El Sistema General de Riesgos Profesionales establecido en este decreto forma parte del sistema de Seguridad Social Integral, establecido por la Ley 100 de 993






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Comentario. La administración y funcionamiento del Fondo de Riesgos Profesionales están reglamentados por el Decreto 1833 de 1994.



Artículo 88. Objeto del Fondo. Modificado Ley 776/02, art. 22. El Fondo de Riesgos Profesionales tiene por objeto:

  1. Adelantar estudios, campañas y acciones de educación, prevención e investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo el territorio nacional, en especial el artículo 88 del Decreto 1295 de 1994;

  2. Adelantar estudios, campañas y acciones de educación, prevención e investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la población vulnerable del territorio nacional;

  3. También podrán financiarse estudios de investigación que soporten las decisiones que en materia financiera, actuarial o técnica se requieran para el desarrollo del Sistema General de Riesgos Profesionales, así como para crear e implementar un sistema único de información del Sistema y un Sistema de Garantía de Calidad de la Gestión del Sistema de Riesgos Profesionales.

Parágrafo. En ningún caso la aplicación de los recursos del fondo podrá superar el cuarenta por ciento (40%) en el objeto señalado en el literal a), ni el diez por ciento 10% en el literal c) lo restante será utilizado en el literal b).
Artículo 89. Recursos del Fondo de Riesgos Profesionales. El Fondo de Riesgos Profesionales lo conforman los siguientes recursos:

  • El uno por ciento (1%) del recaudo por cotizaciones a cargo de los empleadores.

  • Aportes del presupuesto nacional.

  • Las multas de que trata este Decreto.

  • Los recursos que aporten las entidades territoriales para planes de Prevención de Riesgos Profesionales en sus respectivos territorios, o de agremiaciones o federaciones para sus afiliados.

  • Las donaciones que reciba y en general los demás recursos que reciba a cualquier título.


Artículo 90. Planes de inversión del Fondo. Anualmente, dentro del primer trimestre, el Director de Riesgos Profesionales del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social presentará los proyectos de inversión de los recursos del Fondo para la siguiente vigencia, los cuales deberán ser aprobados por el Consejo Nacional de Riesgos Profesionales.

Los recursos del Fondo se destinarán al desarrollo de planes y programas propios del Sistema General de Riesgos Profesionales y no podrán ser destinados a gastos de administración y funcionamiento.
CAPITULO X

Sanciones.


Artículo 91. Modificado. Dec 2150/95, art. 115. Competencias para sanciones. Le corresponde a los directores regionales y secciónales del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social imponer las sanciones establecidas a continuación, frente a las cuales opera el recurso de apelación ante el director técnico de riesgos profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.


  1. Para el empleador:

  1. El incumplimiento de la afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales, le acarreará a los empleadores y responsables de la cotización, además de las sanciones previstas por el Código Sustantivo del Trabajo, la legislación laboral vigente y la Ley 100 de 1.993, o normas que la modifiquen, incorporen o reglamenten, la obligación de reconocer y pagar al trabajador las prestaciones consagradas en el presente Decreto.

  2. La no afiliación y el no pago de dos o más períodos mensuales de cotizaciones, le acarreará al empleador multas sucesivas mensuales de hasta quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

  3. Cuando el empleador o responsable del pago de la cotización no aplique las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos profesionales, adoptados en forma general por la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ésta le podrá imponer multas mensuales sucesivas hasta por quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

  4. Se hará acreedor a igual sanción cuando no aplique las instrucciones y determinaciones de prevención de riesgos profesionales que le sean ordenados en forma específica por la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a solicitud de la entidad administradora a la que se encuentre afiliado.

  5. En caso de que no se hubiese corregido el riesgo, dentro de los términos que señale el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se procederá a ordenar la suspensión de actividades hasta por seis meses.

  6. Transcurrido este término, la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en cualquier momento, podrá ordenar la suspensión de actividades, cuando el riesgo profesional así lo amerite.

  7. Cuando la inscripción del trabajador no corresponda a su base de cotización real, o el empleador no haya informado sus cambios posteriores dando lugar a que se disminuyan las prestaciones económicas del trabajador, el empleador deberá pagar al trabajador la diferencia en el valor de la prestación que le hubiera correspondido, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.

  8. En los casos previstos en el literal anterior o cuando el empleador no informe sobre el traslado de un afiliado a un lugar diferente de trabajo, y esta omisión implique una cotización mayor al Sistema, la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa solicitud motivada de la entidad administradora correspondiente, podrá imponer al empleador una multa multas de hasta quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada caso.

  9. La no presentación o extemporaneidad del informe de accidente de trabajo o de enfermedad profesional o el incumplimiento por parte del empleador de las demás obligaciones establecidas en este Decreto, la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, podrá imponer multas de hasta doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales.


b) Para el afiliado o trabajador:

El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos adoptados en forma general o específica, y que se encuentren dentro de los Programas de Salud Ocupacional de la respectiva empresa, que le hayan comunicado por escrito, facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa, tanto para los trabajadores privados como para los servidores públicos, previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, respetando el derecho de defensa.
c) Para la entidad Administradora de Riesgos Profesionales:

Las entidad administradora de riesgos profesionales que incurran en conductas tendientes a dilatar injustificadamente el pago de las prestaciones de que trata el presente Decreto, o impidan o dilaten la libre escogencia de entidad administradora, o rechacen a un afiliado, o no acaten las instrucciones u órdenes de la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, serán sancionadas por la Superintendencia bancaria, en el primer caso, o por la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales en los demás, con multas sucesivas hasta de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de las demás previstas en la Ley o en este Decreto.

Sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones que puede imponer la Superintendencia Bancaria en desarrollo de sus facultades legales, cuando las Administradoras de Riesgos Profesionales incurran en defectos respecto de los niveles adecuados de patrimonio exigidos, la Superintendencia Bancaria impondrá, por cada incumplimiento, una multa por el equivalente al tres punto cinco por ciento (3.5%) del valor del defecto mensual, sin exceder respecto de cada incumplimiento, del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto requerido para dar cumplimiento a tal relación.

En adición a lo previsto en los incisos anteriores, la Superintendencia Bancaria impartirá todas las órdenes que resulten pertinentes para el inmediato restablecimiento de los niveles adecuados de patrimonio o de la reserva de estabilización, según corresponda.
Artículo 92. Sanción moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados para el efecto, generan un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses son de la respectiva entidad administradora de riesgos profesionales que deberá destinarlos a desarrollar las actividades ordenadas en el numeral 2 del artículo 19o. de este Decreto.

Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan el pago oportuno de los aportes al Sistema General de Riesgos Profesionales, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.

En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas necesarias para el pago de los aportes al Sistema General de Riesgos Profesionales, como requisito para la presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente.


CAPITULO XI

Disposiciones finales.


Artículo 93. Inembargabilidad. Son inembargables:

  1. Los recursos de la cuenta especial de que trata el artículo 94o. de este Decreto.

  2. Las sumas destinadas a la cobertura de las contingencias del Sistema General de Riesgos Profesionales.

  3. Las pensiones y demás prestaciones que reconoce este Decreto, cualquiera que sea su cuantía, salvo que se trate de embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.


Artículo 94. Tratamiento tributario. Estarán exentas del impuesto sobre las rentas y complementarios:

  1. Las sumas pagadas por la cobertura de las contingencias del Sistema General de Riesgos Profesionales

  2. Las pensiones estarán exentas del impuesto sobre las rentas.

Estarán exceptuados del impuesto a las ventas los servicios de seguros y reaseguros que prestan las compañías de seguros, para invalidez y sobrevivientes del Sistema General de Riesgos Profesionales, de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

Estarán exentos del impuesto de timbre los actos o documentos relacionados con la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.

Parágrafo: Los aportes, que son en su totalidad a cargo del empleador, serán deducibles de su renta.
Artículo 95. Intereses de mora. A partir del 1o. De Agosto de 1.994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata este Decreto, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés para créditos de libre asignación, certificado por la Superintendencia Bancaria, para el período correspondiente al momento en que se efectúe el pago.
Artículo 96. Prescripción. Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, Sent. C-452 de 2002
Ley 776/2002,

Artículo 18. Prescripción. Las prestaciones establecidas en el Decreto-ley 1295 de 1994 y en esta ley prescriben:

a) Las mesadas pensionales en el término de tres (3) años;

b) Las demás prestaciones en el término de un (1) año.

La prescripción se cuenta desde el momento en que se le define el derecho al trabajador.
Artículo 97. Vigencia del Sistema General de Riesgos Profesionales El Sistema General de Riesgos Profesionales previsto en el presente Decreto, regirá a partir del 1o. de Agosto de 1.994 para los empleadores y trabajadores del sector privado.

Para el sector público del nivel nacional regirá a partir del 1o. De Enero de 1.996.

No obstante, el Gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las Administradoras de Riesgos Profesionales, con sujeción a las disposiciones contempladas en el presente Decreto, a partir de la fecha de su publicación.

Parágrafo: El Sistema General de Riesgos Profesionales para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 1o. De Enero de 1.996, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental. Hasta esta fecha, para estos trabajadores continuarán vigentes las normas anteriores a este Decreto.
Artículo 98. Derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los artículos 199, 200, 201, 203, 204 y 214 del Código Sustantivo de Trabajo; los artículos 20, 88 y 89 del Decreto 1650 de 1.977; los artículos 24, 25 y 26 del Decreto 2145 de 1.992; los artículos 22, 23, 25, 34, 35 y 38 del Decreto 3135 de 1.968; los capítulos cuarto y quinto del Decreto 1848 de 1.969; el artículo 2o. Y el literal b. Del artículo 5o. De la Ley 62 de 1.989 y demás normas que le sean contrarias, a partir de la entrada en vigencia del Sistema General de Riesgos Profesionales, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.

a los 22 días del mes de Junio de 1.994.
FAVIO VILLEGAS.

Ministro Delegatario en Funciones Presidenciales.
RUDOLF HOMMES RODRIGUEZ.

Ministro de Hacienda y Crédito Público.
JOSE ELIAS MELO ACOSTA.

Ministro de Trabajo y Seguridad Social
EDUARDO JOSE ALVARADO SANTANDER.

Viceministro de Salud Encargado de las Funciones del Despacho Ministro de Salud.









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