Proyecto de reforma de la ley orgánica del poder judicial






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PROYECTO DE REFORMA DE LA

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL



ADECUACIÓN DE LOS TRIBUNALES

PENALES A LA LEY PROVINCIAL 2784.




Revisado y aprobado por la Comisión

creada por el Presidente del

Tribunal Superior de Justicia

conforme decreto 220/12.

Agosto 2012

Exposición de Motivos del

Proyecto de Ley para la adecuación

de los Tribunales Penales

a las disposiciones de la Ley 2784.

Introducción.
Luego de más de una década de profundos debates acerca de la necesidad de modernizar el Código de Procedimientos Penal en la provincia del Neuquén, por decisión conjunta de los tres Poderes del Estado se sancionó en el mes de noviembre de 2011 un nuevo Código Procesal Penal mediante la ley 2784.

Dicho código es, sin duda, el más moderno sistema procesal penal sancionado hasta la actualidad en toda Latinoamérica, constituyendo un ejemplo de respeto de las garantías constitucionales. Entre otros aspectos se ha logrado, por ejemplo, la implementación del sistema de juicio por jurados bajo el modelo anglosajón, luego de 158 años de vigencia de la Constitución Nacional, involucrando y comprometiendo así a la ciudadanía en la realización de la justicia en los casos de mayor gravedad y repercusión social.

Este sistema procesal requiere para su implementación la reelaboración de la Ley Orgánica actualmente vigente, en virtud de que todos los organismos judiciales del área penal deben reestructurarse adecuándose al nuevo diseño del código sancionado.

Tribunal de Impugnación y

Colegio de Jueces.
Conforme el nuevo código procesal el Tribunal Superior de Justicia se reserva la función de Tribunal de control constitucional exclusivamente, creándose un Tribunal de Impugnación como instancia de apelación ordinaria con competencia para resolver las sentencias definitivas, sobreseimientos, denegatoria de suspensión del juicio a prueba, aquellas decisiones que impongan, mantengan o rechacen medidas de coerción, y todos los autos procesales importantes (cf. Art. 233 CPPs).

Se diseñó un Tribunal de Impugnación integrado por seis (6) magistrados con categoría administrativa MF 2. El número de sus integrantes responde a la necesidad de dar respuesta en los tiempos que exige el nuevo código1 para la resolución de las apelaciones ordinarias incoadas, valorando especialmente que frente a la imposibilidad de dictar sentencia en el plazo indicado el nuevo código admite la resolución ficta2.

Este Tribunal tendrá competencia provincial, y su sede se asentará en la ciudad de Neuquén. Con la finalidad de favorecer la intervención de las partes en el proceso, y garantizar la inmediación se ha considerado prudente disponer que el Tribunal deba constituirse en cualquiera de las circunscripciones judiciales de la provincia, cuando las circunstancias así lo requieran (cf. Art. 18 del Proyecto).

Se dispuso una novedosa integración de las salas de este Tribunal, en razón de que los jueces que lo integran no forman parte de una sala, como es habitual, sino que la integración se determina en cada caso concreto en el que deban intervenir, y por sorteo de todos sus miembros. Ésta alternativa es sin dudas conveniente porque da trasparencia al sistema y además impide que cada una de las salas del Tribunal (en la composición tradicional) pueda dictar sentencias contradictorias al resolver una misma cuestión.
De los posibles diseños de Colegio de Jueces se optó por uno que mantenga diferenciadas las funciones de juzgar en audiencias orales todos aquellos casos que sean sometidos a juicio (sea en instancia única, tribunal colegiado o en la dirección de los juicios por jurados populares), de la función de control de las garantías constitucionales durante el proceso (tanto en la etapa de investigación como en la de preparación del juicio oral).

Entendemos que no resulta conveniente el sistema que propicia la horizontalidad absoluta de los integrantes del Colegio de Jueces por varias razones.

En primer lugar tuvimos particularmente en cuenta la imposibilidad constitucional de recategorizar a todos los jueces con categoría administrativa MF 3 (jueces de instrucción y correccional) a la de jueces con categoría MF 2 (jueces de cámara), en razón de constituir ello prerrogativas constitucionales que son propias del Consejo de la Magistratura y de la Honorable Legislatura Provincial.

En segundo lugar tuvimos en cuenta la imposibilidad presupuestaria de hacerlo, ya que ello implicaría la recategorización automática de veinte (20) cargos de juez MF 3, incremento imposible de afrontar conforme el presupuesto destinado al Poder Judicial.

En tercer lugar porque ello podría dar pie a un justo reclamo de otros jueces con similar categorías, aunque diferentes competencias.

Por último, equiparar a todos los jueces que integran el colegio de jueces implicaría terminar con la carrera judicial como actualmente la conocemos, en razón de que aquel abogado que accediera a la magistratura no tendría otra instancia a la cual ascender, que no sea el Tribunal Superior de Justicia, atentando ello contra la permanente capacitación que realizan todos los jueces en función de la posibilidad de concursar para ascender en la carrera judicial.

De allí que se haya propuesto la creación de un colegio de jueces con dos salas, una de ellas conformada por jueces de juicio oral y categoría MF 2 (actuales jueces de cámara), y otra de jueces de garantías con categoría MF 3 (actuales jueces de instrucción y correccional).

De esta manera no se requieren cambios sustanciales en el presupuesto del Poder Judicial, se mantienen en lo esencial las actuales estructuras, y se mantiene la posibilidad de hacer carrera en la magistratura, todo ello sin mencionar que se evitan posibles reclamos de orden constitucional ante la eventual recategorización automática de una gran cantidad de jueces con categoría administrativa MF 3.

Para la I Circunscripción Judicial se diseñó un colegio de jueces con una sala de Jueces de Juicio Oral de nueve (9) miembros, y una sala de jueces de Garantías de ocho (8) miembros.

Más complejo resultó el diseño del Colegio de Jueces de las restantes Circunscripciones Judiciales.

El proyecto original contemplaba un Colegio de Jueces para la II, III, IV y V circunscripción integrado por nueve (9) en la sala de juicio oral (la misma cantidad de jueces de cámara que actualmente existen en las ciudades de Cutral Co, Zapala y San Martín de los Andes) y una sala de jueces de garantías integrada por diez (10) jueces (igual número que el de los actuales jueces de instrucción y correccional de todo el interior). Se preveía que todos los jueces mantuvieran las competencias atribuidas por otras leyes (civil, comercial, laboral, de minería y menores en materia penal), adecuando únicamente su competencia penal a las disposiciones del nuevo código procesal penal. Es decir que no se modificaba ni la cantidad de jueces actualmente existentes, ni la competencia a ellos atribuida. En definitiva, y conforme el borrador original, a los jueces sólo se les pedía que adecuaran su competencia penal al diseño previsto en el nuevo código, ley 2784.

Es importante remarcar que al elaborarse el borrador original del proyecto de ley orgánica se consideró la inconveniencia de mantener los actuales juzgados y tribunales multifueros, pero se optó por postergar la definición jurisdiccional de separarlos por competencias específicas, a la espera de la sanción del proyecto de código procesal civil que actualmente se encuentra en la legislatura.

Sin embargo, por mayoría de los integrantes de la comisión revisora del proyecto de ley orgánica se consideró necesario dar una respuesta a los actuales juzgados y tribunales multifueros, optando por disolverlos en el marco de este proceso de reforma, sin esperar a la eventual sanción del nuevo código.

En función de ello se rediseño por completo el colegio de jueces del interior, el que quedó integrado con una sala de siete (7) jueces de juicio oral (dos en Cutral Co, tres en Zapala y dos en San Martín de los Andes), quedando establecidas a su vez tres cámaras con competencia civil, comercial, laboral y minería con dos magistrados cada una (categoría MF 2), con sedes en Cutral Có, Zapala y San Martín de los Andes, respectivamente.

Por su parte la sala de jueces de garantías se integra con nueve (9) magistrados (tres en Cutral Co, dos en Zapala, dos en Junín de los Andes y dos en Chos Malal), dejando al actual juzgados multifueros de Villa la Angostura con competencia civil, comercial, laboral y minería exclusivamente.

El diseño propuesto requiere la creación de tres cargos con categoría MF 2 para el interior de la provincia (el anterior no preveía ningún cargo nuevo), separa las competencias penal por un lado y civil, comercial, laboral y minería por el otro, aunque mantiene las competencias de los jueces de garantías en el trámite de las causas de menores en conflicto con la ley penal, conforme las disposiciones de la ley 2302, requiriendo la convocatoria de un juez de juicio de otra circunscripción para integrar las cámaras de Cutral Co y San Martín de los Andes en cada oportunidad en la que haya que integrar un Tribunal para sustanciar juicios criminales. Estas son, en síntesis, las virtudes y defectos del diseño elegido.

Sin perjuicio de todo lo dicho, la comisión es conciente de que será en definitiva el Tribunal Superior de Justicia quien decida cuál es el mejor diseño de Colegio de Jueces para el interior de la provincia en la actual coyuntura, elevando a la Honorable Legislatura un proyecto de ley consensuado con todos los miembros del Poder Judicial. En atención a ello es que entendimos importante que el Alto Tribunal conozca cuales fueron las dos posturas que se evaluaron al realizar el diseño del Colegio de Jueces para el interior de la provincia.
El Colegio de Jueces tendrá, además de las funciones jurisdiccionales que le son propias, la de co organizador de la actividad desarrollada por la Ofician Judicial, designando un Presidente que lo representará a esos fines.

El Presidente tendrá, en otras responsabilidades, la de elevar un informe anual al Tribunal Superior de Justicia y a la Honorable Legislatura, detallando la actividad cumplida por los miembros del Colegio de Jueces durante el año judicial, transparentando así la actuación de la justicia penal frente a la opinión pública y dando cuentas del trabajo realizado.

Se previó un sistema de subrogancias amplio, sencillo y desformalizado entre los jueces de las dos salas del Colegio de Jueces y los miembros del Tribunal de Impugnación, permitiendo que los magistrados de los distintos organismos su subroguen mutuamente, facilitando así la cobertura de todos los requerimientos que formulan las partes con la urgencia que los casos penales requieren.

Oficina Judicial.
La Oficina Judicial ha sido diseñada en función de las experiencias desarrolladas en la provincia de Chubut y en la República de Chile. Se propone que esté integrada por un cuerpo de profesionales prevenientes de diversas disciplinas, los que aportarán una visión global en el trámite de los casos judicializados, dando así una respuesta completa y rápida a los requerimientos de las partes y de la ciudadanía en general.

Este organismo contará con diferentes dependencias y unidades de gestión especializadas en cada una de las competencias atribuidas por la ley. Debe tenerse en cuenta que será su responsabilidad no sólo llevar a cabo el trámite propio de cada caso penal, sino también proveer a los jueces toda la asistencia administrativa y recursos materiales que requieran para cumplir debidamente con su función jurisdiccional. En función de ello es que se han previsto dependencias específicas tanto para el trámite de las causas penales, como para la administración de los recursos de todo el fuero penal.

En razón de que no tenemos antecedentes propios para valorar, se optó por facultar al Tribunal Superior de Justicia a implementar cada una de las dependencias y unidades de gestión diseñadas para la Oficina Judicial, en la medida que los requerimientos prácticos así lo aconsejen, pudiendo el Alto Tribunal modificar su diseño, sea unificando oficinas o cambiando la función que les fue asignada, ello con la finalidad de establecer una estructura flexible y adaptable a las necesidades que el sistema requiera, en la medida de su paulatina implementación en todo el territorio provincial.

Es importante resaltar que la administración de los recursos que efectúe la Oficina Judicial conlleva la ejecución de los planes de gastos e inversión dispuestos por el Tribunal Superior de Justicia conforme la política presupuestaria por él dispuesta en forma anual, sin que ello implique, de ninguna manera, reemplazar estructuras administrativas ya existentes (vgr. la Administración General del Poder Judicial y todos los organismos que de ella dependen).

Tuvimos en cuenta que el nuevo código procesal crea un nuevo modelo de organización judicial, ya que se pasa de la existencia de estructuras judiciales independientes (juzgados de instrucción, juzgados correccionales, cámara de apelaciones, cámaras criminales, oficina de notificaciones, oficina de secuestros, etc.) a una nueva estructura centralizada en un único organismo –Colegio de Jueces y Oficina Judicial- lo que conlleva un cambio de paradigma en la administración y ejecución de los recursos previstos para el ejercicio de la magistratura penal.

Por otra parte, los plazos dispuestos por el nuevo código procesal para la tramitación de los casos judicializados y el sistema de resolución de controversias en audiencias orales, no admite la posibilidad de dilaciones burocráticas en la provisión de los elementos esenciales para cumplir con la misión jurisdiccional. De allí que resulte imprescindible dotar a la estructura creada para la Oficina Judicial de los estamentos profesionales y técnicos necesarios para cumplir con dicha misión.

Ello, sin embargo, de ninguna manera implica sostener que la Oficina Judicial estará escindida, o que tendrá una independencia administrativa de las actuales estructuras dependientes del Tribunal Superior de Justicias, quedando en claro que la administración de los recursos que de ella dependan estará sujeta a las políticas que determine el Tribunal Superior en el ejercicio de sus prerrogativas constitucionales.

La Oficina Judicial, en todo caso, se limitará a administrar los recursos humanos y materiales que el propio Tribunal Superior de Justicia le asigne anualmente en función del presupuesto previsto por el Alto Cuerpo para este organismo, ajustando su actuación a la normativa general que rige la administración de los recursos del Poder Judicial, y a las directivas particulares que sobre esta cuestión determine el Tribunal Superior de Justicia en el ejercicio de sus facultades reglamentarias.

La minoría propuso la reformulación de la Subdirección de Administración y Logística, y por ende de la Agencia de Gestión Contable, y sus tres jefaturas: Unidad de Efectos Secuestrados, Unidad de Sistemas de Información y Unidad de Servicios pues se entendió que en las facultades, funciones y atribuciones diseñadas por el proyecto para dicha subestructura de la Oficina Judicial, no se ha considerado la normativa que rige la administración de los recursos del Estado, así como su aplicación a las finalidades autorizadas. Pues desde la Administración General del Poder Judicial se lleva una contabilidad centralizada, en forma sistemática de todas las operaciones que impliquen ingresos y gastos, con la finalidad de consolidar datos de toda la provincia y de ésta con el de Nación. Entonces se entendió que la descentralización de los procedimientos de contabilidad que en aquel se proponen, colisionan con la normativa vigente provincial y las de carácter nacional, por ejemplo Ley Nº 25917 de Responsabilidad Fiscal, que la provincia ha adherido mediante ley 2.514.

Juzgados de Ejecución Penal.
Se propone la creación de cuatro (4) juzgados de ejecución penal, dando así una respuesta a las más de 2100 personas que aproximadamente conforman la población Judicializada, incluyendo en ese número a los condenados a penas de cumplimiento efectivo, a penas de cumplimiento condicional con reglas de conducta (Art. 27 bis del CP) y aquellos sometidos a suspensión del juicio a prueba.

Consideramos que crear un número menor de juzgados implicaría que éstos podrían encontrarse abarrotados de casos desde su creación, en razón de la continua demanda que sobre los actuales jueces de ejecución ejercen las personas privadas de libertad. Téngase en cuenta que cotidianamente llegan a los actuales jueces con competencia en ejecución penal infinidad de pedidos relacionados con cuestiones de la vida cotidiana de las personas privadas de libertad (planteos relacionados con las visitas, con las condiciones de detención, con salidas transitorias, laborales, excepcionales, cambios en las diferentes fases del cumplimiento de la condena por incentivo educativo, sumado a una innumerable cantidad de hábeas corpus presentados por las más diversas razones, entre otros aspectos).

Dos (2) de los jueces tendrían competencia en la I circunscripción Judicial y sede en la ciudad de Neuquén, mientras que los otros dos (2) tendrían competencia en las restantes circunscripciones, y sedes en las ciudades de Cutral Co y Zapala respectivamente.

Los jueces de ejecución penal tendrían categoría administrativa MF 3.

Es importante resaltar que, en el hipotético caso de que la Honorable Legislatura Provincial sancionara un proyecto de creación de juzgados de ejecución penal antes de la implementación del nuevo código procesal, debería readecuarse el presente conforme los nuevos lineamientos dispuestos.

Migración de causas en trámite.
Se prevé una transición ordenada del sistema actualmente vigente al nuevo sistema acusatorio, detallándose en las normas transitorias la modalidad del traspaso de los expedientes que se encuentran en trámite para su continuidad en la implementación del nuevo código procesal penal.
En la elaboración del borrador del presente proyecto de ley se tuvieron en cuenta las más modernas reformas procesales dictadas tanto en la República Argentina como en otros países de Latinoamérica, así como la más moderna doctrina en materia de derecho procesal penal.


Neuquén, agosto de 2012.
Nota: Los gráficos incorporados al presente proyecto tienen una función exclusivamente descriptiva/explicativa, y por razones de técnica legislativa no deberían ser incorporados en el proyecto final que se eleve a la Honorable Legislatura.

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