Crisis de la división de poderes






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títuloCrisis de la división de poderes
fecha de publicación04.06.2016
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Nelson Mandela DD. HH.”
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DE LA RUA, GOLPE DE GOBIERNO Y DELEGACION LEGISLATIVA
El art. 76 de la Constitución Nacional establece el principio general que ordena la prohibición de la delegación de las facultades legislativas en beneficio del Poder Ejecutivo Nacional; a su vez, la excepción prevista en esta cláusula comprende una materia determinada de administración o emergencia pública, condicionada por la autorización a plazo determinado, en el marco estricto de la encomienda.
Golpe del P.E.
El Poder Ejecutivo nacional, a través del refortalecimiento con los sectores concentrados del poder económico y financiero, ha lanzado un verdadero golpe contra el Estado y la sociedad, pretendiendo la construcción de un gobierno que se transforme en un conjunto de órganos controlados por el Presidente, por vía de la delegación de las facultades propias del Congreso de la Nación como mecanismo contemplado por el artículo 76 de la Constitución Nacional, incorporado a través de la Reforma del año 1994.

La delegación excepcional de las potestades legislativas que se remitirá al Congreso Nacional previsiblemente se basará en la actual situación y en los requerimientos sociales y económicos, con lo cual se producirán verdaderos embates del poder contra los espacios de libertad que sufrirán un fuerte deterioro, puesto que desaparecerá temporalmente la división de poderes como columna vertebral del sistema republicano, última garantía -al fin- de control entre los poderes.

Se postulará esta estrategia como única viable; para su aprobación se amagará con el caos incontrolable, augurándose un destino aún más incierto y de mayor deterioro para los argentinos.-

Crisis de la división de poderes




La delegación de facultades legislativas fundamentalmente se orientará a la reformulación del modelo de ejercicio del poder político, reformándose el sistema divisible en materia de toma de decisiones fundamentales, particularmente en lo relativo a la política económica que viene diseñándose para su posterior aplicación.-

La estrategia que empleará el Poder Ejecutivo podrán en peligro extremo la ingeniería constitucional que regula la división de poderes, con lo cual se pondrá inevitablemente en riesgo los espacios de libertad puesto que abiertamente nos apartaremos de las reglas de funcionamiento del sistema republicano.

En definitiva, la crisis de la división de poderes podrá conducir a una notable supremacía aparente de la figura presidencial, no pudiendo descartarse el imperio del poder único, de los abusos de las facultades y fundamentalmente de la ausencia temporal de control legislativo, características que en definitiva destacan los pensamientos políticamente conservadores en armonía con la escuela económica ultraliberal, en tanto ambos rechazan los sistemas deliberativos, de consensos, de controles y de contrapesos

Los argumentos



El presidente y el equipo económico que actualmente lo acompaña plantearán la necesidad de recurrirse a las pautas contempladas en el art. 76 de la Constitución Nacional; seguramente argumentarán que a la velocidad de la crisis económica y social que se debe enfrentar se contrapone la inveterada lentitud del procedimiento legislativo; es más, probablemente afirmen que la rapidez en el desencadenamiento de las dificultades y de los conflictos no se solucionarán con el andar pausado, hasta moroso y tardío, del procedimiento legislativo tradicional, al que finalmente calificarán de antifuncional para superar la emergencia pública.

En esencia este argumento no resultará constitucional y políticamente valedero, sino simplemente efectista y escasamente aceptable; para sostener nuestro análisis nos apoyamos en alternativas válidas contempladas en la misma Constitución Nacional, especialmente en el art. 79 de dicha Carta que aprecia una dinámica rápida en el tratamiento legislativo en tanto cada Cámara -después de aprobar en general un proyecto de ley- se encuentra facultada para delegar en sus Comisiones la sanción de las normas en particular, con lo cual se logra una aceptable rapidez y velocidad, que como procedimiento resulta compatible con la división de poderes que caracteriza al sistema republicano.

En definitiva, la estrategia que seguramente desplegará el poder administrador se dirigirá, escondida o abiertamente, a concentrar prácticamente la suma de las facultades públicas, sacrificando la dinámica de la República y el campo de las libertades; concretamente, cuando se invoquen las cuestiones sociales y económicas como causas para legitimar la delegación legislativa se desdibujará la división de poderes, con lo cual se transferirán facultades extraordinarias al poder político que actuará con gran supremacía y sin control contemporáneo ni posterior por parte del Congreso de la Nación, fenómeno que acercaría a la gestión de Gobierno a la hipótesis contemplada en el art. 29 de la Constitución Nacional, gestándose un formidable escenario de inseguridad política, jurídica, social y económica, puesto que podría recaerse en la figura del autoritarismo constitucional.

La tecnoburocracia ultraliberal



Cuando en nuestro país operó la delegación de funciones legislativas pocas veces el Poder Ejecutivo ha ejercido las funciones delegadas; en términos prácticos la mayor o menor masa de poder político que se delegara quedó en manos de la tecnoburocracia. En la actualidad los economistas ultraliberales que rodean a la figura presidencial finalmente serán los delegatarios [beneficiarios] del traspaso de las facultades del Congreso, adquiriendo un poder desequilibrante que probablemente generará enormes daños en la estructura republicana, en los espacios de libertad y en los campos económico y social; estos tecnócratas sacrificarán todos los resortes en búsqueda de la eficacia, que la entienden como equilibrio fiscal, pago de la deuda externa, desregulaciones, privatizaciones, etc.

Este es el panorama aproximado de los sucesos que se avecinan; a partir de ello conviene resaltar que la ideología conservadora del Presidente De La Rua es recíprocamente funcional a la concepción ultraliberal que sostiene López Murphy, Cavallo y Cía., escenario que permite inferir razonablemente que la crisis política que se promoviera a través de la renuncia de Machinea y que se corporizara a través del discurso desafiante del actual Ministro de Economía ha sido una estrategia para precipitar las dificultades y los conflictos con el propósito de gobernar con las recetas y objetivos que pregona el establishment.

Como último resorte para evitar una posible desestructuración republicana queda el Congreso de la Nación, específicamente los partidos políticos con representación parlamentaria; desde los recintos de ambas Cámaras debería darse el debate que impida la consumación de aquella tropelía, situándose los legisladores en la posición anterior a la reforma constitucional de 1994, en tanto con anterioridad no se preveía la delegación legislativa a la que aspira el actual poder político.

Jurisprudencia permisiva



Los pronunciamiento sobre los primeros casos llevados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron muy cautelosos y prudentes [causas “Bonevo”, “Novick”, “Verdaguer” y otros].

Después del caso “Delfino” la Corte comenzó a pronunciarse con algunos altibajos, ingresando la jurisprudencia a un terreno muy difuso y lleno de vaguedades, legitimando delegaciones contrarias a la letra y al espíritu de la Constitución.

Actualmente, con la jurisprudencia ampliamente permisiva en materia de delegación legislativa, los derechos y las libertades individuales quedan a merced de los órganos del poder judicial del poder político, con lo cual se ha sufrido un fuerte retroceso en la evolución de la valoración constitucional, propiciándose la concentración de facultades, los abusos de poder y la ausencia de controles que son característicos del sistema republicano, poniendo en crisis la división de poderes, mientras paralelamente se reformula el modelo de ejercicio autoritario.

Corolario



Aparentemente la crisis del gobierno nacional fue voluntariamente precipitada por la figura presidencial y su entorno, para desde allí producir un verdadero golpe contra el Estado y la sociedad, que se consumará a través de la delegación de las atribuciones propias del Congreso de la Nación en materia de fijación de las políticas económicas y sociales.

Entrará en crisis la división de los poderes como máxima garantía del sistema republicano, para lo cual se echará mano al art. 76 de la Constitución Nacional, cuya desvirtuada interpretación y aplicación actuará como herramienta legitimante de la reformulación del modelo de ejercicio del poder político, que unilateralmente fijará las pautas a seguir en materia económica y social, con ausencia de funcionamiento material del Congreso de la Nación y con el probable apoyo de la Corte Suprema de Justicia; esta estrategia conducirá a que los ministros del poder ejecutivo y funcionarios de menor jerarquía hagan las veces de verdaderos legisladores, puesto que emitirán resoluciones generales en abierta violación con las prohibiciones previstas en el art. 103 de la Constitución Nacional, dado que la acción y las políticas que definan naturalmente quedarán incluidas en la delegación legislativa, emitiendo normas de primer grado.

Por ello, las futuras acciones del Poder Ejecutivo descompensarán la distribución de facultades que asigna la Constitución, fomentando la concentración del poder y poniendo en riesgo la República a raíz de que el Poder Legislativo quedará subordinado de hecho -en materia económica y social- al poder político.

La estrategia del poder ejecutivo nacional refleja nítidamente que el Estado de Derecho, tal como se lo entiende en la región de los países subdesarrollados, es insuficiente para proteger los intereses de la República y tutelar los derechos y las libertades individuales; quizás esta etapa histórica redunde en beneficio del ciudadano y de la nación, posibilitando una fuerte y profunda discusión sobre nuestro ordenamiento jurídico, que indiscutiblemente ha sido igualmente funcional para los gobiernos militares y para los que se presentaron como demócratas para luego intentar concentrar la suma de los poderes.

Tenuemente se advierte la necesidad de legislar con el objetivo de proteger a la República respecto de los poderes constituidos por elección popular, y especialmente en relación a los tecnócratas que integran el pensamiento hegemónico que sirve de escudo a la concepción económica ultraliberal globalizante, que a su vez protege la especulación financiera internacional; para encarar la superación del modelo deberíamos aspirar al Estado de Justicia, como sistema que supere las limitaciones del Estado de Derecho y que posibilite el recupero de los resortes de soberanía política y autonomía económica.

Una estrategia que se oriente hacia el recupero de la calidad institucional de la República naturalmente tendrá efectos positivos sobre el contenido de la democracia argentina, que podrá ampliar sus fronteras hasta comprender los aspectos no solamente políticos formales [el voto], sino transformarse en una auténtica democracia política, económica y social; a su vez, también los estados y los gobiernos provinciales se beneficiarán con estos progresos, de manera que las administraciones locales podrán recuperar sus plenas autonomías políticas, administrativas, financieras, económicas, sociales y culturales, hoy perdidas a raíz de los pactos fiscales que firmaran con la nación y los convenios de asistencias financieras, cuyo resultado se ha traducido en el fuerte deterioro del sistema federal de gobierno, especialmente respecto de aquellas jurisdicciones que han contraído mayor endeudamiento público, entre las que no podemos dejar de citar a la provincia del Chaco como territorio en bancarrota.-
RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2001, 19 DE MARZO.-

Dr. ROLANDO NUÑEZ

Coordinador




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