Rama Judicial tribunal contencioso administrativo del huila sala segunda de decisión m. P. Dr. Gerardo ivan muñoz hermida






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Rama Judicial

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA


SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

M.P. DR. GERARDO IVAN MUÑOZ HERMIDA.




Neiva, veinticuatro (24) de Junio de dos mil diez (2010).

ACCION: TUTELA

ACCIONANTE: FABIO SUAREZ

ACCIONADO: CONSORCIO FOPEP

PROVIDENCIA: SENTENCIA

RADICACION: 41 001 23 31 000 2010 00273 00
Aprobada en la fecha. Acta N° 075.

I.- ANTECEDENTES.
FABIO SUAREZ, obrando en su propio nombre, ejerce la acción Constitucional de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, en contra del CONSORCIO FOPEP, con el fin de que se proteja su derecho fundamental de PETICIÓN, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política.
II.- HECHOS.
Como supuestos de orden fáctico aduce que el día 4 de mayo del corriente año, envió por escrito un derecho de petición al Gerente del CONSORCIO FOPED, en el que le solicitaba se sirviera informarle por escrito dentro del término establecido en el artículo 6 del código contencioso administrativo, los motivos por los cuales se abstuvo de incluirlo en nómina de pensionados del mes de abril de ese año, tal como se lo hizo saber la Dra. LILIANA URUETA LOPEZ, apoderada general de Cajanal EICE en liquidación (sic), mediante oficio CTI-97261 de 8 de Marzo de 2010, que en su parte final dice “Se envió el reporte al consorcio FOPEP la respectiva inclusión del señor Fabio Suarez”.
El día 10 de Mayo del corriente año, la señora SANDRA HERNANDEZ CORTES, Asesora de la Dirección de Atención al Pensionado del Consorcio FOPEP le manifestó por escrito (f.4), que de acuerdo a su petición recibida el 5 de mayo del año en curso, que por ser de competencia de BUEN FUTURO, su solicitud fue remitida con la planilla AN-FON-742-10, para su respectivo trámite en esa entidad.
Como en la comunicación mencionada que le envió el consorcio FOPEP, no le manifiesta los motivos a que hace referencia en su escrito de petición de 5 de mayo del año en curso, considera que dicha entidad le está violando el derecho de petición.
Que han transcurrido mas de quince días en silencio, de los que disponía de conformidad con el artículo 6 del código contencioso administrativo, para darle respuesta a su derecho de petición, pues a pesar de haberle enviado un escrito el 10 de mayo del presente año, no reúne los requisitos solicitados en su escrito de derecho de petición fechado el 4 del mismo mes y año.
III.- DERECHOS CONCULCADOS:
Menciona el accionante como vulnerado por parte de la entidad accionada, el derecho de petición contenido en el artículo 23 de la Constitución Política.
IV.- TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE TUTELA:
El 3 de junio de los corrientes, se interpone la presente acción en el municipio de Garzón, correspondiendo el trámite de la misma al Juzgado Primero Civil Municipal, quien mediante proveído de la misma fecha RECHAZA la presente acción y la envía a la oficina judicial de la ciudad de Neiva para reparto entre los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de judicatura (f. 8).
El 9 de junio de 2010 correspondió por reparto a esta sala de decisión la presente acción. El despacho mediante proveído de la misma fecha avoca el conocimiento de la acción, ordena vincular en calidad de accionado al Ministerio de la Protección Social a BUENFUTURO PATRIMONIO AUTONOMO y se ordena notificar y oficiar a las entidades accionadas, para que en el término de dos días presenten un informe sobre los hechos objeto de la presente acción (f.11).
V.- INFORME DE LOS ACCIONADOS:
El consorcio FOPEP se refirió a los hechos de la presente acción (f.20). El Ministerio de la Protección Social y BUENFUTURO Patrimonio Autónomo guardaron silencio (f.30).
5.1 CONSORCIO FOPEP (f.20):
Sostiene que el CONSORCIO FOPEP 2007, es el administrador fiduciario de los recursos del FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL creado por medio de la ley 100 de 1993, que en su artículo 130 establece la naturaleza del fondo en los siguientes términos: “Cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y cuyos recursos se administran a través de contrato de encargo fiduciario”.
Que el objeto del CONSORCIO FOPEP 2007, consiste básicamente en administrar los recursos del FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL y cancelar las mesadas a las personas que adquieren el status jurídico de pensionado que las diferentes Cajas y Fondos del Nivel Central han reconocido, liquidado e incluido en la nómina de pensionados del Nivel Nacional que mensualmente reportan al Consorcio FOPEP 2007.
Afirma que CAJANAL E.I.C.E. – PAP BUENFUTURO y el Consorcio FOPEP 2007 son entidades independientes, con competencias distintas y domicilios diferentes, correspondiendo exclusivamente a CAJANAL E.I.C.E., resolver las solicitudes de reconocimiento de pensiones, reliquidaciones, reajustes, profiriendo los correspondientes actos administrativos, en consecuencia dicha entidad es a la que le compete enviar al CONSORCIO FOPEP 2007, el reporte de novedades tales como: inclusión en nómina, suspensión de la pensión, reincorporación, así como los cambios de valor de la misma, etc.
Informa que revisada la base de datos de la nómina general de pensionados que administra el Consorcio FOPEP, se pudo establecer que el señor FABIO SUAREZ, fue incluido en la nómina del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional FOPEP en el mes de enero de 2001 como pensionado de CAJANAL E.I.C.E., por concepto de: sustitución pensión, fecha desde la cual el Consorcio ha puesto a su disposición los valores reportados por la Caja a su favor.
Que tal como se puede establecer en el histórico de pagos que anexa, el accionante desde la fecha de su inclusión en la nómina del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional FOPEP, no ha tenido interrupciones en el reporte de valores a su favor por parte de CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN – PAP BUENFUTURO y ha cobrado sus mesadas pensionales normalmente, en cuanto a la mesada de abril de 2010 de la cual manifiesta no haber sido incluido en la nómina, aparece efectivamente cobrada el 28/04/2010 en el Bancolombia de Garzón Huila.
Manifiesta que las razones por las cuales la doctora LILIANA URUETA LOPEZ, apoderada General de CAJANAL E.I.C.E., EN LIQUIDACIÓN, mediante oficio CTI 97261 de 8 de marzo de 2010, le informa al accionante que el reporte se había enviado al consorcio FOPEP para su respectiva inclusión, son desconocidas para el Consorcio, que no sabe a que inclusión se refiere y por que concepto, en tal virtud la solicitud del accionante fue remitida al PAP BUENFUTURO el 10 de mayo de 2010.
Solicita NEGAR o en su lugar declarar improcedente la acción de tutela en contra del CONSORCIO FOPEP 2007, por no existir vulneración de derechos fundamentales contra el accionante por parte de esa entidad.
VI.- CONSIDERACIONES:
La acción de tutela está consagrada en el Artículo 86 de la Constitución Política para obtener la protección de los derechos fundamentales de la persona cuando estos son amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de la autoridad pública, o de particulares en la prestación de un servicio público.
Esta acción es procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
El accionante considera que las entidades accionadas, le han vulnerado su derecho constitucional consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, que prescribe:
ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.”
6.1 Derecho de Petición:
El Derecho de Petición se encuentra consagrado expresamente en la Constitución Política como un derecho fundamental y conforme lo prevé el artículo 85 ibídem es de aplicación inmediata, esto es que no está sujeto a desarrollo legal o a condición alguna del Estado para su ejercicio.
Este derecho se halla desarrollado legalmente y de manera general en el Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, en los capítulos II, III, IV y V, en donde claramente se establece que toda petición en interés particular debe ser resuelta dentro de los 15 días siguientes al recibo de la misma, sin embargo, existen regulaciones especiales al respecto, que conllevan a una aplicación supletiva de lo normado por el Código Contencioso Administrativo. En consecuencia no puede entenderse aquella regulación como la única aplicable a las actuaciones administrativas.
En relación con el contenido y alcance del Derecho de Petición, la Corte Constitucional ha expuesto1:
(…) “i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión2; ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo3.
También ha resaltado la diferencia que existe entre derecho de petición y derecho a lo pedido:
"(...) no se debe confundir el derecho de petición - cuyo núcleo esencial radica en la posibilidad de acudir ante la autoridad y en obtener pronta resolución- con el contenido de lo que se pide, es decir con la materia de la petición. La falta de respuesta o la resolución tardía son formas de violación de aquel y son susceptibles de la actuación protectora del juez mediante el uso de la acción de tutela, pues en tales casos se conculca un derecho constitucional fundamental. En cambio, lo que se debate ante la jurisdicción cuando se acusa el acto, expreso o presunto, proferido por la administración, alude al fondo de lo pedido, de manera independiente del derecho de petición como tal. Allí se discute la legalidad de la actuación administrativa o del acto correspondiente, de acuerdo con las normas a las que estaba sometida la administración, es decir que no está en juego el derecho fundamental de que se trata sino otros derechos, para cuya defensa existen las vías judiciales contempladas en el Código Contencioso Administrativo y, por tanto, respecto de ella no cabe la acción de tutela salvo la hipótesis del perjuicio irremediable (artículo 86 C.N.)". (Cfr. Sentencia T-242 del 23 de junio de 1993). “4
6.2 Del fondo del asunto.
Corresponde determinar si al señor FABIO SUAREZ, se le está vulnerando o amenazando vulnerar su derecho fundamental de petición por parte del Consorcio FOPEP, el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL y BUENFUTURO PATRIMONIO AUTONOMO, al no haber resuelto su petición de 4 de mayo de 2010 en relación con los motivos por los cuales no se incluyó en nómina de pensionados en abril de 2010.
Advierte la Sala que la génesis del derecho de petición (f.3) elevado Al Consorcio FOPEP 2007 – Fiduciaria Bancolombia – Fiduagraria – Fiduprevisora – Fiducoldex, en fecha 4 de mayo pasado, fue a consecuencia de haber recibido el Actor el oficio CTI-97261 de fecha 08 de marzo de 2010 suscrito por la Apoderada General de la Caja Nacional de Previsión Nacional – CAJANAL E.I.C.E. en Liquidación, Dra. LILIANA URUETA LOPEZ, en respuesta a sus derechos de petición fechados: 08/08/2009, reiterado el 25/09/2009, el 29/10/2009, el 14/12/2009 y el 20/02/2010, informándole primero que su solicitud de reconocimiento prestacional se resolvería dentro del año solicitado a la Corte Constitucional en la tutela 1234 de 2008, para superar el represamiento de acuerdo con el plan de acción. Que de acuerdo a la solicitud elevada por el actor (las formuladas en el año 2009), le informan que la entidad ha resuelto su solicitud (sic.) mediante el oficio PABF-GCIA-04721 de fecha 8 de marzo de 2010, del cual concluye que el reporte efectuado al FOPEP para su respectiva inclusión en nómina de pensionados del mes de abril de 2010 y que esté atento a la respectiva notificación.
Para la Sala, bien es cierto que el oficio CTI-97261 de fecha 08 de marzo de 2010 suscrito por la Apoderada General de la Cajanal en liquidación, le hace saber al actor que en respuesta de sus peticiones pretéritas, lo iban a adicionar en nómina de pensionados del mes de abril pasado, para lo cual lo incluían en el reporte con destino a la entidad FOPEP, pero no se intuye que esta entidad se haya abstenido de incluirlo en nómina como lo manifiesta el accionante.
Ahora, con respecto al derecho de petición impetrado al Gerente del Consorcio FOPEP por el accionante (f.3), sobre los motivos por los cuales se abstuvo de incluirlo en nómina de pensionados del mes de abril de este año, le responde el Consorcio por medio del oficio de 10 de mayo de 2010, que por ser competencia de la entidad BUENFUTURO dar la respuesta, se remitía a dicha la solicitud para que se le diera el trámite correspondiente (f.4), por medio de la planilla AN-FON-742-10 de 10 de mayo de 2010.
Considera la Sala que le asiste la razón al consorcio FOPEP 2007 de haber remitido dicha petición al PAB-BUENFUTUTO por cuanto la naturaleza jurídica del consorcio, de tratarse de una cuenta en donde se administra los recursos del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional y de cancelar las mesadas a las personas que adquieren el status jurídico de pensionado que las diferentes Cajas y Fondos del nivel central han reconocido, liquidado e incluido en nómina de pensionados que mensualmente le reportan.
Ahora, frente al silencio de la Fiduciaria PAB BUENFUTURO, entidad cuyo objeto consiste en el desarrollo de las gestiones administrativas y operativas de asistencia y apoyo en todo lo relacionado con el reconocimiento pensional de Cajanal en Liquidación, conforme al contrato celebrado entre las dos entidades el pasado 12 de junio de 2009, de acuerdo con la página Web de las dos firmas, la Fiduciaria tiene un término de tres (3) meses para dar respuesta al derecho de petición de conformidad con el auto 305 de 2009, proferido por la Honorable Corte Constitucional dentro del trámite de la tutela 1234 de 2008, que contiene el Plan de Acción para la superación del represamiento de solicitudes en CAJANAL EICE, el cual tiene vigencia hasta el mes de octubre de 2010.
Así las cosas, el término aún no ha fenecido, por tanto la acción debe declararse improcedente.
VI.- Decisión.
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero: Rechazar por improcedente la presente acción de tutela propuesta por el señor FABIO SUAREZ en contra del Ministerio de la Protección Social, al Consorcio FOPEP 2007 y el patrimonio autónomo – PAB BUENFUTURO, en defensa del derecho fundamental de petición.
Segundo: Si la presente decisión no fuere impugnada, remítase el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notifíquese a las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 5o del Decreto 306 de 1.992.

Cópiese, Notifíquese y cúmplase



GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA.

Magistrado


JOSE MARCELINO TRIANA PERDOMO RAMIRO APONTE PINO

Magistrado Magistrado.


1 Acerca del alcance del derecho de petición se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-418 de 1992, T-575 de 1994 y T-228 de 1997, T-125 de 1995, T-337/00, T-094/99.

2 Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido ver la sentencia T-796/01 M.P. Jaime Araujo Rentería.

3 Sentencia T-94/99 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

4 Sentencia T-94/99 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.


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