Acuerdo n° 110. En la Ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil once se reúne en






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ACUERDO N° 110 .- En la Ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil once se reúne en Acuerdo el Tribunal Superior de Justicia, presidido por el señor Vocal Titular Doctor RICARDO TOMAS KOHON e integrado por los Sres. Vocales Titulares Doctores OSCAR E. MASSEI y ANTONIO GUILLERMO LABATE y los Sres. Conjueces, Doctores MARCELO DANIEL IÑIGUEZ y OMAR ADOLFO BUSQUETA, con la intervención de la titular de la Secretaría de Demandas Originarias Doctora CECILIA PAMPHILE, para dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: “TRIBUG, MARIO ALBERTO C/ PROVINCIA DE NEUQUÉN S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte N° 537/99, en trámite por ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y conforme al orden de votación oportunamente fijado el Doctor MARCELO DANIEL IÑIGUEZ, dijo: I.- A fs. 9/18 vta. se presenta el Sr. Alberto Mario TRIBUG, por apoderado e inicia demanda contra la Provincia de Neuquén, solicitando el cese de la detracción que sufre sobre la retribución del cargo que ejerce en el Poder Judicial, como consecuencia de una errónea conceptualización de uno de los ítems que integra su remuneración.
Argumenta de la siguiente manera:
(a) que los actos administrativos que determinan sus haberes se encuentran firmes, consentidos, con atributos de ejecutividad y ejecutoriedad, salvo por el hecho que no se han liquidado adecuadamente.
(b) que esa circunstancia deriva en el hecho omisivo, ilícito y lesivo al no incorporar el régimen salarial otorgado en la jurisdicción federal, a pesar que existe un reenvío de la ley disponiendo la incorporación de esas reglas salariales. Señala el texto de la ley 1896, a los efectos de justificar la omisión a que alude.
(c) que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictó el 8 de noviembre de 1991 la acordada Nro.56 y el 27 de diciembre del mismo año, la acordada Nro. 75. Ambas resoluciones establecieron asignaciones especiales no remunerativas las que, posteriormente, fueron calificadas como remunerativas por la propia Corte federal en el caso “Arguello Varela, Jorge Marcelo c/Estado Nacional” (Fallos 316:1562).
(d) que el reclamo que formula es por el período comprendido entre julio de 1994 a junio de 1999, lo que justifica la competencia del Tribunal Superior de Justicia, conforme lo dispuesto en el art.169, inc. a y d, de la Constitución de Neuquén y art. 190, inc.b de la ley 1.284 y art.6 de la ley 1.305, ambas de la Provincia de Neuquén.
(e) que tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, han dado una interpretación acorde, en el sentido de asignar carácter remunerativo a los adicionales, proceder que justifica el reproche de ejecución omisiva por parte de la administración encargada de liquidar las remuneraciones del Poder Judicial. Por ello, persigue el reconocimiento del derecho vulnerado y el resarcimiento económico para reparar los efectos de la afectación.
(f) que la competencia para liquidar su remuneración le corresponde al Tribunal Superior de Justicia, por ser el órgano legitimado por la ley 1.971 para la aplicación de sus recursos. Tal postura la abona con la interpretación integrativa que realiza de las leyes 1.971, 1.896, acordada 56/91 y 75/91, de la Corte federal y sentencia en el caso “Arguello Varela” y pronunciamientos en casos: “Fabani”, “Alvarez Yofre”, “Sierra” y “De Ezcurra” del Tribunal Superior de Justicia.
(g) que de la interpretación que la Corte federal practicó de las acordadas individualizadas surge el derecho aplicable para la determinación del sistema remunerativo de los miembros del Poder Judicial de Neuquén y que otro tipo de interpretación, llevaría a una afectación del orden normativo local y el bloque de legalidad aplicable al sistema remunerativo de funcionarios y magistrados.
(h) Concluye confeccionando planilla de liquidación, consignando los valores reclamados y haciendo reserva de las diferencias generadas por subrogancias y asignaciones no prescriptas, todo más intereses.
(i) Hace reserva del Caso federal en el supuesto de un resolución adversa, en función de las garantías constitucionales de los arts. 14, 17, 18 y cc. de la Constitución Nacional.
II.- A fs. 121/126, por R.I N° 4.144/04 se resuelven las excusaciones formuladas y se integra el Tribunal. Declarándose la admisibilidad de la acción mediante R.I N° 4.330/04.
III.- La accionante optó a fs. 140/141 por el trámite ordinario y se corrió traslado de la demanda.
A fs. 149/162 contesta la Provincia demandada, quien en primer término solicita el cumplimiento del artículo 47° de la Ley 1305 y recusa sin causa al Dr. Roberto Natali.
A continuación, luego de negar los hechos que no sean objeto de su reconocimiento, solicita el rechazo de la pretensión actora y lo fundamenta, entre otros argumentos en:
(a) sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén y en otros pronunciamientos nacionales.
(1) El primer fallo al que recurre es el acuerdo Nro.576 dictado en el caso “Sierra” en donde se negó la aplicación de las acordadas Nro.56/91 y Nro.75/91. Las consideraciones que justificaron el rechazo fue que la atribución delegada a la justicia para el dictado de las acordadas, solo podría ser considerado válido en el supuesto que el Congreso de la Nación asignara las partidas presupuestarias correspondientes, caso contrario, habría que estarse al carácter no remunerativo de las asignaciones especiales creadas, pues otra calificación no resulta procedente al encontrarnos frente a una función legislativa específica.
(2) También tiene en cuenta que en la Provincia se dictaron otras leyes, tanto de tipo remuneratorio como presupuestaria, y en ninguna de ellas se estableció el carácter remunerativo de la bonificación que contiene las acordadas Nro.56/91 y Nro.75/91.
(3) En similar sentido, alude al acuerdo Nro.1031 dictado en el caso “Aguilar Rayen”. En este fallo el Tribunal negó el reclamo de empleados judiciales para la aplicación de la acordada Nro.56/91 de la Corte federal, porque entendió que solo era aplicable para la cuantía del haber jubilatorio y que el pronunciamiento “Argüello Varela” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fundaba esa solución porque allí se resolvió la movilidad de las prestaciones jubilatorias, mientras este caso era de carácter eminentemente salarial y respecto de personas que se encontraban en actividad laboral. También tuvo en cuenta que la ley 1.971 de autarquía judicial, consagró un nuevo régimen remuneratorio de magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial de la Provincia, fijando en su art.8 in fine la facultad y atribución del Poder Legislativo para establecer anualmente las asignaciones y remuneraciones de ese sector.
Lo expresado, según indica la Fiscalía de Estado, encuentra su base en el dictado de la ley 2.350, que deroga los arts.7 y 8 de la ley 1.971, mantiene el criterio de fijar asignaciones especiales con carácter no remunerativo.
(4) Recurre también a los acuerdos Nro.950 (2411/03) en el caso “Troncoso” donde a raíz del reclamo de empleados municipales por un suplemento mensual no remunerativo creado en el año 1.992, a través de los decretos 2.374/92 y 2.401/92, se estableció que la función de fijar remuneraciones es una actividad política propia de otros poderes y extraña al Poder Judicial. De allí, que no sea una atribución de la justicia ingresar a esa consideración de naturaleza política.
(5) Cita luego el Acuerdo Nro. 1.494, por el cual se resolvió el caso de diversos asistentes sociales que solicitaban se les reconozca, liquide y pague, la asignación especial no remunerativa que surge de la Acordada Nro. 56/91 de la Corte federal y dispuesta por Acordada Nro.14/92, aplicable al Poder Judicial de la Provincia del Neuquén, de conformidad con lo resuelto por Acuerdo Nro.2.556. En ese caso, se rechazó la pretensión porque se sostuvo que ese personal no estaba enumerado en la Acordada Nro. 56/91 de la Corte federal, calificándosela como asignación especial no remunerativa dirigida a categorías precisas en la que no estaban incluidos los asistentes sociales.
(6) También se remite al Acuerdo Nro.6.623, por el que se rechazó igual petición a los profesionales auxiliares del Poder Judicial, en similares términos a los expresados en el acuerdo antes mencionado.
(b) Luego funda su rechazo en que a partir del dictado de la ley 1.971, todo lo referido a las remuneraciones del Poder Judicial es una atribución específica del Poder Legislativo, facultad que se mantiene con el dictado de la ley 2.350.
(c) Apunta que no estamos frente a un derecho adquirido ni a un supuesto de afectación a la intangibilidad salarial, garantizada en el art.153 de la Constitución provincial; además solicita se consideren las consecuencias disvaliosas que pueden presentarse de prosperar total o parcialmente la demanda porque se distorsiona el suplemento de la manera en que fue creado.
(d) Por último, señala que una demanda adversa afectaría las finanzas públicas provinciales y que debe primar el interés público sobre el particular. Concluye oponiendo excepción de prescripción porque interpreta que la pretensión de la actora por diferencias salariales, es a partir del 9 de julio del año 1.994 y en razón que interpuso la reclamación administrativa el 21 de julio de 1.994, se encuentra prescripto el período anterior reclamado.
IV.- A fs. 165 la parte actora contesta la excepción de prescripción y peticiona se abra la causa a prueba, acto procesal que se dispone a fs.176 por el término de cuarenta días.
A fs. 174 se provee la prueba documental ofrecida, se rechaza la informativa y se difiere la pericial contable en caso de obtenerse un pronunciamiento favorable al actor.
V.- A fs. 179 se agrega el legajo personal del actor y se clausura el periodo probatorio, alegando la parte actora a fs. 187/191 vta. y la demandada a fs. 192/196.
VI.- A fs. 198/199 vta. obra el dictamen del Sr. Fiscal Subrogante, quien propicia hacer lugar a la demanda.
VII.- A fs. 225/229, mediante R.I N° 5704/07 se resuelven las excusaciones planteadas y se integra el Tribunal.
VIII.- A fs. 237 se reanuda el llamado de autos, el cual encontrándose firme y consentido coloca a las presentes actuaciones en condiciones de dictar sentencia.
IX.- Mención previa. A modo de introducción debo aclarar que este voto es una modificación de una propuesta anterior proyectada. El motivo de la innovación fue porque advertí la derogación de un precepto jurídico el cual había perdido vigencia, circunstancia que en mi opinión altera la solución que propiciaba.
También entendí prudente esperar que se dictara sentencia, ante el planteo de composición del Cuerpo que realizó el actor, pues de acuerdo a la doctrina del fallo implicaba mantenerme o no como integrante del Tribunal.
X.- La cuestión a resolver. He reseñado en apartados precedentes, el sentido y alcance que cada parte formula al pago mensual no remunerativo, dispuesto por Acordadas 56/91 y 75/91 de la Corte Suprema de Justicia Nacional. Esas disposiciones eran aplicables por la conexión que realizó la ley 1.896 (artículo 1) donde se creó un sistema para mantener, con equidad, el equilibrio de remuneraciones de los magistrados y funcionarios provinciales con los nacionales. De esa manera, el legislador de la ley citada, entendió como razonable buscar una simetría con la jurisdicción federal, finalidad que no es más que seguir la pauta que emerge del art. 14 bis de la Constitución Nacional, al asegurar “igual remuneración por igual tarea”. Entonces, con esas bases abordaré dos cuestiones que en mi opinión son esenciales para arribar al veredicto que propicio (a) si el adicional de las Acordadas 56/91 y 75/91 como no remunerativo era bonificable y (b) qué calificación cabe asignarle al adicional a partir de la sanción de las leyes 1971 y 2350.
El tema es sensible, porque su análisis lleva implícitamente a la garantía de la independencia del Poder Judicial, constituida, entre otros, por la intangibilidad de retribuciones de jueces, juntamente con la inamovilidad. En tal sentido, la Corte federal en materia remuneratoria, ha sostenido que “la garantía de irreductibilidad de los sueldos está conferida no para exclusivo beneficio personal o patrimonial de los magistrados sino para resguardar su función de equilibrio tripartito de los poderes del Estado, de modo que la vía abierta en esta causa no tiende tanto a defender un derecho de propiedad de los actores como particulares, y a título privado, sino la ya referida garantía de funcionamiento independiente del Poder Judicial, cuya perturbación la Ley Suprema ha querido evitar al consagrar rotundamente la incolumidad de las remuneraciones judiciales” (Fallos: 315:2386, en sentido análogo: Fallos: 322:752). Esa indemnidad, incluye a los magistrados provinciales, pues todos son jueces de la Constitución y por ende han de contar con similares garantías (CSJN, 11/04/2006, in re: "Gutiérrez, Oscar E. c. Administración Nac. de la Seguridad Social").
Lo expresado, no implica sustentar que la intangibilidad de la remuneración del Poder Judicial sea un dogma. Precisamente, la Corte federal declaró en los casos "Chiara Díaz" (Fallos: 329:385) y “Brandi, Eduardo Alberto y otros c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” (sentencia del 11 de julio de 2007. LA LEY 25/07/2007, 25/07/2007, 11 - IMP 2007-17 (Septiembre), 1688 - DJ 2007-II, 537 - Fallos Corte: 330:3109) que la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados debe ser ponderada y analizada de manera razonable porque "...no instituye un privilegio que los ponga a salvo [a los jueces] de toda y cualquier circunstancia que redunde en una pérdida de poder adquisitivo de sus haberes en violación a los principios de igualdad ante la ley, equidad y justicia distributiva".
1. Fuente normativa de vigencia del régimen de remuneraciones del Poder Judicial. El actor plantea su pretensión, sobre la base que tuvo vigencia la ley 1896 que atribuyó simetría en remuneraciones entre magistrados y funcionarios provinciales con nacionales y en ese período de vigor de esa ley, la Corte federal fijó una suma con carácter no remunerativo (Acordada Nº 56/91 y 75/91) la que fue receptada, en la Provincia del Neuquén, por Acuerdo Nº 2675 del Tribunal Superior de Justicia de fecha 13 de noviembre de 1991 y Acuerdo Nº 2683 del 5 de diciembre de 1991, donde se resuelve considerar carácter retributivo (remunerativo) a los fines previsionales pero de naturaleza no bonificable. A partir de ese momento magistrados y funcionarios percibieron en sus emolumentos una suma mensual con la calificación de no remunerativa ni bonificable, la que se conservó con ese carácter hasta el dictado de la ley 2350 donde recibe una pequeña bonificación, pues se le aplica el porcentaje por zona desfavorable y luego es incorporada mediante leyes 2526 y 2548.
Las acordadas de la Corte Suprema y el concepto en que se liquidaba el adicional fue la fuente normativa desde la fecha indicada en al párrafo anterior (11/1991) hasta el dictado de la ley 1971 (sancionada el 10/09/92 y publicada el 25/09/92) donde se instaura la autarquía del Poder Judicial de la Provincia del Neuquén y en materia de remuneraciones, el artículo 7 instituye en un Anexo la escala porcentual de retribuciones y, el artículo 8 declara que el escalafón que crea el Anexo se expresa a nivel básico cien (100) y equivale al total de las asignaciones atribuidas a los jueces del Tribunal Superior de Justicia por todo concepto, excluido salario familiar, antigüedad, compensación funcional, zona desfavorable y todo rubro no remunerativo, partiendo de lo percibido en el mes anterior a la sanción de esta ley. Concluye, la norma citada, que “La Legislatura fijará anualmente las asignaciones de los jueces del Tribunal Superior de Justicia”.
Esa ley, de autarquía financiera del Poder Judicial se presentó a la sociedad como ejemplo de afirmación del sistema republicano de división de poderes, pues al tiempo que le fijaba recursos propios (18% de régimen de coparticipación, tasa de justicia, etcétera) produjo el desenganche de remuneraciones con la Corte federal.
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