Santiago, ocho de julio de dos mil diez






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Santiago, ocho de julio de dos mil diez.

V I S T O S:

En estos autos N° 2182-98, Episodio “Carlos Prats”, rol de la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia dictada por el Ministro de Fuero don Alejandro Solís Muñoz el treinta de junio de dos mil ocho, que se lee de fojas 6.834 a 7.338, se castigó a Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda y Pedro Octavio Espinoza Bravo, a sufrir cada uno de ellos, veinte años de presidio mayor en su grado máximo y las accesorias respectivas, por su responsabilidad de autores, en calidad de jefes, del delito de asociación ilícita, perpetrado entre los meses de septiembre de mil novecientos setenta y tres y el treinta de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro. También fueron sancionados Raul Eduardo Iturriaga Neumann, José Octavio Zara Holger, Cristoph Georg Paul Willeke Flöel y Juan Hernán Morales Salgado, a padecer quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado máximo, cada uno, y las accesorias pertinentes, como coautores, en condición de miembros, de la aludida asociación ilícita, siendo todos condenados al pago de las costas del proceso, sin otorgárseles ninguno de los beneficios de la Ley N° 18.216.

Asimismo, se condenó a Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, a dos penas de presidio perpetuo; a Pedro Octavio Espinoza Bravo, a dos penas de veinte años de presidio mayor en su grado máximo; a Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, a dos penas de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo y a José Octavio Zara Holger, Cristoph Georg Paul Willeke Flöel, María Inés Callejas Honores y Juan Hernán Morales Salgado, a sufrir cada uno de ellos, dos sanciones de diez años y un día de presidio mayor en su grado máximo, accesorias respectivas y, todos ellos, a satisfacer las costas del litigio, sin conferir alguna de las medidas de la Ley N° 18.216, por su responsabilidad de coautores de los homicidios calificados de Carlos Prats González y Sofía Cuthbert Chiarleoni, cometidos en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el treinta de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro.

Por último, se impuso a Jorge Enrique Iturriaga Neumann dos penas de cinco años y un día de presidio mayor en su grado medio y a Reginaldo de la Cruz Valdés Alarcón, dos penas de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado máximo, más accesorias y costas, por su intervención de cómplices en los aludidos homicidios, concediéndosele a éste último la remisión condicional de la pena, por igual período de extensión que su sanción privativa de libertad.

Respecto de los abonos de tiempo, en el caso de Contreras Sepúlveda se le reconocieron los trescientos ochenta y ocho días que se encontró privado de libertad, entre el veinticuatro de febrero de dos mil tres y el diecisiete de marzo de dos mil cuatro (fojas 1.350 y 3.498); a Espinoza Bravo, doscientos cuarenta y dos días que estuvo preso, desde el veinticinco de febrero de dos mil tres hasta el veinticuatro de octubre del mismo año (fojas 1.381 y 3.541 vuelta); a Raúl Iturriaga Neumann, doscientos cuarenta y dos días que quedó detenido y en prisión preventiva, a partir del veinticinco de febrero hasta el veinticuatro de octubre de dos mil tres (fojas 1.382 y 2.895 vuelta); a Zara Holger, veintitrés días que permaneció privado de libertad entre el veinticinco de febrero de dos mil tres y el diecinueve de marzo de ese año (fojas 1.383 y 1.595 vuelta); a Willeke Flöel, cincuenta días, que estuvo detenido desde el uno de septiembre de dos mil tres hasta el veintidós de noviembre del mismo período (fojas 2.473 y 3.020); a Callejas Honores, doscientos veinticinco días, que se encontró privada de libertad a partir del uno de septiembre de dos mil tres hasta el doce de abril de dos mil cuatro (fojas 2.472 y 3.590); a Jorge Iturriaga Neumann, sesenta y dos días que estuvo preso, entre el veintisiete de febrero de dos mil tres y el veintitrés de abril de dos mil cuatro (fojas 1.409 y 1.735); a Valdés Alarcón, sesenta días que quedó detenido desde el dieciocho de abril hasta el quince de junio de dos mil cinco (fojas 4.495 y 4.873); y a Morales Salgado, ciento sesenta y seis días, que permaneció en prisión preventiva entre el veintidós de junio de dos mil siete y el catorce de diciembre del mismo año (fojas 6.233 y 251 del “Cuaderno de Libertades”).

Impugnado dicho fallo por la vía de los recursos de casación en la forma y de apelación y elevado en consulta respecto de Juan Manuel Contreras, cuya apelación fue declarada extemporánea, la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de veintinueve de enero de dos mil nueve, escrita de fojas 7.561 a 7.567, desestimó la invalidación formal impetrada por la defensa de Willeke Flöel y, con mayores argumentos, confirmó y aprobó la resolución en alzada en todas sus partes.

En contra de esta decisión, la defensa del condenado Zara Holger, representada por el abogado José Luis Sotomayor López, formalizó recursos de casación en la forma y en el fondo, los que sustenta en el N° 6° del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal y en el numerando quinto del artículo 546 del mismo ordenamiento, respectivamente (fojas 7.569 a 7.591). A su vez, el letrado Jorge Balmaceda Morales, instauró sendos recursos de casación en el fondo, en representación de Raúl Iturriaga Neumann (fojas 7.593 a 7.603), Pedro Espinoza Bravo (fojas 7.604 a 7.614) y Jorge Iturriaga Neumann (fojas 7.615 a 7.623), todos basados en el literal quinto del artículo 546 del mencionado cuerpo legal. Por su parte, Cristián Heerwagen Guzmán, abogado de Christoph Willeke Flöel, promovió un recurso de casación en la forma, asilado en la causal 12ª del artículo 541 del estatuto procedimental criminal (fojas 7.625 a 27.629). El mismo abogado, pero esta vez a nombre de Juan Morales Salgado, entabló recursos de casación en la forma, fundamentándolo en los ordinales segundo, sexto y séptimo, del artículo 541 y en el fondo, cimentado éste en el artículo 546, N°s. 3°, 5° y 7°, todos del texto legal citado (fojas 7.631 a 7.667). La defensa judicial de Callejas Honores, sostenida por Manuel Tejos Canales, presentó recurso de casación en la forma, basado en el artículo 541, N° 2°, del Código de Enjuiciamiento Criminal, y de casación en el fondo, asentado en los literales tercero y séptimo del artículo 546 de la mentada recopilación legal (fojas 7.665 a 7.703). Por último, el letrado Fidel Reyes Castillo, por el incriminado Contreras Sepúlveda, dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo, basado el primero de ellos en el artículo 541, N° 12° y, el segundo, en los motivos primero, quinto y séptimo del artículo 546 de la misma compilación de leyes (fojas 7.704 a 7.727).

Declarados admisibles los mencionados arbitrios, se ordenó traer los autos en relación.

C O N S I D E R A N D O:

EN CUANTO A LOS RECURSOS DE CASACIÓN EN LA FORMA:

PRIMERO: Que, como se anticipó, el medio de impugnación formal esgrimido por Zara Holger, se ampara en la motivación sexta del artículo 541 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en armonía con el artículo 53, N° 3°, del Código Orgánico de Tribunales, puesto que la decisión censurada, al confirmar la de alzada, hace suyo el vicio de haber sido emitida por un juzgador no llamado por la ley para dirimir el asunto penal sometido a su conocimiento.

Señala que los sucesos indagados tienen su primitivo origen procesal en la solicitud de extradición pasiva de Augusto Pinochet Ugarte y otros, formulada por la justicia argentina, la que fue rechazada por esta Corte el dos de diciembre de dos mil dos, en virtud del artículo II de la Convención de Extradición de Montevideo, por concurrir las condiciones previstas en su letra b) y atendido lo dispuesto en los artículos 6° y 167 del Código Orgánico de Tribunales, vigentes a la época de los sucesos. Consecuentemente la Corte de Apelaciones de Santiago dispuso el conocimiento de estos antecedentes por el Ministro de Fuero don Alejandro Solís Muñoz, quien el treinta de junio de dos mil ocho pronunció sentencia definitiva de primera instancia, en la cual se juzgó y condenó a su mandante, con arreglo al Derecho Internacional, lo que se desprende irrefutablemente de sus basamentos 68°), 77°), 78°), 79°) y 80°), los que transcribe latamente.

Explica que frente a estos razonamientos su poderdante opuso antes de la vista de la causa, el uno de diciembre de dos mil ocho, un incidente de incompetencia absoluta del tribunal de alzada, el que fue rechazado al día siguiente con un lacónico: “…atendido el mérito de los antecedentes, no ha lugar”.

Arguye que el artículo 53, N° 3°, del Código Orgánico de Tribunales, otorga competencia como tribunal ordinario unipersonal accidental al Presidente de la Corte Suprema para conocer en primera instancia, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en “las causas de presas y demás que deban juzgarse con arreglo al Derecho Internacional”, citando en abono de su posición la opinión de los profesores Pereira Anabalón, Colombo Campbell y López Pescio.

Refiere que su defendido fue enjuiciado conforme a las reglas del derecho internacional por un miembro de la Corte de Apelaciones de Santiago, obrando como Ministro de Fuero, y no por el magistrado que correspondía. Es más, gracias a la apelación interpuesta fue nuevamente juzgado acorde con las reglas del derecho de gentes por una sala del tribunal de alzada capitalino, magistratura incompetente, pues debió hacerlo la sala penal de esta Corte, conforme al inciso final del artículo 53 del aludido cuerpo legal. Manifiesta que el presente arbitrio se encuentra preparado en los términos del artículo 769, inciso primero, del Código de Procedimiento Civil, dado que se interpuso la aludida incidencia, siendo rechazada, resolución que según el artículo 210 de la mencionada recopilación, es inapelable; por lo que insta por su aceptación, invalidando el dictamen dubitado, pronunciando otro conforme a derecho y al mérito del proceso, con costas.

SEGUNDO: Que, a su turno, la asistencia jurídica del condenado Willeke Flöel también dedujo recurso de casación en la forma en contra del fallo del tribunal de alzada en estudio, pero sustentado en la causal 12ª del artículo 541 del Código procedimental criminal, ya que en su opinión, se ha omitido durante el juicio la práctica de algún trámite o diligencia dispuesto expresamente por la ley bajo pena de nulidad, en concordancia con el artículo 69, inciso segundo, del estatuto procesal civil, toda vez que se le impidió alegar en estrados la apelación de la decisión del a quo, impidiéndole a su representado, en consecuencia, la interposición de un arbitrio de casación en el fondo.

Asevera que la sentencia objetada en su basamento cuarto, último acápite, consigna que Willeke Flöel no se alzó en contra del veredicto de primer grado, elevándose su conocimiento en consulta, lo que no es efectivo, pues su poderdante en el acto de la notificación, adoptando una de las actitudes que permiten las reglas procesales pertinentes, apeló, como lo comprueba la fotografía del respectivo estampado que inserta en el escrito de formalización, error que nace como corolario del informe emitido por el Fiscal Judicial, donde aparece que el inculpado no había ejercido su derecho de apelar del dictamen de primera instancia, motivo por el cual y “ante la insistencia de este abogado, se me permitió sólo alegar por mi representado en relación a un recurso de casación en la forma y sólo hacer unos breves alcances en cuanto al fondo de la sentencia”.

Termina por aducir que la transgresión denunciada ha influido sustancialmente en lo decisivo del fallo, en atención a que se impidió la defensa judicial en segunda instancia de su representado, por lo que solicita que acogido que sea este arbitrio se anule el veredicto condenatorio en lo penal y se ordene que los antecedentes vuelvan al tribunal ad quem, para que jueces no inhabilitados conozcan y resuelvan la apelación interpuesta por este enjuiciado.

TERCERO: Que el recurso intentado por Morales Salgado se asienta en los numerales segundo, sexto y séptimo del artículo 541 del Código de instrucción criminal, esto es, en “no haber sido recibida la causa a prueba, o no haberse permitido a alguna de las partes rendir la suya o evacuar diligencias probatorias que tengan importancia para la resolución del negocio”, en “haber sido pronunciada la sentencia por un tribunal manifiestamente incompetente, o no integrado por los funcionarios designados por la ley” y, finalmente, en “haber sido pronunciada por un juez o con la concurrencia de un juez legalmente implicado o cuya recusación estuviere pendiente o hubiere sido declarada por tribunal competente”.

En su capítulo inicial, explica que dentro del período probatorio y cumpliendo con todas las exigencias legales solicitó en su escrito de contestación a las acusaciones formuladas en su contra, la realización de diversas diligencias, dentro de las cuales instó por la declaración de los incriminados Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann y Callejas Honores, para lo cual acompañó la respectiva minuta y expresó la especial importancia de dichas actividades para la decisión de la causa. No obstante, el tribunal de primer grado denegó dicha petición, dictando sentencia definitiva después de un breve período de plenario, a los pocos días de decretar el cierre del sumario.

El oponente hace consistir la influencia substancial en lo dispositivo de lo resuelto en el hecho de no poder acreditar que su defendido nunca tuvo relación con el crimen que se investiga.

CUARTO: Que el otro motivo de casación en la forma intentado consiste en haber sido pronunciada la decisión impugnada por un tribunal incompetente.

El compareciente arguye que este proceso en su origen constituye una infracción a la Carta Fundamental, a las leyes que regulan la materia y a lo dispuesto por la resolución recaída en los antecedentes administrativos N° 17.137, de esta Corte Suprema, de catorce de octubre de dos mil dos, puesto que la aceptación a tramitación de la querella interpuesta por los familiares de Carlos Prats y su cónyuge, se basa en el artículo 50, N° 2°, del Código Orgánico de Tribunales, disposición que a esa data se encontraba modificada por el artículo 11 de la Ley N° 19.665, de nueve de marzo de dos mil, mediante el cual se excluyó del conocimiento de un Ministro de la Corte de Apelaciones respectiva las causas “criminales por crímenes o simples delitos”, alteración que según el artículo 24 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes rige in actum, esto es, desde el día de su publicación. Más aún, las normas transitorias que contiene el aludido cuerpo legal no disponen regla alguna que altere su entrada en vigencia, a excepción del artículo 7° transitorio, aplicable únicamente a los juzgados ordinarios permanentes, de lo que se colige que los tribunales especiales quedaron suprimidos desde aquella data, de manera tal que no pueden seguir actuando y menos se les pueden asignar causas desde la entrada en vigor del mencionado estatuto. Afinca estos asertos en la historia fidedigna del establecimiento del aludido ordenamiento, lo dicho por el Tribunal Constitucional al revisar dicha legislación y en la doctrina especializada.

En mérito de todo lo anterior el recurrente insta por la nulidad absoluta y de derecho público de lo actuado, basado en los artículos 19, N° 3°, inciso quinto, y 63, N° 3°, de la Carta Magna, dado que “el Poder Judicial se atribuyó la facultad de juzgarlos mediante comisiones especiales (los jueces de fuero lo son), y han alegado circunstancias y leyes extraordinarias para hacerlo”, comportamiento por el que el Estado debe responder de conformidad con los artículos 6° y 7° del Código Político.

Reseña que se ha quebrantado el artículo 19, N° 3°, de la Constitución Política de la República, pues el tribunal que juzgó a su mandante fue suprimido por el legislador, pues se le privó de las funciones de naturaleza jurisdiccional –como conocer y resolver las acciones criminales seguidas contra ex Presidentes de la República, según lo disponía el antiguo artículo 50, N° 2°, del Código Orgánico de Tribunales-, reduciéndolas al ámbito civil, quedando radicadas dichas potestades exclusivamente en los juzgados del crimen, los de garantía y en los tribunales orales en lo penal, según la época de ocurrencia de los hechos criminosos.

De esta manera, ordenar la apertura de un sumario aceptando a tramitación la querella en relación al fuero, en carácter de juez unipersonal de primera instancia, vulnera el artículo 5° de la Carta Fundamental, en conexión con el artículo 76, inciso primero, del mismo cuerpo legal, por lo que no ha sido la ley el título habilitante de su jurisdicción, sino que la disposición de carácter económico administrativa que ha creado un tribunal ex post facto e incompetente, de manera tal que se configura la causal de anulación formal esgrimida y requiere que esta magistratura declare su invalidación ordenando lo que en derecho corresponda.
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