Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones






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DECRETO REGLAMENTARIO 734 DE 13 DE ABRIL DE 2012

(Abril 13)
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones.
NOTA DE VIGENCIA: El presente Decreto fue DEROGADO por el artículo 163 del Decreto 1510 de 2013. Se sugiere tener en cuenta el artículo 162, respecto de su régimen de transición.
COMENTARIO: El presente Decreto deroga veintisiete decretos que a su vez integra. Consagra se procesos y procedimientos contractuales, las modalidades de selección, desde la licitación, la selección abreviada y la mínima cuantía, concurso de méritos, contratación directa, de los contratos, las garantías, la contratación electrónica, el SECOP, el registro único de proponentes, la enajenación de bienes del estado, las reglas de desempate entre otros.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en particular las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y las *Leyes 80 de 1993, 361 de 1997, 816 de 2003, 905 de 2004, 996 de 2005, *1150 de 2007, 1450 de 2011, 1474 de 2011 y el Decreto-ley 4170 de 2011 y 019 de 2012,
CONSIDERANDO:
Que las *Leyes 80 de 1993, 361 de 1997, 816 de 2003, 905 de 2004, 996 de 2005, *1150 de 2007, 1450 de 2011, 1474 de 2011 y 019 de 2012, entre otras, contienen reglas generales en materia de contratación pública que deben ser reglamentadas por el Gobierno Nacional en la órbita de su competencia.

 

Que le corresponde a la administración expedir una regulación ágil y expedita que permita lograr la debida ejecución de la ley, y que responda a las cambiantes circunstancias que afectan sus contenidos normativos.

 

Que en vista de lo anterior, es indispensable que el Gobierno Nacional expida un Reglamento del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en el cual se recojan, en un solo cuerpo normativo, las reglas necesarias para el adelantamiento de los procesos contractuales, de los contratos y otros asuntos relacionados con los mismos y que, en atención a la dinámica de la materia a reglamentar, permita las actualizaciones y ajustes continuos necesarios.

 

En consideración a lo expuesto,
*Nota de Interpretación: Para mayor información y mejor comprensión de la remisión hecha a las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, le sugerimos remitirse a la publicación de nuestro Grupo Editorial Nueva Legislación “Estatuto General de la Contratación Pública y Registro Único de Proponentes”.

 

DECRETA:
TÍTULO I

OBJETO

 

ARTÍCULO 1.1. OBJETO. El presente decreto reglamenta las disposiciones legales contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como otras disposiciones legales aplicables a la contratación estatal.

 

TÍTULO II

DE LA PLANEACIÓN CONTRACTUAL
COMENTARIO: Como novedad, se implementa una audiencia obligatoria de tipificación de riesgos para la licitación pública al mismo tiempo que la audiencia de aclaración de pliegos de condiciones.
Para el caso de las demás modalidades de contratación, la audiencia de riesgos será voluntaria, con excepción de la de aclaración de pliegos que será obligatoria, exceptuando la mínima cuantía.
CAPÍTULO I

DE LA PLANEACIÓN CONTRACTUAL
ARTÍCULO 2.1.1. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. En desarrollo de lo señalado en el numeral 12 del artículo 25 de la *Ley 80 de 1993, los estudios y documentos previos estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones o del contrato, de manera que los proponentes o el eventual contratista respectivamente, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad así como la distribución de riesgos que la misma propone.

 

Los estudios y documentos previos se pondrán a disposición de los interesados de manera simultánea con el proyecto de pliego de condiciones y deberán contener, como mínimo, los siguientes elementos:

 

1. La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación.

 

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar.

 

3. La modalidad de selección del contratista, incluyendo los fundamentos jurídicos que soportan su elección.

 

4. El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que lo componen. Cuando el valor del contrato sea determinado por precios unitarios, la entidad contratante deberá incluir la forma como los calculó para establecer el presupuesto y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. En el caso del concurso de méritos, la entidad contratante no publicará las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato y en el caso de las concesiones, la entidad contratante no publicará el modelo financiero utilizado en su estructuración.

 

5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable, de conformidad con el artículo 2.2.9 del presente decreto.

 

6. El soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.

 

7. El análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del contrato según el caso, así como la pertinencia de la división de aquellas, de acuerdo con la reglamentación sobre el particular.

 

8. La indicación de si la contratación respectiva está cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano en los términos del artículo 8.1.17 del presente decreto.

 

PARÁGRAFO 1. Los elementos mínimos previstos en el presente artículo se complementarán con los exigidos de manera puntual en las diversas modalidades de selección.

 

PARÁGRAFO 2. El contenido de los estudios y documentos previos podrá ser ajustado por la entidad con posterioridad a la apertura del proceso de selección. En caso que la modificación de los elementos mínimos señalados en el presente artículo implique cambios fundamentales en los mismos, la entidad, con fundamento en el numeral 2 del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, o norma legal que lo modifique, adicione o sustituya, y en aras de proteger el interés público o social, podrá revocar el acto administrativo de apertura.

 

PARÁGRAFO 3. Para los efectos del presente artículo, se entiende que los estudios y documentos previos son los definitivos al momento de la elaboración y publicación del proyecto de pliego de condiciones o de la suscripción del contrato, según el caso, sin perjuicio de los ajustes que puedan darse en el curso del proceso de selección, los que se harán públicos por la entidad, en los procesos por convocatoria pública, mediante su publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) destacando de manera clara las modificaciones introducidas. En todo caso, permanecerán a disposición del público por lo menos durante el desarrollo del proceso de selección.

 

PARÁGRAFO 4. Cuando el objeto de la contratación involucre diseño y construcción, la entidad deberá poner a disposición de los oferentes además de los elementos mínimos a los que hace referencia el presente artículo, todos los documentos técnicos disponibles para el desarrollo del proyecto. Lo anterior sin perjuicio, de lo establecido en el numeral 4 anterior para el concurso de méritos y el contrato.

 

PARÁGRAFO 5. El presente artículo no será aplicable para la mínima cuantía cuya regulación se encuentra en el Capítulo V del Título III del presente decreto.

 

*Nota de Interpretación: Para mayor información y mejor comprensión de la remisión hecha a la Ley 80 de 1993, le sugerimos remitirse a la publicación de nuestro Grupo Editorial Nueva Legislación “Estatuto General de la Contratación Pública y Registro Único de Proponentes”.
ARTÍCULO 2.1.2. DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. Para los efectos previstos en el artículo 4 de la *Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la *Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales.

 

En las modalidades de Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de Méritos, la entidad deberá tipificar en el proyecto de pliego de condiciones, los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad e impacto, y señalará el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales del contrato.

 

Los interesados en presentar ofertas deberán pronunciarse sobre lo anterior en las observaciones al pliego o en la audiencia convocada para el efecto, obligatoria dentro del procedimiento de licitación pública y voluntaria para las demás modalidades de selección en los que la entidad lo considere necesario, caso en el cual se levantará un acta que evidencie en detalle la discusión acontecida.

 

La tipificación, estimación y asignación de los riesgos así previstos, debe constar en el pliego definitivo, así como la justificación de su inexistencia en determinados procesos de selección en los que por su objeto contractual no se encuentren. La presentación de las ofertas implica la aceptación, por parte del proponente, de la distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el respectivo pliego.

 

*Nota de Interpretación: Para mayor información y mejor comprensión de la remisión hecha a las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, le sugerimos remitirse a la publicación de nuestro Grupo Editorial Nueva Legislación “Estatuto General de la Contratación Pública y Registro Único de Proponentes”.
COMENTARIO: Si la entidad no tipificó los riesgos, deberá justificarlo en del pliego de condiciones; esos riesgos deben, para ser previsibles, ser identificables y cuantificables en condiciones normales.
CAPÍTULO II

DE LA DIVULGACIÓN Y DE LA PUBLICIDAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL Y OTRAS REGLAS APLICABLES A LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN

 

ARTÍCULO 2.2.1. CONVOCATORIA PÚBLICA. En los procesos de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos se hará convocatoria pública.

 

El aviso de convocatoria para la contratación se publicará de conformidad con las reglas señaladas en el artículo 2.2.5 del presente decreto y en la página web de la Entidad, y contendrá la información necesaria para dar a conocer el objeto a contratar, la modalidad de selección que se utilizará, si está cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado colombiano, el presupuesto oficial del contrato, así como el lugar físico o electrónico donde puede consultarse el proyecto de pliego de condiciones y los estudios y documentos previos.

 

Adicional a lo anterior, se deberá incluir expresamente, cuando ello corresponda, la convocatoria limitada a Mypes o a Mipymes conforme lo señalado en el Título IV del presente decreto.

 

ARTÍCULO 2.2.2. ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN. La entidad, contratante, mediante acto administrativo de carácter general, ordenará de manera motivada la apertura del proceso de selección que se desarrolle a través de licitación, selección abreviada y concurso de méritos. Para la contratación directa se dará aplicación a lo señalado en el artículo 3.4.1.1.del presente decreto. Para la mínima cuantía se observará lo dispuesto en el Capítulo V del Título III del presente decreto.

 

El acto administrativo de que trata el presente artículo señalará:

 

1. El objeto de la contratación a realizar.

 

2. La modalidad de selección que corresponda a la contratación.

 

3. El cronograma del proceso, con indicación expresa de las fechas y lugares en que se llevarán a cabo las audiencias que correspondan.

 

4. El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar el pliego de condiciones y los estudios y documentos previos.

 

5. La convocatoria para las veedurías ciudadanas.

 

6. El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las normas orgánicas correspondientes.

 

7. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las modalidades de selección.

 

PARÁGRAFO 1. El proceso de selección podrá ser suspendido por un término no superior a quince (15) días hábiles, señalado en el acto motivado que así lo determine, cuando a juicio de la entidad se presenten circunstancias de interés público o general que requieran analizarse, y que puedan afectar la normal culminación del proceso. Este término podrá ser mayor si la entidad así lo requiere, de lo cual se dará cuenta en el acto que lo señale.

 

PARÁGRAFO 2. En el evento en que ocurra o se presente durante el desarrollo del proceso de selección alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, o norma legal que lo modifique, adicione o sustituya, la entidad revocará el acto administrativo que ordenó la apertura del proceso de selección hasta antes de la fecha y hora prevista para la adjudicación del contrato. Lo anterior sin perjuicio del ejercicio de la facultad a que se refiere el artículo 49 de la *Ley 80 de 1993.

 

*Nota de Interpretación: Para mayor información y mejor comprensión de la remisión hecha a la Ley 80 de 1993, le sugerimos remitirse a la publicación de nuestro Grupo Editorial Nueva Legislación “Estatuto General de la Contratación Pública y Registro Único de Proponentes”.
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