El Sistema General de Riesgos Profesionales establecido en este decreto forma parte del sistema de Seguridad Social Integral, establecido por la Ley 100 de 993






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INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL.
Artículo 40. Incapacidad permanente parcial. Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, Sentencia C-452 de 2002.

Ley 776 de 2002.

Artículo 5°. Incapacidad permanente parcial. Se considera como incapacitado permanente parcial, al afiliado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, presenta una disminución definitiva, igual o superior al cinco por ciento 5%, pero inferior al cincuenta por ciento 50% de su capacidad laboral, para lo cual ha sido contratado o capacitado.

La incapacidad permanente parcial se presenta cuando el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, sufre una disminución parcial, pero definitiva en alguna o algunas de sus facultades para realizar su trabajo habitual, en los porcentajes establecidos en el inciso anterior.
Artículo 41. Declaración de la incapacidad permanente parcial. Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, Sentencia C-452 de 2002.

Ley 776/2002.

Artículo 6. Declaración de la incapacidad permanente parcial. La declaración, evaluación, revisión, grado y origen de la incapacidad permanente parcial serán determinados por una comisión médica interdisciplinaria, según la reglamentación que para estos efectos expida el Gobierno Nacional.

La declaración de incapacidad permanente parcial se hará en función a la incapacidad que tenga el trabajador para procurarse por medio de un trabajo, con sus actuales fuerzas, capacidad y formación profesional, una remuneración equivalente al salario o renta que ganaba antes del accidente o de la enfermedad.
Artículo 42. Monto de la incapacidad permanente parcial. Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, Sentencia C-452 de 2002.

Ley 776/2002.

Artículo 7°. Monto de la incapacidad permanente parcial. Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales a quien se le defina una incapacidad permanente parcial, tendrá derecho a que se le reconozca una indemnización en proporción al daño sufrido, a cargo de la entidad administradora de riesgos profesionales, en una suma no inferior a dos (2) salarios base de liquidación, ni superior a veinticuatro (24) veces su salario base de liquidación.

En aquellas patologías que sean de carácter progresivo, se podrá volver a calificar y modificar el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral. En estos casos, la Administradora sólo estará obligada a reconocer el mayor valor resultante de restarle al monto de la nueva indemnización el valor previamente reconocido actualizado por IPC, desde el momento del pago hasta la fecha en la que se efectúe el nuevo pago.

El Gobierno Nacional determinará, periódicamente, los criterios de ponderación y la tabla de evaluación de incapacidades, para determinar la disminución en la capacidad laboral. Hasta tanto se utilizará el Manual Unico de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación.
Artículo 43. Controversias sobre la incapacidad permanente parcial. Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, Sentencia C-164 de 2000.

El texto del artículo era el siguiente:

Cuando se susciten controversias sobre la declaración, evaluación, o determinación del grado de la incapacidad permanente parcial, o de su origen, aquellas serán resueltas por las juntas de calificación de invalidez, para lo cual se seguirá el trámite previsto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 100 de 1.993 y sus reglamentos.

Los costos que genere el trámite ante las juntas de calificación de invalidez serán de cargo de quien los solicite, conforme al reglamento que expida el Gobierno Nacional.

En caso de que la decisión sea favorable al trabajador, la entidad administradora de riesgos profesionales deberá reembolsarle las sumas pagadas, reajustadas, considerando como factor el interés bancario corriente, certificado para el período correspondiente por la Superintendencia Bancaria, correspondiente al momento en el cual el afiliado efectuó el pago”.
Artículo 44. Tabla de valuación de incapacidades. La determinación de los grados de incapacidad permanente parcial, invalidez o invalidez total, originadas por lesiones debidas a riesgos profesionales, se hará de acuerdo con el “Manual de Invalidez” y la “Tabla de Valuación de Incapacidades”.

Esta Tabla deberá ser revisada y actualizada por el Gobierno Nacional, cuando menos una vez cada cinco años.

Comentario: Actualmente rige el Decreto 917 de 1.999, denominado “Manual Único para la calificación de la Invalidez”.
Artículo 45. Reubicación del trabajador. Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, Sent. C-452 de 2002.

Ley 776 de 2002.

Artículo 8°. Reubicación del trabajador. Los empleadores están obligados a ubicar al trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba o a proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean necesarios.

PENSION DE INVALIDEZ
Artículo 46. Estado de invalidez. Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, Sent. C-452 de 2002.

Ley 776 de 2002.

Artículo 9°. Estado de invalidez. Para los efectos del Sistema General de Riesgos Profesionales, se considera inválida la persona que por causa de origen profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el cincuenta por ciento (50%) o más de su capacidad laboral de acuerdo con el Manual Unico de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación.

En primera instancia, la calificación de los porcentajes de pérdida de la capacidad laboral se hará por el equipo interdisciplinario establecido en el artículo 6° de la presente ley, dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiere concluido el proceso de rehabilitación integral, de existir discrepancias se acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez, quedando a cargo de la entidad de Seguridad Social correspondiente el pago de honorarios y demás gastos que se ocasionen.

El costo del dictamen será a cargo de la Administradora de Riesgos Profesionales, pero el empleador o el trabajador podrán acudir directamente ante dichas juntas.
Artículo 47. Calificación de la invalidez. La calificación de la invalidez y su origen, así como el origen de la enfermedad o de la muerte, será determinada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, 42 y siguientes de la Ley 100 y sus reglamentos.

No obstante lo anterior, en cualquier tiempo, la calificación de la invalidez podrá revisarse a solicitud de la entidad administradora de riesgos profesionales.

Ley 100 de 1993

"Artículo 41. Modificado por la Ley 962 de 2005, art. 52. Determinación de la pérdida de capacidad laboral y grado de invalidez. El estado de invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con base en el manual único para la calificación de invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, vigente a la fecha de calificación, que deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación, para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral.

Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, a las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las Entidades Promotoras de Salud, EPS, determinar en primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de las contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la manifestación que hiciere sobre su inconformidad, se acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales.

El acto que declara la invalidez que expida cualquiera de aquellas entidades, deberá contener expresamente los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a esta decisión, así como la forma y oportunidad en que el interesado puede solicitar la calificación por parte de la Junta Regional y la facultad de recurrir esta calificación ante la Junta Nacional.

Cuando la incapacidad declarada por una de las entidades antes mencionadas (ISS, ARP o aseguradora) sea inferior en no menos del diez por ciento (10%) a los límites que califican el estado de invalidez, tendrá que acudirse en forma obligatoria a la Junta Regional de Calificación de Invalidez por cuenta de la entidad. Estas juntas son organismos de carácter interdisciplinario cuya conformación podrá ser regionalizada y el manejo de sus recursos reglamentado por el Gobierno Nacional de manera equitativa.

Parágrafo 1°. Para la selección de los miembros de las Juntas Regionales y Nacional de pérdida de la capacidad laboral y de invalidez, el Ministerio de la Protección Social tendrá en cuenta los siguientes criterios:

La selección se hará mediante concurso público y objetivo, cuya convocatoria se deberá hacer con no menos de dos (2) meses de antelación a la fecha del concurso e incluirá los criterios de ponderación con base en los cuales se seleccionará a los miembros de estos organismos. La convocatoria deberá publicarse en medio de amplia difusión nacional.

Dentro de los criterios de ponderación se incluirán aspectos como experiencia profesional mínima de cinco (5) años y un examen escrito de antecedentes académicos sobre el uso del manual de pérdida de capacidad laboral y de invalidez, el cual se realizará a través de una entidad académica de reconocido prestigio.

Los resultados del concurso serán públicos y los miembros de las Juntas serán designados por el Ministro de la Protección Social, comenzando por quienes obtuvieran mayor puntaje.

El proceso de selección de los integrantes de las juntas de calificación de invalidez se financiará con recursos del Fondo de Riesgos Profesionales.

Parágrafo 2°. Las entidades de seguridad social y los miembros de las Juntas Regionales y Nacionales de Invalidez y los profesionales que califiquen serán responsables solidariamente por los dictámenes que produzcan perjuicios a los afiliados o a los Administradores del Sistema de Seguridad Social Integral, cuando este hecho esté plenamente probado.
Artículo 48. Monto de la pensión de invalidez. Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, Sentencia C-452 de 2002.

Ley 776 de 2002.

Artículo 10. Monto de la pensión de invalidez. Todo afiliado al que se le defina una invalidez tendrá derecho, desde ese mismo día, a las siguientes prestaciones económicas, según sea el caso:

a) Cuando la invalidez es superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al sesenta por ciento (60%) del ingreso base de liquidación;

b) Cuando la invalidez sea superior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del ingreso base de liquidación;

c) Cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata el literal anterior se incrementa en un quince por ciento (15%).

Parágrafo 1°. Los pensionados por invalidez de origen profesional, deberán continuar cotizando al Sistema General de Seguridad en Salud, con sujeción a las disposiciones legales pertinentes.

Parágrafo 2°. No hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. Como tampoco lo habrá para pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional originados en el mismo evento.

El trabajador o quien infrinja lo aquí previsto será investigado y sancionado de acuerdo con lo dispuesto en las leyes vigentes, sin perjuicio de las restituciones a que haya lugar por lo cobrado y obtenido indebidamente.

PENSION DE SOBREVIVIENTES
Artículo 49. Muerte de afiliado o del pensionado por riesgos profesionales. Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, Sentencia C-452 de 2002.

Ley 776 de 2002,

Artículo 11. Muerte del afiliado o del pensionado por riesgos profesionales. Si como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sobreviene la muerte del afiliado, o muere un pensionado por riesgos profesionales, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y su reglamentario.
Artículo 50. Monto de la pensión de sobrevivientes en el Sistema General de Riesgos Profesionales. Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, Sentencia C-452 de 2002.

Ley 776 de 2002,

Artículo 12. Monto de la pensión de sobrevivientes en el Sistema General de Riesgos Profesionales. El monto mensual de la pensión de sobrevivientes será, según sea el caso:

a) Por muerte del afiliado el setenta y cinco por ciento (75%) del salario base de liquidación;

b) Por muerte del pensionado por invalidez el ciento por ciento (100%) de lo que el estaba recibiendo como pensión.

Cuando el pensionado disfrutaba de la pensión reconocida con fundamento en el literal c) del artículo 10 de la presente ley la pensión se liquidará y pagará descontando el quince por ciento (15%) que se le reconocía al causante.
Artículo 51. Monto de las pensiones. Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, Sent. C-452 de 2002.

Ley 776 de 2002,

Artículo 13. Monto de las pensiones. Ninguna pensión de las contempladas en esta ley podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, ni superior a veinte (20) veces este mismo salario.
Artículo 52. Reajuste de pensione. Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, Sent. C-452 de 2002.

Ley 776 de 2002,

Artículo 14. Reajuste de pensiones. Las pensiones de invalidez y de sustitución o sobrevivientes del Sistema General de Riesgos Profesionales se reajustarán anualmente, de oficio el primero (1°) de enero de cada año, en el porcentaje de variación del índice de precios al consumidor total nacional, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.

No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno Nacional, cuando dicho reajuste resulte superior al de la variación del IPC, previsto en el inciso anterior.
Artículo 53. Devolución de saldos e indemnización sustitutiva. Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, Sentencia C-452 de 2002.

Ley 776 de 2002,

Artículo 15. Devolución de saldos e indemnización sustitutiva. Cuando un afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales se invalide o muera como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, además de la pensión de invalidez o de sobrevivientes que deberá, reconocerse de conformidad con la presente ley, se entregará al afiliado o a los beneficiarios:

a) Si se encuentra afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, la totalidad del saldo de su cuenta individual de ahorro pensional;

b) Si se encuentra afiliado el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida la indemnización sustitutiva prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993.

Parágrafo. Para efectos del saldo de la cuenta de ahorro individual, los bonos pensionales, en desarrollo del artículo 139, numeral 5, de la Ley 100 de 1993, se redimirán anticipadamente a la fecha de la declaratoria de la invalidez o de la muerte de origen profesional.
AUXILIO FUNERARIO
Artículo 54. Auxilio funerario. Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, Sentencia C-452 de 2002.
Ley 776 de 2002.

Artículo 16. Auxilio funerario. La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o de un pensionado por invalidez del Sistema de Riesgos Profesionales, tendrá derecho a recibir un auxilio funerario igual el determinado en el artículo 86 de la Ley 100 de 1993.

El auxilio deberá ser cubierto por la respectiva entidad administradora de riesgos profesionales. En ningún caso puede haber doble pago de este auxilio.
SUSPENSIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS
Artículo 55. Suspensión de las prestaciones económicas previstas en el sistema de esta ley. Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, Sentencia C-452 de 2002.

Ley 776/2002.

Ar. 17. Suspensión de las prestaciones económicas previstas en el sistema de esta ley. Las entidades Administradoras de Riesgos Profesionales suspenderán el pago de las prestaciones económicas establecidas en el Decreto-ley 1295 de 1994 y en la presente ley, cuando el afiliado o el pensionado no se someta a los exámenes, controles o prescripciones que le sean ordenados; o que rehúse, sin causa justificada, a someterse a los procedimientos necesarios para su rehabilitación física y profesional o de trabajo. El pago de estas prestaciones se reiniciará, si hay lugar a ello, cuando el pensionado o el afiliado se someta a los exámenes, controles y prescripciones que le sean ordenados o a los procedimientos necesarios para su rehabilitación física y profesional o de trabajo.


CAPITULO VI

Prevención y promoción de Riegos Profesionales.


Artículo 56. Responsables de la prevención de riesgos profesionales. La prevención de riesgos profesionales es responsabilidad de los empleadores.

Corresponde al Gobierno Nacional expedir las normas reglamentarias técnicas tendientes a garantizar la seguridad de los trabajadores y de la población en general, en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Igualmente, le corresponde ejercer la vigilancia y control de todas las actividades, para la prevención de los riesgos profesionales.

Los empleadores, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, son responsables de los riesgos originados en su ambiente de trabajo.

Las entidad administradora de riesgos profesionales, por delegación del Estado, ejercen la vigilancia y control en la prevención de los riesgos profesionales de las empresas que tengan afiliadas, a las cuales deberán asesorar en el diseño del Programa permanente de Salud Ocupacional.
Artículo 57. Supervisión y control de los sitios de trabajo. Corresponde al Ministerio del Trabajo a través de su Dirección Técnica de Riesgos Profesionales, la supervisión, vigilancia y fiscalización de la prevención de riesgos profesionales en todas las empresas, tendientes a la aplicación del Programa permanente de Salud Ocupacional.
Artículo 58. Medidas especiales de prevención. Sin detrimento del cumplimiento de las normas de Salud Ocupacional vigentes, todas las empresas están obligadas a adoptar y poner en práctica las medidas especiales de prevención de riesgos profesionales.
Artículo 59. Actividades de prevención de las Administradora de Riesgos Profesionales. Toda entidad administradora de riesgos profesionales está obligada a realizar actividades de prevención de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, en las empresas afiliadas. Para este efecto, deberá contar con una organización idónea, estable, propia o contratada.
Artículo 60. Informe de actividades de riesgo. Los informes y estudios sobre actividades de riesgo adelantados por las entidad administradora de riesgos profesionales son de conocimiento público, así versen sobre temas específicos de una determinada actividad o empresa.

Además de hacerlos conocer al empleador interesado, deberán informarlo a los trabajadores de la respectiva empresa, de conformidad con lo que para tal fin disponga el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.
Artículo 61. Estadísticas de riesgos profesionales. Todas las empresas y las entidades administradoras de riesgos profesionales deberán llevar las estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, para lo cual deberán, en cada caso, determinar la gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades profesionales, de conformidad con el reglamento que se expida.
Artículo 62. Información de riesgos profesionales. Los empleadores están obligados a informar a sus trabajadores los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada.

Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o actividad económica deberá ser informado por el respectivo empleador a la entidad administradora de riesgos profesionales y a la Entidad Promotora de Salud, en forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.
Artículo 63. Comité paritario de salud ocupacional de las empresas. A partir de la vigencia del presente Decreto, el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de las empresas se denominará Comité Paritario de Salud Ocupacional, y seguirá rigiéndose por la Resolución 2013 de 1.986 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y demás normas que la modifiquen o adicionen, con las siguientes reformas:

  1. Se aumenta a dos años el período de los miembros del Comité.

  2. El empleador se obligará a proporcionar cuando menos, cuatro horas semanales dentro de la jornada normal de trabajo de cada uno de sus miembros para el funcionamiento del Comité.


PROTECCION EN EMPRESAS DE ALTO RIESGO
Artículo 64. Modificado. Decreto 2150 de 1.995, art. 116. Inscripción de empresas de alto riesgo. Las empresas pertenecientes a las clases IV y V de la tabla de clasificación de actividades económicas, de que trata el artículo 28 del Decreto 1295 de 1994, serán consideradas empresas de alto riesgo, y deberán inscribirse como tales en las direcciones regionales y secciónales del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, dentro de los dos meses siguientes a la expedición de este decreto. Igualmente aquellas que se constituyen hacia el futuro deberán inscribirse a más tardar en los dos meses siguientes a la iniciación de sus actividades.
Artículo 65. Prevención de riesgos profesionales en empresas de alto riesgo. La Dirección de Riesgos Profesionales del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el Ministerio de Salud, definirá los regímenes de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos profesionales específicos prioritarios, los cuales serán de obligatoria aceptación y aplicación por las empresas de alto riesgo.

Comentario. La Dirección Técnica de Riesgos Profesionales cambio su nomenclatura por Dirección General de Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales.
Artículo 66. Supervisión de las empresas de alto riesgo. Las entidades administradoras de riesgos profesionales y la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, supervisarán en forma prioritaria directamente o a través de terceros idóneos para el efecto, a las empresas de alto riesgo, especialmente en la aplicación del Programa de Salud Ocupacional, los sistemas de control de riesgo profesionales y de las medidas especiales de prevención que se hayan asignado a cada empresa.
Artículo 67. Informe de riesgos profesionales de empresas de alto riesgo. Las empresas de alto riesgo rendirán en los términos que defina el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social a la respectiva entidad administradora de riesgos profesionales, un informe de evaluación del desarrollo del Programa de Salud Ocupacional, anexando el resultado técnico de la aplicación de los sistemas de vigilancia epidemiológica, tanto a nivel ambiental como biológico y el seguimiento de los sistemas y mecanismos de control de riesgos de higiene y seguridad industrial, avalado por los miembros del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de la respectiva empresa.

Las entidades administradoras de riesgos profesionales están obligadas a informar al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, en su respectivo nivel territorial, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al informe de las empresas, las conclusiones y recomendaciones resultantes, y señalará las empresas a las cuales el Ministerio deberá exigir el cumplimiento de la normas y medidas de prevención, así como aquellas medidas especiales que sean necesarias, o las sanciones, si fuere el caso.
CAPITULO VII

Dirección del Sistema General de Riesgos Profesionales


Artículo 68. Dirección y administración del sistema. El Sistema General de Riesgos Profesionales es orientado, regulado, supervisado, vigilado y controlado por el Estado, a través del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

Está dirigido e integrado por:

a. Organismos de dirección, vigilancia y control:

1. El Consejo Nacional de Riesgos Profesionales.

2. El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, y de Salud.

b. Entidades administradoras del Sistema- A.R.P.

1. El Instituto de Seguros Sociales.

2. Las entidades aseguradoras de vida que obtengan autorización de la Superintendencia Bancaria para la explotación del ramo de seguro de riesgos profesionales.

Comentario. El Decreto 205 de 2003 crea el Ministerio de la Protección Social, como resultado de la fusión de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud.
CONSEJO NACIONAL DE RIESGOS PROFESIONALES
Artículo 69. El Consejo Nacional de Riesgos Profesionales. Crease el Consejo Nacional de Riesgos Profesionales, adscrito al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, como un órgano de dirección del Sistema General de Riesgos Profesionales, de carácter permanente, conformado por:

  1. El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, o su viceministro, quien lo presidirá;

  2. El Ministro de Salud, o el viceministro;

  3. El Consejero de Seguridad Social de la Presidencia de la República, o quien haga sus veces;

  4. El representante legal del Instituto de Seguros Sociales, o su delegado;

  5. Un representante de las entidad administradora de riesgos profesionales, diferente al anterior;

  6. Dos (2) representantes de los empleadores;

  7. Dos (2) representantes de los trabajadores; y

  8. Un representante de las asociaciones científicas de Salud Ocupacional.

Parágrafo: El Consejo Nacional de Riesgos Profesionales tendrá un secretario técnico que será el Director Técnico de Riesgos Profesionales del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, o quien haga sus veces.

La Secretaría tendrá a su cargo la presentación de los estudios técnicos y proyectos destinados a la protección de los riesgos profesionales.

Comentario: El Decreto 1834 de 1.994 reglamenta la integración y funcionamiento del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales.
Artículo 70. Funciones del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales. El Consejo Nacional de Riesgos Profesionales tiene las siguientes funciones:

  1. Recomendar la formulación de las estrategias y programas para el Sistema General de Riesgos Profesionales, de acuerdo con los planes y programas de desarrollo económico, social y ambiental que apruebe el Congreso de la República.

  2. Recomendar las normas técnicas de Salud Ocupacional que regulan el control de los factores de riesgo.

  3. Recomendar las normas de obligatorio cumplimiento sobre las actividades de promoción y prevención para las entidades administradoras de riesgos profesionales;

  4. Recomendar la reglamentación sobre la recolección, transferencia y difusión de la información sobre riesgos profesionales.

  5. Recomendar al Gobierno Nacional las modificaciones que considere necesarias a la Tabla de Clasificación de Enfermedades Profesionales;

  6. Recomendar las normas y procedimiento que le permitan vigilar y controlar las condiciones de trabajo en las empresas;

  7. Recomendar el Plan Nacional de Salud Ocupacional;

  8. Aprobar el presupuesto general de gasto del Fondo de Riesgos Profesionales, presentado por el Secretario Técnico del Consejo.

Parágrafo: Para el ejercicio de las atribuciones señaladas en el presente artículo, los actos expedidos por el Consejo Nacional de Riesgos Profesionales requieren para su validez la aprobación del Gobierno Nacional.
Artículo 71. Comité Nacional de Salud Ocupacional. El Comité Nacional de Salud Ocupacional, creado mediante el Decreto 586 de 1.983, será un órgano asesor del Consejo y consultivo de la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Este Comité se integra por:

  1. El Subdirector de la Subdirección Preventiva de Salud Ocupacional de la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;

  2. El Subdirector de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud;

  3. El Jefe de la dependencia competente de Salud Ocupacional o Riesgos Profesionales del Instituto de Seguros Sociales;

  4. El Jefe de Salud Ocupacional del Instituto Nacional de Salud;

  5. Un representante de las entidad administradora de riesgos profesionales;

  6. Dos representantes de los trabajadores; y

  7. Dos representantes de los empleadores

Este Comité cumplirá con las funciones que venía ejecutando.

Parágrafo 1. Los Comités Seccionales de Salud Ocupacional tendrán la composición del Decreto 596 de 1.983, y actuarán adicionalmente, como asesores de las Direcciones Regionales del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y de los Servicios Seccionales y Municipales de Salud.

Parágrafo 2. Créanse los Comités Locales de Salud Ocupacional en los municipios cuya densidad poblacional así lo requiera, los cuales se conformarán en la misma forma que los Comités Seccionales y tendrán, en su respectiva jurisdicción, las mismas funciones.

Comentario: El Comité Nacional de Salud Ocupacional está reglamentado por el Decreto 016 de 1997.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

(Hoy: Ministerio de la Protección Social)
Artículo 72. Derogado. Dec. 205/03, art. 25.

Comentario: El artículo 72 se refería a la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales. En la estructura del Ministerio de la Protección Social se crea la Dirección General de Riesgos Profesionales, dependencia que reemplaza a la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales.
Dec. 205 de 2003

Artículo 25. Funciones de la Dirección General de Riesgos Profesionales.

La Dirección General de Riesgos Profesionales cumplirá las siguientes funciones:

  1. Diseñar las políticas, normas, estrategias, programas y proyectos para el desarrollo del Sistema General de Riesgos Profesionales.

  2. Coordinar con las entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, el funcionamiento de los programas de salud ocupacional que se desarrollen en el país.

  3. Diseñar, proponer y evaluar políticas, planes, programas y normas sobre salud ocupacional y riesgos profesionales y asesorar a las autoridades administrativas en los asuntos de su competencia.

  4. Diseñar, dirigir y coordinar los programas, planes y proyectos de higiene y seguridad industrial.

  5. Formular, coordinar y adoptar políticas, proponer la expedición de normas y desarrollar planes y programas en las áreas de salud ocupacional y medicina laboral, tendientes a prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo o la aparición de enfermedades profesionales, teniendo en cuenta las recomendaciones del organismo competente.

  6. Proponer e impulsar programas de extensión de los servicios de salud ocupacional y medicina laboral para la población afiliada, el sector informal de la economía y los trabajadores independientes.

  7. Establecer los procedimientos para la emisión de conceptos técnicos en relación con medicina laboral, salud ocupacional y riesgos profesionales.

  8. Participar con las entidades competentes, en la definición de requerimientos mínimos de diseño, fabricación e importación de maquinaria, equipo y herramientas de trabajo para prevenir los riesgos ocupacionales.

  9. Asesorar a las direcciones territoriales en aspectos relacionados con el área de salud ocupacional y medicina laboral.

  10. Desarrollar programas de divulgación, información e investigación en salud ocupacional y medicina laboral.

  11. Dirigir, coordinar y evaluar las actividades que en medicina laboral y del trabajo adelante el Ministerio.

  12. Desarrollar, coordinación con la Dirección General de Planeación y Análisis de Política, el Subsistema de Información que permita el procesamiento y actualización permanente de información del Sistema General de Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales, el cual debe incluir el registro estadístico de riesgos.

  13. Proponer modificaciones a la tabla de enfermedad profesional y al manual único de calificación de invalidez.

  14. Orientar y coordinar los programas de medicina laboral y de salud ocupacional que adelantan las entidades administradoras de riesgos profesionales.

  15. Elaborar el proyecto de presupuesto de gastos del Fondo de Riesgos Profesionales, para la aprobación del organismo competente.

  16. Propiciar la concertación entre representantes de los trabajadores, empleadores, entidades estatales y otras organizaciones vinculadas con el Sistema General de Riesgos Profesionales con el fin de coordinar políticas y orientaciones para la promoción y prevención de riesgos profesionales.

  17. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.


Artículo 73. Derogado. Decreto 1128/99.
Artículo 74. Derogado. Dec. 1128/99.
Artículo 75. Derogado. Dec. 1128/99.
Artículo 76. Derogado. Dec. 205/03, art. 30.

Dec. 205 de 2003.

Artículo 30. Direcciones Territoriales. El Ministerio de la Protección Social tendrá Direcciones Territoriales con sede en las capitales de los departamentos. Las Direcciones Territoriales dependerán técnicamente del Viceministerio de Relaciones Laborales y administrativamente de la Unidad Especial de Inspección, Vigilancia y Control de Trabajo.

Son funciones de las Direcciones Territoriales las siguientes:

    1. Atender los asuntos relacionados con protección social, trabajo, empleo, protección y desarrollo de la familia y la sociedad, formación del talento humano y el Sistema de Seguridad Social Integral y ejercer la prevención, inspección, vigilancia y control de acuerdo con las normas vigentes y las directrices del Ministerio.

    2. Coordinar y participar con los organismos planificadores de los órdenes departamental, municipal y regional en la adopción de planes, programas y proyectos relacionados con protección social, trabajo, empleo, protección y desarrollo de la familia y la sociedad, formación del talento humano y el Sistema de Seguridad Social Integral.

    3. Aprobar los reglamentos internos de trabajo, higiene y seguridad industrial presentados por las empresas de su jurisdicción, a través de los regímenes de autorización general o previa que defina el Ministerio. y controlar y vigilar la aplicación de normas en salud ocupacional.

    4. Propiciar y participar en el proceso de conciliación administrativa laboral en los conflictos de trabajo.

    5. Ejecutar los planes y programas dirigidos a los trabajadores rurales, informales e independientes y promover el cumplimiento de las disposiciones legales al respecto.

    6. Fomentar y garantizar la negociación colectiva e intervenir en ella de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

    7. Determinar la representación sindical para efectos de la negociación colectiva, y registrar los libros que deben llevar las organizaciones sindicales previos los estudios y las investigaciones necesarias.

    8. Ejercer la prevención, inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de las normas que regulan el empleo, el trabajo y la seguridad social.

    9. Ejercer la prevención, inspección, vigilancia y control sobre las empresas que desarrollen actividades de intermediación laboral y presten servicios temporales.

    10. Imponer las sanciones previstas en las disposiciones legales vigentes.

    11. Promover la organización de formas asociativas para el fomento del empleo.

    12. Adelantar investigaciones por incumplimiento a las disposiciones legales sobre intermediación laboral; otorgar, suspender o cancelar las autorizaciones de funcionamiento de las empresas de servicios temporales y las agencias de colocación o empleo; llevar el registro de intermediación laboral pública y privada; hacer efectivas las garantías en caso de iliquidez de las empresas de servicios temporales; llevar el registro de vacantes de las empresas de servicios temporales y las agencias de colocación o empleo y adelantar el procesamiento de la información estadística sobre intermediación laboral.

    13. Velar por el cumplimiento de las normas sobre migraciones laborales y suministrar la información necesaria sobre esta materia.

    14. Inscribir las agremiaciones de pensionados y sus juntas directivas y expedir las certificaciones correspondientes.

    15. Decidir las solicitudes de financiación de planes de vivienda realizados por los empleadores, con préstamos o anticipos del auxilio de cesantía de los trabajadores.

    16. Decidir sobre la disminución del capital social, cuando el pasivo externo de la sociedad provenga de prestaciones sociales.

    17. Resolver las solicitudes de autorización para el cierre parcial o total de empresas, suspensión de actividades hasta por 120 días y despidos colectivos.

    18. Comprobar las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito en los casos previstos en la ley.

    19. Ordenar la suspensión de prácticas ilegales, no autorizadas o evidentemente peligrosas para la salud o la vida de los afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales.

    20. Autorizar a los menores de edad para trabajar y velar por el cumplimiento de las normas que protegen al menor trabajador.

    21. Velar por que las empresas y las administradoras de riesgos profesionales adelanten las investigaciones de los factores determinantes de los accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades profesionales.

    22. Velar por que el empleador cumpla la obligación de reubicar al trabajador discapacitado parcialmente.

    23. Adoptar las medidas de prevención para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los trabajadores o de los empleadores en caso de huelga y en los términos estipulados en la ley.

    24. Recibir las denuncias de convenciones y pactos colectivos de trabajo y efectuar el depósito de las convenciones y pactos colectivos.

    25. Dirigir, ejecutar y controlar el cumplimiento de las funciones administrativas que requiera la Dirección Territorial para su funcionamiento.

    26. Imponer las sanciones previstas en el artículo 91 del Decreto-ley 1295 de 1994 y demás normas que lo modifiquen y, conocer del recurso de reposición.

    27. Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios contra los servidores y ex servidores públicos de la respectiva Dirección Territorial.

    28. Las demás que le sean asignadas por ley y las que correspondan a la naturaleza de la dependencia.



CAPITULO VIII

Administración del Sistema.


Artículo 77. Entidades Administradoras. A partir de la vigencia del presente Decreto el Sistema General de Riesgos Profesionales solo podrá ser administrado por las siguientes entidades:

  1. El Instituto de Seguros Sociales.

  2. Las entidades aseguradoras de vida que obtengan autorización de la Superintendencia Bancaria para la explotación del ramo de seguro de riesgos profesionales.


Artículo 78. Del Instituto de Seguros Sociales. El Instituto de Seguros Sociales continuará administrando los riesgos profesionales de conformidad con sus reglamentos, los cuales deberán ajustarse a lo dispuesto en este Decreto.

Los empleadores que al momento de entrar en vigencia el presente Decreto se encuentren afiliados al IS, podrán trasladarse a otra entidad administradora de riesgos profesionales debidamente autorizada.

Los recursos provenientes de riesgos profesionales deberán ser manejados en cuentas separadas de los demás recursos del Instituto y deberá llevarse una contabilidad independiente sobre ellos.
Artículo 79. Requisitos para las compañías de seguros. Las entidades aseguradoras de vida que pretendan obtener autorización de la Superintendencia Bancaria para la explotación del ramo de seguro de riesgos profesionales deberán:

  1. Acreditar un patrimonio técnico saneado no inferior a la cuantía que periódicamente señale el Gobierno Nacional, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, en adición a los montos requeridos para los demás ramos.

  2. Disponer de capacidad humana y técnica especializada suficiente para cumplir adecuadamente con la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.

  3. Conformar, dentro de su estructura orgánica, un departamento de prevención de riesgos profesionales, que será el responsable de la planeación, organización, ejecución y supervisión de las actividades de que tratan los numerales 6 y 7 del artículo siguiente, o alternativamente contratar a través de terceros esta función.


Artículo 80. Funciones de las entidad administradora de riesgos profesionales. Las entidades administradoras de riesgos profesionales tendrán a su cargo, entre otras, las siguientes funciones:

  1. La afiliación.

  2. El registro.

  3. El recaudo, cobro y distribución de las cotizaciones de que trata este Decreto.

  4. Garantizar a sus afiliados, en los términos de este Decreto, la prestación de los servicios de salud a que tienen derecho.

  5. Garantizar a sus afiliados, el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas, determinadas en este Decreto.

  6. Realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación de riesgos profesionales.

  7. Promover y divulgar Programas de Medicina Laboral, Higiene Industrial, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.

  8. Establecer las prioridades con criterio de riesgo para orientar las actividades de asesoría de que trata el artículo 39o. De este Decreto.

  9. Vender servicios adicionales de Salud Ocupacional de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

Parágrafo 1. Las entidad administradora de riesgos profesionales deberán contratar o conformar equipos de prevención de riesgos profesionales para la planeación, organización, ejecución y supervisión de las actividades de que tratan los numerales 6 y 7 del presente artículo.

Parágrafo 2. Las entidades administradoras de riesgos profesionales podrán adquirir, fabricar, arrendar y vender, los equipos y materiales para el control de factores de riesgo en la fuente, y en el medio ambiente laboral. Con el mismo fin podrán conceder créditos debidamente garantizados.
Artículo 81. Promoción y asesoría para la afiliación. Las entidad administradora de riesgos profesionales podrán, bajo su responsabilidad y con cargo a sus propios recursos, emplear para el apoyo de sus labores técnicas a personas naturales o jurídicas debidamente licenciadas por el Ministerio de Salud para al prestación de servicios de Salud Ocupacional a terceros.

Los intermediarios de seguros sujetos a la supervisión permanente de la Superintendencia Bancaria, podrán realizar actividades de Salud Ocupacional si cuentan con una infraestructura técnica y humana especializada para tal fin, previa obtención de licencia para prestación de servicios de salud ocupacional a terceros.

Las administradoras de riesgos profesionales deberán promocionar el Sistema de Riesgos Profesionales entre los empleadores, brindando la asesoría necesaria para que el empleador seleccione la administradora correspondiente.

Si para la selección de la Administradora de Riesgos Profesionales el empleador utiliza algún intermediario, deberá sufragar el monto del honorario o comisión de éste, con cargo a sus propios recursos, y en ningún caso dicho costo podrá trasladarse directa o indirectamente al trabajador.

Parágrafo: Lo previsto en el capítulo III del Decreto 720 de 1.994 o las normas que lo modifiquen, será aplicable a las entidades administradoras de riesgos profesionales.
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