en lo que respecta a la oferta pública de valores y servicios de intermediación, así como la reciente reglamentación sobre la oferta pública de valores, un documento técnico elaborado por la Dirección Jurídica de la Sugeval para discutir el tema y lo que nuestro experiencia en el mercado nos ha podido dejar de enseñanza.

Es importante advertir que la reciente reforma a la regulación sobre oferta pública nos enfrenta a escenarios de hecho y jurídicos respecto de los cuales no existen precedentes claros que aseguren una línea de pensamiento de parte del Regulador, sin embargo, cuando “leemos entre líneas” podemos adivinar o especular sobre lo que le ha motivado a la proyección de la nueva regulación, admitiendo que quizás en algunas situaciones la regulación podría terminar siendo excesiva y, porque no, violatoria de algunos principios constitucionales.


  1. Valores y oferta pública” elementos que van de la mano para efectos de la regulación vigente.


Antes de entrar a expresar lo que la nueva regulación establece como “valor” y por ser conceptos que van condenados uno al otro, hemos considerado oportuno dar algunos lineamientos generales sobre lo que es la “oferta pública de valores en Costa Rica”.
1. A) ¿Qué es la oferta pública de valores en Costa Rica?

De acuerdo al ordenamiento jurídico costarricense, la oferta pública de valores se define como “todo ofrecimiento, expreso o implícito, que se proponga emitir, colocar, negociar o comerciar valores entre el público inversionista.” Asimismo, se entiende por valores los títulos valores así como cualquier otro derecho económico o patrimonial, incorporado o no en un documento que, por su configuración jurídica y régimen de transmisión, sea susceptible de negociación en un mercado de valores. En tal sentido, el artículo 2 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores establece:
Artículo 2. Oferta pública de valores y de servicios de intermediación
(Artículo modificado mediante Ley No. 8343 Ley de Contingencia Fiscal del 18 de diciembre del 2002 y publicada en La Gaceta No. 250 de 27 de diciembre del 2002.)

Para efectos de esta Ley, se entenderá por oferta pública de valores todo ofrecimiento, expreso o implícito, que se proponga emitir, colocar, negociar o comerciar valores entre el público inversionista. Asimismo, se entenderá por valores los títulos valores así como cualquier otro derecho económico o patrimonial, incorporado o no en un documento que, por su configuración jurídica y régimen de transmisión, sea susceptible de negociación en un mercado de valores.

La Superintendencia establecerá, en forma reglamentaria, criterios de alcance general conforme a los cuales se precise si una oferta es pública o privada. Para ello, tomará en cuenta los elementos cualitativos de la oferta, como la naturaleza de los inversionistas y la finalidad inversa de sus destinatarios, los elementos cuantitativos, como el volumen de la colocación, el número de destinatarios, el monto de cada valor emitido u ofrecido y el medio o procedimiento utilizado para el ofrecimiento. Igualmente establecerá los criterios para determinar si un documento o derecho no incorporado en un documento constituye un valor en los términos establecidos en este artículo.

Únicamente podrán hacer oferta pública de valores en el país los sujetos autorizados por la Superintendencia General de Valores, salvo los casos previstos en esta Ley. Lo mismo aplicará a la prestación de servicios de intermediación de valores, de conformidad con la definición que establezca la Superintendencia en forma reglamentaria, así como a las demás actividades reguladas en esta Ley.” (El énfasis es nuestro).

La Licenciada Fiorella Carvajal, Directora Jurídica de la SUGEVAL, indica que “en términos generales se considera oferta pública la apelación al ahorro público.”1 En otras palabras, es oferta pública de valores la invitación que una o más personas naturales y/o jurídicas dirigen al público en general, con la finalidad de vender los valores objeto de la oferta a las personas que resulten interesadas en dicha transacción. Es esta circunstancia la que permite delimitar la oferta pública (que requiere autorización de la SUGEVAL) de la privada. Esa es la misión y la visión que tiene el legislador cuando promulga un ordenamiento legal en el mercado de valores, luego, viendo situaciones, instrumentos y posiciones, la generalidad debe empezar a segregarse para definir qué es lo que debe quedar fuera de ese “gran concepto”. Por ello es que la legislación reservó a la SUGEVAL una facultad interpretativa en la segunda parte del artículo citado. Si todo fuera oferta pública de valores, la Autoridad Reguladora se vería en serios problemas de eficiencia, por ello la facultad dada por este artículo deber ser usada con mucha prudencia de manera que no caigamos en la tentación de abrir en exceso el concepto o de cerrarlo en forma desmedida. El equilibrio es fundamental en el ejercicio de tal atribución.

El Reglamento de Oferta Pública de Valores, de reciente promulgación,2 vino a delimitar en gran medida el instituto jurídico que nos ocupa. ¿Por qué regular la oferta pública? Aunque este es un tema que muchos hemos de comprender, no está demás recordar la importancia de la regulación de la oferta pública de valores, tanto como la de los servicios de intermediación y administración en el mercado de valores. Recordemos lo que acontece en un mercado de valores: “En el mercado de valores, también llamado mercado de capitales en sentido estricto, los fondos prestados se documentan en valores, apelándose al ahorro público, a los particulares y empresas en general, ofreciéndoles una rentabilidad para canalizar tales fondos hacia inversiones productivas. Es un mercado de negociación abierta al público, sin que el prestatario se encuentre en una posición de desventaja.3

Entonces la regulación de la oferta pública es fundamental por las siguientes razones:

  1. Porque existe un “interés público” en la captación de recursos.

  2. Para procurar evitar el perjuicio que en el pasado tuvo lugar con “captadores de recursos sin regulación”.

  3. La regulación tiende a fortalecer la confianza en el mercado de valores, por medio de la transparencia y la protección al inversionista (artículo 3 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores).


El Reglamento tiene por objeto precisar los alcances de la oferta pública de valores y definir los requisitos y trámites de autorización para la oferta pública de valores, los requisitos para la colocación y negociación de esos valores, los requisitos aplicables a los sujetos que realicen oferta pública de valores, y los requisitos y trámites para la desinscripción de valores objeto de oferta pública.4

Con respecto al concepto de oferta pública de valores, el Reglamento dispone lo siguiente:
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