El art. 13 de la Constitución, establece que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza su título I, en los términos que






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Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España.
(BOE 158/1985 de 03-07-1985, pág. 20824)


PREÁMBULO

El art. 13 de la Constitución, establece que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza su título I, en los términos que establezcan los Tratados y la Ley. Aquel mandato constitucional es la razón primera por la que se hace necesaria una regulación que concrete su alcance, a lo que responde la presente Ley Orgánica.

Nuestro ordenamiento jurídico ha carecido, desde el Real Decreto de 17 de noviembre de 1852, de una norma que, con pretensión de generalidad, recoja, formule y sintetice los principios que deban informar la situación de extranjería, en sí misma y en sus aspectos más importantes, y que evite la proliferación de disposiciones de distinto rango, que hasta ahora han venido regulando esta materia.

Sobre estas dos premisas, mandato constitucional y necesidad de una norma básica, la presente Ley acomete la tarea de establecer las disposiciones aplicables, de acuerdo con las declaraciones y recomendaciones sobre extranjeros formuladas por los Organismos Internacionales competentes en esta materia.

Dentro de esta perspectiva, la Ley, a lo largo de todo su articulado, destaca su preocupación por reconocer a los extranjeros la máxima cota de derechos y libertades, cuyo ejercicio queda prácticamente equiparado al de los propios ciudadanos españoles, y para el que se establecen las mayores garantías jurídicas, que ciertamente sólo ceden ante exigencias de la seguridad pública claramente definidas.

Resalta el pronunciamiento abierto de la Ley sobre los derechos reconocidos en el título I de la Constitución, efectuado de tal modo que, por una parte, se hace expresa afirmación de aquellos cuyo ejercicio debe ser reconocido, por ser consustancial a la persona; por otra, se señalan unas directrices claras respecto de los demás derechos, lo que constituye un compromiso sin precedentes en nuestro ordenamiento y es, además, coherente con el propósito de no dejar para posteriores regulaciones específicas aspectos de la extranjería que deben considerarse fundamentales.

En aras del principio de seguridad jurídica, la Ley se ve precisada, a veces, a descender al examen de aspectos que, en apariencia, podrían ser objeto de una consideración reglamentaria posterior, pero que, de hecho, configuran realmente el ámbito de las referidas libertades. Cuestiones como la entrada, trabajo, permanencia y establecimiento, salida y expulsión, requieren un tratamiento que concrete y precise el alcance de los derechos y deberes de los extranjeros y las garantías necesarias para su efectivo ejercicio.

Al concretar las garantías jurídicas la Ley introduce la necesidad de la intervención judicial en la revisión de determinadas resoluciones que conllevan la salida o expulsión de los extranjeros o que implican la privación de libertad, justamente como garantía de ésta.

En íntima armonía con la seguridad jurídica se halla el respeto a las situaciones de legalidad de los extranjeros, como punto de partida, no sólo para el pleno ejercicio de los derechos y libertades, a que antes se alude, sino para un correcto tratamiento de la extranjería.

Es necesario diferenciar, con absoluta claridad, las situaciones de legalidad de las de ilegalidad. Por ello, la Ley asegura la plenitud de los derechos y las garantías para su ejercicio respecto de los extranjeros que se hallen legalmente en España. Y al propio tiempo, y en prevención de las alteraciones que pudieran en su caso producirse, respecto de la convivencia social, por la presencia de extranjeros en términos no legales en España, desarrolla las medidas específicas para impedir tales situaciones.

El criterio de acomodación con los textos internacionales sobre la materia es explícito en el contenido del art. 6, en relación con los derechos de libre residencia y circulación que reproduce prácticamente el texto del art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, de 16 de diciembre de 1966, ratificado por España, por Instrumento de 13 de abril de 1977, pues, evidentemente, una configuración de la libertad de residencia, que no parta de la situación legal del extranjero, permitiría amparar cualquier estancia clandestina.

La preocupación de la Ley por conjugar el respeto de los derechos y libertades de los extranjeros con el adecuado tratamiento de la inmigración, alcanza uno de sus puntos más significativos en la regulación de la permanencia. Esta comprende tanto la estancia y sus prórrogas como la residencia propiamente dicha, cuyo carácter más estable aconseja considerar las circunstancias concurrentes en orden a su concesión. La residencia debe ser independiente de la estancia, a fin de que ésta no se configure, necesariamente, como un paso previo y no se acepte, por tanto, como hecho consumado la presencia de los extranjeros en nuestro país como medio para acceder a la condición de residentes.

La Ley pretende, además, favorecer la integración de los extranjeros en la sociedad española.

Si una Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros no es lugar adecuado para plantear el tema de la adquisición de la nacionalidad, sí lo es, en cambio, para favorecer aquellos supuestos en que sea presumible un mayor grado de adaptación a la vida española.

Circunstancias como el nacimiento en España, el parentesco o el tiempo de permanencia merecen una consideración preferente para la obtención de los permisos respecto de otras situaciones de extranjería más ocasionales.

Dentro de esta línea merece destacarse la preocupación de la Ley por un tratamiento preferencial en favor de los iberoamericanos, portugueses, filipinos, andorranos, ecuatoguineanos, sefardíes y de los originarios de la ciudad de Gibraltar, por darse en ellos los supuestos de identidad o afinidad cultural, que les hacen acreedores a esta consideración.

Finalmente, recoge la Ley, dentro de los regímenes especiales, a los apátridas, a los que se da un trato jurídico acorde con la naturaleza excepcional de esta situación y con las garantías que exige su reconocimiento.

TITULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Se considera extranjeros, a los efectos de aplicación de la presente Ley, a quienes carezcan de la nacionalidad española.

Artículo 2

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley:

a) Los Agentes Diplomáticos y los Funcionarios Consulares acreditados en España, así como los demás miembros de las misiones diplomáticas permanentes o especiales y de las oficinas consulares y sus familiares que, en virtud de las normas del Derecho Internacional, estén exentos de las obligaciones relativas a su inscripción como extranjeros y a la obtención del permiso de residencia.

b) Los Representantes y Delegados, así como los demás miembros y sus familiares, de las Misiones permanentes o de las Delegaciones ante los Organismos Internacionales Intergubernamentales con sede en España o en Conferencias Internacionales que se celebren en España.

c) Los funcionarios destinados en Organizaciones Internacionales Intergubernamentales con sede en España, así como sus familiares, a quienes los Tratados en los que sea parte España eximan de las obligaciones mencionadas en el párrafo a) de este artículo.

Artículo 3

Lo dispuesto en la presente Ley se entenderá en todo caso sin perjuicio de lo establecido en las leyes especiales y en los Tratados Internacionales en los que sea parte España.

TITULO I

DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS

Artículo 4

1. Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución en los términos establecidos en la presente Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos.

2. Los extranjeros que, por su residencia o interés, se relacionen con España, deberán cumplir los requisitos de identificación que se determinen y estarán sujetos a los deberes, obligaciones y cargas impuestos por el ordenamiento jurídico, con excepción de los que correspondan exclusivamente a los españoles.

Artículo 5

1. Los extranjeros no podrán ser titulares de los derechos políticos de sufragio activo o pasivo ni acceder al desempeño de cargos públicos o que impliquen ejercicio de autoridad.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se podrá reconocer el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales a los extranjeros residentes, en los términos y con las condiciones que, atendiendo a criterios de reciprocidad, sean establecidos por tratado o por ley para los españoles residentes en los países de origen de aquellos.

3. Asimismo, los extranjeros podrán acceder al desempeño de actividades de carácter docente o de investigación científica, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes.

Artículo 6

Los extranjeros que se hallen legalmente en territorio español tendrán derecho a circular libremente por él y a elegir libremente su residencia, sin más limitaciones que las previstas en las leyes y las determinadas por razones de seguridad pública, que podrá disponer el Ministro del Interior, con carácter individual, y que solamente podrán consistir en medidas:

a) De presentación periódica ante las autoridades competentes.

b) De alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente.

c) De residencia obligatoria en determinado lugar.

Artículo 7

Los extranjeros podrán ejercitar el derecho de reunión, de conformidad con lo dispuesto en las normas que lo regulan, siempre que se hallen legalmente en territorio español. Para poder promover la celebración de reuniones públicas en local cerrado o en lugares de tránsito público, así como manifestaciones, los extranjeros deberán tener la condición legal de residentes y solicitar del órgano competente su autorización, el cual podrá prohibirlas si resultaran lesivas para la seguridad o los intereses nacionales, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los españoles.

Artículo 8

1. Los extranjeros que se encuentren legalmente en España podrán ejercer el derecho de asociación conforme a las leyes que lo regulen.

2. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior, previo informe del de Asuntos Exteriores, podrá acordar la suspensión de las actividades de las asociaciones promovidas e integradas mayoritariamente por extranjeros, por un plazo no superior a seis meses, cuando atenten gravemente contra la seguridad o los intereses nacionales, el orden público, la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los españoles.

3. La disolución de las asociaciones corresponderá acordarla, en su caso, a la Autoridad Judicial, por los trámites del juicio ordinario de menor cuantía. Asimismo, el Juez podrá acordar, como medida cautelar, la suspensión de las actividades de las mismas.

Artículo 9

Se reconoce a los extranjeros que se hallen legalmente en territorio nacional el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, así como el derecho a la creación y dirección de centros docentes, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes y atendiendo al principio de reciprocidad.

Artículo 10

Se reconoce a los trabajadores extranjeros que se hallen legalmente en España el derecho de afiliarse libremente al sindicato u organización profesional españoles de su elección y el derecho de huelga, que ejercerán, en las mismas condiciones que los trabajadores españoles, de acuerdo con lo dispuesto en las respectivas leyes reguladoras.

TITULO II

REGIMEN DE ENTRADA Y SITUACIONES DE LOS EXTRANJEROS

CAPITULO PRIMERO

REGIMEN DE ENTRADA

Artículo 11

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio, los extranjeros podrán entrar en el territorio español, siempre que se hallen provistos de la documentación requerida y de medios económicos suficientes, en los términos previstos reglamentariamente, y no estén sujetos a prohibiciones expresas.

2. En los puestos de acceso deberán someterse a los reconocimientos médicos y a las medidas y controles que exijan los servicios sanitarios españoles, por razones de sanidad pública, en la forma y con las garantías establecidas en los Tratados Internacionales, en los que es parte España, y en las disposiciones vigentes.

3. La entrada en el territorio nacional habrá de realizarse por los puestos habilitados a tal fin y bajo el control de los servicios policiales correspondientes, que podrán rechazar a quien no reúna los requisitos señalados en el párrafo 1 del presente artículo.

4. Se considerará ilegal toda forma de entrada en el territorio nacional en la que no concurran las circunstancias descritas, salvo lo previsto en el núm. 4 del artículo siguiente.

5. Los puestos de acceso podrán ser cerrados temporal o indefinidamente por el Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior, y, en su caso, del Ministerio de Defensa, cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen.

Artículo 12

1. El extranjero que pretenda entrar en España deberá hallarse provisto de pasaporte o título de viaje en vigor o de otro documento que acredite su identidad y que se considere válido para tal fin, en virtud de los Convenios Internacionales en los que España sea parte.

2. Los pasaportes y títulos de viaje de los extranjeros que pretendan entrar en territorio español deberán ir provistos del correspondiente visado, salvo lo dispuesto en las leyes internas o en Tratados Internacionales en que España sea parte.

3. El visado será expedido por las Representaciones diplomáticas y Oficinas consulares de España y habilita al extranjero para presentarse en un puesto fronterizo español y solicitar su entrada.

Para la concesión del visado se atenderá el interés del Estado español y de sus nacionales, en los términos previstos reglamentariamente. La denegación no necesitará ser motivada.

4. El Ministerio del Interior podrá autorizar la entrada, tránsito o permanencia en territorio español a los extranjeros con documentación defectuosa o incluso sin ella, o que no hubieren entrado por los puestos habilitados a tal efecto, siempre que medie causa suficiente, pudiéndose adoptar en tales supuestos las medidas cautelares precisas. También podrán adoptarse en el caso de los extranjeros en tránsito, aun cuando posean documentación regular.

CAPITULO II

SITUACIONES

Artículo 13

1. Los extranjeros pueden encontrarse en España en alguna de las situaciones siguientes:

a) Estancia, que no podrá superar los noventa días, a no ser que, antes de terminar dicho plazo, obtengan prórroga de estancia o permiso de residencia.

b) Residencia, que supone la obtención de un permiso, prorrogable a petición del interesado, si concurren circunstancias análogas a las que motivaron su concesión. La validez máxima de los permisos y sus prórrogas no podrá exceder de cinco años, salvo en supuestos de arraigo especial, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

2. La residencia de los extranjeros será autorizada por el Ministerio del Interior, atendidas las circunstancias concurrentes en cada caso, teniendo en cuenta la existencia o inexistencia de antecedentes penales del solicitante y si dispone en España de medios de vida suficientes para el período de tiempo que solicita. Los permisos de residencia se consignarán en un registro especial y serán objeto de numeración, en la forma que reglamentariamente se determine. Su validez estará condicionada, en todo caso, a la posesión de pasaporte o documento válido en vigor. Cuando se pretenda residir en España, mediante el desarrollo de una actividad lucrativa, laboral o profesional, la concesión del permiso de residencia se regirá, además, por las disposiciones del Título III.

3. El permiso de residencia se podrá conceder a los menores de dieciocho años y a los incapacitados. También podrá incluirse a unos y otros en el permiso correspondiente a la persona bajo cuya guarda se encuentren, si ésta así lo solicita.

4. Sólo se considerarán extranjeros residentes las personas amparadas por un permiso de residencia.
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