Nota enviada por el ex presidente Raúl Alfonsín a los jefes de los bloques de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación






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Nota enviada por el ex presidente Raúl Alfonsín a los jefes de los bloques de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación.

Señores Presidentes de los bloques partidarios del Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirles estas líneas que deseo sean tomadas como una reflexión personal de un ex presidente.
En estos días se ha reinstalado un conflicto de poderes que involucra a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo Nacional. En primer término, resulta fundamental que los tres poderes actúen dentro del ámbito que la Constitución Nacional les atribuye, sin avanzar sobre las competencias de los demás, resguardando el respeto recíproco que se deben y ajustando sus actos estrictamente a la ley.
Además, hemos podido leer sobre la voluntad de importantes funcionarios nacionales de obtener la declaración de nulidad de las leyes llamadas de Punto Final y de Obediencia Debida. Según expresiones periodísticas, éstas serían las razones que provocaron la “corrida” en las fuerzas armadas cuyas cúpulas aparentemente estaban solicitando a la Corte que no lo hiciera.
Sobre esto no voy a opinar, salvo sostener que se trata de facultades exclusivas del Presidente, si bien me atrevo a expresar cierta extrañeza por la magnitud de los relevos y a lamentar que algunos hombres brillantes hayan tenido que pasar a situación de retiro.
Contradictoriamente se sugiere, tanto por funcionarios como por periodistas, que entre las causas más sensibles que se hallan a estudio de la Corte Suprema de Justicia, y que podrían constituir materia de presión, se encuentra la declaración de nulidad de esas leyes.

Aunque estoy convencido de que en su momento eran válidas e indispensables para proteger los derechos humanos para el futuro, el análisis de la validez o nulidad de estas dos leyes debe hacerse hoy al margen de una puja o conflicto de poderes, y resolverse conforme a la íntima convicción de los máximos responsables de los poderes de la República.
El señor Presidente, si llegare a la conclusión de que estas leyes no debieron existir nunca, podrá poner en conocimiento de los hechos al señor Procurador General de la Corte para que solicite la declaración de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, con los fundamentos que pudiere considerar procedentes e invocando, si lo considerare oportuno, mis declaraciones sobre las condiciones en que fueron promulgadas estas normas, y muy especialmente el temor de perder la democracia.
La Corte Suprema de Justicia dictará sentencia conforme a sus convicciones y a las constancias y antecedentes del proceso.
Reitero que como máximo responsable en la sanción y promulgación de ambas leyes no me sentiré desautorizado ni agraviado, y como siempre, aceptaré lo que la justicia decida de acuerdo a derecho.
Como se advertirá, deseo compartir con ustedes, y a través vuestro con los demás miembros de los bloques de la Unión Cívica Radical, estas reflexiones sobre la eventual declaración de nulidad de estas leyes, al tiempo de renovar el compromiso inclaudicable del Radicalismo con la vigencia de la Constitución, y particularmente en este caso, con la división de los poderes que sostienen la República.
Sin entrar ahora en discusiones de tipo jurídico, analizadas ya por importantes académicos, en su momento la Corte Suprema de Justicia declaró que las leyes eran constitucionales.
Pero ahora, según entiendo, se plantea que dichas leyes serían no sólo inconstitucionales sino también “nulas”, porque de acuerdo con reglas consuetudinarias del derecho internacional los delitos de “lesa humanidad” o “contra la humanidad” deben ser siempre castigados, y nada puede oponerse a ello, ni la prescripción, ni el perdón, ni ninguna clase de amnistía.
Esta línea de pensamiento, como ustedes saben, viene desde fines de la Segunda Guerra Mundial con los procesos de Nüremberg y Tokio, y tuvo una consolidación extraordinaria en la década del noventa con los Tribunales ad-hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda, con el proceso de extradición de Pinochet, con la apertura de procesos en Europa por delitos contra la humanidad cometidos en Latinoamérica y con la creación de la Corte Penal Internacional para juzgar precisamente esos delitos.
No sé como se va resolver este conflicto entre una norma internacional que se dice imperativa para todos los estados y el derecho de los pueblos a “autodeterminarse”, a decidir el mejor modo de resolver sus transiciones democráticas. En América del Sur, casi todas las transiciones se efectuaron con alguna forma de pacto con los dictadores. No las critico, pero afirmo que en la Argentina, no.
Además se actuó de una manera que no reconoce antecedentes históricos, en la búsqueda de penalizar las violaciones anteriores. Todas las naciones modernas europeas se han construido a partir de amnistías tan amplias que comprendieron, en su momento, a nazis, fascistas, franquistas, colaboracionistas, y a represores de Argelia, del Congo, de Indonesia, de Angola y de Mozambique.
Reparen ustedes en todas las leyes de amnistía que se han dictado en Europa del Este luego de la caída del muro de Berlín. De ex profeso dejé para el final de la lista al Reino Unido, al que podríamos recordarle su pasado colonial en la India, en China, en Medio Oriente, en Zambia, y más actualmente en Irlanda.
En algunas oportunidades, incluso las Naciones Unidas han legitimado la sanción de leyes de amnistía, como ocurrió en Haití, en El Salvador o en Sudáfrica. ¿Son nulas todas esas amnistías?. ¿Las sociedades están obligadas siempre a castigar aunque de esa manera fracase el establecimiento de la democracia?. Estas son las preguntas de un debate que creo alcanza al mundo entero.
En nuestro país, resolver esta cuestión está en manos de los jueces, quienes deberán analizar estos problemas, a la luz de nuestras propias reglas constitucionales y de los compromisos internacionales que ha asumido el país.
Hay ahora un presidente nuevo y la convicción que transmite sobre la consolidación del sistema democrático. Según él lo ha dicho, estas leyes no deberían existir, y entonces tal vez impulse la declaración de nulidad de las mismas para borrar los efectos derivados de dichas leyes. La derogación no impide los efectos, por el principio de irretroactividad de la ley penal, pero la declaración de nulidad equivale a declarar que las leyes nunca existieron.
Pienso que si el presidente tiene voluntad y decisión, y está convencido de que las leyes son nulas, debería actuar de acuerdo con sus convicciones. En última instancia él podría estar completando algo que muchos argentinos deseábamos pero, como en mi caso, considerábamos inviable si a la vez queríamos resguardar la libertad y la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Yo he dicho muchas veces que impulsé la aprobación de ambas leyes, aunque no me gustaran, porque entendía en ese momento histórico que tenía la obligación de preservar la libertad, de preservar la autoridad democrática y de sancionar un régimen jurídico inequívoco que recogiera lo que había anticipado durante mi campaña sobre las conductas paradigmáticas.
Reitero que la ley tenía como fin limitar la responsabilidad a la máxima autoridad militar; pero admito que la urgencia y la insistencia estuvieron condicionadas por una realidad amenazante para la estabilidad de la democracia.
Una de las cosas que se aprende con dureza en el ejercicio del poder es que la política es, entre muchas otras cosas, una opción entre costos.
Lo reitero, la decisión de enviar ambos proyectos de ley al Parlamento, y su posterior promulgación, fueron realizadas en ejercicio de mi voluntad, aunque debo reconocer que actué condicionado por las circunstancias que he descrito, y fundamentalmente por el temor de perder la libertad y la democracia de los argentinos.
No estoy diciendo algo que sea novedoso. Todos saben las tremendas dificultades que tuvimos que enfrentar en estos temas durante mi gobierno. Por eso puedo decir que el actual presidente puede promover un cambio de actitud: depende de su voluntad política de hacerlo y de su convicción de que la democracia argentina está definitivamente consolidada. Sin ir más lejos, están los pedidos de extradición que han hecho los jueces extranjeros que pretenden enjuiciar estos hechos. Si así lo considera, el presidente podría revisar la posición que se ha tenido hasta el presente.
Muchos creen que si la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara nulas las leyes me provocaría un daño moral o de cualquier otro tipo. No es eso lo que se debe tener en cuenta. Yo tuve la responsabilidad máxima cuando ocupé la presidencia, y tuve que hacer algunas cosas que no me gustaron pero que estuvieron destinadas a preservar valores superiores. Esto último, obviamente, no pretende ser una excusa de los errores que he cometido.
Hoy, el pueblo argentino ha elegido un nuevo presidente al que todos queremos que le vaya muy bien, y le ha conferido la responsabilidad de dirigir el país. El deberá decidir, en el ámbito constitucional, si en la Argentina es necesario o no preservar estas leyes, y si decide que no lo es, significará que la democracia está definitivamente consolidada. Tener la prueba de esta consolidación me hará sentir el hombre más feliz de la tierra.
Si alguien tiene que ir a la cárcel, lo decidirá la justicia. No estará rompiendo ningún pacto de impunidad porque nunca lo hubo. Se habrán superado las debilidades que me llevaron a impulsar dichas leyes. Hoy es su responsabilidad y lo respaldaré al presidente si hace una cosa u otra.
Seguiremos luchando por el imperio de la justicia en una democracia consolidada, en la Nación y en todas las provincias, sin ninguna excepción.

La Argentina sintió que vivía, y efectivamente vivió, una de las crisis más profundas de su historia. Se habló de que se estaba frente al abismo, se habló de caos, de anarquía, e incluso se habló de disolución nacional.
Pero lo cierto es que las sociedades y las naciones, por un conjunto de razones difícil de describir, renuevan sus esperanzas a pesar de las dificultades e imposibilidades que parecen rodearlas o cercarlas. No temo equivocarme si digo que percibo en los argentinos un renacimiento de esa esperanza. Es como si sintiéramos que estamos abandonando una etapa.
Por eso es que me he permitido transmitir estas reflexiones, porque esta cuestión de la que hemos hablado no se ha cerrado. Creí que se cerraría y no fue así. El pasado una y otra vez vuelve sobre nosotros. Afortunadamente no se perdió la democracia ni los represores han vuelto a actuar, como muchos legítimamente temieron, pero el pasado de alguna forma sigue condicionando el presente.
Siento que, como un actor de esa historia, estoy en la obligación de transmitir mi pensamiento, reconocer circunstancias que a lo mejor permiten encontrar una solución distinta a la que intenté, aunque con el mismo fin: consolidar la democracia.
A lo mejor sea este el último anclaje con un pasado que debemos romper para darle fuerza a la esperanza renacida.
Raúl Ricardo Alfonsín.
Buenos Aires, 6 de junio de 2003.

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