Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal






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Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal.
LEY No. 2002-72
CONGRESO NACIONAL
Considerando:
Que la Constitución Política de la República preceptúa en el artículo 120 que no habrá dignatario, autoridad, funcionario ni servidor público exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones y que el ejercicio de dignidades y funciones públicas constituye un servicio a la colectividad, que exige capacidad, honestidad y eficiencia;
Que el artículo 226 de la Constitución Política de la República establece que las competencias del gobierno central podrán descentralizarse, excepto la defensa y la seguridad nacionales, la dirección de la política exterior y las relaciones internacionales, la política económica y tributaria del Estado, la gestión de endeudamiento externo y aquellas que la Constitución Política de la República y convenios internacionales expresamente excluyan;
Que según el artículo 237 de la Constitución Política de la República, la ley establecerá las formas de control social y de rendición de cuentas de las entidades del régimen seccional autónomo;
Que el artículo 244 de la Constitución Política de la República señala que dentro del sistema de economía social de mercado al Estado le corresponderá la formulación descentralizada y participativa de planes y programas obligatorios para la inversión pública y referenciales para la privada, además de mantener una política fiscal disciplinada;
Que el artículo 260 de la Constitución Política de la República establece que la formulación y ejecución de la política fiscal será de responsabilidad de la Función Ejecutiva y que el Presidente de la República determinará los mecanismos y procedimientos para la administración de las finanzas públicas, sin perjuicio del control de los organismos pertinentes;
Que la falta de regularidad en la obtención de los ingresos públicos afecta a la formulación y aplicación de la política fiscal y a la eficiente asignación de los recursos;
Que es conveniente para el país que los ingresos adicionales del Estado provenientes de la explotación de recursos petroleros sean utilizados para reducir la deuda pública, contribuir a la estabilización y sostenibilidad fiscal, y aprovechar el ahorro para orientarlo a inversiones que permitan el desarrollo económico y social;
Que la sociedad exige establecer reglas de finanzas públicas y transparencia tendientes a lograr una gestión fiscal eficiente y un efectivo control ciudadano; y,
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, expide la siguiente:
LEY ORGÁNICA DE RESPONSABILIDAD, ESTABILIZACIÓN Y TRANSPARENCIA FISCAL
TITULO I
DE LOS PLANES PLURIANUALES
Capítulo I
De los planes de gobierno y planes institucionales
Art. 1.- De los planes plurianuales.- Al inicio de cada período de gobierno, hasta el 31 de enero, el Presidente de la República presentará al país, ante el Congreso Nacional, un plan plurianual para cuatro años, el mismo que contendrá los objetivos, metas, lineamientos estratégicos y políticas de su gestión. Este plan de gobierno servirá de referencia para que los gobiernos seccionales autónomos elaboren sus planes plurianuales.
Los planes plurianuales orientarán las decisiones de gasto y de inversión pública con carácter obligatorio. Las metas de estos planes se expresarán mediante indicadores cuantitativos y cualitativos, que serán preparados, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, por el organismo técnico encargado de la planificación nacional ODEPLAN y por el Ministerio de Economía y Finanzas y sometidos a la aprobación del Presidente de la República.
La evolución, seguimiento y monitoreo del plan plurianual del gobierno y de la ejecución del Presupuesto General del Estado serán efectuados por el organismo técnico encargado de la planificación nacional y por el Ministerio de Economía y Finanzas, respectivamente, cuyos informes detallados serán presentados dentro de los treinta días siguientes a cada trimestre, al Presidente de la República y al Congreso Nacional.
El Presidente de la República podrá disponer los correctivos que sean necesarios considerando el comportamiento y tendencias económicas y sociales del país.
El Presidente de la República en su informe anual se referirá al cumplimiento de su plan plurianual y de los mandatos de esta ley.
Los gobiernos del régimen seccional autónomo deberán efectuar la evaluación y, si fuere del caso, los ajustes de sus planes plurianuales.
Art. 2.- De los planes institucionales.- Cada institución del sector público no financiero elaborará el plan plurianual institucional para cuatro años y planes operativos anuales que servirán de base para la programación presupuestaria y los remitirá al Ministerio de Economía y Finanzas, con las proformas presupuestarias correspondientes.
Las entidades del régimen seccional autónomo no estarán obligadas a remitir sus planes al Ministerio de Economía y Finanzas.
Los planes institucionales deberán ser consistentes con los respectivos planes plurianuales referidos en el artículo 1 y evidenciarán las relaciones costo-beneficio de los gastos.
Las instituciones cuya autonomía reconoce la Constitución Política de la República, en que sus órganos de gobierno o sus titulares son a período fijo, deberán elaborar el plan plurianual al inicio del respectivo período.
TITULO II
REGLAS MACROFISCALES
Capítulo I
Metas de la gestión fiscal
Art. 3.- Balance Fiscal.- La proforma del presupuesto del gobierno central de cada año estará sujeta a dos reglas fiscales:
El gasto primario del gobierno central, entendiendo como el gasto total excluidas las asignaciones destinadas al pago de intereses de la deuda pública interna y externa, no se incrementará anualmente en más del 3.5 por ciento en términos reales determinados considerando el deflactor implícito del Producto Interno Bruto, el mismo que será publicado por el Banco Central del Ecuador y constará dentro del las directrices presupuestarias; en el concepto del gasto total, no están incluidas las amortizaciones; y,
El déficit resultante de los ingresos totales, menos los ingresos, por exportaciones petroleras y menos gastos totales, se reducirá anualmente en 0.2 por ciento del PIB hasta llegar a cero.
Art. 4.- Del gasto operativo del sector público financiero.- Los presupuestos que contienen los gastos operativos corrientes de cada una de las instituciones del sector público financiero, no se incrementará anualmente en más del 2.5 por ciento en términos reales, determinados considerando el deflactor implícito del PIB, el mismo que será publicado por el Banco Central del Ecuador y constará dentro de las directrices presupuestarias.
Capítulo II
Del endeudamiento público
Art. 5.- Reducción y límite al endeudamiento público.- El Ministerio de Economía y Finanzas aplicará una política de reducción permanente de la deuda pública, tendiente a que la relación entre el saldo de la deuda pública total y el PIB disminuya como mínimo en 16 puntos porcentuales durante el período gubernamental de 4 años contados a partir del 15 de enero del año 2003. Igual regla se aplicará para los siguientes cuatrienios, hasta que la relación deuda PIB se encuentre en el 40%.
“Una vez alcanzado el 40% en la relación deuda/PIB, el nivel de endeudamiento público no podrá superar este límite o porcentaje”.
Nota: Inciso agregado por el artículo 1 de la Ley Reformatoria No. 2002-83, publicada en el Registro Oficial No. 676 de 3 de octubre del 2002.
Para este propósito se entenderá como deuda pública: la deuda externa y la deuda interna que debe incluir la deuda con el IESS y todas las obligaciones, que signifiquen endeudamiento, asumidas por el Estado de acuerdo con la ley, excepto los pasivos de la AGD.
El valor real de la deuda que mantiene el Estado con el IESS deberá ser cancelada. Los dividendos deberán constar anualmente y de forma obligatoria en el presupuesto del gobierno central y no podrán destinarse a gastos corrientes ni operativos, “sino al pago y mejoramiento de pensiones jubilares y a reducir el déficit actuarial de pensiones del IESS, aún cuando no se haya efectuado la consolidación de dicha deuda”.
Nota: Inciso modificado por el artículo 2 de la Ley Reformatoria No. 2002-83, publicada en el Registro Oficial No. 676 de 3 de octubre del 2002.
Para cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, el Ministro de Economía y Finanzas será el responsable de la elaboración y ejecución de un plan de reducción de la deuda, de carácter obligatorio.
Art. 6.- De las metas anuales.- El Ministro de Economía y Finanzas fijará, en el segundo semestre de cada año, el objetivo de reducción de deuda para el año siguiente, consistente con la meta cuatrianual establecida en el artículo 5.
Art. 7.- Límites al endeudamiento para gobiernos seccionales.- Para la aprobación y ejecución de sus presupuestos, los gobiernos seccionales deberán observar los siguientes límites de endeudamiento:
La relación porcentual calculada en cada año entre los pasivos totales y los ingresos totales anuales no deberá ser superior al 100 por ciento; y,
La relación servicio anual de la deuda a ingresos totales deberá ser inferior al 40 por ciento. Para este cálculo el servicio de la deuda incluirá las respectivas amortizaciones, intereses y deuda flotante.
Las entidades del régimen seccional autónomo que al momento de aprobación de esta ley superaren estos límites deberán preparar y ejecutar un plan de reducción para alcanzarlos en un período no mayor de 4 años.
Art. 8.- De la utilización del superávit presupuestario.- Si al final de un ejercicio fiscal el presupuesto del Gobierno Central registrare un superávit derivado de la diferencia entre ingresos totales efectivos menos gastos totales devengados, el gobierno central lo transferirá de manera obligatoria al Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público, al que se refiere esta ley. Las demás instituciones del sector público no financiero destinarán el superávit a reducir su deuda pública y a realizar inversiones sociales y productivas.
Art. 9.- Restricciones al endeudamiento público.- Las instituciones del sector público que realicen operaciones de crédito, lo harán exclusivamente para financiar inversiones.
El Gobierno Central no podrá contratar créditos a favor de entidades y empresas sometidas al régimen jurídico del sector privado, inclusive las de economía mixta; tampoco asumirá, ni subrogará deudas de esas entidades, originadas en la voluntad de las partes.
El Gobierno Central podrá otorgar garantías para la obtención de créditos por las entidades del Régimen Seccional Autónomo, provenientes de organismos multilaterales o créditos de gobierno a gobierno, exclusivamente para obras de infraestructura básica. En este caso, de forma previa al otorgamiento de la garantía, deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos para el endeudamiento previstos en este ley y deberán establecerse e instrumentarse los mecanismos necesarios para la restitución de los valores que el Gobierno Central pudiera llegar a tener que pagar en los casos de incumplimiento. En ningún caso se otorgarán garantías para la obtención de créditos a corto plazo.
El Gobierno Central ejecutará mediante convenio las inversiones necesarias, acordes con las prioridades establecidas en los gobiernos seccionales autónomos y/o entidades de desarrollo en sus circunscripciones, exclusivamente en los casos en que aquellos no sean sujetos de crédito por falta de capacidad de pago o de gestión, debidamente justificada, no atribuible a sobreendeudamiento o incumplimiento del plan de reducción de deuda.
De igual manera procederá el Gobierno Central cuando, a su criterio, sea conveniente ejecutar con el aporte económico conjunto de los gobiernos seccionales obras que requieran de la coparticipación financiera estatal en razón de la existencia de necesidades básicas insatisfechas de su población integrada, en gran medida, por una elevada migración interna.
Art. 10.- Requisitos para operaciones de crédito.- Para la contratación de crédito interno y externo, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
Que el proyecto al que se destine el crédito cuente con la calificación de viabilidad técnica, financiera, económica y social, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, tratándose del Gobierno Central, o de la propia entidad si se trata de los gobiernos seccionales;
Que el proyecto sea declarado prioritario por la ODEPLAN, tratándose del Gobierno Central o de la propia entidad si se trata de los gobiernos seccionales;
Que se esté cumpliendo con el plan de reducción de la deuda, cuando corresponda;
Que en caso de no requerir plan de reducción de deuda, no se exceda los límites previstos en esta ley, calculados, incluyendo el monto del nuevo crédito solicitado;
Que la máxima autoridad de la institución solicitante certifique que ésta no tiene obligaciones vencidas de amortizaciones o intereses de la deuda pública, evidenciándolo con certificados otorgados por los acreedores;
“Que se cuente con los dictámenes favorables del Ministro de Economía y Finanzas, del Directorio del Banco Central del Ecuador y del Procurador General del Estado, los mismos que deberán guardar correspondencia con el límite de endeudamiento público que, constitucionalmente, haya sido aprobado por el H. Congreso Nacional. Los dictámenes deberán emitirse en un término de veinte días, contados a partir de la recepción de la documentación pertinente. De no hacerlo, se entenderá el silencio como dictamen favorable”.
Nota: Literal sustituido por el artículo 3 de la Ley Reformatoria No. 2002-83, publicada en el Registro Oficial No. 676 de 3 de octubre del 2002.
Que se haya cumplido la obligación de registro de los créditos suscritos con anterioridad, establecida en el artículo 11 de esta ley;
Que consten en los respectivos presupuestos las partidas de desembolsos y asignaciones destinadas a las inversiones correspondientes, así como, si fuera del caso, las del servicio de las deudas; e,

Que la contratación del nuevo crédito evite el deterioro del perfil de vencimientos promedio de la deuda pública total, según corresponda.
Art. 11.- Registro de las operaciones de crédito.- Los contratos de deuda pública deberán registrarse en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Banco Central del Ecuador, dentro de los 15 días posteriores a su suscripción, para su seguimiento..
Capítulo III
De las inversiones en sociedades de capital
Art. 12.- Limitación a las inversiones.- Las instituciones del sector público podrán hacer inversiones en nuevas acciones de sociedades de capital solo con sus propios recursos, que no deberán provenir de transferencias o de la asunción directa o indirecta de pasivos por parte del gobierno central o del respectivo gobierno seccional.
TITULO III
DE LA ESTABILIZACION FISCAL
Capítulo I
Del Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público
Art. 13.- “Creación del Fondo.- Crease el Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público FEIREP, como un fideicomiso mercantil cuyo fiduciario será el Banco Central del Ecuador. Los recursos del Fondo se destinarán exclusivamente a los fines previstos en esta Ley”.
Nota: Artículo sustituido por el artículo 4 de la Ley Reformatoria No. 2002-83, publicada en el Registro Oficial No. 676 de 3 de octubre del 2002.
Art. 14.- Recursos que alimentan el Fondo.- Constituirán recursos del FEIREP todos los ingresos del Estado provenientes del petróleo crudo transportado por el Oleoducto de Crudos Pesados, que no se deriven de la menor utilización del SOTE de petróleos livianos, los originados por los rendimientos financieros de la misma cuenta, los generados en el superávit presupuestario a los que se refiere el artículo 8 de esta ley y todas las comisiones que se originen por la administración de los recursos del FEIREP, y los provenientes del Fondo para la Administración de Pasivos, en el porcentaje señalado en el literal a) del artículo 58-A del Capítulo VI, de las Reformas a la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 181 del 30 de abril de 1999, y constante en la Ley No. 2000-4, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 34 de 13 de marzo del 2000, una vez descontadas las transferencias de los recursos que obligatoriamente deberá realizar el Gobierno Central de acuerdo con lo establecido en las leyes No. 120, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 378 de 7 de agosto de 1998 y la que creó el Fondo para el Desarrollo Amazónico y sus organismos seccionales, publicada en el Registro Oficial No. 30 de 21 de septiembre de 1992 y sus reformas.
Los ingresos y egresos de la FEIREP se registrarán en el Presupuesto General del Estado. Estos recursos son intangibles, inembargables y ni podrán ser usados como garantías, fianzas, colaterales o similares, ni en destinos diferentes a los señalados en esta ley. Tampoco serán considerados como ingresos y gastos primarios corrientes del Presupuesto del Gobierno Central.
Capítulo II
De la Comisión de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público
Art. 15.- De la Comisión.- Conformase la Comisión de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público, como persona jurídica de derecho público, dirigida por un directorio integrado por los siguientes miembros: el Ministro de Economía y Finanzas, quien lo presidirá; un representante del Presidente de la República; y, el Procurador General del Estado. La representación legal del organismo la ostentará el Ministro de Economía y Finanzas. Los miembros de esta Comisión ostentarán la categoría de funcionarios públicos.
Los miembros del Directorio no podrán delegar sus funciones, ni ser representantes legales, ni apoderados de las instituciones financieras que operen legalmente en el Ecuador, ni podrán ser accionistas, ni representantes legales de personas jurídicas que sean socias de instituciones financieras.
Son atribuciones de la comisión:
Vigilar la administración del fideicomiso;
Informar mensualmente al Presidente de la República y al H. Congreso Nacional, sobre los movimientos y el estado financiero del fideicomiso;
Seleccionar y contratar firmas auditoras externas independientes que ejecuten el examen anual del manejo y los estados financieros de los recursos del fideicomiso, sin perjuicio de los exámenes especiales o auditorías que realice la Contraloría General del Estado, de conformidad con sus atribuciones constitucionales;
Vigilar el cumplimiento de los planes de reactivación productiva y del desarrollo social;

Vigilar el cumplimiento de los planes de reducción de deuda;
Recomendar la adopción de las medidas necesarias para la idónea administración del fideicomiso; y,
Cumplir las demás disposiciones que se establezcan en la ley y en el reglamento.
La Secretaría Técnica de la comisión estará a cargo “del Banco Central del Ecuador”.
Nota: Inciso modificado por el artículo 5 de la Ley Reformatoria No. 2002-83, publicada en el Registro Oficial No. 676 de 3 de octubre del 2002.
Art. 16.- Administración del Fondo.- Para administrar los recursos del FEIREP, el “Banco Central del Ecuador” los invertirá buscando optimizar un rendimiento consistente con una mínima volatilidad sobre esos recursos. En ningún caso se obtendrán beneficios inferiores a los que se obtendrían como consecuencia de la aplicación de los criterios con los cuales se invierte la reserva internacional de libre disponibilidad.
Nota: Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley Reformatoria No. 2002-83, publicada en el Registro Oficial No. 676 de 3 de octubre del 2002.
El Banco Central del Ecuador transferirá diariamente al fideicomiso los recursos que alimentan al FEIREP constituido según la presente ley. Adicionalmente incorporará los recursos originados por los rendimientos financieros del Fondo.
Art. 17.- Los recursos de este Fondo se destinarán exclusivamente a:
El 70% a recomprar la deuda pública

Externa “e Interna” a valor de mercado, para dar cumplimiento así lo estipulado en el artículo 5 de esta ley y a la cancelación de la deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Nota: Numeral modificado por el artículo 7 de la Ley Reformatoria No. 2002-83, publicada en el Registro Oficial No. 676 de 3 de octubre del 2002.
2. El 20% a estabilizar los ingresos petroleros hasta alcanzar el 2.5% del Producto Interno Bruto –PIB-, índice que deberá mantenerse de manera permanente; y, a cubrir los gastos ocasionados por catástrofes y para atender emergencias legalmente declaradas conforme al artículo 180 de la Constitución Política de la República.
3. El 10% a través de educación y salud para promover el desarrollo humano.
“Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los tres numerales de este artículo, en cada ocasión que se deba utilizar los recursos del FEIREP, se requerirá de la expedición de un decreto ejecutivo en el que se precise el monto y el destino de los recursos que no podrá ser otro que el señalado en cada uno de los numerales de este artículo; los porcentajes señalados para dicho efecto, en ningún caso podrán ser superiores a los establecidos en este artículo. Los decretos ejecutivos que se refieran a la recompra de la deuda tendrán el carácter de reservados por un período de sesenta días contados a partir de su suscripción”.
Nota: Inciso reemplazado por el artículo 8 de la Ley Reformatoria No. 2002-83, publicada en el Registro Oficial No. 676 de 3 de octubre del 2002.
Los recursos que se liberen por concepto del pago de la deuda pública se canalizarán exclusivamente a: inversiones en obras de infraestructura, reactivación de la pequeña y mediana empresa nacional y a promover el desarrollo humano a través de la educación, salud y vivienda.
Prohíbese expresamente la utilización de los recursos de este Fondo para financiar gasto corriente.
“La utilización de los recursos contemplados en el numeral 1 de este artículo será registrada durante la ejecución presupuestaria como amortizaciones”.
Nota: Inciso agregado por el artículo 9 de la Ley Reformatoria No. 2002-83, publicada en el Registro Oficial No. 676 de 3 de octubre del 2002.
“La utilización de los recursos contemplados en el numeral 2 del presente artículo, destinados a estabilización, se registrará en la ejecución presupuestaria como ingresos. En el caso de utilización para catástrofes o emergencias, se registrarán en la ejecución presupuestaria como gasto”.
Nota: Inciso agregado por el artículo 9 de la Ley Reformatoria No. 2002-83, publicada en el Registro Oficial No. 676 de 3 de octubre del 2002.
“La utilización de los recursos contemplados en el numeral 3, deberá estar dentro de los límites del artículo 3 de la Ley y sujeto a los criterios de la programación presupuestaria”.
Nota: Inciso agregado por el artículo 9 de la Ley Reformatoria No. 2002-83, publicada en el Registro Oficial No. 676 de 3 de octubre del 2002.
TITULO IV
DE LA TRANSPARENCIA FISCAL Y DEL CONTROL CIUDADANO
Capítulo I
Del control ciudadano

Art. 18.- Del libre acceso a la información.- El Estado garantizará el control ciudadano de la gestión pública a través del libre acceso a los documentos e información presupuestaria, contable y de las operaciones y contratos de crédito de todas las entidades del sector público y del sector privado en la parte que corresponda a bienes u otros recursos del sector público.
Art. 19.- Acción pública.- Se concede acción pública para denunciar las violaciones o transgresiones a esta ley.
Capitulo II
De la información
Art. 20.- Divulgación de los planes y de su evaluación.- El Presidente de la República, los prefectos, los alcaldes y los responsables de las entidades autónomas reconocidas por la Constitución Política de la República divulgarán los planes que hubieran elaborado, incluidos los de reducción de deuda si fuere del caso, e informarán cada trimestre a la ciudadanía sobre los resultados de evaluación de los planes y respecto de la correctivos que se realicen.
Art. 21.- De la provisión de información.- Las máximas autoridades de cada entidad u organismo del sector público enviarán, mensualmente, dentro de los 30 días del mes siguiente, al Ministerio de Economía y Finanzas, la información presupuestaria, financiera y contable, de acuerdo con las normas técnicas, expedidas por ese Portafolio. Además, remitirán trimestralmente la información de la ejecución de sus planes operativos y de los planes de reducción de la deuda, si fuere del caso, para fines de consolidación y divulgación.
Art. 22.- De los sistemas de información.- El Ministerio de Economía y Finanzas establecerá un sistema oficial de información y amplia difusión que servirá de base para el control de la ciudadanía, que incluirá la información relativa al cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, así como la referente a decisiones sobre tarifas y precios de bienes y servicios públicos y transferencia o venta de activos públicos, con su correspondiente sustentación técnica y legal. También se informará en detalle sobre el proceso, los términos y las condiciones financieras de operaciones de recompra de deuda realizadas, y sobre los orígenes, motivos, términos y condiciones financieras de los refinanciamientos realizados.
La información a difundirse incluirá los fundamentos estadísticos y los supuestos utilizados para determinar los indicadores referidos en esta ley y para la elaboración del plan de reducción de deuda referido en el artículo 5.
Los organismos del régimen seccional autónomo establecerán sus propios sistemas de información, para control ciudadano y notificación al Ministerio de Economía y Finanzas. Estos sistemas incluirá la información sobre lo dispuesto en esta ley, el cumplimiento de metas y de indicadores de gestión, decisiones sobre tarifas y precios de bienes y servicios públicos y transferencia o venta de activos públicos, así como los términos y condiciones financieras de operaciones de crédito, con su correspondiente sustentación técnica y legal.
TITULO V
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Capítulo I
De las infracciones y sanciones
Art. 23.- Infracciones y sanciones por negligencia grave.- Sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar, las máximas autoridades de cada institución sancionarán, de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley, con una multa de 200 a 2.500 dólares, y con la destitución del cargo en el caso de aplicarse la multa mayor, al o a los funcionarios o servidores públicos que por negligencia grave, no hubieren cumplido con las obligaciones que a cada uno corresponda en esta ley.
Art. 24.- Quienes dispongan de información calificada como privilegiada y confidencial respecto de lo señalado en el artículo que regula la utilización de los recursos del Fondo o que de cualquier manera le filtren, publiquen o den a conocer la misma a personas naturales o jurídicas no autorizadas o ajenas al ámbito de aplicación de esta ley, serán sancionadas con la destitución inmediata de su cargo a través de la autoridad nominadora sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que les correspondiere.
Art. 25.- Sanciones a máximas autoridades.- Si las infracciones fueren cometidas por negligencia grave por las máximas autoridades de las instituciones del sector público que no sean Ministros-Secretarios de Estado, las sanciones serán impuestas por la autoridad nominadora. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar en los casos que fuere pertinente de acuerdo con la ley, serán sancionados con una multa de 20 a 30 veces su remuneración total mensual, y con la destitución del cargo en el caso de aplicarse la multa mayor.
Art. 26.- Sanciones a Ministros-Secretarios de Estado.- Si las infracciones fueren cometidas por negligencia grave por un Ministro-Secretario de Estado, el Presidente de la República lo sancionará con la máxima multa prevista en el artículo “25” y con la cesación del cargo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales o del juicio político a que hubiere lugar “además perderá los derechos políticos por el lapso de un año”.
Nota: Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley Reformatoria No. 2002-83, publicada en el Registro Oficial No. 676 de 3 de octubre del 2002.
Art. 27.- Sanciones a funcionarios de la Contraloría General del Estado.- Sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar, el Contralor General del Estado, de conformidad con la ley, sancionará con una multa de 500 a 5.000 dólares, y con la destitución del cargo en el caso de aplicarse la multa mayor, al o a los funcionarios de la Contraloría General del Estado que por negligencia grave hubieren omitido ordenar, efectuar o verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.
Art. 28.- Inobservancia de correctivos.- Los dignatarios, autoridades, funcionarios o servidores públicos que omitieren la aplicación de las medidas correctivas relativas al cumplimiento de esta ley, dispuestas por la Contraloría General del Estado u otros organismos o autoridades competentes, serán destituidos de su cargo, con sujeción a la ley.
Art. 29.- Revocatoria de mandato.- Si los responsables del incumplimiento de esta ley fueren autoridades o dignatarios, su conducta será causal para la revocatoria del mandato, de acuerdo con la Constitución Política de la República y la ley.
Art. 30.- Prohibiciones y sanciones a la banca.- Las instituciones de la banca pública o privada no podrán otorgar créditos o adquirir papeles representativos de la deuda de las instituciones del régimen seccional autónomo que no cumplieren las disposiciones de esta ley relativas a:
Los límites de endeudamiento y plan de reducción de la deuda previstos en esta ley; y,
Las condiciones señaladas en los artículos 10 y 11.
La Superintendencia de Bancos aplicará, de conformidad con la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, las sanciones y multas por incumplimiento de esta disposición.
El Ministerio de Economía y Finanzas informará al sistema financiero sobre las entidades que han incumplido las condiciones señalas en la presente ley y cuando hayan superado tal condición. La información deberá ser trimestral y cuando ocurrieren tales eventos.
Art. 31.- Prohibiciones de acceso al crédito.- La institución que no registrare la información ni la mantuviere actualizada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11, no podrá acceder a recursos de crédito interno o externo.
Art. 32.- Sanciones por negligencia en el envío de información.- Si las entidades del sector público no enviaren la información hasta 15 días después del plazo establecido en el artículo 21, el Ministerio de Economía y Finanzas suspenderá la entrega de asignaciones del Presupuesto General del Estado a esa entidad hasta que se resuelva la causal de la suspensión, sin perjuicio de que se apliquen las sanciones referidas en esta ley.
TITULO VI
Capítulo I
Art. 33.- De las directrices presupuestarias.- El Ministerio de Economía y Finanzas dictará, hasta el último día de abril de cada año, las directrices que servirán para orientar la elaboración de las proformas de los presupuestos del año siguiente en correspondencia con los objetivos y metas establecidos en los planes plurianuales.
Estas directrices presupuestarias, que se presentarán con su correspondiente justificación, serán de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones cuyos presupuestos conforman el Presupuesto General del Estado, empresas públicas creadas por ley, así como para todas las instituciones financieras públicas en lo relativo a sus presupuestos operativos.

Las directrices se referirán a:
Política macroeconómica;
Política fiscal:
B1. Ingresos,
B2. Gastos
B3. Endeudamiento,
B4. Inversiones financieras y no

financieras de acuerdo a la ley;
Política de programación presupuestaria; y,
Aspectos metodológicos para la elaboración de las proformas presupuestarias.
Los supuestos y metas de política macroeconómica que se incluyan en las directrices podrán ser revisados hasta el mes de julio del año en que se dicten.
Dentro de las directrices presupuestarias la parte correspondiente a los supuestos macroeconómicos serán estimados y proporcionados por el banco Central del Ecuador.
En las directrices se determinarán las características y condiciones para la inclusión de partidas presupuestarias correspondientes, provenientes de los créditos a ser contratados.
Las entidades del régimen seccional autónomo no se sujetarán a las directrices contempladas en el presente artículo. No obstante dictarán sus propias políticas de ingresos y gastos orientadas a la obtención del equilibrio presupuestario. El endeudamiento interno se sujetará a las normas previstas en el artículo 9 de esta ley”.
“Art.....El referente del que se derivará el valor del barril de petróleo para efectos de estimar los ingresos en la proforma presupuestaria será el precio de mercado de futuros proyectado para el WTI o crudo referencial del Ecuador publicado por agencias u organismos internacionales especializados en la materia”.
Nota: Artículo agregado por el artículo 11 de la Ley Reformatoria No. 2002-83, publicada en el Registro Oficial No. 676 de 3 de octubre del 2002.
Art. 34.- Contenido y consistencia de los presupuestos.- El presupuesto General del Estado, los presupuestos de las entidades del régimen seccional autónomo, los de las empresas públicas creadas por ley, los presupuestos operativos de todas las instituciones financieras públicas, contendrán todos los ingresos, gastos y financiamiento. Los presupuestos serán consistentes con los respectivos planes plurianuales de gobierno e institucionales, directrices presupuestarias y disposiciones de la presente ley.
A más de los elementos señalados en las leyes pertinentes, los presupuestos anuales incluirán anexos que contengan la siguiente información:
Proyección trimestral de los ingresos, sobre la base de su estacionalidad;
Demostración de su compatibilidad con las respectivas directrices presupuestarias y sus planes plurianuales;
Determinación de las contrapartidas, para el evento de reducción o supresión de ingresos públicos por exenciones, amnistías, subsidios o por cualquier tratamiento diferenciado;
Lista de activos productivos e improductivos, tiempo de propiedad de los activos improductivos, cronograma de venta de activos improductivos y el destino de los recursos resultantes de su enajenación, o el plan para que los activos improductivos dejen de ser tales;
Pasivos contingentes y riesgos fiscales que pueden afectar los recursos públicos; y,
Estimación de las utilidades de las empresas públicas creadas por ley y de las del régimen seccional autónomo creadas por acto legislativo seccional”.
Art. 35.- Aprobación de proformas y de presupuestos.- Todas las entidades del sector público no financiero cuyos presupuestos conforman el Presupuesto General del Estado, remitirán al Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 30 de junio de cada año, las proformas presupuestarias institucionales para su análisis y aprobación, con el fin de integrarlas y consolidarlas en la Proforma del Presupuesto General del Estado que será puesta a consideración del Presidente de la República, previo a su envío al Congreso Nacional.
Los presupuestos de todas las instituciones del sector público financiero serán aprobados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, en los términos dispuestos en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, con sujeción a las directrices presupuestarias dictadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Los presupuestos de las empresas públicas creadas por ley, excepto los de las empresas del régimen seccional autónomo, serán enviados al Ministerio de Economía y Finanzas para su análisis y aprobación, previo a su envío al Congreso Nacional”.
Art. 36.- Coparticipación en proyectos de inversión.- Los nuevos proyectos de inversión de las entidades del régimen seccional autónomo que no sean financiados con recursos propios deberán aportar con una contraparte de recursos económicos, humanos o de otra naturaleza, según la capacidad y potencialidad de la respectiva entidad seccional.
Art. 37.- Recursos asignados por transferencia de competencias.- Los recursos correspondientes a las competencias que hubieren sido transferidas a los gobiernos seccionales se incluirán en los presupuestos de las entidades receptoras y no se duplicarán en los presupuestos de las instituciones que hubieren transferido las competencias.
Art. 38.- Establecimiento de compromisos.- Los créditos presupuestarios quedarán comprometidos en el momento en que la autoridad competente, mediante acto administrativo expreso, decida la realización de los gastos, con o sin contraprestación cumplida o por cumplir y siempre que exista la respectiva asignación presupuestaria y el saldo disponible suficiente. En ningún caso se adquirirán compromisos para una finalidad distinta a la prevista en el respectivo presupuesto.
El compromiso subsistirá hasta que las obras se realicen, los bienes se entreguen o los servicios se presten. En tanto no sea exigible la obligación para adquisiciones nacionales o internacionales, se podrá anular total o parcialmente el compromiso.
Ninguna entidad u organismo del sector público podrá contraer o autorizar compromisos u obligaciones o celebrar contratos cuya ejecución deba durar un año o menos, si no existiere la correspondiente asignación presupuestaria con el saldo disponible suficiente para el pago completo de la obligación.
Los contratos cuya ejecución deba durar más de un período presupuestario podrán celebrarse cuando el presupuesto vigente contenga la asignación y disponibilidad suficiente para cubrir el costo de la parte que deba ejecutarse en el período, la cual deberá ser como mínimo el valor resultante de dividir el costo total del contrato para el número de años de su ejecución.
Para el cumplimiento total de las obligaciones derivadas de los contratos a los que se refiere el inciso anterior, se establecerán las asignaciones necesarias en los presupuestos de cada período subsiguiente, las que deberán corresponder al cronograma de cumplimiento de las obligaciones contractuales o de la ejecución del proyecto. Cuando no se devengue el valor total presupuestado en cada año, los valores necesarios deberán asignarse en los años siguientes en función de la programación financiera.
Art. 39.- Pasivos pendientes de pago.- Concluida la vigencia de los presupuestos del sector público, las entidades y organismos a los que refiere el artículo 2 de la Ley de Presupuestos del Sector Público, solo podrán efectuar pagos afectando los mismos, si se cumplen las condiciones siguientes:
Que las operaciones respectivas se encuentren debidamente contabilizadas y devengadas al 31 de diciembre del año correspondiente;
Que exista disponibilidad en caja en el año que se devengaron; y,
Que tratándose del Presupuesto del Gobierno Central, se informe al Ministerio de Economía y Finanzas del monto y características del pasivo circulante.
Las obligaciones que no cumplan estas condiciones y que se encuentren pendientes al 31 de diciembre de cada año, se aplicarán al siguiente ejercicio como pasivos pendientes de pago.
Las cuentas por pagar al final de cada año, deberán ser debidamente registradas y provisionadas en el cierre del ejercicio cuya información contable no podrá exceder de 30 días después del 31 de diciembre.
Art. 40.- Informes de control.- Conforme a los resultados del control presupuestario, el Ministerio de Economía y Finanzas, informará a las autoridades competentes, a fin de que se adopten las medidas correctivas y las recomendaciones políticas de ese Ministerio.
Sin perjuicio de la información que se presente al Presidente de la República cuando la situación lo amerite o cuando él la requiera, el Ministro de Economía y Finanzas presentará al Presidente de la República y al Congreso Nacional, durante los 45 días siguientes a cada trimestre, un informe detallado de la ejecución del Presupuesto General del Estado de ese período y los correspondientes estados financieros, con sus anexos.
Art. 41.- Modificaciones de créditos.- Las normas sobre traspasos, incrementos o reducciones y demás modificaciones presupuestarias las establecerá el Ministerio de Economía y Finanzas, en el régimen de modificaciones al que hace mención el artículo 54 de la Ley de Presupuestos del Sector Público. Se prohíbe el traspaso de recursos destinados a inversión para cubrir gastos corrientes, en todos los casos.
Si los ingresos corrientes no petroleros efectivos del Presupuesto General del Estado fueren inferiores a los presupuestados para el período trimestral, el Ministro de Economía y Finanzas deberá realizar las modificaciones de créditos en el presupuesto de gastos, inclusive transferencias y participaciones, en el mismo valor de los ingresos no obtenidos. Estas modificaciones no podrán afectar las asignaciones determinadas por la Constitución Política de la República. En el caso de que las modificaciones se realizaren en inversiones, deberán sujetarse a la priorización acorde con el plan plurianual de gobierno, y a la jerarquización de los proyectos que efectúe el Ejecutivo.
Si en cualquiera de los primeros tres trimestres del año los ingresos petroleros efectivos del Presupuesto General del Estado fueren inferiores a los presupuestados para ese período, estos ingresos podrán ser compensados utilizando los recursos del Fondo de Estabilización, de acuerdo a lo previsto en esta ley.
Para el caso de los gobiernos seccionales, dentro de los 30 días siguientes a cada trimestre, los prefectos provinciales y alcaldes presentarán a los consejos provinciales y concejos municipales, respectivamente, un informe de la ejecución presupuestaria y los correspondientes estados financieros. Si los ingresos corrientes efectivos de recaudación propia o de las transferencias provenientes del Presupuesto del Gobierno Central fueren inferiores a los presupuestados para el período trimestral, los consejos provinciales y concejos municipales deberán aprobar las modificaciones de créditos en el presupuesto de gastos en el mismo valor de los ingresos no obtenidos.
CAPITULO II
A LA LEY PARA LA TRANSFORMACIÓN ECONOMICA DEL ECUADOR
Art. 42.- Sustitúyase el literal a) del artículo 58 A de las Reformas a la Ley para la Reforma de la Finanzas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 181 de 30 de abril de 1999, agregado por el artículo 44 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 34 de 13 de marzo del 2000, por el siguiente:
“a) el 45% se destinará al Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público”.
TITULO VII
DEROGATORIAS
Art. 43.- Derogatorias.-
En el artículo 4-A de la Ley de Presupuestos del Sector Público, reformada por el artículo 60 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, Registro Oficial No. 34 de 13 de marzo del 2000, suprímese desde: “Sustentabilidad....”, hasta: “...el año inmediatamente anterior.”. Y desde: “Equilibrio....”, hasta: “....equilibrio fiscal.”.
Art. 44.- Derogatorias generales.- Deróganse las disposiciones legales o reglamentarias que se opongan a la presente ley.
TITULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la promulgación de esta ley, el Ministro de Economía y Finanzas y las entidades del régimen seccional autónomo establecerán los mecanismos y organizarán los procesos que sean necesarios para aplicar las disposiciones de los artículos 40 y 41, en su orden.
Segunda.- Dentro del plazo de ciento ochenta días a contar desde la promulgación de esta ley, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá aprobar el primer plan de reducción de endeudamiento público al que se refiere el artículo 5.
Tercera.- Dentro del plazo de ciento ochenta días a contar desde la promulgación de esta ley, los concejos municipales y consejos provinciales, deberán aprobar los respectivos planes iniciales de reducción de endeudamiento a los que se refiere el artículo 7.
Cuarta.- Dentro del plazo de sesenta días a contar desde la promulgación de esta ley, los concejos municipales y consejos provinciales, deberán registrar los contratos de crédito externo e interno que estuvieren vigentes.
Quinta.- Dentro del plazo de 90 días a contar desde la promulgación de esta ley, el Presidente de la República expedirá el reglamento para la aplicación de la misma.
Sexta.- Dentro del plazo de ciento ochenta días a contar desde la promulgación de esta ley, el Ministerio de Economía y Finanzas y los organismos del régimen seccional autónomo establecerán los sistemas de información a los que se refiere la misma.

Séptima.- El Ministerio de Economía y Finanzas, hasta 31 de octubre del presente año, elaborará el estado consolidado de la deuda pública en los términos que establece el artículo 5.
Disposición Final.- La presente ley regirá desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.
Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador a los veinte y tres días del mes de mayo del año dos mil dos.
H. José Cordero Acosta, Presidente.
f.) Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General.
CONGRESO NACIONAL.- Certifico: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la Secretaría General.- Día: 27-V-2002.- Hora: 16h30.- f.) Ilegible.- Secretaría General.
Promulgada en el Registro Oficial No. 589 de 4 de junio del 2.002.
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